Existe un consenso generalizado sobre la grave situación habitacional que sufre buena parte de la población argentina. La magnitud y la característica del déficit habitacional constituyen una situación de emergencia que no debemos soslayar, y requiere respuestas rápidas y masivas que atiendan la diversidad de situaciones habitacionales deficitarias.
Sabemos de la crítica situación económica en que dejó al país el gobierno de Cambiemos: la economía en ruinas y una deuda asfixiante ocasionan grandes restricciones económicas para la implementación de las políticas públicas necesarias para poner de pie y afianzar esta nueva Argentina.
Ante esta situación de una gran demanda social y –a la vez– serias restricciones económicas, la política habitacional, que debe propiciar un hábitat digno para todo el pueblo argentino, deberá imaginar e implementar estrategias que combinen los fondos públicos disponibles con la movilización de recursos –algunos dormidos– en el territorio y en la sociedad. Así, podremos desarrollar las políticas, impulsando un conjunto de acciones que van a garantizar progresivamente este derecho en el menor tiempo posible.
Aproximadamente un tercio de los hogares argentinos padece una situación habitacional deficitaria de algún tipo. Desde la falta de vivienda, viviendas que necesitan refacción o ampliación, servicios básicos insuficientes o inadecuados, falta de equipamiento comunitario, baja cohesión social, problemas ambientales, inseguridad en la tenencia de la tierra, dificultades de acceso a la tierra y al crédito, necesidad de asesoramiento técnico, y otros. A pesar de la diversidad de situaciones que expresa el déficit habitacional, históricamente en las políticas oficiales prevaleció la idea de asumir la política habitacional solo como una cuestión de obra pública, que dinamiza la economía y genera puestos de trabajo, a la vez que construye y entrega viviendas a familias que las necesitan.
Esta visión dejó de lado –o relegó– otros aspectos importantes de la política habitacional, como el de la planificación, la regulación y la gestión del desarrollo territorial y urbano; las situaciones deficitarias que no implican la construcción de una vivienda nueva; los procesos de construcción social del hábitat; la adecuada regulación del mercado de alquileres; las alternativas de financiamiento que combinen adecuadamente el crédito, el subsidio y el ahorro, entre otros. Tampoco se llegó a resolver el déficit de vivienda nueva, y el déficit habitacional total –cuantitativo y cualitativo– siguió creciendo, transformándose en un problema estructural en nuestro país.
Si reconocemos la naturaleza compleja y multidimensional del problema del hábitat, debemos realizar un abordaje integral que dé cuenta de toda la diversidad de situaciones y formular políticas que señalen cursos de acción estratégicos para garantizar el derecho a la ciudad y a un hábitat digno, en donde progresivamente los grupos sociales más vulnerables puedan pasar de estrategias de supervivencia a otras de superación y desarrollo comunitario, en un proceso de integración social.
La política habitacional debe contribuir a la superación de la exclusión, propiciando una mayor inclusión social, territorial y jurídica de la población más vulnerable. Adicionalmente, la implementación de políticas de viviendas y hábitat debería complementarse con otras políticas públicas para promover el desarrollo local. Es necesario integrar las políticas de vivienda, equipamiento comunitario, infraestructura y servicios básicos, con estrategias de desarrollo productivo y ordenamiento territorial y urbano, mejorando así las posibilidades de desarrollo de la región o la localidad.
Si la política habitacional está orientada a promover la integración social y el desarrollo local, desde un modelo de gestión integrada que involucre a los diversos actores vinculados al hábitat –el gobierno nacional, provincial, municipal, sectores privados, académicos u organizaciones sociales– se conseguirá poner en movimiento un círculo virtuoso y sinérgico que pueda intervenir positivamente en la dinámica urbana, dándole sustentabilidad a la política.
No se trata solo de construir viviendas, sino también de corregir las tendencias predominantes en procesos que históricamente vienen generando exclusión y orientarlos en función de intereses colectivos. Es importante la construcción material que constituye el albergue inmediato, pero lo central es la construcción social que hace a las condiciones de vida de las personas.
La creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat está expresando en su denominación y su estructura una acertada preocupación por darle a la política habitacional la posibilidad de articular acciones destinadas a los distintos niveles territoriales del hábitat: regiones, ciudades, barrios y viviendas, poniendo a la integración como eje de las políticas.
El objetivo de alcanzar un hábitat digno para todos los argentinos va indisolublemente acompañado del logro de un territorio equitativo e incluyente, espacialmente integrado, ambientalmente sostenible, democráticamente planificado y eficazmente gestionado.
En la búsqueda de conseguir estos objetivos, cabe destacar el primer punto de acciones prioritarias que propusimos desde los equipos técnicos del Frente de Todos: Regionalización de la Política Habitacional con participación social que garantice transparencia. La participación de los gobiernos provinciales y –sobre todo– municipales es fundamental. El nuevo Ministerio y las provincias desde sus institutos de vivienda deberían propiciar que los municipios se conviertan en el centro de las iniciativas y de la coordinación local de acciones integrales, referidas al desarrollo local y al mejoramiento del hábitat, incorporando el paradigma del derecho a la ciudad.
Los municipios no solo contienen y expresan necesidades, sino también recursos. Es aquí donde se teje la trama social, política y económica. Deberían jugar un rol protagónico en el desarrollo local, construyendo su propia agenda: la agenda del vecino, una agenda estratégica.
Los municipios deben pasar de objeto a sujetos de las políticas públicas, dando una respuesta más adecuada a la diversidad de necesidades habitacionales: muchas requieren articularse al funcionamiento de la ciudad, principalmente las de la población más vulnerable.
Hoy resulta un imperativo acompañar al Programa Argentina Contra el Hambre con un programa de mejoramiento del hábitat que permita, con soluciones sencillas y económicas, resolver rápida y masivamente graves deficiencias que ponen en alto riesgo social y sanitario a la población más vulnerable. Aquí también es clave el rol del gobierno municipal y los actores locales.
Hugo Cabral es arquitecto (FAU-UNT), magister en Planificación y Administración del Desarrollo Regional (UNIANDES-Colombia), diplomado en Gobierno y Desarrollo Local (UIM-España) y político peronista.
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