Las políticas culturales ante el desafío de la evaluación de impacto

Federico Escribal

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En la apertura de sesiones legislativas de este año, nuestro presidente delineó su apertura –en términos ajedrecísticos. Sin evitar una mínima descripción de las variables que traducen en números los desfasajes generados por el macrismo en tan solo cuatro años, se centró en las propuestas de cómo plantea capitanear el equipo para retomar la construcción del país libre, justo y soberano que nos convoca a la mayoría de las argentinas y argentinos. Cerrando la semana en la que esa apertura tuvo su primer movimiento desequilibrante –el acuerdo con los acreedores que vuelve sustentable nuestra deuda externa– nos sentimos un poco más cerca de poder pensar la Argentina sobre esas banderas, con el enorme desafío de las profundas desigualdades que nos atraviesan.

Un anuncio que no impactó en los titulares periodísticos del día después, pero sobre el que quiero llamar la atención, es la Agencia de Evaluación de Impacto de las Políticas Públicas. Este busca ser un gobierno que integra las ciencias y que pretende que sus políticas estén basadas en la evidencia. Lejos del anacronismo de igualar la técnica con la tecnocracia, el peronismo del siglo XXI tiene que apropiarse de las herramientas disponibles para avanzar en la consecución de sus objetivos estratégicos. Así como Perón fue Perón por ser el mejor intérprete de su época, y Néstor le pidió a su maravillosa juventud que se formase para integrarse en la toma de decisiones, los militantes contemporáneos debemos ser quienes velemos porque la técnica se subordine a la política, sin que ninguna se fagocite a la otra.

En este número nos convocamos a pensar las transformaciones del Estado a partir del cimbronazo pandémico. Quisiéramos llamar la atención a la ventana de posibilidad que se nos abre para entender las políticas culturales centrándolas en los desafíos de su época. Hace demasiado tiempo venimos acordando dejar atrás el sofisma de la distinción civilizatoria que homologa cultura con el capital simbólico de la oligarquía. Hemos avanzado relativamente poco en propuestas concretas que nos permitan romper esa matriz y apostar por garantizar los derechos culturales de nuestro Pueblo, vehículo indispensable para la soberanía cultural y un ejercicio democrático sustentable.

Básicamente, si entendemos que la cultura son las prácticas sedimentadas de nuestras comunidades, y apostamos por transformarlas, debemos tener en claro que la cultura no es algo esencialmente virtuoso –si no, no valdría la pena buscar transformarla– ni –mucho menos– patrimonio de unos pocos cultos que tenemos que extender al resto –que vendrían a ser los incultos, aunque nadie se anime a enunciarlo así. Muy por el contrario, nuestro patrimonio nacional, complejo en términos de diversidad cultural, es potente y merece ser impulsado con una política de semilleros que apueste a los potreros, a impulsar la vocación artística y volverla sustentable económicamente, que abra y construya mercados para todo lo nuestro, dentro y fuera, y que sostenga a los pichones en las épocas de formación y experimentación. Que garantice que lo que producen muchos, ahora disperso, pueda circular con la misma fuerza que lo que producen pocos de la mano de los oligopolios del sector.

La tarea a la que se dieron nuestros compañeros en la función pública es loable. El gobierno nacional inyectó más de mil millones de pesos al sostén económico directo de los trabajadores del sector a través del programa Desarrollar y las becas Sostener Cultura, entre otros. Esto se suma al uso de herramientas como el Ingreso Familiar de Emergencia o la cobertura salarial a través del Programa de Apoyo al Trabajo y la Producción (ATP), fuertemente extendido entre las empresas del sector.

En este registro, la evaluación de impacto puede convertirse en una excelente noticia para las políticas culturales. Si hace décadas venimos postulando que buscamos la transformación social, deberemos explicitar qué transformaciones buscamos y cuáles priorizamos, y construir los indicadores que validen en cuánto logramos avanzar a partir de la inversión pública. Esta puede ser la excusa necesaria para avanzar en un siempre postergado Plan Estratégico para el sector que pueda construirse colectivamente con la ciudadanía y las organizaciones de la cultura como sector productivo, atendiendo no exclusivamente el negocio de estas últimas, ni la propia reproducción endogámica de los circuitos artísticos, sino priorizando el pleno ejercicio de los derechos culturales de las argentinas y los argentinos. Políticas culturales con perspectiva de derechos y enfocadas a garantizar impacto social.

Sin abandonar el cuentaganado –o sea, las ponderaciones numéricas, que muchas veces dan buena cuenta de la dimensión económica de lo cultural– tenemos que atrevernos a explorar consignaciones complejas con relación a cómo el Estado incide –o deja de incidir– en la disputa por las subjetividades, en la conformación del gusto que lleva a la construcción de audiencias. Sobre esto podríamos desarrollar los nuevos mercados necesarios para la comercialización de nuestra producción de base simbólica, y así aportar a la sustentabilidad de nuestros artistas. Así recuperaremos nuestra posición en el mercado iberoamericano de bienes y servicios culturales, para fortalecernos en la eterna búsqueda de la grandeza de la Patria y la felicidad del Pueblo.

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