Las accesibilidades que queremos para el país que anhelamos

Desigualdades de acceso: las deudas internas que la pandemia desnudó

En estos meses, hemos leído y escuchado un sinnúmero de análisis, testimonios y reflexiones acerca de la pandemia. Especialistas, investigadores y comunicadores sociales se abocaron a debatir sobre los diversos modos en que esta realidad irrumpió en nuestros cotidianos, subvirtiendo de cuajo los escenarios conocidos de la vida social, e interpelando vertiginosamente a instituciones y políticas. Sin embargo, en la mayoría de esos debates se reconoció que tales acontecimientos no resultaron necesariamente idénticos para todos los sectores, territorios, grupos. Las asimetrías y desigualdades de partida cobraron una contundencia arrolladora a la hora de fijar pautas para la organización de la prevención y el cuidado, las estrategias de reproducción hogareña, las medidas de prevención familiar y comunitaria.

La consigna de difusión masiva “quédate en casa” representó escenarios, condiciones y posibilidades muy diferentes para poblaciones de barrios históricamente relegados; trabajadoras y trabajadores precarizados; personas en situación de dependencia o con padecimientos crónicos; víctimas de violencia intrafamiliar; colectivos con trayectorias de exclusión; grupos con mayor vulnerabilidad respecto del riesgo de contraer el virus, entre otros y otras. Para muchos de estos casos, la noción de acceso remitió a la superación de una carrera de obstáculos para alcanzar niveles de autonomía o pisos de cobertura de sistemas de protección social que hicieran efectivamente posible sostener las exigencias que instaló el ASPO, considerando que los principios mismos de dicha decisión política apelaron a la adopción de prácticas de cuidado personal y familiar como requisito indispensable para la preservación de la salud comunitaria, en términos de corresponsabilidad social. Si bien esta responsabilidad ‘compartida’ partió de una prescripción estatal con aplicación de restricciones inéditas inmediatas, fue rápidamente acompañada por el despliegue de un conjunto de medidas e inversiones que dieron cuenta del reconocimiento de las desigualdades sociales imperantes. Cabe destacar que la pandemia irrumpió en plena puesta en marcha de la política denominada “Hambre Cero”, mediante la cual el gobierno nacional buscaba contener y propiciar mejores condiciones para el acceso a la alimentación por parte de las familias de los sectores especialmente arrasados en tiempos del macrismo.

Por otra parte, la llegada del COVID-19 ejerció una presión sin precedentes sobre el sistema público de salud, estructura material de una de las políticas de Estado más vapuleadas durante la gestión de la alianza Cambiemos, años en que fue objeto de procesos de desjerarquización y desmantelamiento –con lógicas consecuencias negativas en materia de salud de los sectores populares. Así las cosas, el alcance o restitución paulatina de ‘pisos’ de accesibilidad sanitaria fue la resultante de decisiones estratégicas orientadas a consolidar el pleno funcionamiento del Ministerio de Salud de la Nación –cuya restauración constituyó una de las primeras medidas del actual gobierno– y de una fuerte inversión destinada a la expansión y el fortalecimiento de la capacidad instalada del sistema público. En el caso de la provincia de Buenos Aires –para referirnos al territorio desde el cual hablamos– esto se tradujo no sólo en el aumento de cantidad de efectores, sino también en la duplicación de camas de terapia intensiva, la incorporación de trabajadoras y trabajadores, y la puesta en marcha de dispositivos e intervenciones preventivas en el territorio, entre otras medidas.

No obstante reconocer aciertos y procesos sumamente alentadores desencadenados en los últimos meses, vista la especial atención gubernamental puesta en las brechas de acceso y en las políticas de restitución y ampliación de derechos, el presente artículo se propone dar cuenta de perspectivas de población respecto de falencias o vacíos institucionales que permanecen en cierto modo velados o insuficientemente abordados en el cotidiano del quehacer estatal.

 

Salud y derechos en poblaciones y territorios de relegación: alertas, tensiones y desafíos

Entendemos la salud en términos de movimiento, lucha, acción. En palabras del sanitarista Floreal Ferrara: “nuestra definición de salud es que el hombre y la mujer que resuelven conflictos, están sanos” (2008). Adoptar esa perspectiva parte de reconocer que en sociedades como la nuestra, en las cuales las desigualdades e injusticias permean el tejido social , tensándolo –no pocas veces– al punto de dejarlo hecho jirones, las demandas por las que se ponen en marcha las personas en busca de respuestas, los procesos de organización popular que llegan a desencadenar, la colectivización y la politización de tales conflictos, no son otra cosa que prácticas que dan cuenta de ese óptimo vital que es necesario reconocer, saludar y poner en valor. Promover condiciones propicias para que los malestares abran paso a la construcción de problemas sociales por los cuales se dispute atención en la agenda pública, generar instancias para que las necesidades puedan ser reconocidas como contracara de algún derecho vulnerado, sin duda alguna redunda en factores protectores de salud o aquellos que algunos pueblos hermanos denominan ‘sanógenos’.

Pensar así la salud, revisando nuestras prácticas en clave de acceso, exige alentar –¡no eludir!– el embate de personas, familias o grupos que bregan por expectativas por demás heterogéneas y complejas de procesar bajo los parámetros que instalan ciertos programas o servicios, esos que –desoyendo las señales del desencuentro– siguen apuntando a conjuntos homogéneos de demandantes, algo así como estereotipos de sujetos que poco o nada tienen que ver con aquellos que acuden hoy a nuestras instituciones públicas. Los rasgos –muchas veces camuflados– del neoliberalismo que aún nos habita se cuelan por doquier. Mezclados con los reclamos y tensiones que instalan nuestras poblaciones inquietas, no siempre coherentes ni necesariamente precisas en sus relatos, gestos y exigencias, pero también escondidos tras los monólogos prescriptivos de trabajadoras y trabajadores de salud, rondando los juicios moralizantes de algunos debates en ateneos de casos, o asomando en los desencantos que suelen dejar a su paso ciertos heroísmos o arrojos que pocas veces se encuentran con las reciprocidades anheladas.

Otra vieja premisa de matriz neoliberal que ronda el ajetreo cotidiano de nuestras instituciones remite al doble estándar (Clemente, 2018) expresado en diferencias que algunos intereses refuerzan –cual si se tratara de obviedades– entre prestaciones público estatales y las del sector privado. Un buen ejemplo de ello se observa en las políticas de acceso a medicamentos, en las cuales la ponderación de calidad suele quedar fuertemente asociada a las respuestas y estrategias del mercado, resultando muy difícil avanzar en dispositivos alternativos de producción pública y de dispensa que no encuentren resistencias, tanto entre quienes requieren de ellos en el marco de tratamientos crónicos, como entre quien los prescriben y promueven, incluso tratándose de efectores públicos.

Un último aspecto sobre el que queremos detenernos y que se vincula a la noción de derecho refiere a las múltiples aristas que comporta, quedando no pocas veces entrampado en disputas de neto corte liberal. El crecimiento exponencial de la judicialización de procesos y prestaciones asistenciales ha sido notable en los últimos años, con severas repercusiones a la hora de encarar la reconstrucción de políticas y estructuras de salud que fueron desmanteladas, o de tomar decisiones con respecto a la administración, la asignación y la distribución de recursos finitos. No obstante señalar el impacto negativo que, según nuestra experiencia, suele derivar de estos mecanismos fuertemente extendidos para afrontar conflictos de acceso, entendemos que la condición de exigibilidad del derecho redunda en un accionar legítimo y comprensible.

El eje de discusión que queremos dejar planteado en relación a este tema no pretende eludir o subestimar el repudio generalizado en torno a las discontinuidades, incumplimientos o negligencias que indudablemente es necesario revertir de cuajo en materia de servicios comprometidos e inadecuada o insuficientemente disponibles. Es claro que estas situaciones representan consecuencias gravísimas para las personas y grupos familiares que deben lidiar a diario con vulneraciones múltiples. Buscamos aquí más bien reflexionar acerca de las vías de solución individual y litigiosa que estos recorridos proponen, la cual suele redundar no sólo en perjuicio de organismos estatales con responsabilidades colectivas puestas en jaque, sino también en el de los propios sujetos a quienes busca representar, dado que no siempre su accionar se traduce en respuestas superadoras para los propios afectados. Además, el ámbito jurídico también expone a las personas a derroteros errantes, porque incluso hallando soluciones de coyuntura rara vez llega a meterse con las debilidades ligadas a criterios de pertinencia, continuidad, integralidad y satisfacción de los cuales la atención de estas personas adoleció para constituirse en denuncia.

En esa puja cotidiana por conquistar mayores umbrales de justicia se echan a andar tanto los cuestionamientos por entregas interrumpidas o a destiempo de algún servicio o bien que urge y corresponde por ley, como la demanda de que se reconozcan necesidades y circunstancias del padecimiento a lo largo de todo el proceso de salud-enfermedad-atención-cuidado. Se impone desandar los laberintos y vericuetos institucionales por los cuales muchas de estas situaciones llegaron a tornarse invisibles.

Adriana Clemente explica que algunos de estos episodios, generalmente presentes en los procesos de implementación de políticas, son los que activan el principio de desvinculación,[1] puesto que aun cuando los sujetos logran acceder a aquello que demandan, las percepciones y reconocimientos que devienen de esta relación resultan por demás diversos, e incluso contradictorios. Esto sucede porque las personas construyen una representación acerca del programa o servicio al que acuden, portan ideas respecto de lo que esperan –y no esperan– encontrar allí, abren juicios sobre la correspondencia entre los requisitos que les solicitan y la duración o alcance de las prestaciones efectivamente ofrecidas –generalmente acotadas respecto de la hondura de sus problemas– y vivencian de modos muy diferentes la propia condición de sujetos de dicha política y las repercusiones que esta condición tiene en relación a sus entornos y grupos de referencia –presentándose múltiples matices que van desde la reivindicación de dicha identidad y fuerte sentido de pertenencia a un colectivo de pares, hasta sentimientos vergonzantes e incómodos frente a una situación que asumen profundamente injusta o de extrañamiento.

 

Modelos de atención en (de)construcción: el caso de los colectivos de personas discapacidad

Los modelos de atención pueden entenderse como un conjunto interrelacionado de discursos, valores y prácticas que se instalan y legitiman en la medida en que alcanzan grados significativos de consenso. Como constructo teórico, dan cuenta de enfoques y perspectivas que se tornan hegemónicas en cada momento histórico, aunque no sean necesariamente exclusivas ni acabadas. Un modelo no opera sobre una realidad inerte, ni sobre sujetos dóciles que lo asumen y reproducen sin más. Existen, por supuesto, sectores o grupos que así lo eligen, adhieren acríticamente a aquel que identifican como preponderante en cada época, pero como contrapartida aparece un sinnúmero de colectivos y espacios en donde esos mismos entramados se discuten, desarman o recrean, generando escenarios dinámicos en abierta disputa. Preferimos entonces adoptar el plural, y hablar más bien de la coexistencia de modelos de atención, en virtud de cuya premisa resulta por demás desafiante tratar de desentrañar y comprender de cuáles se trata en cada espacio-tiempo, cómo se establece la correlación de fuerzas entre ellos, quiénes representan a unos y otros, etcétera.

En el caso de las políticas de salud orientadas a las personas con discapacidad, las narrativas y prácticas han ido transformándose, conforme a los aportes de convenciones internacionales, legislaciones, declaraciones de organismos especializados, luchas identitarias y reivindicativas de los colectivos de discapacidad, innovaciones de terapéuticas y tecnologías, desarrollos propios del campo de las ciencias sociales en relación al tema, etcétera. La discapacidad como tal cobró peso en la agenda gubernamental de nuestro país hacia el ocaso de la dictadura cívico-militar, con el surgimiento de una legislación nacional signada por debates y tendencias internacionales (Ley 22.431), en ocasión en que la Asamblea General declara al año 1981 como “Año Internacional de los Impedidos”. Más allá de la paradoja y de algunas metáforas que se nos ocurren en relación a tales circunstancias, lo cierto es que es relativamente reciente la consideración de la discapacidad como asunto público y cuestión de Estado.[2]

Con el retorno a la democracia, si bien no hubo significativos avances normativos-jurídicos, sí se registraron desarrollos de estructuras estatales y programas nacionales, provinciales y municipales, que variaron entre los modelos de rehabilitación convencionales y los enfoques sociales más bien instituyentes. Luego se fueron sucediendo legislaciones provinciales –tales como la Ley 10.592 de la Provincia de Buenos Aires de fines de los 80– y en el año 2008 nuestro país adhiere a la Convención de derechos de las personas con discapacidad.

En materia de idearios y posicionamientos que dieron sustento a los distintos paradigmas que siguen permeando los modelos de atención orientados a las personas con discapacidad, la adhesión a la Convención no puede leerse disociada de un momento del país en que primaba la vigencia del enfoque de derechos en diferentes planos de la vida social, al tiempo que se ponía en marcha un conjunto de políticas cuya direccionalidad estratégica remitía al objetivo de revertir situaciones de desigualdad e injusticia social, a través de procesos de inclusión y ampliación de derechos.

En este marco, fue posible generar condiciones para pasar de concepciones que situaban a las personas con discapacidad como objetos de caridad, tratamientos y protecciones, a la consideración de las personas con discapacidad como sujetos de derecho con manifestaciones concretas en materia de políticas sociales –son expresiones de ello la creación de la AUH con discapacidad; el crecimiento exponencial de la cobertura de pensiones no contributivas nacionales; la integración de estas pensiones al Programa Federal Incluir Salud; la Ley de Derecho a la Protección de la Salud Mental; la modificación del Código Civil en lo que atañe a Sistemas de Apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica; etcétera. Todas estas acumulaciones y conquistas colectivas redundan en un capital social que es necesario poner en valor y no resignar al momento de pensar el tiempo que viene en materia de políticas de salud para las personas con discapacidad. Esto no supone eludir o minimizar las feroces consecuencias experimentadas por estos sectores tras el paso de una de las expresiones más crudas del neoliberalismo. Es claro que llevará tiempo revertir los estragos que ocasionaron los cortes masivos e indiscriminados de pensiones, el desmantelamiento de coberturas y sistemas de protección, el desfinanciamiento y la mercantilización escandalosa de programas tales como el Incluir Salud.

En este marco, creemos que es posible asumir los desafíos que instala la construcción de un Modelo de Atención que bregue por el logro de la mayor autonomía e independencia posibles para las personas con discapacidad, y que promueva acuerdos de corresponsabilidad socio-estatal resultantes de espacios de participación y colectivización de demandas y propuestas, y sistemas de cogestión intersectorial de políticas. Creemos que es necesario y posible generar condiciones para transversalizar el reconocimiento y la inclusión de las personas con discapacidad en diálogo con todos los actores implicados en el proceso de salud-enfermedad-atención-cuidado, considerando no sólo a los tradicionalmente contemplados dentro del sistema público, sino a los entornos convivenciales, lazos sociales y redes comunitarias.

Pensar estas coordenadas en clave de acceso exige también hacer pasar cada una de ellas por el tamiz de la territorialidad, analizando tanto la heterogeneidad de realidades, capacidades instaladas y puntos de partida que presenta la provincia de Buenos Aires en relación al tema, como las singularidades de requerimientos, circunstancias y posibilidades en cuyo marco tramitan sus padecimientos las personas con discapacidad.

 

Las accesibilidades que queremos para el país que anhelamos: reflexiones y aportes desde el Trabajo Social

A lo largo de este documento intentamos recuperar interrogantes y reflexiones surgidas al calor de la construcción de una política a la cual tenemos el orgullo de poder contribuir. Elaborar saberes desde las prácticas remite a un ejercicio que, lejos de cerrar, empuja a expandir las fronteras, desencadenar procesos y crear posibilidades allí donde el neoliberalismo instaló tabiques, clausuró debates, reprimió otredades. Para analizar, pensar y reconstruir intervenciones y políticas con-contra los modelos de atención que coexisten actualmente en nuestros servicios, creemos interesante volver sobre los aportes insoslayables de Floreal Ferrara, recuperando la potencia de los procesos de lucha-acción-participación-implicación como condiciones ineludibles para pensar la salud de nuestro pueblo.

Como sujetas políticas inmersas en instituciones signadas por tensiones y desencuentros, nos sentimos convocadas a participar activamente en la gestación de respuestas estatales capaces de hacer frente al malestar de la civilización de nuestro tiempo; a lidiar con amenazas e inercias empeñadas en declararse irreversibles, asumiendo la conflictividad como constitutiva de la vida social; y a propiciar escenarios que permitan desplegar las capacidades de actuar, movilizar, relacionarse, forjando lazos sociales que anuden y produzcan desde la dimensión antagónica constitutiva de “lo político” (Merklen, 2010).

La pandemia ofrece una condición de posibilidad: hoy se puede visibilizar la importancia del cuidado colectivo; se puede ligar sin escindir lo personal de la situación nacional; se pueden dimensionar los desequilibrios y desigualdades catastróficas que tenemos y que son la resultante de un estado de situación anterior a la pandemia. En esta hora de los pueblos nos urge la prisa, soñamos y trabajamos para sumar a la transformación de viejas premisas de control social que siguen ejerciéndose en nuestras instituciones –reproduciendo y cristalizando desigualdades e injusticias– en dispositivos y herramientas que habiliten derechos; colectivos socio-estatales que politicen el acceso hacia la gestación de modelos de atención centrados en las personas.

Tenemos una cantera de experiencias para aprender por dónde ir. Resta mirar a nuestro alrededor, reconocer la organización de los cuidados que describen los trabajos socio-comunitarios de referentes barriales, grupos religiosos, organizaciones no gubernamentales, agrupaciones partidarias. Anudar nuestro propio quehacer a los lazos sociales de la comunidad organizada, mirar allí donde ésta se despliega y materializa, genera vínculos, opera transformaciones en las subjetividades, habita la vida cotidiana de las familias, subvierte realidades territoriales injustas.

¿De qué habla el acceso que queremos, sino de un país en el que todos entren? El nuestro.

 

Bibliografía

Clemente A (2018): La accesibilidad como problema de las políticas sociales: un universo de encuentros y desvinculaciones. Buenos Aires, Espacio.

Danel P (2018): Trabajo Social y Discapacidad. Intervenciones, trayectorias y temporalidades. Gualeguaychú, Fundación La Hendija.

Ferrara F (1985): Teoría Social y Salud. Buenos Aires, Catálogos.

Freud S (2011): Obras completas, XXI: El porvenir de una ilusión, El malestar en la cultura y otras obras. Buenos Aires, Amorrortu.

Giraldez S (2020): Trabajo social y vulnerabilidad: Estrategias institucionales y prácticas organizativas. La Plata, Archivo digital FTS UNLP.

Merklen D (2010): Pobres ciudadanos. Buenos Aires, Gorla.

[1] En palabras de la autora, este principio alude a un fenómeno de mutua implicación entre las personas y las instituciones ejecutoras de la política social que ocurre cuando los dispositivos que articulan necesidad y satisfactor resultan relativamente ajenos o cuestionados por los sujetos destinatarios.

[2] Sin pretender desconocer antecedentes afines al tema que se remontan al primer peronismo.

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