La transición energética y el peronismo del siglo XXI

Presentación del seminario de trabajo sobre Transición Energética en Argentina en el Partido Justicialista nacional

 

Introducción

Dentro del imaginario peronista la adquisición de nuevos derechos juega un rol central, marginando otros aspectos que –si se observan por ejemplo los planes quinquenales– ocuparon un rol central a la hora de soportar y hacer posible la expansión de derechos y la mejora de calidad de vida de toda la población. Entre estos aspectos se encuentran las finanzas, la defensa nacional, el transporte y la energía.

En particular, esta última tuvo un enorme impulso y, si se aprecia el impacto del sector y sus empresas insignias en el desarrollo territorial –por ejemplo, el rol de YPF en el desarrollo de la Patagonia– y la mejora de la calidad de vida, se está tentado de afirmar que esta última ha sido parte indisoluble del proyecto justicialista. Teniendo en cuenta estos antecedentes, y partiendo de la enorme transformación que está sufriendo el sector energético mundial, a la vez que la constante traba que ha sido la energía para el desarrollo del país, nos proponemos revisar la relación de la transición energética con el peronismo y su proyecto transformador en el siglo XXI.

 

El saldo de la dictadura y la década de 1990

La balcanización y la privatización del sector energético en la década de 1990 significó para el país la destrucción de enormes capacidades públicas para las políticas de desarrollo, la profundización de la dolarización de la economía, el aumento de las restricciones y, sobre todo, la desaparición de una formidable herramienta para la construcción de un proyecto de país sobre la base de una política federal e inclusiva. Máxime que el rol de Agua y Energía e Hidronor como promotores del desarrollo territorial y productivo no fue reemplazado, y en lo que hace a SEGBA, Gas del Estado e YPF, su rol de tractor de pymes y desarrollo industrial tecnológico desapareció a favor de importaciones y contrataciones de proveedores extranjeros, profundizando la primarización del país. Con esta realidad, el país se encontró en una situación de mucha menor libertad para llevar adelante políticas de manera autónoma que permitan generar inclusión y bienestar.

Por otro lado, al conectar al sector energético de manera preponderante al dólar –sobre la base de estructuras de propiedad extranjera e inversiones basadas en créditos externos– se lo ha ligado a dos elementos claves en el estancamiento de largo plazo del país: la volatilidad cambiaria y el conflicto distributivo, en una mecánica de realimentación que profundiza la pérdida de competitividad vía precio de la energía. La dolarización –asociada a las tarifas por repago de inversiones extranjeras y ratios de rendimiento– hace que se intente trasladar cada devaluación a tarifas, convirtiendo un problema económico en político por la puja distributiva, a la vez que lastra la competitividad por vía de un precio tendencialmente creciente de la energía.

Una de las evidencias más claras de esto se puede apreciar en el sistema eléctrico, que está dislocado en lo que hace a la potencia instalada (ver figura 1) respecto de las capacidades industrial tecnológicas del país, ya que generamos energía eléctrica con tecnologías importadas, en vez de utilizar aquellas nacionales en las que tenemos altas capacidades y recursos energéticos menos dependientes de subsidios que el gas natural. La apoteosis de dicho proceso ha sido el Plan Renovar, que habiendo tecnólogos nacionales (IMPSA, NRG Patagonia) los ha dejado de lado importando todos los aerogeneradores, sobre la base de alegar una supuesta falta de competitividad de la industria nacional, cuando el problema en realidad es de falta de políticas de Argentina para respaldar a sus industrias estratégicas, tal como hacen Dinamarca, España o China.

Esta clásica excusa esgrimida por los funcionarios de Cambiemos no hace otra cosa que dejar en claro la defección de las políticas respecto del desarrollo nacional, asumiéndose de manera errónea que la importación es la vía al desarrollo de capacidades, cuando en realidad no es más que una reproducción del proceso de subdesarrollo. No es necesario abundar demasiado en el tema: la existencia de capacidades e historias como la del sector nuclear muestran que con políticas adecuadas es posible hacer otra cosa, aún en contextos adversos como el de nuestro país.

 

Figura 1. La divergencia entre capacidades nacionales y la política en el sector de generación eléctrica

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de campo y bases de datos de Plan Renovar y CAMMESA.

En la figura de la izquierda se aprecia el nivel de densidad tecnológica nacional –ingeniería– y de componente nacional –partes o componentes de un aerogenerador, donde IMPSA y NRG expresan las capacidades nacionales. Como se aprecia, Renovar no ha incorporado nada de tecnología y sólo un 10% de componente nacional. La derecha: porcentaje de generación eléctrica por tecnología versus capacidades tecnológicas nacionales en tecnologías seleccionadas.

 

La consecuencia final del proceso es una tendencia a la primarización de la economía en el largo plazo, ya que la creciente pérdida de competitividad vía precio de energía induce la salida del mercado de todos aquellos negocios que no tengan una ventaja comparativa o competitiva sustancial, reforzando la lógica de captura de rentas, tanto de la tierra como monopólicas o de nichos. Dicho en otros términos: el sistema energético se ha transformado en una máquina de reproducción del subdesarrollo. Por suerte, y como decía un gran escritor, de todo laberinto se sale por arriba.

 

La energía en la dinámica tecno-económica ambiental mundial

Si hubiera que elegir una política de largo aliento que tenga el potencial de transformar de manera estructural el país, sin duda la transición energética ocuparía el primer lugar. Puede sorprender eso, por la relativa poca visibilidad del tema, pero también por su enorme potencial para actuar en las restricciones de fondo al desarrollo del país. Y a riesgo de resultar anacrónicos, rescatamos el término desarrollo, no tanto por su significado económico político, sino por su impronta ética respecto del derecho de los pueblos de construir su bienestar a partir de un camino trazado en base a sus preferencias de vida en comunidad.

Las razones del enorme impacto de una política de transición se relacionan en parte con su potencial para romper las restricciones emanadas del sector energético, señaladas en el apartado anterior, pero enraízan en elementos que explican la dinámica de largo plazo del capitalismo mundial –en concreto, en la dinámica tecno-económica que motoriza los cambios centenarios en el sector energético-industrial, y que habilitan también oportunidades de desarrollo para los países rezagados– y en la necesidad de orientar los modos de vida de nuestras sociedades hacia prácticas ambientalmente sostenibles.

En lo que hace a lo tecno-económico, estamos atravesando un momento de cambio en el sistema energético, apoyado en la emergencia de un nuevo conjunto de tecnologías y modos organizacionales asociados a recursos renovables, que lentamente, pero de manera inexorable, viene cambiando el panorama sectorial. Dicho proceso encierra una gran oportunidad de creación de empleo y desarrollo, pero sólo para aquellos que alcancen el dominio industrial-tecnológico del nuevo paradigma, porque, caso contrario, se está condenado a ser un mero usuario de tecnologías importadas, al estilo del Plan Renovar.

Alcanzar dicho dominio implica contar con políticas que fomenten el desarrollo local de tecnologías e industrias asociadas al nuevo paradigma, con un fuerte énfasis en el dominio de los núcleos de conocimientos que habilitan las trayectorias tecnológicas. Un ejemplo vale más que mil palabras: si el país no cuenta con el dominio del diseño y fabricación de aerogeneradores de potencia, no le es posible acceder al nicho de mantenimiento, desarrollos de software predictivo, operación, desarrollo de materiales asociados, etcétera, por el simple hecho de que la garantía asociada a tales equipos se ata a la exclusividad del mantenimiento por parte del fabricante, y tal garantía condiciona el acceso al crédito externo con el cual se financia la compra de equipos importados. En el ejemplo es claro cómo el financiamiento es clave para mantener el dominio y la ventaja tecnológica, a la vez que el dominio del núcleo tecnológico bloquea a potenciales retadores el avance en la cadena de valor hacia –por ejemplo– el segmento de servicios. Con esto a la vista se comprende por qué es indispensable contar con el dominio tecnológico local de los elementos clave del futuro régimen energético. Traducido a doctrina peronista: para lograr independencia económica, soberanía política y justica social es preciso el dominio tecnológico, ya que el recurso energético por sí sólo no las asegura.

En lo que hace a lo ambiental, amplias evidencias muestran[1] que el proceso de cambio climático de origen antropogénico es un hecho probado que, por un lado, exige acciones urgentes para no cruzar la barrera de incremento de los segundos grados en relación a la era preindustrial; y por el otro, ha disparado un complejo juego por la carrera de la neutralidad de carbono, en el cual se dan grandes apuestas por el dominio de las tecnologías energéticas limpias y el acceso a recursos naturales que permiten la transición hacia un régimen energético renovable. En esa carrera –en la cual Europa, China, Estados Unidos e India se reparten de manera abrumadora las emisiones– las potencias intentan producir y reproducir el statu quo imperante, exportando políticas públicas para la descarbonización, apoyadas en el financiamiento para la compra de equipamiento fabricado por sus respectivos países, a la vez que buscan el acceso a recursos naturales de la periferia subdesarrollada.

Con estos elementos a la vista y teniendo en cuenta la realidad de Argentina –como país de ingresos medios con respetables capacidades tecnológicas y buena dotación de recursos clave para la transición– es preciso una vez más preguntarse respecto de cuáles han de ser las directrices que ordenen el proceso de transición energética en el país, pues la misma se va a dar, tal como se dio en el siglo XX, del carbón al petróleo, pero en función de nuestra acción será de manera subordinada a intereses de terceros países, o lo será en función de nuestras necesidades e idiosincrasia.

Regresemos a la doctrina para orientarnos. En el mundo de la energía, la justicia social implica lograr acceso a la energía para vivir bien y mejorar la calidad de vida, pero para hacer esto posible es preciso tener independencia económica, que no es posible sin dominio de la política energética, ya que ésta es el vaso comunicante de todo el proceso de reproducción social y producción de riqueza. La soberanía política implica tener la capacidad de decidir sobre la base de los propios intereses, y tal cosa no es posible si no se cuenta con ciertos grados de libertad para definir el camino al desarrollo. Y la conquista de esa libertad empieza por el dominio de las tecnologías clave sobre las que se sostiene la reproducción social y su bienestar.

 

El peronismo y la transición energética

Una política pública de transición energética tiene mucho para ofrecer para el desarrollo del país, ya que la diversidad de recursos (ver figura 2) y capacidades existentes permiten combinar el desarrollo territorial con el tecnológico e industrial. Todo a condición de que se impulse una nueva generación de políticas para materializar dicha transición sobre la base de acuerdos entre los diferentes actores involucrados que permitan alinear políticas sectoriales e intereses territoriales.

 

Figura 2. Potencial de recursos naturales seleccionados de Argentina para una política de transición energética

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento.

De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha se puede apreciar: proyectos mini hidroeléctricos por realizar; recursos biomásicos y biorefinerías; radiación solar promedio; factor de capacidad en energía eólica; proyectos de cobre, litio y uranio; distribución de existencia de tambos, porcinos y bovinos como proxy de potencial para proyectos de bioenergía. A ello se podría agregar proyectos hidroeléctrica de potencia, recursos de energía del mar y otros minerales como, por ejemplo, tierras raras.

 

Revisemos algunos posibles casos. Para armonizar la política de hidrocarburos con la de energías renovables es preciso pensar al conjunto en el gran mapa de las restricciones estructurales del país, donde la escasez de dólares es la base de todos los problemas. Desde este punto de vista, el petróleo puede ser una fuente de divisas desde una doble óptica: por un lado, sustituyendo importaciones de gasoil por biocombustibles o gas; por el otro, generando saldos exportables de petróleo a partir del reemplazo de combustibles líquidos por gas y biocombustibles. Desde este punto de vista se alinean los intereses de las provincias hidrocarburíferas con los de aquellas usuarias de éstos y productoras de biocombustibles, en una agenda común de desarrollo que sirve a las partes y al conjunto.

Algo similar es posible hacer a partir de la descarbonización de la matriz eléctrica con tecnologías renovables nacionales, ya que se disminuye la demanda de combustibles líquidos, se impulsa el desarrollo industrial tecnológico, y se libera gas para el transporte. El uso de tecnologías renovables para calor de proceso en las industrias tiene efectos análogos, a la vez que baja los costos de los procesos industriales y revitaliza mercados maduros como el calderero, o bien en tecnologías mixtas con biomasa, y hace posibles procesos de industrialización local de productos que no eran viables por falta de energía.

Es posible plantear diversos ejemplos más, pero hay que decirlo una vez más, el desafío más grande está del lado de la política, porque para volver a pensar al sector energético en clave de desarrollo nacional es preciso unir lo que el neoliberalismo ha roto, que básicamente es la comunión de intereses de largo plazo entre estados provinciales y nacionales, entre políticas públicas  de energía, de industria, de ciencia y tecnología, pero, sobre todo, se necesita asumir que el mercado nunca podrá resolver aquello que la política no ha resuelto. El mercado funciona sobre la base de óptimos que se definen en las reglas de juego vigentes, y el desarrollo implica desafiar reglas vigentes –el equilibrio existente en el subdesarrollo– para plantear nuevas reglas sobre la base de una visión.

En ese punto el rol de la política es indelegable, pues su zona de verdad es la promesa, y en los fundamentos del peronismo se haya la promesa de la justicia social. Al reintroducir la idea de justicia social en el mundo de la energía apreciamos que nos faltan herramientas para ordenar el sistema en su búsqueda, por lo cual, en un punto, precisamos volver a mirar la realidad con ojos nuevos.

Una política de transición implica volver a mirar el territorio desde sus potencialidades y necesidades, en una agenda que hace sentido en la búsqueda del bien común: el sendero de una transición energética para el desarrollo y la inclusión como eje vertebrador del peronismo del siglo XXI.

 

El programa de trabajo

Del diagnóstico realizado surge que, si Argentina busca aprovechar la ventana de oportunidad surgida de la transición energética en curso, es preciso generar por lo menos tres herramientas: una ley de transición energética, un mecanismo de financiamiento en pesos de largo plazo y una empresa nacional de transición energética.

La primera debe dar el marco general para la transición –tecnologías, ritmos, especializaciones, articulaciones territoriales– a la vez que permitir ordenar los diversos marcos normativos que abarcan al sector energético bajo una visión común y con mecanismos decisorios y participaciones claras y federales.

La segunda es la base irremplazable para el desarrollo de competitividad industrial en bienes de capital para la energía, aprendizajes tecnológicos y asociaciones virtuosas entre nación y provincias para el desarrollo del potencial energético de todo el país. Resulta básico también para desacoplar la energía de la puja distributiva al separar el financiamiento de proyectos energéticos de flujos externos de deuda.

Finalmente, la creación de una empresa para la transición debe rescatar la experiencia y el espíritu que guio la creación de YPF, ya que no es posible separar el desarrollo industrial tecnológico y de proveedores de los proyectos energéticos, pues sin estos no es posible el aprendizaje y el escalado, a la vez que sin desarrollo tecnológico no es posible aprovechar los recursos energéticos. La necesidad de una empresa tal no implica exclusividad pública en la transición, pero sí supone el cumplimiento de un rol que ningún actor privado por si sólo puede desempeñar, ya que, como hemos señalado, no es su rol ni su misión. El desarrollo es una función del Estado, y la conducción del proceso de transición es una política de esta especie.

Sobre la base de los elementos discutidos, y con la certeza de que discutir sobre la energía es discutir sobre desarrollo, se lanza desde las comisiones de industria y de la subcomisión de transición energética un seminario de trabajo sobre la transición energética en Argentina. Impulsamos esta tarea desde ambos equipos y en articulación con otras comisiones a partir de cada tema, con la convicción de que la condición de posibilidad de una política tal es un amplio consenso político que incorpore las visiones de las diferentes provincias y actores en pos de la transición.

Como venimos sosteniendo desde hace tiempo, una transición no implica prescindir de ninguna fuente energética o tecnología, sino construir un espacio común donde cada una encuentre su lugar en función de las conveniencias y necesidades del colectivo. No olvidemos después de todo que Argentina tiene enormes cantidades personas postergadas, que precisan mejorar su consumo energético para comer mejor, vivir mejor, vestir mejor, lo cual implica también mejorar nuestras condiciones ambientales.

Sobre la base de estas impostergables necesidades invitamos a sumarse al que consideramos un debate central para la construcción de una Argentina justa, libre y soberana.

 

Diego Roger es coordinador de la Comisión de Política Industrial y de la Subcomisión de Transición Energética de los equipos técnicos del Partido Justicialista nacional.

[1] Ver https://www.ipcc.ch.

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