Los pueblos no eligen ser dotados con reservas de gas y petróleo. Los pueblos pueden elegir, en cambio, qué hacer con esas riquezas que reciben.
No es imposible desarrollarse sin producción de gas o petróleo: Japón, Corea, Australia y prácticamente casi toda Europa Occidental lo hicieron. Y es posible no desarrollarse a pesar de contar con enormes reservas de petróleo: Arabia Saudita, Nigeria, Libia o Irak están allí para recordarlo. Por supuesto, contar con reservas de hidrocarburos abundantes es una bendición que otros países –como Noruega, Canadá o la Bolivia de Evo– han sabido utilizar a su favor.
Con este breve paneo queremos señalar que siempre hay opciones. La soberanía nacional consiste en elegir qué modelo de desarrollo queremos seguir. No faltarán quienes nos digan interesadamente que no hay elección posible, que debemos dejar que las fuerzas del mercado decidan. Pero hay otros caminos. Está en nosotros elegir cuál.
Recientemente el Partido Justicialista nacional publicó un documento preparado por más de 25 profesionales de su equipo técnico de energía. En él se dicen cosas tan simples como:
- Un país energéticamente rico es uno que garantiza derechos de acceso a la energía a todos sus ciudadanos a precios razonables.
- Los recursos naturales del país deben ser usados para el desarrollo nacional.
- No se pueden aprobar aumentos de tarifas energéticas sin conocer los costos. El Estado debe conocer cuánto cuesta la generación, el transporte y la distribución de energía antes de aprobar cualquier esquema tarifario.
- Los entes de control de la industria no pueden estar en manos de los privados que a su vez controlan las principales empresas de dicha industria.
- El desarrollo debe ser federal y las provincias deben participar no solo de los beneficios, sino también del diseño de la política de desarrollo basada en recursos energéticos.
- YPF debe tener un rol central en el desarrollo del potencial energético del país y de Vaca Muerta en particular.
- Se debe trabajar en una hoja de ruta de transición energética hacia recursos renovables.
El documento, por supuesto, es mucho más extenso, pero estos puntos básicos resumen su espíritu general. Las premisas –que, como puede verse, son de sentido común– generaron sin embargo revuelo en la industria. Algunos cuestionamientos provienen de partes interesadas y sus voceros habituales, pero otros llegan de algunos actores que, en su buena fe, temen que cualquier intervención estatal signifique el riesgo de matar a la gallina de los huevos de oro conocida como Vaca Muerta. El miedo que algunos actores buscan infundir intenta clausurar un debate, forzar una política de no intervención o, de ser posible, de otorgamiento de todo tipo de facilidades a ciertos grupos que supuestamente vendrán a salvarnos explotando libremente los recursos naturales de nuestra nación.
Por cierto, en el afán de defender intereses, muchas de las premisas de las que parten son sobresimplificaciones que falsean la realidad. Por citar un solo ejemplo: recientemente un conocido economista, ex funcionario de la dictadura, dijo que “congelar tarifas eléctricas significa despedirnos de Vaca Muerta”. Por supuesto, quien dijo esto no puede ignorar que las tarifas ya están congeladas por este gobierno. Lo que quizás ignore es que el valor del petróleo no tiene casi incidencia en la tarifa eléctrica, que la influencia del valor del gas es más bien baja –inferior al 25%–, y que el potencial futuro de Vaca Muerta radica, en el corto plazo, más en el crecimiento de la producción de petróleo que del gas. Es decir, Vaca Muerta necesita inversiones, pero poco tienen que ver esas inversiones con el valor que pague un usuario residencial en Jujuy, Corrientes o La Plata. “Pague caro la electricidad o se quedará sin petróleo”, nos dicen. Una extorsión tan abierta como falsa.
Explotar el potencial energético del país requiere de muchos actores. Del Estado nacional: trazando un plan, generando condiciones, promoviendo y actuando a través de sus múltiples agentes, de los cuales el más importante es YPF. De las provincias: monitoreando el avance de los planes, vigilando el cumplimiento de normas ambientales y participando en el diseño del plan nacional. De los trabajadores: formándose para sumarse a este reto que generará empleo y crecimiento, y reclamando que se respeten normas básicas de seguridad. Y de los empresarios petroleros, con quienes deberemos mantener un diálogo abierto para buscar las mejores condiciones para que inviertan, generen trabajo y obtengan rentabilidad sobre el capital que arriesguen.
Nuestro futuro presidente convoca a un acuerdo social a nivel nacional. Los empresarios petroleros deben ser parte de ese acuerdo. En el futuro gobierno, estamos seguros de que existirá un ámbito de diálogo para considerar los intereses de todas las partes, y así generar un entorno estable y confiable para la explotación de nuestros recursos en beneficio del pueblo. Están todos invitados.
El documento del equipo técnico de energía del PJ, al que se han sumado numerosos actores de más de 20 provincias, es un aporte al debate. Clausurar ese debate es excluir la política y limitar nuestra soberanía. Sabemos quiénes ganan y quiénes pierden cuando eso pasa.
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