La provincia de Buenos Aires y el cambio climático

Oscar Balestieri

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Las grandes variaciones en las lluvias –excesos y faltantes– parecen haberse acentuado por efectos del cambio climático. El clima es por definición variable, dinámico. A lo largo de la historia registrada –también de la historia relevada por estudiosos del pasado más lejano– los ciclos de grandes lluvias y sequías se han sucedido con distintas frecuencias e intensidades. El impacto de estos cambios sobre la población, sus vidas y bienes, depende en gran medida de nosotros mismos: de la ocupación del territorio, de las obras, y de las medidas que tomemos para prevenirlas, atenderlas y repararlas.

Se originan en hechos de la naturaleza, pero la verdadera dimensión depende de la sociedad que se halla sobre un territorio. Hay una tendencia a adjudicarle un “determinismo” de la naturaleza a estos acontecimientos: este pensamiento no contribuye a encontrar soluciones, por lo contrario, inclina a un cierto fatalismo, a instalar la idea de que no pueden modificarse. Repensar estos hechos de la naturaleza potenciados por las obras de los hombres es el primer paso para volver menos vulnerables nuestras ciudades, industrias y campos.

El espacio físico sobre el cual se producen estos hechos, puede dividirse en dos grandes tipos.

 

Las áreas urbanas

El Conurbano –podemos decir, hasta la ruta 6–, las grandes ciudades y sus conurbaciones –La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás, etcétera– en general se caracterizan por una ocupación urbana sin planificación ni control, sin respetar cuencas de inundación, con numerosas obras que impiden el originariamente difícil movimiento de las aguas por su poca pendiente natural: cauces obstruidos con basuras y escombros, puentes y caminos que son diques no deseados ni pensados, etcétera.

Los lugares de mayor riesgo corresponden generalmente a población de escasos recursos, con casi ninguna obra de prevención o saneamiento. Allí, las pérdidas de bienes en caso de inundación afectan a una parte importante de su escaso patrimonio en inmuebles y muebles, agregando pérdidas de días de trabajo, enfermedades o marginación. Esta suma genera muy grandes exigencias de auxilio y apoyo por parte del Estado y la comunidad, que raramente pueden ser cubiertas en las actuales condiciones.

 

El área rural

Este espacio incluye la llanura agrícola más productiva y rica de la Argentina y las vías de comunicación más importantes para todo el país –ferrocarriles y caminos– que suelen cortarse y dañarse en caso de inundación. Allí los efectos son principalmente económicos, por pérdidas en las cosechas, producción de tambos y crianza de ganado, daños en vías de comunicación y perjuicios en la producción en general, por dificultad para movilizarla. Resulta una paradoja que la prevención de inundaciones y sequías en una zona tan rica y potente no haya recibido la atención adecuada, ni las inversiones en obras hidráulicas y viales necesarias para atenuar los efectos de las inundaciones. No solo el Estado, sino tampoco la comunidad, aun en años de grandes ganancias, han asignado recursos para proteger este enorme potencial productivo.

El manejo del agua ha sido desde las primeras civilizaciones un movilizador de recursos y organización social. Basta con recordar las civilizaciones de regadío, Egipto y la Mesopotamia, y en nuestro continente los Incas y Aztecas, que estructuraron su sociedad a partir de la utilización productiva del agua. En nuestro país, las regiones donde el agua es escasa han generado una mayor conciencia social sobre su uso, promoviendo una organización social en consecuencia. En la provincia de Buenos Aires, la abundancia del recurso ha llevado a una baja valoración del mismo, y a una escasa organización social para su manejo útil y productivo. El cambio climático aumenta el desafío –presente aun sin este argumento– para darle importancia social y económica a inundaciones y sequías, haciendo posible la asignación de los recursos necesarios, la organización social y la movilización del Estado y la comunidad para reducir sus efectos negativos.

La importancia política de estos sucesos pone en evidencia la inacción de un gobierno ante los sucesos. El abordaje de reducción de riesgos se puede describir en varios escalones.

a) Planificación estructural del hábitat. La elaboración de esquemas de riesgo, zonas inundables y zonas de mayor afectación por sequías, con especial énfasis en los asentamientos humanos y productivos, forman parte de una base de trabajo para disminuir los daños. El asentamiento de población estable y construcciones importantes en terrenos bajos y zonas de desborde de ríos y arroyos son un riesgo creado por el ser humano que puede y debe evitarse. En nuestro país, las provincias con peligro sísmico muestran un ejemplo a través del tiempo de medidas de prevención: antiguamente Mendoza, en su planificación urbana, ha previsto plazas –espacios abiertos– cada cuatro cuadras, como refugio de los pobladores ante sismos, y luego se impuso la construcción con reglamentaciones antisísmicas que han demostrado una gran eficacia en la reducción de daños.

b) Obras de prevención de inundaciones y sequías. Históricamente la civilización avanzó sobre la naturaleza, modificándola para ponerla a su servicio. Este concepto está altamente cuestionado por el pensamiento actual, que incorpora el respeto por la naturaleza, buscando crecientemente reducir el impacto ambiental de las obras humanas. Manteniendo este principio pueden pensarse obras que reduzcan el peligro de inundaciones y sequías, en muchos casos corrigiendo errores anteriores de asentamientos. Desde la limpieza y el mantenimiento de ríos, arroyos y canales, hasta obras de mayor alcance como los diques para retener y regular aguas –por ejemplo, el dique Roggero–, son exigencias permanentes para mejorar el comportamiento de los cursos de agua ante lluvias mayores.

c) Información adecuada y en tiempo para organizar las respuestas individuales y colectivas ante inundaciones o sequías. Los medios disponibles de medición y comunicación –estaciones de medición distante, imágenes satelitales, comunicaciones– presentan posibilidades muy grandes para tener información adecuada en el tiempo adecuado. Los daños y efectos negativos tienen una íntima relación con la preparación para recibir el suceso. Contar con días –o aunque sea horas– para prepararse ante la inundación hacen una diferencia importante en los daños que produce.

d) Organizar la comunidad –Estado y sociedad– para responder al impacto de la inundación o la sequía. La presencia de ayuda y apoyo en tiempo justo es una acción importante para reducir los daños físicos y psicológicos del desastre. Alojamientos provisorios, alimento, medios de evacuación, vigilancia especial, apoyo médico, personal para ayudar, etcétera, son medidas disponibles y pocas veces aplicadas en todas sus posibilidades.

e) Pensar con anticipación y preparar los medios para “el día después” de sucedido el episodio. Las pérdidas de bienes y desplazamientos deben ser compensados y corregidos con toda celeridad. Nuestras comunidades tienen los medios y la posibilidad de hacerlo. Así como un consorcio de propiedad horizontal tiene un seguro de incendios, la comunidad debe responder como “asegurador” de los bienes ante inundación, en especial para los más pobres. “El olvido”, el abandono de los afectados, es reiterado. Muy a menudo nuestra sociedad pasa, de la movilización emotiva ante el suceso, a un pronto olvido, perdiéndose un valor muy importante: la solidaridad. El apoyo sostenido en el tiempo es necesario. Muchas veces el acontecimiento ofrece una oportunidad para corregir situaciones que sin el suceso no pueden abordarse. Por ejemplo, las viviendas instaladas en cuencas de desborde de ríos y arroyos: es muy difícil en situaciones normales encarar su desplazamiento; sin embargo, luego de una inundación, es perfectamente posible plantear que no debe volverse a esos sitios y formular un proyecto de reinstalación en otro sitio más adecuado. Claro que este proyecto exige apoyo del Estado y de la comunidad, pero la oportunidad solo se presenta en ese momento.

La asignación de recursos suficientes y adecuados es la conclusión primera a esta situación. Las prioridades de inversión y asignación de personal por parte del Estado para corregir estos problemas –que sin duda se acentuarán en los próximos años por efecto del cambio climático– son una exigencia en la construcción de una Nación, con desarrollo, justicia y equidad.

 

Acercarnos a los problemas reales

En una villa en construcción continua que puede verse desde la autopista Buenos Aires-La Plata, sus pobladores y pobladoras antes de la casilla levantan con enorme esfuerzo un terraplén de un metro o más, acumulando escombros o tierra conseguidos con laboriosidad, movidos a fuerza de trabajo humano, para escaparle a la inundación. ¿Hasta qué cota? La sabiduría popular, la memoria de recientes inundaciones, pone la información. No hay GIS, agrimensores, nada. Esta solución funciona para uno, para tres, para diez. Pero cuando son centenares, la acumulación de terraplenes achica las cuencas de desborde de los arroyos, empuja el agua hacia otros bajos, inunda más intensamente y rápido otros espacios donde viven otras personas. Este caso se repite por miles en todo el territorio, donde la construcción espontánea del hábitat es en gran medida la única forma posible para la mayor parte de la población. Los emprendimientos privados que secan humedales y rellenan bajos, con inexplicables factibilidades, por su escala, aumentan gravemente los problemas de inundaciones.

¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué debe pedir, o exigir, la comunidad? No hay duda de que la información, la planificación y la coordinación de las obras es un rol que puede y debe tomar el Estado. Además, en este caso y en muchos más, donde el esfuerzo queda sobre las espaldas de los más pobres y más débiles, con menor poder para peticionar, no quedan dudas acerca de que el Estado debe abarcar mucho más: financiar las obras y ejecutarlas con la tecnología conveniente, máquinas y equipos que remplacen el esfuerzo manual.

Es necesario tener mapas de riesgo hídrico, difundirlos y mostrar a la población qué lugares se pueden habitar y cuáles no. Los recursos deben usarse de la manera más eficiente. No pueden proponerse soluciones que no lo sean. No podemos pensar en elevar todo a cota de niveles no anegadizos, porque esa propuesta termina en nada.

La existencia de información y planificación permite desplegar en el tiempo las obras, ofreciendo un horizonte de futuro a quienes hoy no lo tienen, o peor, su horizonte es la próxima inundación. Pero también permite organizar los esfuerzos de la comunidad para esa familia que con trabajo y esfuerzo construye un terraplén: darle la cota adecuada, la información necesaria, ayudarla con programas de esfuerzo compartido, con entrega de materiales, o con relocalizaciones cuando la ubicación no sea conveniente.

 

El área rural

En anteriores inundaciones vimos que obras de una localidad afectaban a la siguiente, aguas abajo: los conflictos llegaron a enfrentamientos, guardias y protestas. Unos querían dinamitar el terraplén de la ruta, otros se oponían. También es común que un propietario de tierra realice un canal para desagotar un bajo de su tierra, enviando el agua a otras tierras o al lateral de un camino. Nuevamente la solución individual, sin información y sin planificación que, al generalizarse, termina en daños a otros y en conflictos. Antes decíamos que las inundaciones afectan a una región de gran riqueza y alta productividad. Las inundaciones y sequías por efecto del cambio climático son difíciles de predecir. Solo podemos afirmar que serán más agudas que en el pasado. La tecnología de información geográfica hoy disponible permite orientar la producción y brindar información de riesgo.

Hay una tendencia lógica en los productores a seguir el cultivo estrella: la soja, el maíz, etcétera, pero esto no es posible siempre y en todo lugar. Un terreno bajo, ante la inundación, es vulnerable si está sembrado. Si tiene ganado es menos vulnerable, y si además se puede organizar y tener previsto el movimiento del ganado, mucho mejor. El ejemplo de las islas del Paraná: en tiempos normales se cría muy bien el ganado, pero están en cota de riesgo y deben prever los medios –barcazas– para mover la hacienda a tierra firme cuando el río crece. Claro que esta no es tarea para un solo productor. Aquí vuelve el criterio de “seguro de incendio”: es una tarea del conjunto de la comunidad, del Estado. A primera vista, parece poco razonable que los habitantes de zonas con problemas hídricos se hagan cargo de encarar por ellos mismos las soluciones. Pero tengamos en cuenta que, en la historia, esto ha sido así: a partir de organizarse para encarar las cuestiones del agua surgieron las primeras civilizaciones, y luego los estados. En nuestra época hay experiencias de consorcios viales para administrar obras locales. En varias provincias y en la misma provincia de Buenos Aires también hay experiencias de “consorcios canaleros”, como procedimiento para agrupar necesidades y posibilidades, organizar y planificar las obras, con la participación del Estado y la comunidad.

El interés directo e insoslayable de los productores y de la opinión local, y el beneficio directo, mensurable, que traen las obras hídricas –en este caso, de control de inundaciones–, pueden asemejarse al caso más común y conocido que es la administración del servicio de riego en Mendoza y otras provincias con tierras de regadío, donde se paga un canon por el uso del agua, hay turnos, cupos e inclusive una “autoridad del agua”. Es posible aplicar este ejemplo y dirigirnos hacia una solución casi simétrica.

Los grandes montos de dinero y bienes implicados en estos procedimientos son la base económica que puede y debe posibilitar soluciones de largo alcance, de gran inversión. El financiamiento de obras tan rentables puede ser organizado por el Estado. Con estudios de factibilidad muy simples se demuestra la posibilidad de repago de las obras, siempre y cuando sean asumidas por los beneficiarios, con mecanismos de pago posterior a su ejecución, con los beneficios que producirán.

La inversión del Estado y de la comunidad ha crecido de año en año. Hoy alcanza porcentajes y montos importantes. La planificación y la asignación de prioridades son imprescindibles. Podemos y debemos aspirar a que la construcción del hábitat sea más que la mera acumulación de viviendas, caminos, canales, pavimentos y escuelas. La inversión de toda la comunidad marca el rumbo hacia donde se dirige la sociedad: el modelo de Nación que deseamos para nuestros hijos, para hacer de nuestro territorio el hogar de todos los argentinos.

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