El 24-7-2019, Clarín y La Nación sugestivamente coincidieron, una vez más, en poner en tapa y como nota central el comunicado gremial que los pilotos de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) leyeron a los pasajeros, cuestionando la política aerocomercial del gobierno, cuando el avión estaba en tierra y con los motores apagados. Se cuidaron bien de decir que el eje del cuestionamiento sindical es el impacto de esa política sobre los puestos de trabajo y las condiciones laborales de los pilotos, y la defensa de la línea de bandera argentina.
¿Es legal esa medida? ¡Absolutamente! Está amparada por el derecho constitucional de huelga, que es un principio arquitectónico de nuestro orden social, y de una jerarquía superior a la de otros derechos de contenido patrimonial. Es un derecho para adquirir derechos que tiene la clase trabajadora, que racionaliza el conflicto social inherente al sistema capitalista. La prensa canalla oculta que nuestra Ley Sindical reglamenta ese derecho, hablando de “medidas legitimas de acción sindical”, aceptando que el llamado derecho de huelga no se reduce al abandono concertado de las tareas, como se creía hace décadas. Más aún cuando esta medida gremial no causa daños a la empresa ni a los pasajeros.
Cuando se hicieron asambleas que entorpecieron los vuelos, la prensa canalla las calificó como una “huelga salvaje” que tomaba de “rehenes” a la gente. Cuando se leyeron breves comunicados durante los vuelos, se desgarraron las vestiduras diciendo –ridículamente– que los ponía “en peligro”. Y ahora, la lectura de un comunicado gremial en tierra merece la nota de tapa de los diarios. ¿Qué intereses defienden?
¿Es admisible que un sindicato cuestione políticas de un gobierno? Esa pregunta tenía algún sentido hace cien años. Hoy suena ridícula. Hay que recordar a Clarín y La Nación que la Ley Sindical argentina 23.551 dice que el objeto de un sindicato es remover los obstáculos que impiden la plena realización del trabajador. Es decir que el sindicalismo debe hacer política, sí o sí. Más claro, echale agua.
¿Es un conflicto con tufillo a campaña electoral? Sólo desde la ignorancia o la mala fe se puede sostener esto. Hay que repasar la historia reciente para darse cuenta de que los trabajadores aeronáuticos vienen luchando por sus derechos y conquistas desde hace mucho tiempo. Le hicieron varios paros y tuvieron conflictos con Néstor Kirchner y a Cristina Fernández, y a este gobierno le vienen cuestionando sus políticas y medidas antiobreras, antisindicales y antinacionales desde su inicio. En realidad, es el gobierno el que piensa que confrontar ahora con los gremios le da réditos electorales entre los desencantados de sus propias bases.
¿La lectura de un breve comunicado con el vuelo finalizado y los motores apagados pone “en peligro” a alguien? Es técnicamente inadmisible y mueve a risa. Es parte de la política del gobierno de reprimir la protesta social y sindical y judicializarlas.
Por último, también hay que recordarle a Macri que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Lagos del Campo vs. Perú”, el 31-8-2017 dijo que la libertad de expresión es una manifestación de la libertad Sindical y condición necesaria para el ejercicio de los derechos gremiales.
Share this content: