La posición del sindicalismo argentino sobre el futuro del trabajo: Mendoza, 2018

Álvaro Orsatti

0

En un artículo anterior para la revista Movimiento (“Qué piensa el gobierno argentino sobre el futuro del trabajo”, septiembre 2018), en las vísperas de la reunión del G20 en Buenos Aires, especulábamos sobre cuál sería el resultado de esa Cumbre a realizarse al poco tiempo, cuyo temario incluía el análisis y la toma de posición sobre el “futuro del trabajo”, utilizando esa posibilidad dada por el reglamento del Grupo. Cotejábamos algunas señales emitidas desde el gobierno con la agenda que venía preparándose para la discusión. Ahora podemos volver a este tema, recogiendo el resultado gubernamental y, sobre todo, el documento del sindical acordado previamente –en Mendoza, el mes anterior–[1] organizado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), a la que están afiliadas la CGT y las dos CTA, presentes en el evento y por lo tanto firmantes del documento.

La Declaración del G20 fue, como era de esperar, un saludo a la bandera de la modernización tecnológica, adoptándose compromisos para su aprovechamiento desde las potencias –y las multinacionales, por supuesto. El planteo tiene como eje la “esperanza que las tecnologías traigan consigo enormes oportunidades económicas, como mejores y nuevos trabajos, y mejores estándares de vida”. De todas formas, se alerta sobre la “cada vez menor sincronización económica entre los países, y la materialización de riesgos clave como las vulnerabilidades financieras y las problemáticas geopolíticas”, ante lo cual se necesita entonces “mejorar la confianza y salvaguardarse de los riesgos”; se reconoce que “la transición podría generar desafíos para las personas, las empresas y los gobiernos”.

En este marco, el G20 considera necesario: “aplicar continuamente las reformas estructurales; y atraer capitales privados para la inversión en infraestructura”; “enfrentar los desafíos distributivos, dando respuestas de políticas que garanticen que los beneficios de la transformación tecnológica sean compartidos por todos”; asegurar “sistemas impositivos sostenibles”; “promover la adopción de modelos de negocios innovadores de la economía digital, continuando la labor en materia de inteligencia artificial, tecnologías emergentes y nuevas plataformas de negocios”; “garantizar el libre flujo de la información, ideas y conocimiento, al tiempo que se respeten los marcos jurídicos aplicables, trabajando para fomentar la confianza de los consumidores, la privacidad, la protección de los datos y la protección de los derechos de propiedad intelectual”.

En otros capítulos, el G20 toma también compromisos respecto de la igualdad de género, educación y políticas de empleo. Sobre estas, en particular, se compromete a: construir un futuro del trabajo inclusivo, equitativo y sostenible mediante el trabajo decente; mejorar las condiciones laborales en todas las formas de empleo; desarrollar políticas destinadas a mejorar la situación laboral de los jóvenes; dar mayor participación en la fuerza laboral de los grupos subrepresentados y vulnerables, como las personas con discapacidades; acompañar a las personas durante las transiciones. En particular, sobre el trabajo de plataforma se enfatiza en la promoción de la formalidad laboral y la construcción de un sistema de protección social sólido y portable, sujeto a leyes y circunstancias nacionales.

La Declaración del G20, como también era esperable, se centra en los aspectos laborales, superando la rutina que acaba de mencionarse, precedida por la potente afirmación siguiente: “las discusiones sobre el futuro del trabajo no deben centrarse exclusivamente en los beneficios económicos de las nuevas tecnologías y la economía digital, sino que también tienen que abordar los enormes desafíos políticos y económicos que se plantean a nivel de la sociedad”. Los contenidos textuales de la Declaración son los que se presentan en el Anexo, los que proporcionan una poderosa alternativa a la de los gobiernos involucrados.

Concluyamos entonces: en las vísperas de las elecciones nacionales, estos acuerdos sindicales son útiles para encuadrar, en un plano discursivo amplio y prospectivo, las propuestas que las tres centrales estarán haciendo a los partidos políticos que, como es inevitable, estarán centrada en la cruda coyuntura. Estos posicionamientos son entonces un “segundo anillo” propositivo a combinar con las formulaciones urgentes pautadas por la sobrevivencia.[2]

 

Selección de contenidos de la Declaración del Labor 20 (Mendoza, noviembre 2018)

 

Empleo

  • situar el empleo de calidad en el centro de la agenda estratégica;
  • promover los derechos fundamentales de sindicalización y negociación colectiva;
  • abordar los elevados y persistentes niveles de desempleo juvenil por medio de políticas activas del mercado de trabajo e inversión en formación;
  • fortalecer las estructuras nacionales de diálogo social;
  • garantizar la responsabilidad de las empresas respecto de sus obligaciones hacia los trabajadores;
  • promover la negociación colectiva, asegurando una amplia cobertura de los convenios colectivos, incluso mediante la utilización de mecanismos de extensión;
  • garantizar salarios mínimos vitales, establecidos y ajustados en función del costo de la vida establecido con los interlocutores sociales;
  • regular las formas de trabajo atípico;
  • eliminar de las cadenas mundiales de suministro la precariedad, el trabajo informal, la esclavitud y el trabajo infantil;
  • proporcionar incentivos y promover las ventajas de una transición efectiva a la economía formal, lo que incluye mejorar el acceso a la financiación, la justicia laboral, la educación y los derechos de propiedad intelectual;
  • desarrollar planes de acción integrales nacionales para mejorar la calidad del empleo, teniendo en cuenta las especificidades y fortalezas sectoriales, regionales y nacionales, que incluyan objetivos claros, implementación y calendarios para alcanzar los objetivos;
  • garantizar que los empleadores que recurran a formas atípicas de trabajo, incluyendo las plataformas, asuman la responsabilidad de sus relaciones laborales y contribuyan en la medida que les corresponde a las contribuciones sociales;
  • garantizar la no discriminación, el trato justo y la igualdad de derechos en el trabajo entre los trabajadores con diferentes modalidades contractuales, incluyendo las formas de empleo no convencionales;
  • facilitar la transición de los trabajadores entre los empleos, respaldando la portabilidad de las prestaciones y derechos a través de diferentes tipos de empleo y países;
  • y modernizar el funcionamiento y la administración de los sistemas de protección social.

 

Educación

  • garantizar el acceso universal a una formación técnica, profesional y superior (incluyendo la universitaria) de calidad;
  • promover el acceso y oportunidades de formación de las mujeres, jóvenes procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos y migrantes;
  • introducir formas de previsión de la demanda de empleo nacional, regional y sectorial, en el ámbito de las competencias;
  • integrar en la formación de capacidades relacionadas con la cultura del trabajo, salud, seguridad y ambiente, valores ciudadanos y sustentabilidad;
  • establecer sistemas de reconocimiento del aprendizaje previo en la economía formal e informal;
  • incluir a los representantes de los empleadores y de los trabajadores en la gobernanza de los sistemas de desarrollo de competencias, prácticas como aprendices y aprendizaje de adultos.

 

Juventud y futuro del trabajo

Los jóvenes afrontan, entre otros, los desafíos del desempleo juvenil a escala mundial, la naturaleza cada vez más precaria e informal del empleo, los cambios en el mundo del trabajo y las crecientes desigualdades. Las propuestas son:

  • desarrollar un Plan de Acción para la Juventud que haga hincapié en las políticas activas del mercado de trabajo y la inversión en la formación formal, lo que va más allá del Objetivo de la Juventud del G20, que resulta insuficiente para superar los elevados niveles de desempleo y subempleo juvenil, así como las dificultades que encuentran los y las jóvenes en el trabajo informal o precario;
  • garantizar que la Iniciativa del G20 sobre el Empleo Joven Rural (G20 Alemania, 2017) sea supervisada y seguida de cerca, al mismo tiempo que se mejore la iniciativa para abordar el problema del trabajo precario e informal que afecta especialmente a la juventud;
  • orientar y supervisar a las empresas para que proporcionen a los jóvenes información adecuada.

 

Economía y empleo digital

  • introducir dos tipos de gravámenes: un impuesto coordinado globalmente sobre la productividad inducida por la tecnología (impuesto al robot); un impuesto para las entidades que recopilan y procesan grandes cantidades de datos (impuesto a los datos);
  • introducir parámetros respecto a la incorporación de nuevas tecnologías y financiación, para permitir a los trabajadores conservar su empleo o cambiar a puestos de trabajo similares o de mejor calidad;
  • promover nuevos convenios colectivos sobre formación y horas de trabajo;
  • promover el diálogo social en relación con la expansión tecnológica y las necesidades de inversión, así como la gobernanza tripartita de los fondos de transición y formación;
  • tomar medidas anticipadas a fin de asegurar que no se utilicen formas de trabajo no convencionales para eludir la responsabilidad hacia los trabajadores, y velar para que estos trabajadores disfruten de todos los derechos del trabajo;
  • reforzar la transparencia, la protección y la propiedad de los datos de los trabajadores para evitar la vigilancia y el seguimiento, y garantizar que las reglamentaciones en materia de protección de datos se formulen con la contribución de los interlocutores sociales;
  • combatir toda forma de discriminación en el trabajo, tanto en línea como desconectado, respetando los principios de igualdad.

 

Trabajadores de plataforma

  • salvar las brechas normativas para los trabajadores de plataformas; los desafíos para la calidad del empleo y la seguridad de ingresos para los trabajadores que operan en plataformas en línea –tanto a nivel local efectuando labores físicas, como en línea mediante crowdworking– están ampliamente reconocidos;
  • hacer respetar los derechos laborales y la legislación laboral nacional, y permitir a todos los trabajadores de plataformas organizarse y tomar parte en el diálogo social y en la negociación colectiva, revisando las leyes de competencia y definiendo las responsabilidades de los proveedores de plataformas, así como las relaciones de empleo;
  • garantizar la competencia en igualdad de condiciones en los mercados digitales y, en caso necesario, exigir la presencia de agentes locales para erradicar toda actividad económica disimulada o encubierta, y condicionar el acceso al mercado según criterios de participación equitativa en la economía nacional;
  • reforzar los sistemas regulatorios para garantizar que se cumplan las obligaciones de las empresas hacia el Estado (impuestos), los sistemas de protección social (contribuciones sociales) y la formación (trabajadores);
  • garantizar que trabajadores de plataformas y otros que, en la práctica, dependen de un solo empleador o de un grupo de empleadores, tengan derecho a contratos de empleo y a una remuneración equivalente al menos al salario mínimo y que cumplan con los estándares del sector;
  • garantizar que los trabajadores de plataformas estén cubiertos por las normas de salud y seguridad en el trabajo y dispongan de una seguridad social adecuada, que incluya pensiones, subsidios de desempleo y cobertura del seguro médico, formación, licencia remunerada mínima de baja por enfermedad, vacaciones pagadas y licencia parental, cobertura de servicios formales de cuidados; y se garanticen sus derechos a organizarse libremente y a emprender acciones colectivas;
  • fomentar la privacidad, la protección y la transparencia de los datos recopilados por las empresas de plataformas y acordar a los trabajadores el derecho individual a solicitar información sobre sus datos y requerir que se borre su valoración en línea;
  • promover la mediación y el debido proceso como responsabilidad primaria del proveedor de plataforma, a fin de resolver posibles disputas entre los trabajadores de plataformas, proveedores y clientes, y poder rebatir valoraciones negativas;
  • aspirar a la coherencia internacional en las definiciones y la recopilación de datos sobre el trabajo en plataformas, así como marcos internacionales para los trabajadores en plataformas transfronterizas;
  • mejorar la calidad e incrementar el acceso a la educación y la formación; los sistemas de gobernanza deberían incluir a representantes de los empleadores y de los trabajadores;
  • desarrollar competencias, prácticas como aprendices y el aprendizaje de adultos.

 

Protección social

  • reconocer la protección social como un derecho humano y el papel de la protección social como un componente clave del futuro del trabajo justo;
  • adaptar y actualizar los sistemas para que contribuyan a la empleabilidad y la integración de los trabajadores;
  • ampliar el alcance y la cobertura de la protección social orientada al acceso universal, incluyendo a las personas que trabajan en la economía informal;
  • garantizar una financiación adecuada y previsible, recurriendo a la tributación progresiva, la participación justa de los empleadores en las contribuciones de la seguridad social y soluciones de financiación innovadoras, incluyendo contribuciones sociales multiempresarias.

 

Igualdad de género

  • aplicar y supervisar la meta establecida en términos de la participación de la mujer en el mercado laboral en los países del G20;
  • garantizar la igualdad de género en el lugar de trabajo;
  • abordar el problema de la violencia en el lugar de trabajo;
  • mejorar la inspección del trabajo para eliminar la brecha salarial de género y la discriminación en la contratación, la promoción y el desarrollo de competencias de las mujeres;
  • implementar medidas afirmativas antidiscriminatorias y de igualdad de remuneración;
  • reconocer el papel de los interlocutores sociales y la negociación colectiva para garantizar la igualdad de remuneración por la realización de un trabajo de igual valor;
  • tomar medidas para erradicar la segregación ocupacional entre mujeres y hombres, abordando también los estereotipos de género en la educación y la formación, y promoviendo la contratación proactiva de mujeres en sectores donde están sub-representadas;
  • garantizar el acceso igualitario y permanente de niños y niñas, mujeres y hombres a la educación y la formación profesional;
  • invertir en la economía del cuidado, incluyendo servicios públicos, así como permisos remunerados por motivos familiares o para el cuidado de niños, tanto para mujeres como para hombres, a fin de facilitar una mejor conciliación entre trabajo y vida familiar para los trabajadores con responsabilidades familiares y una carrera sin obstáculos para las mujeres;
  • mejorar el uso de la tecnología, particularmente la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.

 

Dimensión global del trabajo

  • alentar la negociación colectiva transnacional y los acuerdos marco internacionales, y explorar opciones legislativas que establezcan el obligado cumplimiento de dichos acuerdos;
  • establecer una legislación vinculante para imponer a las multinacionales la responsabilidad conjunta por las violaciones cometidas dentro de sus cadenas de suministro;
  • promover legislaciones para exigir a las empresas que integren la debida diligencia en materia de derechos humanos en todas sus cadenas de suministro;
  • garantizar sólidos mecanismos de reclamación y acceso a recursos;
  • promover prácticas de compra responsables y prohibir a las empresas efectuar pedidos por debajo de los costos de producción;
  • garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos;
  • apoyar un Tratado Vinculante de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos;
  • evitar la regulación del comercio electrónico mundial de bienes y servicios mediante capítulos específicos en los acuerdos comerciales, para no restringir la capacidad de los Estados de legislar, tomar medidas y coordinar políticas globales a fin de proporcionar igualdad de condiciones entre la economía digital y la tradicional.

 

Migrantes y refugiados

Se necesita responder a las necesidades de empleo de migrantes y refugiados, dado que la migración adquiere cada vez una mayor importancia a la luz del número creciente de personas desplazadas por los conflictos, las consecuencias del cambio climático y la falta de oportunidades económicas en sus países de origen. En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los gobiernos resolvieron establecer condiciones de trabajo decente para todos y todas, reconociendo la contribución positiva de los migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible. Se recomienda:

  • reconocer la contribución económica de refugiados y migrantes a la globalización y a las economías nacionales, incluyendo el papel que tienen para contrarrestar los efectos del envejecimiento demográfico y contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas;
  • planificar la integración de refugiados y migrantes, eliminando los obstáculos a la inclusión social;
  • facilitar la admisión de refugiados, en conformidad con la Convención de Ginebra;
  • tomar medidas para aplicar los principios de la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes;
  • tener en cuenta las demandas sindicales respecto al Pacto Mundial sobre Migración;
  • trabajar para establecer criterios comunes para regular y gobernar los canales legales de migración y las corrientes de refugiados;
  • asegurar los derechos fundamentales de migrantes y refugiados, incluyendo el derecho al trabajo, la formación y la igualdad de trato, así como la observancia de las leyes antidiscriminatorias;
  • establecer marcos que concedan un estatus legal, según corresponda, a los migrantes económicos, y que fomenten su movilidad laboral y su contribución a los mercados de trabajo, también con miras a evitar su explotación y el menoscabo de las condiciones para los trabajadores locales con la imposición de trabajo inferior a los estándares;
  • apoyar a los refugiados, ofreciéndoles educación de calidad, competencias lingüísticas, servicios públicos y formación profesional, conjuntamente con el acceso a la protección social y a los servicios de atención médica (incluyendo atención psicológica);
  • tomar medidas inmediatas para los menores no acompañados y adultos jóvenes.

[1] La Declaración sindical es en lo formal –bastante ficcionalmente– una comunicación a los ministros de Trabajo y Empleo de los países del G20, para que influyan sobre los gobiernos nacionales en su conjunto, superando los acuerdos gubernamentales.

[2] Otra nota futura, secuencial de esta, podrá ser el balance de la Declaración del Centenario sobre Futuro del Trabajo establecida en la 108 Conferencia de OIT en junio pasado, con la aprobación de la representación tripartita argentina, que es, lógicamente, más moderada, pero que tiene lineamientos de importancia para el futuro gobierno. Un documento reciente, redactado previamente a la Declaración, se basaba en contenidos del informe previo de la Comisión Mundial sobre Futuro del Trabajo, convocada por OIT para proveer insumos: “Agenda urgente para una sociedad de trabajo”, FES, julio 2019, elaborado conjuntamente por el Centro de Estudios Atenea, CETYD/IDAES UNSAM, CIFRA, ITE Germán Abdala, OCEPP y otros ex funcionarios del Ministerio de Trabajo de los últimos años.

Comentarios de Facebook

También podría gustarte Más sobre el autor