La pobreza juega en toda la cancha

Ana Josefina Arias

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Propinas, planes y hasta la inutilidad de las universidades aparecen en la preocupación que sobre los pobres tiene la dirigencia de Cambiemos. Más allá del enojo que pueda provocar alguna de esas menciones, lo que es relevante es la utilidad que tiene el discurso de la coalición gobernante la preocupación acerca de la pobreza, no sólo en lo relativo las acciones dirigidas específicamente sobre los pobres, sino, principalmente, en la utilidad para reformar las reglas de juego del conjunto de la sociedad. Dicho de otro modo: hoy el discurso de la pobreza sirve más para desarmar mecanismos de integración del aparato estatal y otras formas de protección, que para pensar formas más “eficientes” de trabajo sobre la pobreza. Para explicar esta idea es necesario explicar dos procesos: por un lado han aumentado algunas acciones asistenciales y pueden aumentar más, y por otro lado cambiaron los discursos sobre las responsabilidades de los problemas sociales.

Si pensamos un balance muy rápido del período posterior a la crisis del 2001 en lo relacionado con las políticas asistenciales, podemos plantear que se ha dado una notoria disminución de las transferencias condicionadas con contraprestación –lo que vulgarmente se nombra como “planes”– y un aumento de las coberturas relacionadas con pensiones o jubilaciones. Esto colocó al ANSES en un lugar privilegiado –operando como principal agencia en mecanismos de distribución del ingreso–, pero también al Ministerio de Desarrollo Social. En el año 2002 este Ministerio cubría a 356.957 titulares con pensiones no contributivas (pensiones por discapacidad, madres de siete hijos, pensiones por edad avanzada, entre otras), y en el año 2015 ese número ascendía a 1.514.840. En contraposición con este aumento, disminuyeron los programas de transferencia condicionada. De los 1.843.265 Jefas y Jefes de Hogar desocupados que se registraron en 2002 a los 203.887 destinatarios del Argentina Trabaja y del Ellas Hacen –los dos principales programas de transferencias que gestionaba el Ministerio en 2015–, podemos ver una disminución muy marcada de esta forma de trabajo con los sectores más pobres.

En la nueva etapa del gobierno de Cambiemos esta tendencia parece revertirse: se ha restringido nuevamente el otorgamiento de pensiones –recordemos las denuncias por la quita en pensiones por discapacidad– a la vez que se han ampliado los programas de transferencias condicionadas. Con los datos públicos podemos ver que a diciembre del año pasado se habían sumado aproximadamente 40.000 nuevos destinatarios al Argentina Trabaja y al Ellas Hacen, a los que hay que agregar los titulares del Salario Social Complementario que –producto de las movilizaciones populares– se incorporaron como destinatarios. Además, todos los referentes comunitarios consultados acuerdan en el importante aumento de la demanda en los comedores comunitarios. Esta tendencia puede crecer a partir de la profundización del ajuste y de las consecuencias sociales de las medidas. En el acuerdo realizado con el Fondo Monetario se explicita: “En nuestro programa, planeamos sostener el gasto en asistencia social y, en el improbable caso de que la situación social se deteriore, nos comprometemos a destinar recursos adicionales al financiamiento de nuestros programas de asistencia social más efectivos”. La ministra Carolina Stanley, en declaraciones recientes al diario La Nación, marcó que el acuerdo con el Fondo no tocará los recursos dedicados a la asistencia, y distintos funcionarios reconocen que habrá que abrir nuevos comedores.

Cabe aclarar que las prestaciones asistenciales “juegan” distinto en un marco de expansión del mercado de trabajo que en su retracción. Suponen distintos efectos en momentos de sostenimiento de la capacidad de consumo para promover el mercado interno, que en momentos pérdidas del poder adquisitivo de los salarios o de achicamiento de las prestaciones estatales.

Reaparece la pobreza como problema en el discurso. Y es una constante en el discurso de las políticas públicas la referencia a los pobres como individuos –en contraposición con la idea de sujetos de derecho– y la invocación a la figura del emprendedor. Es claro que cambia la estructura de sentido que se pretende dar a las políticas sociales y, reiteramos, es un mensaje no sólo para quienes se encuentran en situación de pobreza, sino para el conjunto de la sociedad. En el caso de los fondos destinados a la asistencia se presentan recursos de emergencia y paliativos, como una ayuda momentánea y no como derechos o protecciones permanentes. Por otro lado, el énfasis en la figura del emprendedor –fácilmente identificable en los cambios de nominaciones de programas y también en la creación o readecuación de oficinas dirigidas a promover esta figura– coincide con la reorientación de la acción a los individuos. El cambio del programa Argentina Trabaja por el Hacemos Futuro es un ejemplo de esto. En el Hacemos Futuro ya no se realizan acciones en el marco de cooperativas u organizaciones sociales, sino que los titulares deben gestionar(se) ellos mismos por medio de acciones educativas o de formación. Dirigirse a las personas más que a colectivos o agrupamientos muestra una apuesta a procesar en otros términos las apuestas de trasformación. “Celebremos que el futuro depende de cada uno de nosotros mismos”, rezaba una publicidad oficial con motivo del festejo del Bicentenario.

La eficacia de estas reformulaciones está en que colocan la responsabilidad en el lugar del esfuerzo individual y liberan a los otros sectores de otras formas de responsabilidad social. Estas ideas tienen fuerte arraigo, ya que en nuestra cultura el lugar del trabajo como valor de las personas es alto en tanto medida del aporte personal. Pero, a diferencia del valor del trabajo como un valor en relación a otros, la responsabilidad individual se presenta separada de la obligación colectiva. Se puede pedir la entrega de propinas, pero no aumentar la presión tributaria.

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No nos quedan dudas acerca del carácter limitado y estigmatizador de estos abordajes sobre la pobreza, que siguen pensando que lo que falta a “estos sectores” es “un empujoncito” y no transformaciones de orden estructural, ni mejoras en las reglas de juego.

La mención a la supuesta falta de acceso de los pobres a las universidades que realizó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires es ilustrativo del mecanismo de la pobreza justificadora del ajuste. Independientemente de la veracidad de los dichos –negada por el crecimiento de la matrícula de jóvenes que son primera generación de profesionales en sus familias–, lo que sí queda establecido es que es necesario ajustar lo público, tanto en recursos como en sentido, para dirigirlo a las prestaciones consideradas de pobres. El ajuste en el sistema previsional, los despidos en el sector público, las bajas salariales y todas las medidas –que sin lugar a dudas generarán más pobres– serán planteadas en el marco de acciones que “protejan” a la pobreza, como el crecimiento de recursos asistenciales.

Las formas en que cada sociedad piensa y actúa sobre los pobres permite entender un conjunto de valores de la sociedad: entre otros, la justicia, el mérito, la protección. Dicho de otro modo, permite visualizar los pilares de cómo se organiza la sociedad. No se confunda el argumento, no estamos diciendo que la variable de organización de una sociedad es la pobreza, sino que en ese vínculo se puede identificar un conjunto de elementos que muestran mucho más que los problemas, la cantidad o las características del sector social considerado pobre.

Por supuesto que en la cancha nadie juega solo. Queda ver qué sucederá si las condiciones de ajuste que se anuncian en estas semanas modifican esto que estamos narrando y qué capacidad queda en el campo popular de politizar nuevamente la relación entre pobreza y derechos.

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