La necesidad de incorporar nuevos actores que contribuyan con la justicia en el control de los operativos de seguridad y la mala praxis policial

Daniel Garibaldi

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El campo de la seguridad ciudadana se ha desarrollado en las últimas décadas, tanto en el plano académico como en el político estratégico, con la finalidad de comprender e intervenir ante conflictos emergentes que devienen en delitos y violencias de diversa complejidad. Se constituyó así, a partir de la formación en docencia e investigación universitaria, un campo del saber que contribuye a consolidar el carácter interdisciplinario de la administración de justicia que permite poner en debate los conflictos de intereses en juego en un litigio.

En tal sentido, en la Comisión de Seguridad de los equipos técnicos del Partido Justicialista nacional se identificó la necesidad de fomentar la formación de peritos judiciales en seguridad que sean capaces de auxiliar a jueces y juezas, aportando su saber científico en aquellos casos donde se plantean cuestiones ajenas a la ciencia jurídica y, por ende, externos a los saberes de la abogacía y la magistratura. Muchas veces esas cuestiones son tan lejanas que pasan absolutamente desapercibidas ante la mirada de los principales actores del proceso.

A modo de ejemplo, si tomamos el caso de la fallida final de la Copa Libertadores que debió disputarse en el Estadio Monumental en el año 2018 y que debió ser suspendida por los graves incidentes generados por los simpatizantes locales, podemos afirmar que nos topamos con una de las peores organizaciones de seguridad que hayan existido en el fútbol argentino y, a pesar de ello, sus responsables quedaron impunes. Se desplegaron elementos de seguridad abiertamente ineficientes para el caso, tal como la Prefectura Naval Argentina, cuyos miembros nada saben de contención y manejo en espectáculos deportivos. De hecho, la seguridad en espectáculos públicos no es una actividad contemplada en su Ley Orgánica. Pero mayor gravedad representa que se hayan empleado 800 cadetes de la escuela de policía de la Ciudad. Es decir, se expusieron jóvenes que no culminaron su formación policial, que no poseían ART –los estudiantes están becados y no tienen relación laboral con la Policía de la Ciudad– y peor aún: carecen de estado policial, porque recién lo obtienen al momento de su nombramiento, a su egreso del instituto. A los ojos de cualquier experto o experta resultaba altamente improbable que tal evento se desarrollara satisfactoriamente, a pesar de haber contado con un despliegue total de 2.700 efectivos –sumando también los de la Policía Federal y de la Ciudad, y seguridad privada. A pesar de ello, el debate se centró en la ruta que se dispuso para el micro que transportaba a los jugadores de Boca Juniors, perdiéndose así de vista la flagrante negligencia por parte de los ministros de Seguridad de la Ciudad y de la Nación, quien tampoco dio explicaciones respecto al dispenso de efectivos de una fuerza de seguridad para un simple evento deportivo, en tanto que jamás se cumplieron los supuestos del artículo 23 de la Ley de Seguridad Interior. Tales negligencias generaron pérdidas millonarias a River Plate, pues debió devolver las entradas vendidas a sus aficionados y alquilar un estadio en Madrid, para luego jugar el partido con las tribunas semivacías. Surge la duda acerca de si en esa ocasión el club River pagó en concepto de policía adicional por los 800 cadetes de la policía de la Ciudad. Se habría configurado una estafa porque –como ya mencionamos– no eran policías.

Otro ejemplo de mala praxis policial lo podemos encontrar en el intenso tiroteo entre efectivos de la Policía Bonaerense y de la Federal mantenido en las inmediaciones de una estación de servicio en la ciudad de Avellaneda, el 29 de marzo de 2019. En esa ocasión, los de la Bonaerense estaban siendo vigilados al momento del cobro de dinero producto de una extorsión. Al retirarse del lugar, personal de la PFA pretendió detenerlos, empuñando su armamento, a pesar de no encontrarse uniformados, ni a bordo de móviles identificables –vestían ropas de civil y chalecos identificatorios–, generándose un violento tiroteo que dio por resultado la muerte del comisario de la Policía Bonaerense implicado en el delito. El enfrentamiento se dio en una zona poblada con fuego cruzado, poniendo en riesgo a transeúntes, trabajadores y clientes de la estación de servicio. Sin dudas, esa intervención por parte del personal Federal fue temeraria y por ende excesiva –el dinero estaba marcado y los policías delincuentes identificados y filmados– y su detención pudo haberse llevado a cabo en cualquier otra oportunidad. A modo de ejemplo, correcto habría sido que a las pocas cuadras –eligiendo el lugar más seguro– patrulleros identificables con balizas y sirenas prendidas les cerraran el paso, resultando así mínimas las probabilidades de que los delincuentes ejercieran resistencia, pues no cabría posibilidad de que confundieran el procedimiento con un robo –por no estar de civil los federales– y, sobre todo, por la superioridad arrolladora del despliegue policial. Sin embargo, ese mal proceder que acabó con la vida de un delincuente de manera innecesaria, fue casi normalizado, tanto por la opinión pública como por la justicia.

La acordada 3861/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la resolución CAGyMJ 26/19 del Consejo de la Magistratura de la CABA incluyeron en las nóminas de Auxiliares de la Justicia la especialidad pericial en Seguridad Ciudadana. Un medio de prueba prácticamente desconocido hasta el momento por el ámbito judicial, a pesar de que cuenta con el potencial de convertirse en un actor fundamental en materia de identificación de mala praxis en la implementación policial y en el deficiente proceder.

El dictamen pericial se constituye en un valioso elemento de prueba y, como tal, en una opinión calificada que contribuye a generar la convicción del magistrado y que será tenida en cuenta a la hora de fundamentar la sentencia correspondiente. Resulta así fundamental continuar aportando cada vez mayores herramientas que coadyuven al mantenimiento de prácticas policiales adecuadas, velando para que su eje rector se encuentre centrado en la progresividad del uso de la fuerza y el máximo respeto de los Derechos Humanos.

 

Daniel Garibaldi integra la mesa de Seguridad de los equipos técnicos del PJ nacional.

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