Hace tiempo que los medios de comunicación –hegemónicos y no tanto– han instalado una agenda de debate en torno al Poder Judicial que hace eje sólo en lo que Boaventura de Sousa Santos identificó como casos calientes. Así, el periodismo político trabaja sobre grandes causas penales que, a pesar de ser importantes, componen apenas un 1% del despacho judicial. De esta manera llegamos a esta campaña electoral en la que se presenta una empobrecida discusión sobre esta “justicia del espectáculo” que tiene como principal insumo la producción jurídica de “Comodoro Py” pero que olvida problematizar sobre los temas en los cuales el Poder Judicial brinda –o deja de brindar– respuestas a los ciudadanos. Tópicos como el colapso estructural del fuero laboral o el abarrotamiento de expedientes sin resolver en el fuero previsional, o la nula reacción del sistema judicial sobre el violento “tarifazo” que sufrió la clase media en los últimos años, son absolutamente invisibilizados en la agenda periodística.
La falta de discusión sobre este “lado b” de las cuestiones judiciales es un problema que perjudica primordialmente a los sectores populares. El gran capital tiene sus representantes naturales, los cuales ya están discutiendo sobre los cambios que son necesarios en la justicia para proteger sus intereses. Doy un ejemplo: Carlos Rosenkrantz, ministro y presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, apenas asumido giró el eje central del discurso del máximo tribunal, dejó de hacer foco en la corrupción política y los mencionados casos calientes, y comenzó a cuestionar la capacidad de los jueces para interpretar normas y a fomentar una actitud pasiva frente a los conflictos sociales. En el mismo sentido, el fallo “Fontevecchia”, resuelto con la nueva integración de la Corte, no fue más que una decisión a medida de los intereses de grupos económicos concentrados que ven una amenaza concreta en la aplicación de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en causas locales con contenido patrimonial.
Por otra parte, aquella agenda de discusión en campaña presenta, al menos, otros dos problemas. El primero es que contribuye a que el juego político democrático abandone definitivamente el escenario de la discusión de ideas y se instale en el ámbito judicial. Allí, la política busca respuestas en una “guerra reglada” por las lógicas del Poder Judicial, las cuales –como toda guerra– no fueron pensadas para solucionar conflictos, sino para generar ganadores y perdedores. El proceso judicial no es el mejor ámbito para generar consensos sociales, sino que profundiza la tensión y convierte a los adversarios en enemigos, quitándole potencialidad de transformación a la política. En otras palabras, el Poder Judicial solo fomenta aquella famosa grieta de la cual se alimenta la esperanza de reelección del oficialismo.
Así, la causa de las fotocopias de los cuadernos no soluciona el problema endémico del vínculo entre el Estado y sus contratistas en torno a la corrupción, y la sólida causa de Ramos Padilla no resuelve la cuestión de los servicios de inteligencia paraestatales propios de regímenes sin Estado de Derecho. Pero ambas causas fortalecen la idea de que hay dos bandos enfrentados y que a partir de agosto elegimos entre esta especie de River-Boca y no entre dos modelos de país diametralmente diferentes. En este sentido, Antoine Garapón, un prestigioso jurista francés, afirmó que “la judicialización de la vida política, lejos de representar un estadio superior, más avanzado de madurez democrática, constituye más bien un síntoma de la falta de aliento y escasez de reflejos de las instituciones políticas. Y ello implica una carga de profundidad contra los principios mismos de la democracia representativa”. Juridificar sistemáticamente los conflictos –constantes e inevitables– de la vida pública supone una dejación de funciones por parte de la clase política y una desnaturalización de procesos e instituciones como los judiciales, básicos en una democracia.
El segundo problema es que, al poner el foco en estos casos calientes, la campaña nos priva de dar una discusión pendiente que resulta de extrema urgencia: dilucidar cuáles son los puntos de una agenda popular, democrática y emancipadora de la administración de Justicia, construida sobre el principio de independencia y autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público. Esta cuestión es vital, ya que –como decía anteriormente– la agenda no discutida de la que hablo es la que afecta o beneficia en forma directa al ciudadano que necesita, cada vez más, del sistema judicial para satisfacer sus derechos. Esta discusión es aún más urgente si consideramos la ausencia total de políticas públicas por parte del Ejecutivo en los últimos cuatro años, cuando no el ataque directo del Estado a grupos vulnerables de la sociedad.
Teniendo en cuenta esta situación deberíamos pensar en una plataforma que desde el campo popular pretenda aprovechar que la Justicia está en campaña para presentar algunos puntos clave para que la ciudadanía vuelva a creer en ella. Aquí presento algunas ideas tentativas, a fin de colaborar en un amplio debate que debe darse en todos los ámbitos del peronismo, para volver mejores, incluso en las políticas vinculadas a la administración de Justicia.
La consolidación de una Justicia cercana que aborde la violación sistemática de los derechos de los usuarios de servicios públicos ante la actual desidia de los entes reguladores podría ser un interesante punto de partida. Además, podríamos incluir algunos de estos puntos estructurales:
- La puesta en valor de los fueros del Trabajo y la Seguridad Social para paliar el vaciamiento al cual han sido sometidos en los últimos años.
- Configurar una Justicia permeable a la perspectiva de género, mediante la formación de sus integrantes y la aplicación de la ley de paridad en los nombramientos de juezas y empleadas administrativas.
- Avanzar en la aplicación de las reformas procedimentales que se encuentran pendientes en el ámbito Federal y comenzar el camino de la oralidad para los fueros Civil y Comercial. Instrumentar nuevos y novedosos mecanismos para legitimar acciones colectivas.
- Reglamentar el ingreso democrático al Poder Judicial para erradicar definitivamente sus prácticas elitistas, nepóticas y plutocráticas.
- Dotar al Poder Judicial de tecnología de avanzada –en coordinación con la representación de los trabajadores– a fin de terminar con las trabas burocráticas. Definir el sistema de expediente digital.
- Reorganizar la oficina judicial a través de una mirada de la gestión social de calidad, que se encuentra en las antípodas de los sistemas de Juzgados Modelo y normas ISO 9001 impulsados por el Poder Ejecutivo y financiados por países extranjeros a través del Banco Mundial o empresas privadas.
- Repensar la formación profesional universitaria, haciendo foco en la práctica jurídica, punto débil en la gran mayoría de los planes de estudio de las facultades de Derecho. Además, debemos formar abogados que sean capaces de entender los grandes problemas estructurales que permanecen sin solución en nuestras sociedades, para poder intervenir en ellos a través de un Derecho que sea más amplio que el Derecho Positivo.
Hasta aquí, un humilde aporte a un debate que debe incluir la perspectiva de todos los sectores populares, junto a los cuales se comienza a armar una alternativa al actual gobierno que no tuvo más política judicial que la del sometimiento y persecución de jueces que garantizaron derechos a las personas.
Pablo Serdán es abogado, docente a cargo de la materia Hacia una sociología del Poder Judicial (UBA, Derecho) y secretario de Capacitación de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación.
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