La importancia de los organismos de control para la legitimación del rol policial en democracia

Viviana Arcidiácono, Adrián Rodríguez y Glen Evans

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En el marco del trabajo que venimos realizado en la mesa de Seguridad de los equipos técnicos del Partido Justicialista nacional se ha definido que la consolidación de organismos de control policial externos a las fuerzas, conducidos por profesionales sin estado policial, es uno de los ejes fundamentales para el fortalecimiento de un proceso que permita la mejora institucional de las Fuerzas de Seguridad Federales y de las policías provinciales. La función principal de estos organismos es permitir identificar y proponer soluciones a los problemas existentes en las fuerzas, partiendo de casos puntuales para reconocer y trabajar sobre los problemas estructurales.

La definición política de qué seguridad queremos está demorada después de casi 37 años de retorno a la democracia. Entendiendo a la seguridad como un fenómeno complejo y multicausal, tenemos claro que la respuesta del Estado debe ser interdisciplinaria e integral, reconociendo que el tema policial es sólo un componente de una respuesta más amplia. En este sentido, la necesidad de “gestión de la información” es uno de los ejes centrales en cualquier proyección desde la seguridad pública, partiendo de premisas de producción descentralizada con análisis centralizado. Sin la capacidad de generar información confiable en todas las áreas de gestión de la seguridad pública, es imposible organizar los recursos del Estado para lograr resultados tangibles.

En esta misma dirección, necesitamos redefinir la matriz con la cual se piensan las políticas de seguridad pública en el país, definiendo claramente cuál es la visión desde la administración sobre este tema y la consecuente definición de una “política criminal” detallada, seguida de un plan de acción que contemple todos los actores intervinientes, sus roles, sus responsabilidades y los compromisos de la gestión en el corto, mediano y largo plazo.

Entendiendo lo anterior, no caben dudas que, si bien no es el único elemento, las fuerzas policiales son una herramienta primaria en la planificación de la política criminal y son, sin lugar a duda, el principal actor al definir el brazo visible del Estado ante la ejecución de una política de prevención o represión del delito ante la comunidad.

Resolver qué policía queremos es, también, una asignatura pendiente desde la recuperación de la democracia, y debería ser una prioridad de los decisores, en todos los niveles: trabajar en propuestas que permitan superar prejuicios preexistentes y realizar los cambios necesarios que promuevan el acercamiento entre policía y comunidad. En este punto es necesario destacar que definimos a las y los policías como trabajadores del Estado, civiles, que cumplen un servicio esencial, comprendiendo la heterogeneidad de funciones y perfiles que se resumen bajo el concepto de “personal policial”. En este sentido, es necesario reconocer que dentro de este espectro estamos hablando de personal de las Fuerzas de Seguridad federales, las policías provinciales y la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con perfiles y funciones disímiles que abarcan desde la prevención del delito o la intervención ante conflictos vecinales o sociales, hasta la protección de las fronteras, la investigación de delitos complejos o la producción de inteligencia criminal, entre otras.

Este “personal policial” requiere, por la función esencial que se le asigna en el marco del Estado de Derecho, tener una dirección y un control político eficaces, que transmitan a las fuerzas consignas claras para la ejecución de sus funciones, en el marco de un proyecto racional y sostenido. Esta claridad conceptual debe comprender el rol esencial de las fuerzas de seguridad y policiales, fomentando su colaboración como parte de la solución de las problemáticas de seguridad pública, y no como una fuente adicional de generación de conflictos.

Dadas las experiencias en el marco de los últimos años, donde se observa un aumento en la existencia de casos de abuso policial, intervenciones violentas, presencia irregular de personal en manifestaciones sociales y espionaje a organizaciones no gubernamentales, se pone de manifiesto la necesidad de asumir la responsabilidad por parte de la conducción política en el área de seguridad, de investigar y generar mecanismos de control que garanticen la protección de la sociedad y del personal de las fuerzas de seguridad ante todo tipo de abusos. La política criminal adoptada durante la gestión de Juntos por el Cambio se caracterizó por el empleo casi exclusivamente represivo de las fuerzas de seguridad, generando, puertas adentro de las instituciones, la sensación de que los abusos policiales estaban permitidos o no tendrían el castigo correspondiente por parte de las autoridades políticas con responsabilidad en el área.

Hechos recientes de dominio público que protagonizó un importante grupo de policías de la provincia de Buenos Aires son otra muestra de acciones llevadas adelante por personal policial que generan situaciones de conflictividad y, más allá de la legitimidad o de los fundamentos del reclamo, su no canalización a través de las instituciones existentes y la no visualización temprana del conflicto por parte de los decisores políticos agranda, aún más, la brecha en la relación de la policía con la sociedad en su conjunto.

Entendiendo los antecedentes, queda claro que cualquier reforma o modernización de las fuerzas de seguridad federales y de las policías provinciales debe ser considerada bajo las premisas de subordinación al poder político, la restitución de su poder público y el establecimiento de formas concretas del manejo del accionar policial. Su labor debe tener reglas claras que delimiten sus funciones y responsabilidades, reconociendo que los organismos de control tienen un rol fundamental.

Con respecto al rol específico de los organismos de control policial, consideramos que es indispensable asumir la responsabilidad, desde la conducción política, de investigar y generar mecanismos de control que garanticen la protección de la sociedad y del personal de las fuerzas de seguridad ante todo tipo de abusos, comprendiendo que quien se desempeña en las fuerzas de seguridad debe ser investigado, en sus conductas por faltas graves, por personal no perteneciente a la estructura de la organización de la fuerza y que responda al poder político con responsabilidad de gobierno.

Entendiendo la seguridad pública con las complejidades propias de un país federal, la necesidad de plantear esta problemática implica, necesariamente, un debate que promueva la participación y adhesión por parte de todas las provincias, generando un espacio de discusión y debate para la creación de organismos de control policial externos como modelo de gestión. En este sentido, el debate debería priorizar el desarrollo conjunto de pautas comunes de trabajo abarcando: sanciones similares para las mismas faltas; una matriz común de investigación; la homogenización de procedimiento administrativo; y relevamientos de información para poder sistematizarla y analizarla, con el objetivo de tomar medidas que impacten positivamente en la evolución y la mejora de las fuerzas.

Si bien existen actualmente organismos o auditorías de control policial externos a las fuerzas en algunas provincias,[1] el principal problema no es sólo la excepcionalidad de los casos, sino que los existentes se encuentran invisibilizados y subexplotados. Por lo anterior, consideramos que la consolidación de un espacio de intercambio federal sobre la temática debe ser canalizado a través del Consejo de Seguridad Interior previsto en la Ley 24.059, dando un marco formal a la interacción entre las provincias y la Nación, para dar forma a una visión compartida sobre la función de estos organismos y un ámbito de colaboración para brindar asistencia mutua en la implementación y seguimiento de las actividades.

Concluimos que la falta de un control adecuado en y de las fuerzas de seguridad federales y policías provinciales constituye, aún, un déficit importante en nuestra política de seguridad pública, siendo una temática que debe estar presente al definir la agenda de debate político-partidaria. Esta discusión debe darse comprendiendo que los organismos de control policial deben constituirse con reconocimiento por ley, con jerarquización político-técnica; deben ser organismos de prevención y sanción, con una fuerte articulación con la comunidad, para que ésta tenga acceso a las denuncias y participe del control de las fuerzas de seguridad, como multiplicador ciudadano y de construcción democrática. Asimismo, estos organismos deben consolidarse como organismos técnicos con una vinculación esencial con el Poder Judicial, a los efectos de trabajar mancomunadamente en los posibles casos de delitos cometidos por personal que revista en una fuerza de seguridad, colaborando con la Justicia en el esclarecimiento de las acciones ilícitas, dando de esa manera respuestas a la sociedad y a los propios integrantes de las fuerzas.

En esta dirección, un organismo de control policial eficiente debe gestarse con una fuerte impronta preventiva, reconociendo su rol indispensable, dinámico y con fuerte penetración social en el marco de los procesos de construcción de una mejor policía, más profesional y más cercana a la ciudadanía.

 

Viviana Mónica Arcidiácono es abogada, fue senadora provincial y auditora general de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Es congresal nacional del Partido Justicialista, vicepresidenta del Centro de Estudios de Proyectos y Propuestas Bonaerenses (Ceppbo) y fundadora del Movimiento de Acción Política por la Igualdad (MAPI). Rubén Adrián Rodríguez es licenciado en Seguridad (IUPFA), comisario general (RA) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con 32 años de antigüedad en la fuerza. Es fundador de la Red de Policía y Sociedad Civil de Latinoamérica y docente en la Escuela Superior de Policía. Glen Evans es coordinador de la mesa de Seguridad del PJ nacional, licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad de San Andrés), ha cursado la Maestría en Seguridad Pública (IUPFA) y la Especialización en Análisis de Inteligencia Estratégica (Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas). Fue docente en la Escuela de Inteligencia sobre el Delito y en posgrados de la UBA, UCASAL y UGD.

[1] Hoy existen cuatro organismos de control policial externos a las fuerzas en funcionamiento y dos en etapa de debate o constitución.

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