Es urgente debatir qué hacer en materia de derechos de exportación para la cadena agroalimentaria

Javier Preciado Patiño

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Ingresando en la recta final de la campaña presidencial 2019, se torna necesario ir tomando definiciones en materia de propuestas de políticas económicas, aunque más no sea en cuanto a los principios que las guiarán. En este sentido, para la actividad agropecuaria y con mayor precisión para la economía agrícola pampeana, conocer cuál es la propuesta en materia de derechos de exportación es una cuestión capital.

En principio recordemos que Cambiemos llegó al poder con la promesa de eliminar los derechos de exportación, cosa que efectivamente hizo para todos los productos excepto para el complejo soja, al cual solo le redujo cinco puntos porcentuales, pasando de 35 a 30 por ciento para el poroto y de 32 a 27 por ciento para los productos de su molienda (harina y soja). De esta manera, el gobierno del presidente Macri logró conjugar el pedido del sector con el mínimo sacrifico fiscal, dado que de los productos del agro el principal aportante a las arcas fiscales era el complejo soja.

Este diferencial de 30 puntos entre la soja y el maíz, la alternativa de verano a la oleaginosa, generó un diferencial de rentabilidad hacia el maíz que se tradujo en el crecimiento de su área en desmedro de la soja, que en el término de cuatro años perdió dos millones de hectáreas.

Por otra parte, la cuestión fiscal llevó al gobierno de Cambiemos a posponer la reducción gradual de los derechos de exportación de la soja hasta enero de 2018, con un cronograma de 0,5 punto porcentual por mes, que concluiría en diciembre de 2019 con un arancel de 18 por ciento. A regañadientes esto fue aceptado por las organizaciones rurales, fuertes aliadas políticas del gobierno. Pero en agosto de 2018 y fruto de la cada vez más inestable situación económica, el gobierno optó por restablecer las retenciones, aunque con algunas variantes. Se estableció un valor en pesos por dólar exportado, con un leve diferencial para los productos industrializados, que equivalían –en función del tipo de cambio vigente– a una retención cercana al 10% del valor. Para el caso de la soja se estableció una retención fija porcentual de 18%, sobre la cual se montó el plus en pesos por dólar, sin discriminar si se trataba del poroto o sus subproductos, eliminando de esta manera el histórico diferencial aduanero entre ambas categorías. Esta decisión, justificada por el deterioro de la economía, aumentó el disgusto de los productores y sumó tensión con la industria aceitera que entendió la medida como un incentivo a la exportación del poroto de soja, sin valor agregado industrial.

En abril del corriente año circularon rumores: ante la devaluación creciente, el gobierno optaría por volver a aumentar las retenciones, pasando de una suma fija por dólar a un porcentaje. Dado el repudio recibido de la cadena agroalimentaria, la Administración Macri pareció haber optado por elevar la tasa estadística de las importaciones de 0,5 a 2,5 por ciento, con el mismo ánimo fiscal.

 

Qué hacer con las retenciones

El proceso electoral arranca con este cuadro de situación, donde sintéticamente el sector agropecuario comprueba que aun un gobierno al que considera afín a sus intereses debe recurrir a las retenciones con fines fiscales. La pregunta es qué propondrá el peronismo en esta materia. Lo siguiente deberá leerse como una propuesta de hoja de ruta para conducir el debate sobre la cuestión, antes que como una propuesta.

  1. a) Lo primero es: ¿deben continuar las retenciones? En principio pareciera que sí, por dos razones. Por un lado, para no afectar la recaudación fiscal, y por el otro para que la industria alimenticia, que utiliza los granos como materia prima y que vuelca la mayor parte de su producción al consumo local, se desacople de los precios internacionales, dado que el salario argentino ya se encuentra bastante desacoplado gracias a los políticas de estos últimos cuatro años.
  2. b) En caso afirmativo, ¿el nivel de los derechos de exportación debe ser el mismo para todos los granos, o corresponde establecer diferencias? Acá estamos frente a un tema delicado, no solo por el impacto fiscal, sino por lo que representa en términos de competitividad exportadora. Por caso, el maní o el maíz pisingallo, cadenas altamente insertadas globalmente, podrían tener derechos de exportación muy bajos, ya que no impactan seriamente en la recaudación, ni en el consumo interno.
  3. c) ¿Cómo se define el nivel de los derechos de exportación? ¿Correspondería ir a un sistema de retenciones móviles? De nuevo, acá vuelven a jugar los efectos recaudatorios y de desacople de la paridad de exportación. Pero hay que tener en cuenta que en una situación de relativos bajos precios, como la actual, altas retenciones podrían afectar la rentabilidad de los cultivos y por lo tanto llevar a los productores al quebranto o al abandono de la producción. En este sentido habría que cuidar no repetir errores del pasado, como ocurrió con cultivos como el trigo o el girasol.
  4. d) ¿Habrá derechos de exportación escalonados en función del valor agregado industrial a la materia prima? Parece lo más razonable para no castigar e incluso estimular la transformación industrial con destino a la exportación. En ese caso, se deberá discutir la brecha entre lo que tributará la materia prima y sus productos industriales.
  5. e) ¿Corresponde establecer una segmentación por escala de productor, diferenciando el agricultor familiar de la persona jurídica para marcar extremos, o por ubicación geográfica? Sectores del gremialismo rural vienen reclamando por esta política desde hace tiempo, pero habrá que considerar las capacidades del Estado para poder llevar adelante esta política en tiempo y forma, y que no se convierta en un boomerang como ha sucedido en el pasado con sistemas de compensación o devolución de impuestos. En este sentido, ni siquiera el planteo de Cambiemos de devolver retenciones a la soja del NOA puede considerarse exitoso.
  6. f) Finalmente, ¿se aplicará lo recaudado a un destino específico? El gobierno de Cambiemos eliminó el Fondo Federal Solidario que distribuía el 30 por ciento de los derechos de exportación de la soja entre provincias y municipios. En este sentido, se puede plantear el uso de lo recaudado para apoyar economías regionales, infraestructura, investigación, etcétera.

 

Conclusión

En vista de lo que significó el conflicto de 2008 por los derechos de exportación y la gravitación que luego tomó el sector agropecuario en la política, y dado que la cuestión tiene plena vigencia en el presente, entiendo imprescindible dar un rápido pero profundo y serio debate acerca de cuál será la política del Partido Justicialista en esta materia.

En momentos en que se habla de reeditar un gran Pacto Social, como el general Perón impulsara en 1973, convocando a los trabajadores, las empresas y los movimientos sociales, amén del Estado, se torna imprescindible llevar propuestas de políticas económicas que estén seriamente fundadas y que puedan integrarse a un entendimiento para el resurgir de una patria libre, justa y soberana.

Dicho sea de paso, y como corolario, ese Pacto Social de 1973 tuvo, en lo que respecta al agro, un componente: el Plan Soja que lideró el secretario Horacio Giberti y su subsecretario Armando Palau, que resultó la antesala del boom del cultivo en la Argentina, que casi 50 años después sigue siendo clave en la generación de divisas.

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