Equipo técnico de Tecnología y Comunicación: impulsando temas de agenda y unidad

La actual situación de crisis económica mundial y de pandemia pone en el centro de la escena al Estado como el garante de la salud y como el único actor que puede garantizar el desarrollo de las condiciones necesarias para la justicia social. En este marco, en lo que se refiere a la tecnología y la comunicación hay un gran desafío de ayudar a consolidar el rol del Estado en la regulación, en la promoción y en el cuidado de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Las empresas nacionales, especialmente el segmento PyME y microPyME, que explican más del 70% de la capacidad instalada, requieren de un Estado presente que pueda planificar y organizar la economía de tal manera de garantizar el crecimiento y el mercado interno. Con un Estado consolidado es imprescindible lograr una interlocución positiva con las grandes corporaciones globales, de manera de conformar mecanismos de acuerdo sectoriales que permitan modelos viables de desarrollo nacional y regional con perspectiva de crecimiento para cada actor que tenga presencia en nuestro país. Al mismo tiempo, la ciudadanía también necesita la presencia del Estado como garante y auspicio de una comunicación democrática y participativa y para el cuidado de sus datos personales.

Durante los recientes cuatro años, la Alianza Cambiemos generó un deterioro estructural en las condiciones que le permitían a nuestro país desarrollar las ventajas competitivas y comparativas necesarias para insertarse en el mundo desde un mercado interno robusto, y las condiciones favorables para radicar en el país los procesos sensibles de cada una de las áreas del ecosistema infocomunicacional digital.

En este marco, desde la Comisión de Tecnología y Comunicación de los equipos técnicos del Partido Justicialista nacional venimos impulsando el debate entre los diversos sectores de la comunicación y las tecnologías, con sindicatos, medios de comunicación, actores del Poder Legislativo y del Ejecutivo, y de la academia, para poder establecer una agenda común y un orden de prioridades. En función de lograr el intercambio de las necesidades y las miradas de los diversos sectores y provincias y de fortalecer el rol de los organismos y de los cuadros hoy encargados de llevar adelante la temática en el Estado Nacional, comenzamos a realizar encuentros con algunos referentes, entre otros: Gustavo López, vicepresidente del ENACOM; Gonzalo Quilodran, director de ENACOM; Martín Olmos, subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros; Facundo Leal, director de ARSAT; Jésica Tritten, gerenta general de Encuentro, Pakapaka, DeporTV y CONTAR.

 

Líneas de trabajo y primeras propuestas

Celebramos y acompañamos la decisión del gobierno nacional de establecer que los Servicios de las TIC, y el acceso a redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de TIC, son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Esa decisión es consistente con las propuestas realizadas por los equipos técnicos durante la campaña electoral de 2019 que planteaban la necesidad de mejorar el acceso y la calidad de Internet en todo el país e impulsaban el rol del Estado como promotor del desarrollo tecnológico y de las comunicaciones para el fortalecimiento de las identidades, el desarrollo y la integración territorial, el acceso a la información con pluralismo, la formación en comunicación digital, la economía del conocimiento, la transparencia, la convergencia digital y la competitividad estratégica.

En función de la labor realizada desde el año 2019 por parte del equipo técnico, en el marco de la campaña electoral, y de lo abordado en 2020, podemos establecer algunas primeras líneas de trabajo y propuestas, algunas de las cuales, como dijimos anteriormente, están siendo incorporadas en la política de gobierno:

  1. Acceso y calidad de Internet en todo el país.
  2. Uso y protección de datos.
  3. Participación, formación ciudadana y articulación de intereses.
  4. Producción de contenidos y polos audiovisuales.
  5. Medios públicos.
  6. Trabajo en el ecosistema digital.
  7. Diseños institucionales y rol del Estado.
  8. Desarrollo de los polos tecnológicos PyMEs y MicroPymes de TIC.
  9. Integración regional y global.

 

Acceso y calidad de Internet en todo el país

En acceso, precios y calidad, no debe haber ciudadanos de primera y de segunda por su ubicación geográfica. Las buenas prácticas internacionales de las TIC avanzan en el sentido de mejorar la accesibilidad digital y el uso de redes como derecho cultural, articulando la infraestructura de seguridad, educación, salud, ciencia y tecnología, productiva, financiera y de servicios a una visión integral de las redes.

Entre tantos otros temas, en los equipos se debaten diversas propuestas para ampliar el acceso a la conectividad: Internet, móvil, calidad y precios, y terminar con las brechas digitales:

  • disponibilidad y asequibilidad de servicios como objetivos prioritarios de política pública para conectar a todas las personas y promover su formación digital, para lo cual la articulación público-privada es esencial;
  • mesas de articulación interministeriales por objetivos de política pública en materia de conectividad y servicios educativos, de información y cultura digital, de salud pública, de desarrollo productivo a escala nacional y regional, de economía social, etcétera;
  • comunicaciones móviles al alcance de todos: plan para garantizar wifi gratuito en plazas y espacios públicos;
  • prioridad de conectividad en escuelas, universidades e instituciones sociales y culturales;
  • garantía de una Canasta Básica de Información y Comunicación con tarifas sociales para sectores vulnerables;
  • tarifas de servicios TIC asequibles, justas y razonables en todo el país, avanzando en los marcos regulatorios hacia modelos que incorporen la interacción coordinada de proveedores, las realidades asimétricas y la existencia de proveedores TIC regionales o sin fines de lucro, incorporando al diálogo institucional y sectorial a las múltiples partes interesadas;
  • aceleración de la existencia efectiva de 4G en todo el país, revisión de las metas de la licitación del 4G por parte de las grandes prestadoras, y del uso de los recursos públicos del Fondo de Servicio Universal o Arsat, convocando a todos los prestadores –mayoristas, minoristas, con y sin fines de lucro, públicos y privados– y actores productivos y sociales, para generar sinergias y planes concretos conducentes a este objetivo;
  • conectividad en lugares públicos, con prioridad en escuelas, sistema de salud, instituciones culturales, productivas y científicas;
  • abaratamiento y mejora en la calidad de las comunicaciones en todo el país, retomando funciones de regulación de mercados mayoristas sólo en condiciones de interés público para alivianar el peso de la conectividad y la telefonía móvil en los bolsillos de los argentinos y las argentinas que menos tienen, y controlando que los precios sean homogéneos en todo el país, con servicios móviles con paquetes de Precios Cuidados acordados con los prestadores.

 

Uso y protección de datos

  • Compromiso ciudadano y control estatal y social para la transparencia del gobierno y las empresas en el uso de datos personales;
  • regeneración de compromiso y control: transparencia del gobierno y las empresas en el uso de datos personales, pautas y legislación del Estado con participación de la sociedad civil y de universidades públicas para garantizar la neutralidad de la red.

 

Participación, formación ciudadana y articulación de intereses

  • Articulación con el Ministerio de Educación y universidades y movimientos sociales para desarrollar la formación en comunicación digital de la ciudadanía, a través de los sistemas educativos formales y no formales y de la comunicación popular, para fortalecer la lectura crítica y la participación activa en los procesos democráticos del siglo XXI;
  • convocatoria a un Consejo Federal de las Comunicaciones para volver a escuchar las visiones de las provincias, cámaras empresarias de distinto cuño, trabajadoras y trabajadores organizados, usuarias, usuarios, consumidoras y consumidores, universidades y actores sociales, que son los destinatarios de las políticas de comunicaciones.
  • Continuación del proceso de federalización de la producción de contenidos audiovisuales, incrementando la participación de las regiones y las provincias en las políticas de fomento y promoción;
  • desarrollar sistemático de todas las herramientas institucionales del Estado en articulación con las de la sociedad, para que tanto la comunicación pública como la comunitaria y la comercial se dediquen a garantizar los derechos de las mujeres y personas con identidades diversas de género, auspiciando el ejercicio y el conocimiento ciudadano respecto de los mismos y la revisión crítica de las prácticas discursivas naturalizadas e instaladas en el sentido común que violentan a las mujeres y a las diversidades;
  • puesta en marcha del Tribunal de Competencia independiente, como lo prevé la Ley de Defensa de la Competencia, con asistencia de monitoreos del ENACOM;
  • fortalecimiento de la educación en comunicación: además de revitalizar las señales Encuentro y PakaPaka, auspicio a las radios escolares en todo el país en su rol de apoyo pedagógico y extensión comunitaria;
  • fomento de la formación sistemática de una ciudadanía participativa y activa en los procesos comunicacionales desde la educación formal y no formal;
  • restitución del presupuesto para medios universitarios.

 

Producción de contenidos y polos audiovisuales

  • Fortalecimiento del ecosistema de valor de las industrias culturales, con foco en la producción de contenidos;
  • fomentar de la producción de contenidos nacionales, potenciando las políticas del Gobierno Nacional en articulación con los gobiernos provinciales que impulsan al sector audiovisual a través de marcos normativos específicos y políticas orientadas;
  • impulso a las políticas para fortalecer la ficción de producción nacional articulada a las cuotas de pantalla;
  • articulación de la producción de contenidos audiovisuales en el marco de la economía del conocimiento;
  • garantía a la disponibilidad de contenidos, clarificando reglas de comercialización que eviten la discriminación o la imposición de costos diferenciados en los que los grandes operadores puedan aprovechar o dificultar el desarrollo de competidores, y cumpliendo la regulación de eventos de interés público relevante;
  • los contenidos y servicios de comunicación deben poder comercializarse sin esquemas de paquetización –cada producto por separado–, más allá de promociones razonables y con alcances limitados;
  • acompañamiento de la presencia de nuestros artistas y contenidos en radio, TV y plataformas digitales: más películas y series para el país y el mundo, fortaleciendo el segmento PyME, recuperando los nichos de contenidos culturales, educativos e infantiles, potenciando los mecanismos de coproducción y servicios de producción internacionales, generando trabajo de calidad e incrementando la participación del sector en la generación de divisas;
  • posicionamiento de los contenidos en todas las pantallas y plataformas, garantizando cuotas de producción nacional e independiente por tipo de contenido en modelos beneficiosos para todas las partes;
  • revitalización de créditos y fondos concursables con carácter federal;
  • recuperación de la vitalidad de los medios públicos, la capacidad instalada, la calidad y los talentos;
  • convergencia impositiva y simplificación fiscal de los nuevos sujetos del ecosistema digital;
  • restablecimiento de la garantía de fondos de asignación específica para promover las artes, el cine y la comunicación audiovisual, cuyo vencimiento a 2022 fue pautado por la Ley 27.432 en su artículo 4.

 

Medios públicos

  • puesta en valor de los medios públicos como Télam, Radio Nacional, canales y señales de información, educación, cultura y deportes, que deben tener capacidad de gestión, fuerte presencia digital, llegada a sus audiencias y calidad de contenidos;
  • asignación de prioridad a los objetivos de calidad y creatividad, con un lugar privilegiado para la cultura popular y todas sus manifestaciones: los medios públicos como agentes de conocimiento y comprensión de nuestras identidades y de nuestra historia, con producción de imaginarios con potencia estética, desde una perspectiva de valores democráticos y de convivencia;
  • sistematización de estudios de opinión pública y de conversación social para basar la producción de una comunicación relevante y significativa de los medios públicos para el pueblo argentino, con provisión por parte de sus servicios informativos de información fehaciente, de calidad, federal y con un fuerte componente de información regional e internacional;
  • generación de espacios específicos en los medios públicos para la participación plural en lo político, social, económico y cultural;
  • asignación de prioridad estratégica en la gestión a la formación permanente de recursos humanos: sus definiciones editoriales, sin dejar de ser las propias de los medios de comunicación, deben tener estrecha y coherente relación con las políticas públicas en cultura, salud, educación, justicia, economía y todas las áreas del Estado, con las que deben mantener un diálogo permanente, y su funcionamiento y proyecciones respetar el control parlamentario, con asistencia de las universidades públicas.
  • asignación de prioridad a las tecnologías de la comunicación y los procesos de convergencia en una genuina evolución de los medios públicos;
  • promoción de servicios de TV digital abierta gratuitos, diversos y de calidad.

 

El trabajo en el ecosistema digital

  • Además de los sistemas de comunicación tradicionales, debemos atender a los nuevos modos de organización y creación de valor de la “economía del conocimiento”: revitalizar a las empresas y organizaciones que permitan ganar volumen, crear valor y crear trabajo para lograr empleos de calidad en este sector;
  • se propone ganar competitividad protegiendo los derechos laborales y autorales de los trabajadores y las trabajadoras en su transición a los soportes digitales, generando entornos que permitan más voces, diversas y plurales, alentando modelos que permitan la sustentabilidad de medios de comunicación PyMEs, comunitarios y otros sin fines de lucro;
  • fortalecimiento del trabajo profesional de autores y creadores de contenidos;
  • promoción efectiva del desarrollo de PyMEs audiovisuales en articulación con el financiamiento productivo, el acompañamiento a los procesos de internacionalización y la generación de trabajo;
  • recuperación del círculo virtuoso de contenidos infantiles, culturales y educativos de calidad producidos por PyMEs audiovisuales;
  • fomento del sector de medios privados no comerciales: la existencia de medios populares, comunitarios, cooperativos, sindicales, etcétera, debe ser defendida y reivindicada por los estándares internacionales, promoviendo sus redes nacionales, articulaciones informativas, prestaciones recíprocas, intercambios y líneas de financiamiento específico que los potencien en su dimensión democratizante.

 

Diseños institucionales y rol del Estado

  • Expansión y revalorización del rol del Estado, concebido como promotor y regulador de la efectiva competencia a favor de los usuarios;
  • recuperación en todos los ámbitos de la posición activa y responsable del Estado como productor activo de políticas públicas en comunicaciones, garante del cumplimiento de normativas, de asignaciones presupuestarias y de los derechos accesibles para toda la ciudadanía;
  • consideración de los procesos de convergencia global, pero también de las formas de convergencia periférica;
  • regulación de modo asimétrico a partir de rondas de consultas y mapeo federal de situaciones de conectividad y competencia real o potencial;
  • reducción del costo de despliegue y la innovación en los modelos de desarrollo de redes;
  • revisión de las regulaciones para el despliegue de redes: claras, simples, objetivas y no discrecionales, promoviendo regulaciones de alcance nacional, minimizando la superposición de ordenamientos, con respeto de los alcances jurisdiccionales en cada caso.
  • impulso de procesos de mejora de institucionalidad en organismos públicos de prestación de servicios, diseño de políticas, aplicación, gestión y evaluación: representación, rendición de cuentas, formulación de objetivos claros y atención esmerada, en la mejora de los servicios de cara a la ciudadanía;
  • respecto al estado institucional real de los medios públicos: planificar su inmediata recuperación, en el marco de la transformación que demanda esta etapa histórica en sus procesos productivos y comunicacionales, con prioridad en desarrollar la convergencia y las nuevas modalidades de participación de la ciudadanía en lo público, que serán alentadas para fortalecer la democracia;
  • fomento de la competencia entre prestadores de servicios TIC –telefonía, TV de pago e Internet– en cada provincia y en cada ciudad, excepto en pequeñas poblaciones entendidas como Unidades Mínimas de Economía Sustentable;
  • redefinición de usos del Fondo de Servicio Universal: los destinatarios de estos fondos públicos deben ser prestadores de servicios hacia el usuario final, y con condiciones de acceso abierto que eviten distorsiones en el mercado, reduciendo la discrecionalidad, velando por el equilibrio geográfico en la asignación de fondos, mejorando la eficiencia de los programas, priorizando a prestadores PyMEs y organizaciones sin fines de lucro, contemplando fondos de garantía recíproca o alternativas de financiamiento, y articulando con las provincias estrategias de Fibra Directa al Hogar para garantizar la capilaridad y capacidad de las redes;
  • enfoque de las comunicaciones a favor del usuario, con estudio y seguimiento de una Canasta Básica de Consumos en Comunicación, Información y Cultura Digital, desagregada por regiones y provincias, y por nivel socioeconómico;
  • atención y escucha a las organizaciones de usuarios y consumidores de servicios TIC, y promoción de la reestructuración de una Defensoría de las Audiencias de Comunicación y Usuarios TIC;
  • estudio y propuesta de una regulación estratégica para los proveedores de servicios e intermediarios de Internet, con regulación inteligente, y limitaciones de las responsabilidades subjetivas de plataformas: reconocimiento de regulación, co-regulación y autorregulación de acuerdo a los temas a tratar;
  • garantía de la neutralidad de la red y puntos de intercambio: la prestación de los servicios debe ser independiente de la tecnología o medios utilizados para ofrecerlos, pudiendo el licenciatario seleccionar libremente la tecnología y la arquitectura de red, en la medida en que se garantice su interconexión e interoperabilidad;
  • mejora de la red y la infraestructura de soporte de los puntos de intercambio de tráfico, con conexiones que reduzcan latencia y permitan la disponibilidad plena de contenidos alojados.
  • regulación de los servicios audiovisuales en línea o a demanda: estudiar y proponer regulaciones tributarias –con asignación específica para cofinanciar proyectos de producción audiovisual nacionales y para desplegar proyectos de infraestructura en zonas vulnerables– y reglamentar la visibilidad de contenidos nacionales en catálogos o canales digitales, acordes al tamaño de la plataforma, su relación con cadenas de valor de industrias culturales y periodísticas, y la integración con plataformas comerciales;
  • simplificación de trámites para obtención de licencias TIC y de servicios audiovisuales, con licencia única de prestación de servicios TIC, sistema simplificado para prestación de nuevos servicios –altas, bajas y modificaciones– y otorgamiento de licencias de radio y TV pendientes en todo el país;
  • revisión del espectro radioeléctrico público y de los criterios de su planificación y adjudicación, a partir de resultados de una audiencia pública y ponderación de objetivos de interés social;
  • 5G: estudio de las mejores prácticas en el mundo y estructuración de su rápida implementación, garantizando la disponibilidad suficiente y oportuna de frecuencias para permitir el crecimiento de la demanda de servicios y la introducción de nuevas tecnologías; la gestión del espectro debe basarse en la neutralidad competitiva, tecnológica y su uso eficiente, con reglas claras sobre duración de licencias y proyección de su renovación, a fin de dar certidumbre a las inversiones;
  • promoción de una Ley Nacional de Publicidad Oficial, con un marco que reconozca diversidad y federalismo, evite la discrecionalidad y no agudice la concentración de recursos públicos en el financiamiento de medios privados.

 

Desarrollo de polos tecnológicos PyMEs y MicroPymes de TIC

  • Garantía de las voces y especialmente de la sustentabilidad de medios de comunicación PyMEs, comunitarios y otros sin fines de lucro;
  • consolidación de nuevas políticas audiovisuales para fortalecer un modelo de desarrollo integral del sector a favor de la industrialización, la producción nacional y la distribución internacional de los contenidos;
  • aliento a la inversión de las plataformas en la producción y coproducción de contenidos en el país, respaldando a las empresas, a las y los creadores, y defendiendo el trabajo de calidad, recuperando las herramientas del Estado de fomento y promoción a la producción;
  • impulso al rol de cooperativas, PYMES y redes comunitarias TIC, a través de regulaciones asimétricas y planes de fomento, apuntalando su capacidad de desarrollar servicios competitivos y a bajo costo, facilitando la prestación de telefonía móvil como Operadores Móviles Virtuales con marca propia, promoviendo la constitución y fomentando el funcionamiento de prestadores de servicios sin fines de lucro, no sólo para que atiendan a poblaciones vulnerables o en zonas de escasa densidad poblacional, sino como estrategia general de democratización de la comunicación y de los procesos participativos;
  • revitalización de la estrategia de ARSAT como empresa pública, como nodo central nacional de la red de las TIC que permite el desarrollo de soberanía, con estos objetivos principales: revisar tendidos faltantes de REFEFO e iluminación de fibra óptica; rol en el mercado mayorista nacional y regional de las telecomunicaciones, en la interconexión como empresa testigo en la oferta de servicios y uso de infraestructura pasiva; retomar la política de hosteo de datos sensibles de la administración pública; gestionar el sistema de transmisión de la TDA y garantizar su cobertura; revitalizar el plan satelital, articulando con la delicada cadena de valor agregado –cumplimiento de la Ley Argentina Satelital 27.208.
  • fomento de las TIC como palanca del desarrollo nacional, justicia social y “federalismo 3.0”, con una mesa interministerial para que crezcan exponencialmente las capacidades de la infraestructura TIC al servicio de la producción: empresas, PyMEs y emprendedores deben contar con servicios potentes y asequibles;
  • reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento, revisión de los esquemas tributarios, articulación con el complejo de Ciencia, Tecnología e Innovación, etcétera;
  • desarrollo de servicios digitales basados en Inteligencia Artificial, atendiendo a normas y compromisos responsables con los prestadores que garanticen la transparencia de los algoritmos, la privacidad de los datos de los usuarios y de su ciberseguridad.

 

Integración regional y global

  • Las comunicaciones deben ser nuevamente temas prioritarios para el desarrollo de políticas conjuntas de los pueblos de América Latina, en una agenda de diálogo que permita establecer modos de regulación de servicios en Internet por parte de los Estados, desarrollo de infraestructura propia, exploración y desarrollo científico tecnológico, planes estratégicos de formación de las ciudadanías en una lectura crítica, y una participación activa en los procesos político comunicacionales y culturales de las nuevas democracias.

 

Verónica Sforzin es socióloga, docente titular en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP) y adjunta en la Facultad de Psicología (UNLP). Candidata doctoral en el Doctorado de Comunicación (UNLP). Investigadora del CIEPE desde 2004. Actualmente es la coordinadora del Equipo Técnico en Tecnologías y Comunicación del Partido Justicialista nacional y se desempeña como directora del Sistema Social, Monitoreo y Evaluación del SIEMPRO en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

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