En el corazón de la disputa: economía popular y salida de la crisis

Ariel Patricio Domínguez

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La crisis inducida por la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la fractura social, reflejando las enormes desigualdades que afectan con mayor gravedad a los sectores más vulnerables. En nuestro país, los problemas estructurales de años de arrastre, agravados por un mercado laboral formal cada vez más reducido, obligan a una gran parte de la población a subsistir con las herramientas a su alcance, recurriendo al ingenio para inventar su propio trabajo y su propio techo de manera individual o asociativa. Estas personas pasan a engrosar las filas de la otra economía, la popular. El corazón de la disputa por venir es acertar el camino a una redistribución más equitativa de la riqueza, real y concreta.

Cuando el aislamiento finalice, la vacuna sea universal y el motor económico esté en otra marcha influyendo en la movilidad social, la pandemia será rápidamente olvidada por una parte de la sociedad. Sin embargo, su fantasma seguirá girando entre nosotros, especialmente alrededor de los sectores históricamente más golpeados, que traen una historia de hacinamiento y falta de servicios, asfaltos, espacios de esparcimiento, accesos, conectividad, y también de trabajos precarios mal remunerados. Problemáticas a las que el Estado y la comunidad en general deberán prestarle mayor atención y tomar medidas amplias para superarlas, porque, como quedó evidenciado, un virus con alta tasa de contagio pone a la sociedad en su conjunto en un alto estado de fragilidad, y a esta altura de los acontecimientos no es una locura pensar que debemos estar preparados ante situaciones similares en un futuro.

De acuerdo con Guy Ryder, director general de la OIT, “La crisis del coronavirus puso al mundo de rodillas y profundizó las desigualdades ya existentes” y, según estiman desde este organismo, la pobreza en Argentina podría aumentar del 36% al 40%, la indigencia subir del 8% al 11%, y la desigualdad pasar al 32,5%.[1] Considerando estos números –también se suma una fuerte caída del consumo estimada por el INDEC que ronda el 40%– y sumando los problemas preexistentes, la realidad tiende a ser una catástrofe: cierre definitivo de empresas, fábricas y comercios, reducción de jornadas laborales y destrucción de puestos de trabajo que genera reducción de ingresos. La exclusión está a la orden del día. Un escenario que nos retrotrae a los peores momentos de nuestra historia, potenciado por un virus y la muerte al acecho, donde, más allá de la importante y destacable gestión del gobierno por paliar la crisis con una batería de medidas –ATP, IFE, Tarjeta Alimentar, prohibición de despidos sin causa justa y ausencia o reducción de trabajo y aumentos extraordinarios en AUH, jubilaciones y pensiones–, la situación se desborda y arroja a un gran número de personas a los márgenes, obligándolas a sobrevivir por su cuenta y en algunos casos a organizarse con otras, pasando a ensanchar las filas de lo que hoy se conoce como economía popular. Concepto en boca de muchos, aunque algunas veces no mucho más que eso. Sector que la pandemia logró que se reproduzca, pero que también se conozca más.

 

¿De qué hablamos cuando hablamos de economía popular?

Más conocida como la economía de los excluidos, está conformada mayoritariamente por pobladores de los barrios más populares y precarios, en términos de infraestructura. Las actividades de la economía popular surgieron como consecuencia de la incapacidad del mercado laboral público y privado para ofrecer trabajos bien remunerados y en condiciones adecuadas. Sus procesos están basados en medios de trabajo accesibles y desprotegidos, con pocos o nulos derechos.

Si pensamos a la economía como la forma de administrar los recursos para satisfacer necesidades, cuando se habla de economía popular nos referimos a la forma en que los sectores populares administran los recursos que tienen a su alcance para subsistir.

Una gran cantidad de personas, organizaciones y experiencias asociativas reconocen pertenecer a la economía popular. Sin embargo, al consultar información, se observa de manera difusa al sector por parte de las fuentes de estadísticas oficiales disponibles.[2] Según el OCEPP,[3] hacia el segundo trimestre del 2019 el 21% de la población económicamente activa trabajaba en una rama de la economía popular, lo que significa una población urbana de alrededor de 4,2 millones de personas. De este total, la gran mayoría corresponde a cuentapropistas no profesionales. Sin embargo, también debe sumarse un sector oculto para las estadísticas: la población económicamente inactiva pobre en edad de trabajar (18 a 65). Se trata de al menos dos millones de personas pobres que figuran como inactivas bajo los rubros “amas de casa”, “estudiantes” u “otros”, pero en realidad son trabajadores y trabajadoras que también realizan alguna actividad de la economía popular. Si proyectamos a la actualidad, estos números crecen.

En términos productivos y comerciales, la economía popular se utiliza para referirse a un conjunto de actividades de diversas ramas: recolección y reciclado de residuos sólidos urbanos, agricultura y pesca familiar, obreros y obreras de empresas recuperadas, cooperativas, comercialización formal e informal en la vía pública y medios de transporte, producción y venta de artesanías, cuidacoches, costura, entre otros. El sector tiene características singulares. Los medios de producción, en mayoría de los casos, están en manos del sector, que día a día planifica el trabajo y, si lo requiere, sus vías de comercialización. Son formas autogestivas, de baja escala y productividad, con deficiencia tecnológica y logística.

Es para destacar que no se encuentran aislados de la economía de mercado. Por el contrario, tienen muchos puntos en común, tanto en la producción como en el consumo. Se retroalimentan.

Cuando se dice que el mercado laboral expulsa una gran masa de trabajadoras y trabajadores y no los reincorpora, se trata de una verdad relativa. Los expulsa del trabajo formal con plenos derechos y garantías de un bienestar, pero muchas y muchos pasan a ser explotados de manera indirecta, negándoseles derechos laborales y con acuerdos realizados en inferioridad de condiciones, donde las grandes ganancias quedan de un lado de la mesa. Claro ejemplo son los carreros y cartoneros que día a día venden cartón, vidrio o plástico –que recolectan de la vía pública– a grandes empresas o acopiadores, más conocidos como “chatarreros”, que vuelven a producir o vender el material separado y reciclado a un precio mucho más alto del que lo compran a los recicladores. O el caso de las costureras y los costureros de talleres clandestinos que pasan horas y horas trabajando para grandes y conocidas marcas, ya que el encargado o encargada del taller y de las máquinas se queda con una porción de las ganancias –más grande que la de los costureros y las costureras– y, sin embargo, también este mismo es explotado por los más poderosos.

En resumen, las características predominantes de estos trabajos productivos son: muy poco capital constante –maquinaria–, poca o nula tecnología, baja productividad –en términos materiales–, informalidad en el intercambio y condiciones precarias de trabajo.

También existe otra cara de la economía popular a la que se denomina “economía del cuidado” o “reproductivo”, generalmente protagonizado por mujeres, que no integran ninguna de las cadenas de valor mercantil o productivo y, sin embargo, su trabajo es esencial para el cuidado, el bienestar, la supervivencia y el desarrollo de las capacidades productivas. El trabajo reproductivo en una familia o en un barrio es tan importante como el productivo. Se vinculan y dependen mutuamente, ya que permite el acceso a la contención, la enseñanza, el alimento y el cuidado de manera individual y social. Sin embargo, es menos valorado social y económicamente.

¿Cuánto vale monetariamente el trabajo de las personas que ponen una olla todos los días en un barrio y le dan de comer a 200 chicos? ¿O cuánto vale el trabajo de las personas que contienen a aquellos pibes y pibas para que no recaigan en las drogas, conteniéndolos y educándolos? Lo que naturalizamos como amor o solidaridad, es también trabajo no pago.

 

La unidad de los movimientos sociales

En el plano sindical, desde fines de 2019 estos trabajadores y trabajadoras tienen representación en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP),[4] la cual implicó la paulatina unificación bajo un mismo paraguas del “triunvirato cayetano”. Los movimientos involucrados son la CTEP (Movimiento Evita, MTE, La Dignidad), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, junto al Frente Popular Darío Santillán y otros grupos territoriales.

Los dirigentes de la UTEP reconocen como un hecho relevante, y como hito de unidad, al 7 de agosto de 2016, cuando protagonizaron una multitudinaria movilización de protesta desde la Iglesia de San Cayetano, en Liniers, a Plaza de Mayo, por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo” con apoyo de sindicatos de la CGT y la Iglesia Católica. Durante el gobierno de Macri, a fuerza de lucha, movilizaciones, acampes, verdurazos y ollas populares, los movimientos sociales lograron la sanción de la ley de emergencia social que implicó la creación del registro de trabajadores populares y un Salario Social Complementario –la mitad de un mínimo, vital y móvil de entonces y que complementa el trabajo que realizan: hoy, “Potenciar Trabajo” consiste en la suma mensual de $8.500 para quienes además cobran IFE y $11.500 para quienes sólo perciben ese salario, que contempla aportes jubilatorios y obra social– para quienes estuvieran en esos padrones. También lograron la emergencia alimentaria para reforzar las partidas a comedores y motorizaron y protagonizaron la realización del RENABAP, el registro nacional de barrios populares.

Actualmente, aliada al gobierno y crítica del mismo, posee referentes que ocupan cargos en diferentes estamentos nacionales, provinciales y municipales.

La UTEP tiene una agenda amplia de reivindicaciones y demandas alrededor de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Además del encuadramiento sindical y su relación con la CGT, parte de la agenda –en conjunto con el gobierno– está puesta en cómo los beneficiarios y las beneficiarias del IFE pueden integrarse al proceso productivo, en un ingreso ciudadano universal y en el mencionado Plan Potenciar Trabajo, que tiene un padrón de 580.000 personas, producto de la fusión de los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario.

 

Planes, programas y proyectos

En este contexto de pandemia desde la UTEP han surgido un conjunto de propuestas de políticas públicas que apuntan a disputar el sentido de la “recuperación” económica deseada, imprimiéndole un estilo alejado del mero “derrame”.
El Plan de Desarrollo Humano Integral –también conocido como Plan San Martín que impulsa el dirigente del MTE Juan Grabois, y al que se sumaron los principales gremios de la construcción (UOCRA) y el transporte (Unión Ferroviaria y Camioneros)– propone sintéticamente un programa de urbanización de barrios populares vía servicios y obra pública focalizada y el loteo de parcelas de tierras para su cultivo. El programa implica el 2% del PBI.

“Manifiesto nacional por la soberanía, el trabajo y la producción” es el nombre de un documento con propuestas que el presidente Alberto Fernández recibió de manos del titular de la UTEP, Esteban Castro, firmado por más de cien movimientos sociales y sindicales. Se trata de la creación de un millón de chacras mixtas combinadas con la industrialización del campo, planificada y federal, con tierras estatales, y la creación de una empresa estatal con capacidad reguladora de los precios internos. La propuesta, desglosada en ocho “capítulos de acción”, impulsa exigir a los bancos que reprogramen todas las deudas que no puedan pagarse; crear un Banco Federal de Desarrollo que potencie el crecimiento en los sectores estratégicos; prohibir la remisión de utilidades al exterior por parte del capital extranjero durante cinco años; la estatización de empresas de servicios públicos; y hacer un reordenamiento del territorio nacional con nuevas ciudades creadas alrededor de nuevas unidades productivas.

Por su parte, el diputado nacional y referente de la CCC, Juan Carlos Alderete, presentó la ley de Tierra, Techo y Trabajo, que propone la construcción y remodelación de viviendas populares, infraestructura social y acceso a servicios básicos, contemplando la creación de un fondo a tal efecto.

 

Más derechos

Si la pandemia puso de manifiesto la desigualdad existente y galopante, y a las actividades de la economía popular como parte de la solución, no alcanza con nombrarla y conceptualizarla mediante frases distintivas y románticas, o con políticas meramente asistencialistas momentáneas. Claro que es importante, pero no podemos quedarnos con eso. Es necesario transformar las palabras en acción política y estatal para generar nuevos derechos y ampliarlos, para que mejoren la situación laboral actual, la urbanización de sus barrios y la conectividad, y se les ofrezcan nuevas oportunidades y destinos a las trabajadoras, los trabajadores y a sus hijos e hijas. Así estaríamos yendo al hueso, a lo importante y transformador.

Sin sopesar la explotación a la que están expuestos día a día, sería muy difícil equilibrar la balanza, amplificando y mejorando mecanismos productivos y de comercialización justos para los trabajadores y las trabajadoras, y caeríamos en un peligroso fetichismo.

Si el fantasma de la pandemia va a quedarse un tiempo más por estos pagos, que ayude a sacudir al Estado como actor protagonista, para que la asistencia se efectivice en nuevas conquistas y ampliación de derechos que mejoren la calidad de vida de las y los más humildes, lo que ayudará a achicar la grieta más importante: la de la desigualdad.

 

Ariel Patricio Domínguez es director de Economía Social del Gobierno de Quilmes y militante de Tres Banderas.

[1] https://news.un.org/es/story/2020/06/1476542.

[2] El gobierno lanzó el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular para conocer de mejor manera la realidad del sector (www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renatep). Aún se encuentra activo y no cuenta con datos oficiales.

[3] https://docs.wixstatic.com/ugd/54048a_87f5b2dcf38f4e76bbbbf5be49746f5e.pdf.

[4] https://ctepargentina.org/nacio-la-utep.

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