El nuevo coronavirus y las oportunidades de cooperación internacional en salud

Paulo Buss y Sebastián Tobar

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En un escenario pandémico de enfermedades que van más allá de las fronteras nacionales de los países, el nivel subregional vinculado a iniciativas de integración presenta grandes oportunidades para la cooperación en salud. Los procesos de integración regional se presentan como una oportunidad para el accionar colectivo y para contribuir a desafíos tales como la pandemia y otros eventos de salud pública global.

América del Sur ha sido un ejemplo para el mundo de cooperación en salud durante los años de mayor actividad de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), de 2008 a 2019. Como parte de la estructura de la más alta gobernanza de esta iniciativa de integración regional, contaba con el Consejo de Ministros de Salud. El enfrentamiento colectivo de los países a las epidemias de dengue y la organización de acciones comunes contra otras enfermedades transmisibles emergentes y re-emergentes –como la preparación colectiva para la eventual introducción del virus de Ébola– fueron conducidos por el Consejo, apoyado por los Jefes de Estado e implementado por centenas de técnicos de los ministerios y sistemas de salud de los Estados miembros. La implosión de UNASUR –el rechazo al multilateralismo regional– liquidó este mecanismo estable que funcionó formalmente por cerca de diez años en la región, con importantes logros de cooperación en el sector salud.

Restaurar estos mecanismos políticos y técnicos es fundamental para el enfrentamiento de la epidemia del nuevo coronavirus, así como nuevos posibles desafíos de salud de interés internacional, pues simplemente cerrar fronteras con nuestros vecinos no es la solución. Sudamérica tiene cerca de 48 fronteras a lo largo de más de 17.000 kilómetros. La vida cotidiana de la población de las áreas fronterizas siempre ha transcurrido con beneficios mutuos e intensa cooperación para enfrentar conjuntamente problemas comunes.

Los ministerios de Salud de la región están haciendo consultas entre sí, pero es necesario institucionalizar tales relaciones en el más alto nivel e intensificar las consultas y la ayuda mutua, para que se tomen medidas técnicas racionales de vigilancia de salud de fronteras –que dependen de los 12 países que tienen fronteras e historias de amistad compartida– y sean implementadas, con grandes beneficios para todos.

Es posible identificar algunas líneas de trabajo que sin duda aportarían a la toma de decisiones de los países en relación a la pandemia del COVID-19, como de otros nuevos virus:

  • Intercambio de datos y seguimiento de la epidemia, construyendo curvas comparativas de evolución del COVID-19 en los países y de las medidas y soluciones adoptadas en varias dimensiones –social, sanitaria y clínica– para el enfrentamiento de la epidemia, e intercambio de experiencias y lecciones aprendidas.
  • Búsqueda de información para el diagnóstico, la vigilancia, el control y la prevención del COVID-19, estableciendo cuáles están basados en evidencias científicas y el descarte de posibles informaciones falsas (fake news) que puedan apoyar y alimentar los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones.
  • Creación de una red regional de laboratorios para el diagnóstico del COVID-19 y otros virus, con un programa que garantice la calidad del diagnóstico de todos los laboratorios en la región.
  • Adopción de incentivos para la investigación, la innovación tecnológica y la producción de tecnologías sanitarias –equipamiento médico: respiradores, reactivos, etcétera– apropiadas para la pandemia del COVID-19, integrando esfuerzos y promoviendo economías de escala a partir de la integración de esfuerzos y capacidades de los países y promoviendo la cooperación.
  • Adopción de mecanismos para la compra conjunta de insumos estratégicos para la pandemia.
  • Construcción de fondos regionales para la emergencia frente a la pandemia y otras contingencias que afecten la salud pública: recursos para el diagnóstico y el tratamiento, tales como pruebas, respiradores, medidas de protección para el personal de salud y muchos otros.

La integración subregional nos tendría que permitir construir inteligencia sanitaria para la vigilancia y la definición de medidas de supresión y mitigación, que puedan servir tanto para el COVID-19 como para la emergencia de nuevos virus con potencial pandémico. Por otro lado, no tiene sentido excluir un territorio por ideología, como por ejemplo Venezuela o cualquier otro país. La pandemia afecta a todos, sin distinción. O seremos todos, o no seremos. La formalización e institucionalización de estas relaciones intergubernamentales en el más alto nivel abrirá camino e incentivará una vital cooperación entre universidades, institutos de investigación, escuelas de salud pública y graduación en las formaciones de salud, propiciando establecer la capacitación de recursos humanos y el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que respondan a las necesidades comunes de los países de nuestra región para el enfrentamiento de la pandemia.

Resta preguntarse si el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), impulsado por Colombia en reemplazo de UNASUR, pondrá a la salud por encima de los intereses económicos, recreando las oportunidades de cooperación en salud que ofrece el nivel subregional para hacer frente al desafío de COVID-19. Si no se construye esta inteligencia epidemiológica a nivel subregional por medio de la cooperación en salud, quedaremos vulnerables frente al nuevo coronavirus, así como a otras enfermedades con potencial pandémico.

En este sentido, el Caribe ha dado un importante paso con la creación de la Agencia Caribeña de Salud Pública (CARPHA). Por otro lado, regiones como África han propiciado la creación de un Centro de Control de Enfermedades (CDC/AFRO), constituyendo en ambos casos importantes arreglos organizacionales y de inteligencia sanitaria regional para enfrentar la pandemia. ¿América del Sur no tendría que aprender de las lecciones internacionales y seguir el mismo camino?

Finalmente, si las comunicaciones recientes del FMI y el Banco Mundial –que tendrían 1 billón y 14.000 millones de dólares, respectivamente, para préstamos blandos a los países más vulnerables y frágiles– son sinceras y se volvieran reales, los países de la región deberían buscar conjuntamente recursos económicos críticos a costo cero en estas instituciones para enfrentar la pandemia. En tal sentido, podría ser la oportunidad para hacer, de esta propuesta y estos mecanismos de integración en salud, un verdadero “bien público regional”.

 

Paulo Buss es médico, doctor en Salud Pública, profesor emérito de la FIOCRUZ, Brasil, y director del Centro de Relaciones Internacionales en Salud (CRIS/FIOCRUZ). Sebastián Tobar es sociólogo, máster en Salud Pública y doctorando en Salud Pública (ENSP/FIOCRUZ), investigador del Centro de Relaciones Internacionales en Salud de la FIOCRUZ, Brasil.

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