El desafío de una comunicación democrática y federal en un gobierno nacional y popular

Germán Ibañez

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De cara a un nuevo ciclo de gobierno nacional y popular es imperioso rediscutir la democratización de la comunicación audiovisual, atendiendo a la multiplicidad de actores –públicos, privados, comunitarios– en diferentes realidades locales y regionales. Por cierto, no se trata de inventar la pólvora, pues a lo largo de la extensa geografía de la Argentina estas son cuestiones que no han cesado de debatirse en estos años de retroceso neoliberal. La continuidad de esfuerzos y emprendimientos concretos, así como las iniciativas de encuentros –como los propiciados por la Coalición por una Comunicación Democrática–, establecen un piso sólido desde el cual proyectar una política gubernamental con espíritu nacional y con atención a lo federal. Por ello, las líneas que siguen solo pretenden retomar algunas de esas discusiones que consideramos relevantes para la etapa que se viene, e irrenunciables en la agenda popular.

No es ocioso señalar, con la mayor precisión posible, los ejes conceptuales que deben inspirar las acciones. Es difícil imaginar un verdadero proyecto de comunicación democrática guiado solo por el pragmatismo, en un mundo dominado por grandes monopolios y caracterizado por la concentración mediática. El primer eje es: la comunicación como un derecho humano. Se trata de un principio ampliamente sostenido por todos aquellos interesados en la democracia y el pluralismo. Otro eje: la comunicación interesa a todo el pueblo. Es comprensible que los debates y las iniciativas muchas veces sean protagonizados por especialistas, ya sean académicos o periodistas y trabajadores de la comunicación. Pero muchas experiencias de comunicación popular demuestran el involucramiento creciente de distintos actores cuando la apelación es abierta y los contenidos expresan aspiraciones, demandas y deseos populares. Tercer eje: el pluralismo no es solo libre opinión; implica el reconocimiento del desigual punto de partida –material– de los distintos actores. Por tanto, el pluralismo real no es una declaración de intenciones, sino el compromiso concreto con el sostén y la asistencia de aquellos actores que se encuentran desfavorecidos económicamente para el desarrollo de proyectos y emprendimientos de comunicación. La ley del mercado es el principio de la ideología neoliberal para encubrir el apoyo estatal a las empresas más poderosos. El gobierno nacional y popular debe comprometerse a largo plazo con la promoción de proyectos comunitarios y empresas pequeñas y medianas, sin subterfugios culposos y sin concesiones ideológicas frente a las previsibles críticas de los actores concentrados. La democratización de la comunicación audiovisual es irrenunciable para el ejercicio real de la soberanía popular y el desarrollo nacional, por lo cual es asunto del Estado.

Teniendo en cuenta estos ejes, es posible imaginar algunas acciones que tienen que tener en cuenta la locación concreta de los proyectos de comunicación: una perspectiva territorial atenta a una mirada federal. Ello implica tanto la promoción de emprendimientos concretos ya protagonizados por actores locales, como también la producción de contenidos federales. Lo cual requiere por supuesto una articulación con la cartera de Cultura, de modo de no duplicar esfuerzos y respondiendo a un plan federal. También es necesario el diálogo y la colaboración con los Estados provinciales y municipales, y –no menos importante– con los propios actores de las organizaciones sociales y comunitarias y de pequeñas y medianas empresas, propiciando su articulación. El desarrollo de la comunicación popular no es equivalente necesariamente a miríadas de proyectos locales y desconectados, sino también a la formación de redes, al intercambio de información y experiencias, a la circulación de recursos. Esto es sinónimo de hacer política real, con consideración a la mirada del otro y respeto por los tiempos y ritmos de los diferentes actores. Se requiere asimismo un relevamiento de experiencias que no puede llevarse adelante sin la colaboración de los interesados, para que no se convierta en un mero trámite administrativo.

El otro gran campo de acción es el de los medios audiovisuales públicos. Aquí también el primer compromiso esencial es con el financiamiento, revirtiendo la política neoliberal de achicarlos y reducirlos a la marginalidad a la hora de plantear la agenda nacional. Esto debe complementarse con una campaña activa para reinsertarlos en el debate público: no puede esta cuestión quedar librada solo a una mejor dotación presupuestaria. El reconocimiento del público es esencial, sobre todo en un marco cultural que naturaliza a los grandes monopolios privados de la comunicación audiovisual como los orientadores por excelencia del gusto y la información. Es necesario también contar con una mirada federal, de modo de integrar perspectivas e informaciones de todo el país. A despecho del régimen federal del Estado, la información y la concepción que guía al país sigue siendo notablemente centralista y aún porteñocéntrica. La articulación con medios públicos provinciales puede ser una vía de trabajo conducente a una mirada más nacional, o, del mismo modo, privilegiar una cobertura de noticias latinoamericanas y de los países de Sur, de modo de contrarrestar los flujos tradicionales de información que son eurocéntricos.

También es posible pensar en una articulación activa con las universidades nacionales para la investigación académica y el desarrollo de emprendimientos concretos. Muy especialmente necesario es el compromiso del Estado nacional para la creación y el sostenimiento de medios audiovisuales universitarios. Ya existen valiosos emprendimientos que requieren garantías de sustentabilidad. Desde allí se pueden desplegar perspectivas que tengan que ver con la educación, el desarrollo científico-tecnológico y el federalismo –por la presencia de universidades nacionales en todo el territorio nacional. La difusión y la socialización del conocimiento producido en las universidades no solo es necesaria para un mayor beneficio educativo de la población en general, sino en la perspectiva estratégica de establecer al desarrollo científico-tecnológico como un objetivo nacional irrenunciable. No debe perderse de vista por otro lado que en la carrera global de las comunicaciones y la información es de máxima importancia la íntima relación con las nuevas tecnologías y los conocimientos necesarios para su producción y uso conveniente; así también como los imprescindibles debates democráticos sobre los usos manipuladores de la información y los modos de contrarrestarlos, debates en los cuales los aportes críticos de las Ciencias Sociales no pueden obviarse y deben dejar de estar confinados a los recintos universitarios o el intercambio de especialistas: tienen que llegar a todo el pueblo, a través de los medios públicos y de un posicionamiento de los propios medios universitarios.

Hasta aquí, solo un breve punteo, sin pretensiones de exhaustividad, para sopesar los desafíos por venir.

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