Economía con derechos

Kelly Olmos

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El discurso oficial que se ha consolidado en estos días para explicar los males de la economía argentina es el de responsabilizar a las malas prácticas de los últimos 70 años. La primera aproximación a esa afirmación delata de inmediato que exponen como homogéneo un período que todos sabemos que no lo fue para nada: basta para ello recordar los períodos de gobiernos de facto. Pero en realidad también sabemos que invocan al imaginario construido que establece que hablar de los últimos 70 años en la Argentina es referirse a la existencia del peronismo, a su concepción de que la economía debe estar al servicio del ser humano y de su dignidad –en síntesis, de sus derechos. En particular, 70 años nos retrotraen al año 1949: un año de grandes conquistas, cuya expresión superior fue la sanción de una Constitución Nacional que consagró los derechos sociales en el más alto nivel institucional.

Ese discurso encierra una concepción que considera despilfarro toda distribución de ingresos a favor de las grandes mayorías populares. Lo identifican con el concepto de “vivir por encima de las posibilidades” a las que deberían aspirar esas mayorías, que imaginan en niveles muy mezquinos, por cierto. Como el mecanismo redistribuidor que identifican son las políticas públicas –y en particular, su reflejo en el Presupuesto Nacional–, centran en el rol del Estado y en el gasto público toda la carga diabólica. Nosotros también pensamos que allí está el centro del debate, principalmente en las políticas económicas.

El primer punto es recordar que, siempre que hablamos de economía, hablamos de intereses: no hay neutralidad en las decisiones económicas, ni en el significado de los conceptos con que las verbalizamos.

En política económica, generalmente todos coincidimos en el objetivo de un pleno desarrollo. Pero no todos entendemos el desarrollo de la misma manera. Para algunos, el desarrollo es un destino ineludible para los países, donde su posición relativa depende de que se trabaje sobre sus capacidades. Caracterizan así a la Argentina como un país en desarrollo. Esos sectores usan el concepto de desarrollo y de crecimiento indistintamente, porque excluyen del análisis la distribución del ingreso. Para nosotros, es indispensable incorporar en el análisis las relaciones de poder entre países y entre sectores, para comprender por qué se favorece o se dificulta el alcance del pleno uso de las capacidades en cada momento. Históricamente, donde más claramente se observaban esas relaciones de poder era en el comercio, pero hoy son dominantes las relaciones financieras.

Una primera aproximación alternativa a la calificación –entre países desarrollados y los que no lo son– puede ser el alcance de su moneda: desarrollados son aquellos países cuya moneda es considerada divisa, es decir, aceptada universalmente como reserva de valor y unidad de medida de las transacciones entre países. Los otros son los países como el nuestro, cuya moneda sólo es de uso doméstico. En este último caso, la disponibilidad de divisas condiciona la capacidad de adquisición de tecnología, bienes de capital e insumos indispensables para el pleno uso de las capacidades locales. Su escasez es una restricción fundamental para alcanzar un mayor desarrollo y –particularmente en nuestro país– es el desencadenante de las crisis económicas periódicas, lo que explica su rol dominante en la dinámica económica.

El primer mecanismo de acceso a divisas es el comercio exterior. Esto coloca a lo largo de la historia de nuestro país a los sectores extractivos y principalmente al sector agropecuario como los mayores proveedores, potenciando su poder relativo. Al mismo tiempo, dado que muchos sectores industriales son importadores netos, los transforma en variable de ajuste de la falta de disponibilidad de dichas divisas. Como el sector industrial es el mayor generador de empleo de calidad, su expansión o declinación son centrales en la dinámica de distribución del ingreso.

El peronismo, al favorecer los ingresos y el consumo de los sectores populares, impulsa un mayor nivel de actividad industrial que encuentra un límite en la escasez de divisas, a las que debe administrar con carácter estratégico: fijando prioridades. Este esquema se complejiza en la medida en que se incorporan en el balance de divisas las inversiones externas –que inicialmente generan divisas pero también las demandan, por vía del pago de royalties, patentes y dividendos– y fundamentalmente las transacciones financieras, a través de los movimientos de capitales de corto plazo o especulativos y por medio del endeudamiento externo, dos actores centrales del sistema económico mundial actual que explican la inédita concentración de la riqueza vigente.

El gobierno nacional actual inició su mandato con un muy bajo endeudamiento externo, indiscutiblemente uno de los aspectos más virtuosos de la herencia económica recibida. Dilapidó rápidamente esa ventaja inicial, tomando más de cien mil millones de dólares en dos años, para financiar una fuga de capitales inédita que no dejó ninguna capacidad adicional importante de generación de divisas para hacer frente a esas obligaciones, es decir, restando peligrosamente grados de libertad a la economía argentina. Además, el cambio de gobierno y de política económica en Estados Unidos –y su consecuencia: el reflujo de capitales internacionales hacia los países centrales– le impactó de lleno, generando la crisis de este año y la transferencia del diseño de la política económica al FMI, como garante de los acreedores externos.

El plan económico vigente, orientado al pago de las obligaciones contraídas, tiene dos consignas claras: Déficit Público Cero y Emisión Cero. El Déficit Público Cero en realidad es Déficit Primario Cero, ya que el Déficit Financiero y –consecuentemente– el Déficit Total no se reducen. Porque todo lo que se deja de asignar en el Presupuesto Nacional a las Políticas y Obras Públicas se destina al pago de Intereses de la Deuda. Es decir que hay una redistribución regresiva de recursos desde los salarios públicos, las obras de infraestructura, las transferencias a los sectores de menores ingresos, las jubilaciones, las políticas sociales, de educación y salud, para el pago de intereses de la deuda. Adicionalmente, hay una mayor presión impositiva sobre los sectores productivos y los trabajadores formales, con el mismo objeto. Es decir, un recorte profundo a la demanda de la economía que genera recesión económica. La Emisión Cero implica una muy alta tasa de interés garantizada por el Banco Central a través de instrumentos financieros que son emisión futura y que alimentan el riesgo de una nueva crisis, pero que en el corto plazo imposibilitan el acceso al crédito de los sectores productivos, profundizando la recesión económica.

El objeto buscado es la recesión económica, porque mientras se reduce la demanda de divisas del sector productivo, liberándola para el pago a los acreedores externos, se empuja la desocupación, disciplinando a los sectores populares al reducir sus posibilidades, expectativas y demandas de derechos.

Estos planes, al recortar la actividad económica, recortan la capacidad de recaudación del Estado, reproduciendo la necesidad de un ajuste permanente.

Todo lo sucedido se describe como un hecho natural: pasaron cosas. No son hechos naturales: son decisiones políticas. El camino que se propone recorrer se describe como la única opción. Existen otras opciones, más difíciles en la medida en que se prolongue el deterioro, pero queda capacidad humana, recursos naturales y capacidad instalada para optar por un crecimiento económico que se base en la ampliación de los derechos de los argentinos y de las argentinas. Depende de las decisiones políticas.

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