Derechos Humanos: una política de Estado

Marcelo Duhalde

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El 25 de mayo de 2003, cuando se celebraba el 193° aniversario de la Revolución de Mayo, Néstor Kirchner asumió la conducción del gobierno nacional y comenzó una refundación de la política. El 25 de septiembre, a los cuatro meses, el presidente ante la Asamblea de las Naciones Unidas definió el cambio, afirmando que “la defensa de los Derechos Humanos ocupa un lugar central en la agenda de la República Argentina. Somos hijos de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, y por ello insistimos en apoyar de manera permanente el fortalecimiento del sistema internacional de protección de los Derechos Humanos y el juzgamiento y condena de quienes lo violaron”.

Ese fue el principio de un exitoso camino que llevó a nuestro país a ser un referente internacional en la defensa, el desarrollo y la protección de los Derechos Humanos. A diferencia de etapas anteriores, cuando se exportaba el terrorismo de Estado, se convirtió en líder en Derechos Humanos reconocido mundialmente, y marcó el rumbo en la lucha contra la impunidad. Con la decisión y la voluntad política de Néstor Kirchner, la elaboración y la gestión quedó a cargo del secretario, Eduardo Luis Duhalde.

En el terreno de lo que sucedió durante la dictadura cívico militar no se anduvo con tibiezas. Inmediatamente, el 2 de septiembre de 2003, se impulsó al Congreso Nacional para que anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían los juzgamientos, haciendo realidad un viejo anhelo de los organismos de Derechos Humanos. Se fortaleció al Poder Judicial para que llevara adelante los juicios por los delitos de lesa humanidad, siendo único en el mundo un Estado democrático que juzga con sus jueces naturales a su propio Estado durante un gobierno de facto, usurpador y violador de todos los derechos, un Estado Terrorista.

Todas las áreas del gobierno nacional fueron convocadas a comprometerse con esta política de Estado. Se creó el Consejo Federal de Derechos Humanos, integrado por las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Se elaboraron nuevas currículas para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, se estableció que para los ascensos de todas las fuerzas se debía contar con el consentimiento previo de la Secretaría de Derechos Humanos.

Propuesta argentina fue la creación del área de Altas Autoridades en Derechos Humanos en el ámbito del MERCOSUR, convirtiéndose en el país referente. Posteriormente se impulsó la realización el Instituto de Políticas Públicas del MERCOSUR en 2008. Igualmente, fue iniciativa de nuestro país la creación y puesta en marcha del Centro Internacional para la promoción de los Derechos Humanos, auspiciado por la UNESCO, primero en el mundo. Diversos instrumentos de derechos humanos universales y regionales han sido promovidos por Argentina, como la Convención Contra la Desaparición Forzada de Personas aprobada por la ONU en 2006. A propuesta de nuestro país se creó Iniciativa Niño@sur para promover el cumplimiento de la Convención por los Derechos del Niño.

La Asignación Universal por Hijo, la incorporación de más de diez vacunas gratuitas al calendario, la creación de un sinnúmero de escuelas y nueve universidades públicas, el aumento automático a jubilados y jubiladas, la ley de salud mental, las paritarias para definir los salarios, el matrimonio igualitario, la derogación del desacato, la ley de medios, numerosos de planes para viviendas, son algunos ejemplos de los logros de esta política en distintas áreas del gobierno.

Sería muy difícil de enumerar la actividad de la Secretaría de Derechos Humanos en esos años. Como se ve en lo brevemente expuesto, no se redujo a la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado y abordó la problemática del momento, promoviendo el respeto y el cumplimiento en todos los órdenes.

Lamentablemente, el destino quiso que posteriormente a los doce años de gobierno nacional y popular accedieran a conducir nuestro país los representantes del neoliberalismo que habían compartido el poder con los militares en la dictadura de 1976. Los treinta mil desaparecidos no fueron una casualidad ni un exceso, fueron la consecuencia de la brutalidad criminal con la que estaban dispuestos a implementar un plan económico que beneficiara solo a los que detentaban el poder. Volvieron en diciembre de 2015, esta vez por las urnas. Los métodos fueron otros, pero los intereses, los fines y los que se beneficiaron fueron los mismos.

Una de las premisas fundamentales de la política de Estado en Derechos Humanos de los gobiernos kirchneristas fue inculcarle a la sociedad que no son patrimonio de un gobierno, ni de un partido político, sino de todos los y las habitantes de nuestra Patria. El éxito fue construir una cultura basada en la custodia, la vigencia y el respeto, sumándole una considerable cantidad de nuevos derechos para el bienestar de las y los ciudadanos. En nosotros está la responsabilidad defenderlos.

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