Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el mundo está atravesando la crisis sanitaria más grave de los últimos cien años. Más de veinte millones de personas infectadas informadas y casi 750.000 fallecidas es, por ahora, el saldo provisorio de esta catástrofe que aún está lejos de haber concluido.
Desde la aparición de los primeros casos reportados, los diferentes estados adoptaron diversas estrategias, revisadas y corregidas en algunos casos que, con el correr de la enfermedad, pusieron de manifiesto la fragilidad de los sistemas sanitarios, aun los de los países más desarrollados del planeta.
Algunos gobiernos tomaron con ligereza las advertencias de los organismos internacionales de salud, o incluso de sus propios especialistas en la materia, y en nombre de un pretendido horizonte economicista no dispusieron, o lo hicieron tarde, medidas de aislamiento y de protección para sus habitantes, pagando el irreparable costo en vidas humanas.
Pero al margen de los abordajes sanitarios empleados, el impacto sobre la economía global no discriminó entre unos y otros: todos los países están previendo caídas del producto y de la actividad. En todos los países se observan significativas pérdidas de puestos de trabajo y severas dificultades en materia económica y fiscal.
Como contracara de esas actitudes irresponsables, nuestro gobierno, liderado por el compañero presidente Alberto Fernández, tomó con decisión y firmeza la opción de proteger la salud de las argentinas y los argentinos y atender, simultáneamente, las necesidades de la población con mayores dificultades para sostener los ingresos de sus hogares.
La concepción de fortalecer sin demora los servicios esenciales de salud, puesta en evidencia principalmente con la construcción de hospitales y centros de aislamiento en tiempo récord, la provisión de equipamiento, de instrumental y de elementos de protección para los profesionales de la salud y de las fuerzas de seguridad, fueron centrales para responder a las demandas que la pandemia exige. Los resultados obtenidos hasta el presente permiten asegurar que la respuesta sanitaria escogida ha sido la correcta, ya que en ningún momento se puso en riesgo la atención de todas las personas que lo requerían. Y eso se traduce, ni más ni menos, en que se evitaron decenas de miles de muertes.
Es, entonces, la recuperación del Estado como gestor de políticas públicas para el bien común –algo que fue desestimado e incluso desprestigiado en el gobierno anterior– el eje medular que ha permitido enfrentar este crucial y excepcional momento.
Desde la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de los equipos técnicos del Partido Justicialista destacamos especialmente las medidas instrumentadas en el ámbito laboral, dirigidas a la protección del empleo y de las trabajadoras y los trabajadores, como así también las destinadas a la atención de las pequeñas y medianas empresas. Estas iniciativas, puestas en marcha con un gran esfuerzo económico por parte del Estado, permitieron y permiten atravesar esta difícil situación de la mejor manera posible y merecen una amplia difusión para conocimiento de toda la sociedad, como así también las leyes que forman parte de las políticas públicas previstas en nuestra plataforma de gobierno. Entre las principales pueden mencionarse:
- Decreto de prohibición de despidos y suspensiones.
- Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), destinado a empleados formales del sector privado que trabajan en empresas altamente afectadas por la pandemia y a monotributistas y autónomos que registraron un recorte significativo en sus ingresos.
- Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado a trabajadoras y trabajadores informales, de casas particulares y monotributistas sociales y de las primeras categorías.
- Aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Teletrabajo para regular una actividad que tendrá en el futuro un amplio desarrollo y que requiere de una regulación que garantice derechos a las y los trabajadores.
- Creación de la Comisión Tripartita de Formación Profesional y Continua, instaurada en el marco del Plan Nacional de Formación Continua y del Sistema Nacional de Formación Continua, herramientas clave para un desarrollo productivo sostenible y de mayor valor agregado.
- Tramitación de la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso en el ámbito laboral, que incluye la violencia y el acoso por razón de género. De este modo, la Argentina estará entre los primeros países en ratificar esta importante norma internacional del trabajo.
Como movimiento, estamos orgullosos de contar con las medidas políticas instrumentadas, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Congreso Nacional, que tienden a proteger el trabajo y a los más desfavorecidos y necesitados de nuestro país. Estamos convencidos de que superaremos este inesperado desafío con determinación, unidad y firmeza y que, acompañados desde la fortaleza de un Estado activo y presente, podremos construir una nación más justa, más libre y más soberana.
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