¿Algún cardiólogo preferiría diagnosticar sin usar electrocardiogramas? ¿Quién iría a una dirección desconocida sin apelar al GPS? ¿Alguien viajaría a otro continente en barco, como hacían nuestros abuelos? Parece una verdad de Perogrullo que, desde que el mundo es mundo, los avances tecnológicos facilitan la vida y aumentan el bienestar… pero bajo ciertas circunstancias, ¿no se podría afirmar todo lo contrario? La tecnología puede ser muy bien utilizada en beneficio del pueblo, pero también comporta grandes peligros para el buen vivir si es instrumentalizada desde una posición neoliberal. La uberización de la economía, proceso que comporta la conculcación de los derechos laborales, empujando al mundo hacia el trabajo precario, es el ejemplo más usual pero no el único. Formas de moldear opiniones y conductas también están a la orden del día en el capitalismo globalizado.
En definitiva, hoy es difícilmente rebatible que el uso de las tecnologías digitales y la innovación se están convirtiendo en un artículo de primera necesidad para pensar el futuro cercano. Sin embargo, el consenso sobre la importancia de la temática, compartido por diferentes posturas sociales y políticas, no debe oscurecer que el contenido que le asigna el neoliberalismo no es el mismo que el que le debemos otorgar desde el proyecto nacional y popular. Nuestra perspectiva sobre la materia discrepa en varias cuestiones de la mirada neoliberal, siendo de primera importancia las siguientes: la relación entre técnica y política; el actor social incumbido; el ámbito de la construcción de las políticas; y como basamento de todos estos, el rol del Estado. Son estas directrices las que deben guiarnos en la elaboración de las herramientas concretas.
El Estado es el ámbito de politicidad por excelencia de toda sociedad. En nuestra concepción, el Estado –sobre todo en América Latina– debe crear nación, identidad y ciudadanía, y constituirse en la locomotora del desarrollo. Si, por el contrario, se pretende al Estado sin un gran rol, o a lo sumo como mero proveedor de servicios o regulador de la empresa privada, la digitalización tal cual la utiliza la mirada hegemónica neoliberal es bien funcional puesto que tiende a favorecer esa interfaz. Tanto las propuestas que no contemplan la relación Estado-economía –dejando ver ahí su posición pro mercado–, las que emasculen al Estado, como las que generan subjetividad(es) tendientes al aislamiento, quedan fuera de nuestra posición.
Surge entonces la pregunta: ¿de qué manera un Estado nacional-popular puede obtener ventaja de instrumentos tecnológicos que, de otro modo, puedan llevar a que la globalización neoliberal termine de imponer sus términos contra la soberanía popular? La respuesta general es simple y directa: politizar estos instrumentos en favor del pueblo. En nuestro pensamiento situado, desde el Sur, desde la América que busque su segunda independencia, el problema sigue siendo el desarrollo y el empoderamiento democrático-popular. Debemos politizar la tecnología y las relaciones sociales que permea, haciendo explícitos los roles a jugar por el Estado y por los colectivos populares, para un proyecto de desarrollo con justicia social. Sólo de esta forma se alcanzará la soberanía tecnológica que cada vez más se convertirá en un aspecto clave de la soberanía nacional. En consecuencia, en nuestro proyecto la conducción de la política debe quedar establecida sin lugar a dudas, lo cual marca una tajante separación con la preeminencia de la automatización sin diseño ni control político. Por lo mismo, sin negar la existencia del espacio virtual, es imprescindible no endiosarlo como el único posible, puesto que “el barrio”, “la fábrica” y tantos otros espacios siguen siendo las expresiones más firmes de los sectores populares. En consecuencia, el desafío es buscar la posibilidad de articulación o complementación entre ellos.
De allí se sigue la necesidad de un Estado que vaya a diferentes ritmos en lo digital, que sepa convivir con sus sociedades con temporalidades diferentes: siglos XXI, XX y aún XIX. Incluso fuera de nuestra región existen varios tiempos, como muestra la victoria electoral de Trump en una de las sociedades más digitalizadas del mundo.
De lo anterior también queda claro que el “ciudadano digital” es un reduccionismo del que debemos escapar, reconstruyendo la capacidad de la política de interpelar a los distintos sectores del pueblo. En este sentido, los problemas de la representación de los diferentes –y algunos novedosos– colectivos y de su participación política están a la orden del día, por lo cual nuestro reto es –otra vez– poner las nuevas herramientas al servicio de la victoria popular. Aquí queda el desafío de generar una cultura digital que no se aísle de lo nacional y lo popular: “El movimiento digital-popular”.[1]
En definitiva, un proyecto nacional y popular no puede quedarse fuera de estas herramientas-dispositivos-enfoques, pero tiene que redefinir sus términos para que no mellen su objetivo principal. Por ello, se trata de apostar a un Estado constructor del desarrollo que, sin caer en los cantos de sirenas de la digitalización individualizante y vaciada de política, rediseñe y se apropie de la innovación para logar una Patria Libre, Justa y Soberana.
Teniendo en cuenta que bastante poco se ha escrito sobre los desarrollos o herramientas de gestión pública desde las corrientes críticas o nacional-populares, este artículo pretende aportar algunas ideas generales para atender este vacío conceptual y práctico que es imprescindible llenar. Ciertamente hay abundante pensamiento crítico sobre el proceso societal más general, el pasaje de las sociedades fordistas o de la vigilancia y sus Estados de bienestar hacia el capitalismo cognitivo –o de plataforma–, sus sociedades líquidas –o del control– y sus Estados neoliberales. En esta dirección, es necesario tener presente la forma en que el neoliberalismo utiliza las herramientas digitales provechosamente en sus intentos de desarticular las luchas y proyectos populares. Sólo de tal forma le podremos seguir dando batalla y desarmando sus estrategias. O aún mejor, “darlas vuelta” y aprovecharlas en nuestro beneficio.
Capitalismo cognitivo y sociedad de control
Las primeras dos décadas del siglo XXI han presenciado una gran aceleración del cambio societal iniciado en la segunda mitad del siglo previo, por la cual una parte importante de la actividad humana está cruzada por alguna tecnología informática. Es tan cierto que es fácil comprobarlo, por ejemplo, pensando en la importancia que ha adquirido el celular en la vida cotidiana de muchas personas. Sin embargo, así como es difícil desconocer tal situación, no menos real es la llamada “brecha tecnológica”, por la cual gran parte de los sectores populares tienen menor acceso –en cantidad o calidad– que otra parte de la sociedad, sobre todo en los países en desarrollo.[2] Esta situación dispara una primera conclusión para pensar el Estado y sus políticas: la perentoria necesidad de atender la desigualdad digital.
Ahora bien, pensando que somos un país de desarrollo medio que apunta a continuar creciendo y beneficiando a nuestro pueblo, tan necesario como atender hoy mismo aquella brecha es imaginar la situación a que arribaremos cuando la amplia mayoría de nuestro pueblo esté incluida digitalmente y pensar en los peligros sobre la parte de la sociedad que ya es parte del mundo digital. Estos riesgos son varios. Aquí abundaremos sobre una amenaza vinculada al sujeto que construye la tecnología digital cuando es utilizada en clave neoliberal: “el ciudadano digital”.
Bajo una supuesta democratización del acceso a la información, la “gobernanza neoliberal algorítmica” (Lojo, 2018: 8) –también llamada “gubernamentalidad[3] algorítmica” (Costa, 2017; Gómez Barrera, 2017)– encubre la normatividad inmanente con la cual los algoritmos permiten dotar de sentido aquel acceso y cuyas derivas incluyen la posibilidad de pérdida de la privacidad y de la manipulación de la opinión pública, incluidas las preferencias electorales. La operación maliciosa sobre el conjunto de las preferencias ciudadanas se vincula con las fake news, el law fare y los golpes blandos, y prefiguran la idea de un totalitarismo 2.0, o feudalismo 2.0. Vale la pena detenerse brevemente en esto: la actual “sociedad del control” se basa en una serie de herramientas y dispositivos asociados a la comunicación y la informatización –entre ellos, algoritmos y big data– “que, lejos de remitir a la vieja idea de lo automático como repetición, genera incesantemente diferencia, establece rangos de acción, permite niveles cada vez mayores de interacción y, por ello mismo, suscita nuevas formas, sutiles y sofisticadas, de control social” (Costa y Rodríguez, 2018).
Adoptando las preocupaciones y nociones de Michel Foucault pero adaptándolas a la actualidad digital, la filosofía política crítica apunta que ya no se trata de regular sólo los procesos biológicos (el nacimiento, la muerte, la producción, la enfermedad) y sus consecuencias socio-políticas (trabajo, consumo, etcétera), que el mencionado filósofo francés denominaba “biopolítica”, sino también el sistema social necesita una regulación de la construcción simbólica, asociada a los imaginarios sociales e individuales y, por tanto, a las corrientes de opinión, a las vivencias afectivas y al deseo social en general. Esta necesidad surge de la existencia de un colectivo distinto a la “población” con la que trataba Foucault. Según Mónaco (2018: 6), “población y público son dos formas diferentes de construir conjuntos gobernables a partir de las multiplicidades. En la actualidad, la multiplicidad ya no sólo exhibe su potencia productiva en los procesos biológicos de un gran cuerpo social (población) sino también en los procesos de producción deslocalizada y desmaterializada de un gran cerebro colectivo (público)”.
La ya masiva utilización de los dispositivos a que dan lugar las nuevas tecnologías permite la comunicación remota y por tanto la “cooperación entre cerebros” –cuyo ejemplo más mencionado es el formato Wiki, pero que se extiende a una amplia variedad de formatos colaborativos– y ciertos “procesos de subjetivación” mediados por la formación de determinados colectivos “descentralizados”, como por ejemplo “un grupo de fanáticos de un libro que confluyen en una red social, los millones de espectadores de un evento deportivo alrededor de todo el mundo, un foro de opiniones políticas” (Mónaco, 2018: 7). Muy relevante para la política, esto significa que, así como en la modernidad los Estados establecieron los mecanismos para medir y predecir los comportamientos de la “población” –de allí el crecimiento de las técnicas de producción de conocimientos como la demografía, las encuestas, la estadística gubernamental, etcétera–, hoy la emergencia del “público” hace necesario el gobierno de una gran diversidad de individuos, localizados en lugares distantes pero vinculados de una manera más estrecha que nunca por diversos flujos de información y medios de colaboración.
En esta gobernación de los “públicos”, el algoritmo y la big data son dos instrumentos vitales. Un algoritmo es un “conjunto de instrucciones programadas para ejecutar las funciones necesarias para el desarrollo deseado del sistema informático. Los algoritmos son codificaciones preestablecidas que estructuran la usabilidad de las plataformas y en la actualidad sus diseños privilegian los contenidos que refuerzan la identidad de los usuarios, porque así ‘garantizan mayor interacción’” (Lojo, 2018: 6). La big data –cuya traducción puede ser “datos masivos” o “macrodatos”– es la recopilación y almacenamiento de información a escala mayúscula para tomar decisiones. Se trata de “conjuntos de datos tan grandes y complejos como para que hagan falta aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente. Por ende, los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos son más sofisticados y requieren software especializado”.[4]
Se ha escrito mucho sobre el modo en que el neoliberalismo libra su puja por ponerse al frente de esta nueva gobernanza de la “sociedad de la información”. Sin embargo, para nuestro cometido, es necesario remarcar sólo algunos pocos rasgos centrales:
a) Comercialización no sólo del conocimiento, sino incluso de la información de y sobre las personas, que alimentan a esta nueva economía.
b) Construcción de una subjetividad individualizada, en la línea del emprendedorismo: cada quien debe ser capaz de diseñar su propio futuro, bajo un lógica empresarial y competitiva.
c) Procesos de influencia sobre las identidades, opiniones y conductas: la cantidad de datos accesibles y procesables hacen posible el perfilado de los ciudadanos y calculables sus comportamientos y, a partir de allí, operar sobre los mismos es factible.
d) Creación y fortalecimiento de “burbujas autoafirmativas” de usuarios que segmentan el conjunto social. La utilización de algoritmos que posean un sesgo específico lleva a la conformación de comunidades cerradas, conformadas por cierto tipo de personas con características semejantes en algunas variables especialmente elegidas, a la cual se la aísla de otras comunidades igualmente conformadas según alguna otra variable. La existencia de múltiples “burbujas” inconexas complica el propósito común de la sociedad.
e) Automatización de las políticas: la acumulación de datos permite que la utilización de algoritmos haga innecesario el análisis humano, puesto que la determinación de los procesos y las decisiones sobre determinada acción estatal surge de la propia aplicación de procesos maquinales de análisis de esos datos. Frente a funcionarios falibles –en el mejor de los casos, o corruptos en el peor–, los dispositivos digitales aparentan ser neutrales, transparentes, auditables y obviamente mucho más ágiles y por ende eficaces. Hay que subrayar que esto no es mero futurismo: “el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, contó que la provincia utiliza un mecanismo basado en Machine Learning para predecir y prevenir el embarazo adolescente. Dijo que el sistema –un plan piloto en el que trabajan Unicef, Microsoft y las fundaciones Conin y Techo para mi país– permite anticipar si una niña tiene un 86 por ciento de probabilidades de quedar embarazada cuando llegue a la adolescencia”.[5]
Sin una vigilancia crítica sobre el proceso de diseño e implementación, los sistemas informáticos desarrollados redundan en procesos de exclusión y vigilancia. Es conocido el caso de Estados Unidos, “cuyo sistema judicial recurre a un programa para predecir la probabilidad de reincidencia al momento de emitir una sentencia. […] El algoritmo perjudicaba a los afroamericanos y les daba mayor probabilidad de volver a cometer un crimen, incluso cuando tenían los mismos antecedentes que una persona blanca”.[6]
Las falacias neoliberales sobre los instrumentos de gestión pública digital
Sin problematizar la transformación social presentada en la sección previa, las propuestas neoliberales se vanaglorian con la supuesta utilidad de la tecnología para la participación de la ciudadanía. Las ideas de “colaboración” e “innovación” pueden ser manipuladas desde una gobernanza digital neoliberal.
El paradigma de la “Gobernanza” afirma que el Estado ya no posee el monopolio de la agenda ni de la solución de los problemas sociales. Y ello no se debe a que algunos actores sociales o internacionales se lo hayan expropiado o condicionado, sino porque los problemas actuales son complejos y porque la sociedad, amén de querer ser protagonista de su resolución, tiene recursos y conocimientos que facilitan su abordaje –y que incluso exceden los del Estado.
Hasta aquí la composición es plausible, tanto en términos de descripción como de proposición. El problema es que por detrás hay una visión de desvanecimiento del rol del Estado, puesto que esta sociedad –avanzada en sus potencialidades– es contrapuesta por esta literatura a una institucionalidad estatal que se ha quedado en el pasado.[7]
Frente a esta situación surge la idea de co-creación, según la cual la colaboración de diversos actores en la construcción de las políticas públicas genera un escenario en el que todos ganan. La idea central es que en cualquier cuestión los expertos y funcionarios públicos no son los únicos que pueden construir la solución, sino que los aportes a la misma exceden a los actores estatales. De allí que formar una comunidad sobre el tema sea un eje esencial. Por tal se entiende un conjunto de actores de diferentes ámbitos que posean intereses semejantes, un “idioma” común, una cultura de la generación de valor compartido. Así se forma el trabajo en redes distribuidas, que permite aprovechar todos los recursos disponibles y asoma el “Estado red”, un ente que es un actor más en el juego de las políticas públicas, no el actor principal del desarrollo.
Fruto de estas ideas también surge una gran cantidad de instrumentos o institutos concretos, plasmados en una serie de términos en inglés que utilizan los partícipes de la literatura sobre innovación, como Crowdsourcing innovation (apelar a un grupo indeterminado de personas de fuera de la organización que lanza la convocatoria para darle forma a una tarea compleja); Data collaborative (intercambio de datos para crear valor público); y Gamification (utilizar la lógica de los juegos para mejorar el funcionamiento organizacional). Otros tienen mayor presencia empírica y en los trabajos sobre la temática, como “laboratorios de innovación” (de los formatos más expandidos por todo el mundo, son caracterizados como espacios especialmente diseñados para dar lugar a la co-creación); o Design thinking (pensamiento de diseño: se dice que permite solucionar problemas a través de un proceso interdisciplinario y colaborativo por el cual se “conoce” al cliente y se prototipan soluciones en un proceso de experimentación dinámico).
Si se indaga más profundamente que los promotores de estas novedades de gestión, ¿qué decir desde una perspectiva popular de estas últimas? Aunque la innovación o colaboración pueden ser pensadas en clave analógica y territorial, la mayoría de las propuestas que conforman esta nueva perspectiva lo asocian a la tecnología digital y la potencialidad que esta conlleva. De allí que, si bien en muchos casos no lo explicitan, el actor social paradigmático sea el “ciudadano digital”. Esta noción es problemática porque, como adelantamos, en nuestro país existe una brecha digital, porque en la política argentina los actores socio-políticos a movilizar no se inscriben en dicho soporte y por los motivos que siguen abajo.
a) No problematiza el proceso socio-tecnológico que conforma a los sujetos que luego participan como “ciudadanos digitales”, puesto que la construcción de su subjetividad –individualizada– dista de ser libre y neutral.
b) El “ciudadano digital”, construido previamente por la gubernamentalidad algorítmica, sufre en el proceso de participación en las políticas públicas las consecuencias de su propia naturaleza individual o dentro de “burbujas disgregadas”. Para decirlo con más detalle: en primer lugar, no sólo hay una construcción heterónoma, sino que el modo de participación digital ofrecido lo consolida como participante solitario, según sus intereses particulares o en el marco de una participación hipersegmentalizada[8] y, por ende, de ambas formas lo termina de alejar de cualquier tipo de construcción colectiva.
c) Aún si la utilización de la tecnología algorítmica no tuviera los problemas que presentamos hasta aquí, el funcionamiento de los algoritmos puede tener fallas y no alcanzar los resultados que, en sus propios términos, se plantea.
d) Según la perspectiva neoliberal hegemónica, la recuperación de la confianza social y por ende de la legitimidad estatal deriva de la mejora en la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos. Sin menospreciar su importancia, debe notarse que esta perspectiva deja sin cubrir el rol estatal de potestad pública o imperium, vital para ordenar la sociedad. Esta principalísima tarea requiere el apego a normas que garanticen la imparcialidad y la previsibilidad, y por tanto el Estado de Derecho.
En definitiva, en estas cuestiones se puede observar el contrapunto central entre la visión neoliberal y la nuestra, que encuentra su origen en el rol que se le asigna a la estatalidad y es tan claro que se puede escribir muy sencillamente: el Estado como una plataforma que brinda soporte a la interacción entre individuos heterónomos o el Estado como motor del desarrollo.
La construcción de una perspectiva nacional-popular
Ahora bien, ¿las críticas a la edulcorada perspectiva neoliberal sobre la digitalización y la “sociedad de la información” invalidan absolutamente la utilización de dispositivos digitales y de la innovación en general?
Algo básico para cualquier proyecto democrático es la necesidad de regular el funcionamiento de esta “gubernamentalidad algorítmica” en el sector privado, dado que su capacidad de modelar y anticipar los comportamientos es realmente peligrosa, lo cual abre todo un campo de debate en el cual no nos ocuparemos aquí. En términos más generales, la tarea indispensable –y dificultosa– es imponer la autoridad estatal sobre el mundo digital. De lo contrario, estaremos cada día más cerca del tiempo en que Internet mate a la democracia, tal como titula su conocido libro Jaime Bartlett. La pregunta entonces radica en cómo lograr esa supremacía de la política sobre la tecnología. Una cuestión central es la apropiación de estos instrumentos por parte del propio Estado.
Adoptando una perspectiva que desdeña el carácter técnico y neutral de los algoritmos, se puede aducir que el sesgo que tengan es intencional, dependiendo de cómo se construya su funcionamiento, especialmente la preselección de los datos que se consideran útiles para el procesamiento. Por ello Juan Gómez Barrera (2018: 11) explica que “hay una fuerte influencia en la asignación de valores y normas en la preselección de los datos que son analizados por los algoritmos; es decir, estos nunca reciben un dato enteramente puro o neutral y por lo tanto se puede indicar que trabajan ya con un material que está atravesado por una mirada específica”. Abundando en la cuestión, el mismo autor sostiene que este núcleo del perfilado “debe ser tenido en cuenta como un punto sustancial en el proceso de configuración de individuación de subjetividades que ellos formulan” (Gómez Barrera, 2018: 3).
Según Lojo (2018: 8), habitualmente se encuentra la siguiente situación: “algoritmos diseñados por especialistas, en la mayoría de los casos ajenos a la administración pública y a los campos disciplinares sobre las cuales intervienen (derecho, trabajo social, economía, salud, etcétera). Trabajan sobre bases de datos inaccesibles para la población en general y cuando el software no es abierto es difícil saber qué elementos están siendo considerados para la toma de decisiones. Además, no siempre se tiene control sobre qué información es almacenada en las bases de datos. Por último, la eliminación de una instancia de revisión y análisis convierte a los resultados del sondeo en una política efectiva inmediatamente”. Este párrafo se vincula con una serie de investigadores que, frente a la ostensible ambivalencia de la automatización, proponen privilegiar el trabajo humano. Investigando sobre la interfaz entre humanos y tecnología digital, entienden que por más que avance esta última, siempre aparecen nuevas tareas que sólo las personas pueden realizar, lo que Mary Gray y Siddarth Sury (2017) llaman el trabajo humano detrás de la cortina de la inteligencia artificial.
En definitiva, el punto central está en evitar que la automatización de las políticas signifique sacrificar la naturaleza decisoria de la política. Para ello, las características que posea la administración pública y las herramientas utilizadas para el despliegue de las políticas públicas también juegan un rol importante, como propondremos a continuación.
Algunas ideas tentativas para la gestión pública
Del enfoque presentado en las notas previas se pueden derivar algunas propuestas, más a modo de ejemplo que como un programa exhaustivo de acciones a implementar, y con el grado de generalidad propio de un artículo más inclinado al debate sobre la cuestión política de la tecnología y la innovación que a sus herramientas operativas.
a) Revisitando a Foucault, Claudia Bernazza (2018) recuerda que el poder no persiste en base a ejércitos y políticas represivas, sino debido a que “produce sujetos. Produce creencias y cultura” y, frente a ello, “nuestro desafío, desde siempre, es fortalecer, ampliar o despertar la conciencia de sí mismos de los trabajadores”. Estas líneas responden la pregunta clave que elude la perspectiva neoliberal: ¿para qué sirven estas novedades? ¿Cuál es el objetivo político al que ayudarán a concretar? Esa tarea central para un proyecto democrático y popular tiene en el Estado un actor clave. Más aun teniendo en cuenta que en nuestro país, como en varios otros de la región e incluso Europa, el neoliberalismo de fines de siglo pasado produjo la liberalización de la producción de conocimiento sobre los asuntos públicos, favoreciendo la emergencia de un conjunto de think tanks de diverso tipo –entre los que sobresalen los financiados por empresas privadas nacionales y foráneas– cuya misión fue –es– influenciar tanto en la agenda pública como en las políticas estatales.[9] Por ello, la reconstrucción de un aparato estatal de producción y divulgación de conocimiento público es de central importancia. La construcción de capacidad de lectura de la realidad a través del manejo de repositorios, de equipos que generen y traten con grandes datos, etcétera, es central. Proposición: en cada uno de los ministerios,[10] contar con un área de creación y análisis de big data, tecnológicamente equipada, humanamente capacitada y políticamente fortalecida.
b) La aplicación de herramientas digitales a las políticas públicas no tiene una inmanencia neoliberal. Bajo ciertas condiciones, la digitalización puede ser útil a un proyecto emancipador, aún con las precauciones del caso. Desde cuestiones sencillas como la robotización de respuestas simples hasta la construcción de datos complejos y la consecuente automatización de decisiones, pasando por la simplificación de procesos. Mención especial en este sentido amerita la construcción del poder estatal tanto para establecer el Estado de Derecho como para para traccionar el desarrollo industrial, que se compone, entre otros elementos, de la capacidad de análisis de las conductas empresarias. Por todo lo anterior es imperioso realizar análisis y experimentaciones, tanto para precaver sus efectos negativos como para fortalecer y extender sus consecuencias positivas en el seno de la Administración Pública, siempre teniendo en cuanta que al interior de ésta hay gran diversidad organizacional y por ende el enfoque para la digitalización no puede ser uniforme. Proposición: siguiendo el sendero de la propuesta anterior, diseñar unidades específicas de estudio de las posibilidades de automatización, lo cual incluye un fuerte énfasis en que hay tareas que deben ser dejadas en manos humanas, por más que los algoritmos las hagan más eficientemente.
c) Siempre teniendo presente las advertencias realizadas a lo largo de estas notas, la tecnología digital no sólo permite construir patrones que ayudan a comprender a los destinatarios del trabajo estatal y a su contexto, sino que facilita la llegada a lugares y sectores que de otra manera sería más difícil. Una de las virtudes de los procesos populares de la primera década de este siglo es que acercan al Estado a los sectores populares históricamente olvidados. Sucedió en esos años la movilización del aparato estatal, e incluso de la militancia en el territorio, explicando hogar por hogar los derechos sociales a que podían acceder las personas visitadas. Estas iniciativas pueden ser ampliamente mejoradas con mecanismos digitales. Proposición: además de los canales digitales que facilitan la comunicación, estudiar las estrategias de acercamiento que permiten las nuevas tecnologías… lo cual, además se inscribe en la senda de cerrar la brecha digital.
d) Si bien la innovación digital o tecnológica es importante, tan o más relevante lo es la social. Esta se construye con los actores sociales de las políticas. No es deseable para todas las ocupaciones del Estado, sino que es más dúctil para aquellas que implican servicios y en que haya una coincidencia programática entre los participantes. Proposición: analizar la utilidad de poseer una oficina de innovación social-estatal en las organizaciones estatales que brinden servicios. Este análisis debe incluir una rigurosa evaluación de las posibles vinculaciones del servicio con áreas en que la preminencia del Rule of law desaconseje lógicas flexibles de gestión. El diseño de estas oficinas es complejo. El sujeto social a empoderar por parte de un proyecto popular tiene que ser el más agregado posible, bien distinto de la hipersegmentación que propone la innovación neoliberal. Esto es muy diferente a la idea de “Gobernanza colaborativa”, en la cual los procesos y estructuras de toma de decisiones y gestión de políticas públicas comprometen personas, superando las fronteras de las agencias públicas, niveles de gobierno, lo público, lo privado y lo cívico. En el proyecto nacional y popular, el Estado no es uno más en un sistema horizontal, sino el eje de las propuestas de involucramiento social.
e) En lo tocante al vínculo con la sociedad, si estas propuestas van direccionadas principalmente –aunque no únicamente, sino como parte de una construcción hegemónica global– a los sectores populares, deben incluir su empoderamiento, para que sean actores de innovación. Por ende, se debe fomentar una cultura pública en torno del conocimiento generado en la articulación entre Estado y actores populares. Para ello es vital abrir datos relevantes y establecer una arquitectura de participación popular que exceda lo digital. Proposición: fuerte iniciativa estatal de ampliación de las capacidades de participación popular, que conste de acciones que fomenten el conocimiento para la innovación en la cosa pública y que, de nuevo, apunten a cerrar la brecha digital.
f) Respecto de las potencialidades para el propio aparato del Estado, la innovación y las herramientas digitales pueden colaborar con el tema de la coordinación organizacional y política, de gran relevancia para la eficacia organizacional, pero para la capacidad estatal. Respecto de este último, Ana Castellani y Flavia Llampart (2012: 167) dan en el clavo cuando nos recuerdan la advertencia de Chibber sobre “que un Estado fragmentado por disputas entre agencias estatales también ofrece una situación apta para socavar la autonomía estatal, ya que puede incentivar el establecimiento de vinculaciones de tipo predatorias entre funcionarios y empresarios”. Si bien en muchos sectores de la administración pública la apropiación sobre los datos de las actividades que se producen es considerada, con razón, un capital invaluable, no es menos cierto que la disponibilidad de mayor cantidad de datos –surgidos de otras partes de la organización– puede producir un escenario de creación de acción conjunta en el que todos ganan (“win-win”). Ciertamente esto marida bien con las estructuras planas, cuestión que tiene sus beneficios pero también sus contras, y que por ende deben resolverse en cada caso puntual. Proposición: necesidad de un responsable –de generarlos y compartirlos– de datos abiertos en cada organización y de herramientas que reúnan información transversal.
Bibliografía
Bernazza C (2016): “Bienvenidos al pasado”. Perspectivas de Políticas Públicas, 11.
Castellani A y F Llanpart (2012): “Debates en torno a la calidad de la intervención económica estatal”. Papeles de Trabajo del IDAES-UNSAM, 9.
Costa F (2017): “Omnes et singulatim en el nuevo orden informacional. Gubernamentalidad algorítmica y vigilancia genética”. Poliética. Revista de Ética e Filosofia Política, 5-1.
Costa F y P Rodríguez (2018): “Algoritmos, big data y automatización social”. Avatares de la Comunicación y la Cultura, 15.
Gómez Barrera J (2018): “Segmentación, sesgo y normas sociales en la programación. Aportes a la teoría de la gubernamentalidad algorítmica”. Avatares de la Comunicación y la Cultura, 15.
Gray M y S Suri (2017): “The humans working behind the AI curtain”. Harvard Business Review, 9.
Lojo J (2018): “Big data, small democracy. Lo político bajo el imperio del algoritmo”. Avatares de la Comunicación y la Cultura, 15.
Mónaco J (2018): “De las poblaciones a los públicos. Nuevos problemas de gobierno”. Avatares de la Comunicación y la Cultura, 15.
[1] Estamos en deuda con Arturo Laguado por esta ingeniosa definición.
[2] Aunque con tendencia a la baja, hay dos variables que diferencian el acceso a cierta tecnología: edad y nivel socioeconómico. En el conjunto de adultos mayores de sectores populares hay menos teléfonos móviles inteligentes que entre los jóvenes de clases acomodadas. Según algunos estudios, en Argentina sólo un 68% de la población adulta posee smartphones. Ver https://www.perfil.com/noticias/sociedad/argentina-17-por-ciento-adultos-no-tiene-celular.phtml.
[3] La noción de gubernamentalidad excede a la de gobierno estatal, extendiéndose a toda práctica y dispositivo que conduce las conductas, y por ende comprende aquellas que se dan en el sector privado.
[4] Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Macrodatos.
[5] Recuperado el 10-2-19 de https://www.infotechnology.com/labs/Sirven-los-algoritmos-para-tomar-decisiones-sobre-politicas-publicas-20180608-0008.html. Ver la comunicación oficial del acuerdo con Microsoft en http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/el-gobierno-de-salta-y-microsoft-aplicaran-inteligencia-artificial-en-la-prevencion-de-situaciones-sociales/52860.
[6] Recuperado el 10-2-19 de https://www.infotechnology.com/labs/Sirven-los-algoritmos-para-tomar-decisiones-sobre-politicas-publicas-20180608-0008.html.
[7] Esta situación, al mismo tiempo que justifica la modificación, exculpa de su lentitud. En alguna medida, los promotores de estas ideas son conscientes de que sus avances son trabajosos –en “casi ningún gobierno del mundo”–, puesto que las instituciones y organizaciones de la democracia representativa “no están enfocadas en estas ideas” (Santalab, s/f).
[8] En una interesante nota de coyuntura, Martín Rodriguez caracterizaba la estrategia electoral y de gobierno de la siguiente manera: “Cambiemos aspira a ‘ganar’, y no quiere una nueva mayoría, quiere ganar y replegarse. Quiere a esta sociedad atomizada, así como es, así como la vemos, este enfrentamiento entre clases medias, entre ‘planeros’ y ‘aristocracia obrera’, entre garantistas y punitivistas, entre pañuelos de colores. ¿Cómo gobierna? No es uniendo a los argentinos, sino con la etapa superior de la grieta: se propone avivar todas las grietas que sean posibles. Gobernar apoyando en cada desigualdad a la sociedad desigual. No se trata solo de dividir la sociedad ‘en dos modelos’, sino de acompañar la división de la sociedad en mil pedazos, atomizarla. Parece invertir la famosa oración que dice ‘la política es una herramienta para transformar la sociedad’ a ‘la política es una herramienta para mantener a la sociedad intacta’”. Recuperado el 13-2-2019 de https://www.lapoliticaonline.com/nota/martin-rodriguez-el-ano-de-la-marmota-electoral.
[9] El diario La Nación afirma que, según un informe elaborado por la Universidad de Pensilvania que contabiliza los think tanks por país, “Argentina es el segundo país con más instituciones de ese tipo en todo el continente americano –después de los Estados Unidos– y el quinto a nivel mundial”. Recuperado el 31-1-2019 de https://www.lanacion.com.ar/2215963-la-argentina-es-segundo-pais-america-mas.
[10] O grandes divisiones administrativas, según sea el caso, como bien nos marca Horacio Cao en una comunicación personal.
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