Cuando se habla de vivienda, hablamos de hábitat

Mariana Segura

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La vivienda es un problema complejo que, si se aborda de modo inadecuado, puede convertirse más en un padecimiento que en una solución. Aun resuelto el techo, incluso habiendo hecho la inversión económica –sea desde el Estado o desde cada familia–, sin una buena localización se pierde el derecho a la vida digna y al desarrollo de las capacidades de cada persona. El costo de perder esto es inmenso, ya que lo construido es un esfuerzo económico y social.

La localización de cada vivienda es clave para el acceso a bienes y servicios urbanos tales como infraestructura, transporte público, servicios, equipamiento, espacios verdes y cercanía de las fuentes laborales, educativas y de salud. Eso es lo que hace que esa vivienda se convierta en casa, hogar, lugar de vida. Ese conjunto imperfecto de cosas hace al hábitat, en la medida en que además favorezca la construcción de vínculos.

La propuesta de la fórmula Fernández-Fernández de crear un Ministerio de Hábitat y Vivienda da cuenta de la disposición a volver siendo mejores. Nuevos desafíos tenemos hacia adelante respecto a la formulación de las políticas públicas. Las nuevas formas de abordar la cuestión requieren de –al menos– tres procesos simultáneos que consoliden su efectividad.

 

El hábitat necesita de la planificación urbana y el ordenamiento territorial

Si pensamos en los procesos que devinieron en las ciudades argentinas durante la primera década del siglo XXI y un poco más, vemos que, a un proyecto de desarrollo nacional y popular, con redistribución de la riqueza, industrialización e inclusión social, le correspondió una expansión urbana fragmentada y especulativa, más propia de un modelo urbano neoliberal.

En políticas de vivienda hubo una fuerte correspondencia entre las políticas de desarrollo con justicia social y el acceso a una vivienda por parte de familias y grupos de distintos sectores sociales. Esto se dio porque el gran productor de vivienda en el país fue y sigue siendo el Estado. No solo las que construye propiamente, sino también las que facilita a través de créditos, las que promueve a través de subsidios, y en las que interviene a través de leyes como la de alquileres. Sobre un déficit de alrededor de tres millones de viviendas, durante los años 2003-2015 se construyeron, mejoraron o promovieron su completamiento alrededor de 800.000 soluciones habitacionales. Fue el nivel más alto desde la recuperación de la democracia.

Sin embargo, debido a múltiples factores, entre los cuales no faltaron los fines especulativos de sectores privados que, aprovechando las necesidades, operaron a su favor, lo que significó que muchas veces se construyeran viviendas, pero no ciudad: la localización de las viviendas no se correspondió con las dinámicas urbanas existentes y frecuentemente esas ubicaciones –producto de la necesidad de dar respuesta a la urgencia de la falta de techo– no fueron las mejores.

El desafío que tenemos es que la producción de vivienda se dé en localizaciones adecuadas, respetando las necesidades no solo físicas de las familias y grupos, sino también tener en cuenta el acceso a todo aquello necesario para desplegar la vida, que es diferente en cada lugar. Esto requiere una planificación urbana y territorial, un ordenamiento territorial más profundo, que se haga cargo de los problemas jurídicos, ambientales, económicos y sociales del acceso a la tierra, y que surja de los conflictos existentes, de las dificultades de acceso al suelo urbano.

 

El hábitat y la vivienda se definen con los actores sociales siendo parte de las decisiones

Es muy importante el protagonismo que tienen colectivos, grupos y organizaciones sociales en la lucha por el acceso a la vivienda. Sea de forma organizada y visible, o de forma menos visible y tal vez solo familiar, si hablamos de nuevas formas de gestión pública, la inclusión del pueblo en los procesos de tomas de decisiones es hoy ineludible. Las y los futuros habitantes de esas viviendas quieren y deben ser parte de los diagnósticos, alternativas, propuestas y soluciones. Tanto para la definición de sus casas y sus barrios, como también de sus ciudades. Hoy más que nunca se requiere dar espacio al diálogo social para construir participación popular con acuerdos más abarcativos que involucren la complejidad en las soluciones. Sobre esto último es importante considerar que el sujeto social es un sujeto imponente, en cuanto a la defensa y las conquistas de sus derechos, y que el Derecho a la Ciudad lo debe colocar como protagonista. Un proceso de Planificación Urbana Participativa deberá hacerse cargo de incorporar al actor social, no de forma esporádica, ni como “informante clave”, ni demagógicamente, sino como protagonista y socio del Estado en la definición de su propio hábitat.

 

El hábitat y la vivienda necesitan un Estado innovador en su forma de gobernar

Ya lo dijo el candidato a presidente del Frente de Todxs, y creemos que es una decisión importante tanto para la coyuntura como para lo estratégico: las políticas en general serán consensuadas entre los 24 distritos y la presidencia. Esto asegurará que las políticas de vivienda se conviertan en políticas de hábitat, al ser definidas de esa forma integral, atenta a las particularidades de cada región, diseñadas en espacios de articulación entre las jurisdicciones. Hay experiencias concretas, como las del Consejo Federal de Planificación (COFEPLAN) y el Consejo Nacional de Vivienda (CNV), que debemos retomar y mejorar.

Al hablar del hábitat, que es un entramado de riquezas y posibilidades, esta articulación será más potente cuanto más se profundice. Es por eso que encontramos tres formas de hacerlo. En primer lugar, las provincias tienen jurisdicción sobre el suelo. Sin embargo, sobre los usos urbanos del suelo son los municipios los que definen. Por lo tanto, será relevante que esa voluntad de articulación entre nación y provincias sea acompañada con la articulación entre provincias y municipios. Esto estaría complementando virtuosamente la articulación vertical.

En segundo lugar, si estamos hablando de hábitat, debemos pensar en la complejidad que involucra: las definiciones que implican la construcción de viviendas, de espacios públicos compartidos, de equipamientos urbanos y de servicios públicos en determinadas ciudades, no será resuelto en el seno del mismo Ministerio. Si la principal razón de asentamiento de familias y grupos se da por el acceso al trabajo, entonces la construcción de viviendas no será independiente de los desarrollos regionales, ni de las políticas de fomento para ciertos territorios. Si además esas viviendas requieren cercanía de escuelas y centros de salud, o tendrá que tener cerca un centro de logística, entonces requerirá de un trabajo con otros ministerios encargados de los temas específicos –como los de Desarrollo Social, Infraestructura, Género o Ambiente– que serán importantes en la articulación. Esto demandará la constitución de una Consejo Intersectorial de Hábitat liderado por el Ministerio de Hábitat y Vivienda. En tercer lugar, se debe considerar asimismo un enlace legislativo, ya que muchas problemáticas sobre el acceso a la tierra y a la vivienda requieren de normativa nacional, provincial o municipal y, por lo tanto, se debe construir desde el inicio un trabajo articulado, formalizado con encuentros pautados por ley.

Existen experiencias de relacionamiento y articulación al interior del Estado. Hoy tenemos el desafío de que esos espacios se constituyan como escenarios de verdaderos procesos decisorios. Para ello, harán falta enfoques y sistemas de trabajo experimentados que posibiliten procesos de articulación intragubernamental real, y de formación y capacitación de funcionarios y técnicos para llevar adelante estos procesos.

 

Mariana Segura es arquitecta (UNLP) especializada en Planificación Urbana, Gobernanza y Participación, directora de Territorio Sur y de la revista Hábitat Ciudadano, y actualmente prepara la tesis de Maestría en Estudios Urbanos (UNGS).

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