Construcción Social del Pacto (propuesta de reflexión sobre la constitución de nuestras fuerzas nacionales)

Homero R. Saltalamacchia

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Estamos ante elecciones fundamentales. No solo porque se cambia un gobierno que en cuatro años destruyó las bases de nuestro desarrollo como país autónomo, demoliendo al tejido productivo y social, y dejando al Estado Argentino en condiciones cercanas a un Estado fallido por las dificultades para pagar las deudas. Dichas elecciones también serán cruciales por la necesidad de volver a tejer una red de relaciones que nos fortalezca como pueblo. Es decir, una red que haga posible toda resistencia a los intentos de cobrar esas deudas mediante una mayor apropiación de recursos naturales y la destrucción social. Resistencia a la entrega que, contra lo que nos impuso el PRO como destino, podría resituarnos entre aquellas naciones que superarán, con cierta autonomía, las incalculables transformaciones que ocurrirán en el curso del siglo. Para ese resultado tendremos que aunar los esfuerzos de todos quienes asociamos lo nacional con lo popular, clases medias incluidas.

Ahora bien, triunfar ante un gobierno rapaz como el de Cambiemos, ¿es equivalente a lograr una población que sea conciente de los sacrificios que deberá hacer, por mucho tiempo, para salir de la opresión de un sistema económico aplastado por las deudas y un poder financiero que utilizará esas deudas para condicionar todas y cada una de las políticas gubernamentales? ¿Repetiremos el justificativo de la pesada herencia o haremos que los ciudadanos participando se den cuenta directamente del modo en que dejaron vacías las arcas del Estado? ¿Alcanza con hacer un acuerdo entre dirigentes? ¿Podremos mantener el frente unido si éste solamente se constituye como una red de dirigentes? ¿O en cambio se inundará el ágora de discursos y cada facción utilizará las inevitables insatisfacciones para fortalecerse electoralmente? ¿Creemos realmente que al gobierno oculto pero eficaz de los personajes influyentes del mundo mediático, empresarial y militar lo podremos gobernar si los ciudadanos no se van acostumbrando a ser actores?[1] ¿Temeremos más a los posibles desbordes de “las masas” que a las presiones de guante blanco y a los sabotajes de manos negras? ¿Es que los peronistas no sabemos ya gobernar en una comunidad que se va tejiendo desde las unidades básicas, los clubes de barrio, los sindicatos, discutiendo y confluyendo en organizaciones intermedias hasta conectarlas con los técnicos de las burocracias, especializados en las cuestiones que ellos conocen como técnicos y profesionales? ¿Creemos en verdad que la fórmula Fernández-Fernández no tiene el carisma suficiente para mantenernos a todos afectivamente unidos por el amor a la patria y a nuestros líderes? Si a la mayor parte de las anteriores preguntas contestamos que no, podemos pensar en una sociedad que no vea a nuestro aparato burocrático como unos edificios lejanos y semi hostiles, con lenguajes diferentes, sino, como ocurre con los miembros del poder real –del gobierno oculto o criptocracia– que resuelven con una llamada de teléfono. ¿Podremos crear las condiciones para que las organizaciones ciudadanas también establezcan un tipo de relación directa, aunque más institucionalizada, con esas burocracias, intercambiando informaciones y saberes?

El complejo organigrama que presentó Cristina Fernández en esa farsa del juicio sobre la Obra Pública muestra una parte de esa trama inmensa y multiforme de organizaciones burocráticas. Si vemos bien, y sabemos cómo actúan los miembros del gobierno oculto, podremos comprender que cada uno de los rectángulos del organigrama es un punto sobre el que ellos actúan cuando lo necesitan, creando una densa red de relaciones e influencias “fácticas”. Ahora bien, si tomamos ese ejemplo y lo institucionalizamos, sacándolo de las sombras, de esas redes podríamos participar también nosotros. Y ese podría ser un aspecto importante del nuevo contrato social constitucional. Propósito para el que juegan a nuestro favor los aciertos y errores de la Comunidad Organizada peronista: una tradición que fue capaz de construir un movimiento que supo trascender la mítica y mentirosa división entre el Estado y la sociedad civil, creando las condiciones para que el Pacto Social fuese un hábito.

Es bueno pensar en estos temas para asegurar el triunfo electoral y la posterior epopeya de reconstrucción, pues debemos llegar a las elecciones sabiendo cómo crear las condiciones institucionales que hagan posible un Pacto Social generalizado, reforzado por múltiples pactos parciales con las organizaciones intermedias. Lo que abriría huellas que contribuyan a superar los conflictos de perspectivas y de intereses que aparezcan entre nosotros.

Camino indispensable para relanzar las actividades laborales, acordar sobre el modo y el tiempo en que se irán recobrando nuestros salarios reales y controlar que los empresarios hagan un balance razonable entre ganancias, ahorro argentino e inversión, de tal modo que podamos contrarrestar con acuerdos institucionales las pujas inflacionarias; pero también relanzar las juntas vecinales, los clubes de barrio y toda la trama de organizaciones que estrechan los lazos sociales, impidiendo la anomia; y así generar una fuerza que permita mantener a raya a la oligarquía de trasnacionales y de sus colaboradores internos, reconstruir la patria grande y conectarnos con esos movimientos de Europa y Estados Unidos que están en la misma batalla. Logros que constituirían una hazaña. Pues siempre quedarán restos de ese gorilaje tradicional argentino, organizado en el PRO –u otro partido–, que será apoyado por agencias, fundaciones y universidades o centros de estudio que, financiados por poderosas trasnacionales, producirán intelectuales que seguirán con este plan de convertirnos en una humilde granja de harapientos mundiales.

Es ante ese desafío que me arriesgo a avanzar algunas ideas –no necesariamente originales– que seguramente deben ser perfeccionadas, pero que pretenden abrir una discusión entre los lectores de esta revista en torno a las condiciones institucionales necesarias para que el Pacto Social abarque a todos, según sus posibilidades y necesidades, renovándose sin cesar. Trabajo que introduciré criticando los basamentos del régimen liberal democrático representativo, para luego presentar ideas que, coherentes con esa crítica, tiendan a suturar las falsas separaciones introducidas por dicho régimen, activando a todas las instituciones en un doble juego de construcciones particularistas y de orden general.

 

El Estado: relaciones de fuerzas institucionalizadas

¿Dentro de qué marco de ideologías, costumbres e instituciones hegemónicas debemos producir aquellas trasformaciones en esta nueva Argentina? Seguramente, no insistiendo en la envejecida tradición liberal, de la cual quiero hacer una breve reseña para que nos entendamos. La historia del Estado que sería el liberal representativo comenzó hacia el siglo XIV, cuando en la Europa meridional se produjeron acontecimientos de largo alcance que dieron por finalizada la denominada Edad Media. Antes del Renacimiento. Para que ello ocurriese, primero confluyeron una serie de procesos que facilitaron la concentración del poder en monarcas con soberanía sobre territorios y poblaciones que eran considerados fragmentos de sus cuerpos reales. Luego, coincidiendo con la lucha de nuevos sectores de la población –artesanos, financistas, comerciantes y juristas–, los iusnaturalistas denominaron “sociedad civil” a esas poblaciones excluidas del ejercicio de la soberanía (Cuéllar & Cameselle, 2009). Siglos más tarde, esas disputas por derechos culminaron con las propuestas de John Locke, cuya virtud fue fundamentar el constitucionalismo moderno, legitimando el derecho de los propietarios y una serie de controles al poder de las monarquías soberanas. Así, mientras que para Hobbes (1980: 44) la primera ley natural obligaba a cada individuo a usar su poder para “la conservación de su vida” y el contrato social obligaba al Leviatán a resguardarla –a cambio de monopolizar el uso de la violencia legítima–, en Locke esa primera ley era “no dar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones” (Locke, 1980). Razón por la cual el gobernante debía limitarse a dirimir conflictos de interpretación sobre la ley natural, sin violar las propiedades individuales. Limitación a la soberanía de los monarcas que reclamaba un cuerpo de leyes que le recortaban el ejercicio de su poder: de ese modo culminó la primera fundamentación del Estado de Derecho, pero no de la democracia.[2] Confusión entre formas de Estado promovida por el encantamiento literario de los intelectuales liberales, que dejaron de definir a la democracia según la pregunta: ¿quién es el soberano? Y la entendieron como un régimen de gobierno racional legal que desde siempre favoreció el gobierno de las minorías dominantes, aunque los gobiernos, debido a la lógica del regateo, siempre fueron presentados por los liberales como el locus del Poder.[3] Idea que hasta hoy es acompañada por la insistente distinción entre política y economía: mientras que atribuyen a la última ser el reino de las inviolables leyes del mercado, ocultando el poder político que se juega en esas mismas leyes (Bourdieu, 2001; Saltalamacchia, 2015), lo que nos conduce a una perogrullada ignorada con frecuencia: que la dominación capitalista es asegurada por aquello que niega, la intervención jurídica[4] y política del Estado y el escamoteo ideológico de las relaciones de poder (Burawoy, 2003) que se hacen efectivas en los lobbies, el cohecho (Caputo, 2011; George, 2014a y 2015) y otras formas de influencia propias del poder simbólico (Bourdieu, 2005). Recursos a los que se suma la posibilidad de condicionar a los gobiernos,[5] produciendo caídas en las bolsas, desinversión y fuga de capitales, etcétera. Perogrullada que es preciso descubrir para disminuir sus efectos. Sobre todo hoy, cuando –no solamente para Estados Unidos– se aplica lo que denuncia Noam Chomsky (2005): “En el sistema angloamericano, los tribunales de justicia, los legisladores, otorgaron a las entidades corporativas derechos extraordinarios. Les otorgaron los derechos que tienen las personas; con esto quiero decir que tienen derecho a la libertad de expresión, pueden hacer propaganda libremente, publicitar, pueden llevar a cabo elecciones, y así sucesivamente, y tienen protección respecto a eventuales inspecciones a cargo de autoridades estatales, lo que implica que así como la policía, técnicamente, no puede entrar a su departamento y leer sus papeles, el público no puede averiguar qué es lo que pasa dentro de esas entidades totalitarias. Ellas son en gran parte inaccesibles al público. Por supuesto, no son personas reales, son inmortales, son entidades legales colectivas”. Con esas super-personas, gobernadas por gerentes cuya única misión es hacer que sus corporaciones ganen, sin que, en sus responsabilidades, pesen restricciones provenientes de cualquier consideración: ni sobre el interés general, ni sobre la necesidad de impedir que el odio o la desesperación conduzcan a guerras, ni sobre la necesidad de cuidar la vida sobre el planeta.

Presos de sus propias quimeras, incluso los liberales progresistas reproducen esos juegos de ilusión que les permiten “desconocer” que las mayorías electorales no implican la suma del poder –incluso por la capacidad de las citadas minorías de producir intelectuales y opinión pública desde sus periódicos, universidades, fundaciones y el uso de la Big Data para conocer perfiles de votantes e influenciarlos, utilizando sus miedos y esperanzas (Dening & Salas, 2018; Feenstra & Pallarés-Domínguez, 2017; García-Marzá, 2013; Pedraza, 2013). Porque, incluso cuando reconocen todas las presiones e influencias antes citadas, les atribuyen un carácter excepcional, denominándo­las “poderes fácticos”: noción intelectualmente residual –fáctico es lo que existe pese a la ley y la comprensión racional–, que no puede afectar sus principales supuestos liberales. Razón por la cual, inclusive los más progresistas y honestos, cuando ocupan posiciones de gobierno son incapaces de asegurar la vigencia efectiva de los derechos de segunda y tercera generación. Porque esos derechos son caros y se los debe financiar con impuestos que los empresarios son sabios en rechazar o evadir, y porque ellos están inermes ante la acusación de despotismo, pues están teóricamente obligados a aceptar que es “populista” o incorrecta cualquier acción represiva que obligue a pagar impuestos y a cumplir las obligaciones emergentes de aquellos derechos sociales que impliquen costos al erario público o privado (Holmes & Sunstein, 2001).

Por ello, es equivocado representar a la sociedad como una pirámide, en cuya cima está el Poder Ejecutivo y los otros dos poderes y, por debajo, la “sociedad civil”. Por el contrario, el Estado-Nación[6] debe ser representado como un complejo campo de fuerzas que se despliega en todas sus instituciones, incluso en las menos aparentemente políticas –como los clubes de barrio y los hospitales, por ejemplo. Institución diferenciable en organizaciones estatales gubernamentales y organizaciones estatales no gubernamentales, por el solo hecho de respetar la organización constitucional. Pero en las que, si se quiere una ciudadanía activa, la agencia política cotidiana no puede adjudicarse, principal ni exclusivamente, a las organizaciones gubernamentales. Esta propuesta no implica suponer que todos sabemos hacer las mismas cosas sino, justamente, pensar que la articulación, la superación de conflictos y la acción coordinada son las formas privilegiadas de la política, tanto en su aspecto de concepción de los objetivos, como en el de administración de procesos y resultados. En los que, como veremos, deben participar la pluralidad de las instituciones de la nación.

Esta reunión de instituciones siempre en proceso nos obliga a pensar que el soberano –instituyente o instituido– es un emergente de relaciones de fuerzas –complejas y estructuralmente enraizadas en una infinidad de instituciones– que definen el carácter y la intensidad de la democracia existente. Afirmación que conduce a postular que, cuando el dominio se fortalece en tal grado que los dominados pierden toda capacidad de influencia, estaremos obligados a pensar que el estado-nación puede cambiar de signo, despegándose de toda democratización, convirtiendo sus instituciones −como en las viejas monarquías soberanas− en plutocracias. Tendencia de los actuales gobiernos neoliberales, basados en una conjunción entre un Poder Ejecutivo colonizado por las corporaciones y apoyados por: a) su cuasi-monopolio mediático; b) por un Poder Judicial que convalida las políticas del Ejecutivo, utilizando su poder de policía para reprimir; y c) partidos políticos dependientes del financiamiento empresarial. Esta organización institucional es propia de un nuevo tipo de Estado, parcialmente diferente a los burocrático-autoritarios, teorizados por Guillermo O’Donnell (1982). El tipo podríamos denominarlo Empresarial-Judicial, pues el Ejecutivo está en manos de los empresarios y la represión es monopolizada por la burocracia judicial, interpretando leyes y utilizando su policía. Forma de dominio oligárquico ante la que la oposición ya no se organizará políticamente como sociedad civil, sino como “el pueblo”: formación política en la que se irán constituyendo las necesarias oposiciones al poder oligárquico, usurpador de la soberanía, cuyo monopolio ejercen (Balibar, 2014; Laclau, 2005; Mouffe, 2007).

Estas afirmaciones implican sostener que lo que diferencia los “tipos de Estado” es la forma en que se consolida la soberanía –tema que, sin duda, merece una investigación teórica mucho más acabada. Teorización obligada por la tradición monista del racionalismo occidental, y monismo que conduce a considerar que la soberanía es única, que en los estados nacionales la soberanía estatal no es el fruto de una serie de sesiones y acuerdos siempre contingentes, objeto de luchas, relativas a lo que debe ser el Estado nación (Arriola, 2012).[7] Estas luchas siempre parten de estructuras institucionales que fueron resultado de conflictos y procesos instituyentes del pasado que, en cada coyuntura, son conducidas por instituciones que logran unificar parte de lo social y que por ello gozan de una soberanía limitada, que tienden al conflicto con sus adversarios –que disputan los modos en que se institucionalizan los diversos valores y necesidades dentro de la unidad del Estado nación– y enemigos –aquellos opuestos a la integridad del Estado-nación. Estos conflictos no son catastróficos en tanto las partes acepten aquellos valores, lazos afectivos, sentidos de pertenencia y acuerdos constitucionales que hacen a la soberanía estatal nacional.

 

Del pluralismo a la organización social de los particulares

Según la teoría jurídico-política edificada por la tradición liberal, el poder se concentra en el gobierno –al que denominan Estado, siguiendo la tradición de lucha antimonárquica antes evocada. El resto de las instituciones aparecen como parte, teóricamente poco diferenciada, de la sociedad civil. Desde la perspectiva del régimen político, esa sociedad civil está constituida por un agregado de individuos que, de tiempo en tiempo, eligen a sus gobernantes.[8]

Además de ocultar las relaciones de dominación, presentando a la economía como el lugar de leyes naturales y reduciendo el juego político a los procesos de gobierno y de elección de los gobernantes, la forma de Estado antes reseñada –mediante la separación entre Estado y sociedad civil–[9] relega a todas las instituciones ajenas a aquella dinámica al campo de lo civil no político, estableciendo una división que efectiviza la desconexión de los gobernantes con los diferentes grupos que nuclean y satisfacen necesidades y demandas. Esta desconexión facilita las oscuras maniobras de los lobbies y otras modalidades de corrupción de funcionarios a los que suelen solamente acceder quienes tienen dinero y prestigio, a menos que esforzadas movilizaciones ciudadanas logren conmoverlos, haciendo peligrar sus posiciones.

Por otra parte, esa separación entre dirigentes y civiles incrementa la ineficacia e ineficiencia de las “políticas públicas”, dado que ellas se producen en el seno de burocracias que, incluso cuando son seriamente conformadas por expertos, nunca llegan a poseer el conocimiento que tienen de sus problemas aquellos que, por sufrirlos, los han conocido, pensado y buscado soluciones y satisfactores eventuales, del mismo modo que pueden conocer los problemas que pueden presentar esas soluciones.[10]

Ante el hecho difícilmente ocultable de que existen asociaciones intermedias que organizan la vida cotidiana en toda la riqueza de sus posibilidades y necesidades, muchas de esas instituciones son, de un modo u otro, reconocidas y reguladas mediante leyes ad hoc. Pero están ausentes de la conformación constitucional, salvo como resultado de la libertad de asociación.

Tal como puede leerse en la Constitución Argentina, la Primera parte se divide en dos capítulos. El primero de “Declaraciones, derechos y garantías” (artículos 1 al 35). Allí se establece la forma de gobierno, la religión sostenida por el gobierno, la residencia de las autoridades nacionales, la conformación del erario, las autonomías provinciales, las facultades del gobierno federal sobre las provincias, los derechos civiles y sociales, los derechos de los extranjeros, el estado de sitio, la reforma y la supremacía constitucional. Una extraña razón hace aparecer una organización no gubernamental (la religión) entre los subcapítulos, pero fuera de ella, entre el gobierno y los individuos –y sus derechos– no aparecen otras formas de asociación.

El segundo capítulo, denominado “Nuevos derechos y garantías” (artículos 36 al 43) tiene por objetivo la garantía del orden constitucional y democrático, el ejercicio de los derechos electorales y políticos activos, el derecho de iniciativa y consulta popular, el derecho a un ambiente sano, los derechos del consumidor y la regulación de la acción de amparo, habeas corpus y habeas data. Se refiere al régimen de gobierno y a nuevos derechos ciudadanos individuales. Luego, en la Segunda Parte, el objeto es el de las autoridades de la Nación, y se divide en dos títulos:  Gobierno Federal y Gobiernos de Provincia. En definitiva, siguiendo una tradición conocida, los actores de la constitución son, por un lado, los individuos y, por otro, las autoridades políticas –dos electivas y la otra no– y las formas de su selección. Sin embargo, una buena parte de nuestras vidas están regidas por una compleja, abigarrada y extensísima red de instituciones que nadie elige pero que están al tanto de casi todos sus aspectos, de una manera tal que ni siquiera llegamos a darnos cuenta en forma completa. De lo que resulta que esa parte solo está constitucionalmente organizada de forma indirecta y parcial. Pues en la Constitución ni siquiera hay referencias específicas al papel jugado por las organizaciones burocráticas en el ejercicio del gobierno.

Es cierto, hay un derecho administrativo. Pero eso parece insuficiente si comprobamos el inmenso vacío jurisdiccional con el que se enfrentan las relaciones existentes entre esas organizaciones burocráticas y las organizaciones no gubernamentales. Difícil encontrar otras razones de esa independencia de controles ciudadanos que no provengan de sus orígenes. En efecto, esas burocracias se originaron en las cortes de los monarcas soberanos y son la forma más auténtica por la que muchos entienden que hay continuidades entre el Estado monárquico y las denominadas repúblicas representativas (Dreyfus, 2012). Esas estructuras burocráticas hacen de los ciudadanos meras entidades administradas, en un proceso que no deja de crecer. Al punto que, ya a principios del siglo pasado, Max Weber (1979) auguró un porvenir custodiado por lo que denominó una jaula o estuche de hierro (Fidanza, 2004). Metáfora con la que se mostró coincidiendo con el horripilante fresco de la burocracia que hiciese Franz Kafka (2003).

¿Cómo es que a los celosos guardianes de nuestras libertades individuales se les pasó por alto la emergencia ladina de esas oficinas que parecen emerger de sucesivas y vertiginosas divisiones cariocinéticas? ¿Cómo no vieron que, entre los individuos libres y aislados –compitiendo y consumiendo o luchando por sobrevivir– se iban colando las pegajosas ramificaciones de una hidra casi infinita en sus tentáculos que nos envuelven? Extraen de cada uno de nosotros –en forma crecientemente perfeccionada– toda información capaz de gobernarnos, de un modo en que Foucault, aunque utilizando otras metáforas, describió −alarmando a algunos y desesperanzando a casi todos− respecto a un futuro que, sin embargo, seguimos reflejando con el mito del gorro frigio o la estatua de la libertad.

Despojadas de toda legitimidad democrática, su crecimiento se debió a la unidad de sus mandos y a la supuesta despolitización y profesionalización de sus cuadros, que la tradición ilustrada consideró como rasgos de su racionalidad. Gracias a esa valoración, el gobierno de los funcionarios cubre desde funciones fiscales, judiciales y militares hasta la salud pública, el ordenamiento territorial y todas las otras atribuciones que se le conocen. Instituciones que, por basar su legitimidad en ese tipo de saber que se entiende diferente al saber de sentido común, se relaciona con el sentido común de los usuarios desde el pedestal de lo secreto e indiscutible, lejos de toda subordinación al control electoral al que las autoridades políticas tienden a someterse. Por lo cual, al decir de Félix Montiel (1965: 1): “El Estado moderno parece señalar al hombre dos esferas de acción más o menos distintas y, en cierto modo, dos ‘personalidades’ jurídicas y políticas de categoría diferente. En un caso tendremos el ciudadano; en otro, el administrado”. Cada uno de ellos actúa en esferas tan diferenciadas que parecen no poder coincidir en el mismo agente. En efecto, por una parte, en el sistema político, el ciudadano elige a sus representantes y al menos puede controlar sus desempeños reeligiéndolos o, por el contrario, votando por otros. En el sistema burocrático, por el contrario, en tanto “administrado”, el sujeto mantiene múltiples relaciones cotidianas como deudor o beneficiario, pero sin poder de control sobre el modo en que se calculan sus deudas o se le suministran sus beneficios. Impotente ante el rostro severo de agentes no elegidos, supuestamente idóneos: sin formas efectivas de control hacia quienes son, al mismo tiempo, ejecutores e informantes de sus ejecuciones.

Encenagados en una institucionalidad política cuyo único medio de control radica en normas electorales y derechos individuales, los científicos y legisladores, presos en la alternativa poco soluble de dejar margen a la gobernabilidad y controlar a los gobernantes, apenas si logran proponer formas de control. Reducido a otras agencias: “que tienen autoridad legal y están fácticamente dispuestas y capacitadas (empowered) para emprender acciones que van desde el control rutinario hasta sanciones penales o incluso impeachment, en relación con actos u omisiones de otros agentes o instituciones del Estado que pueden, en principio o presuntamente, ser calificados como ilícitos” (O’Donnell, 2001: 11). Controles que tienen un límite claro. Pues son efectuados por otras agencias burocráticas. Haciendo posible no solo la influencia de “poderes fácticos” incluidos en las acciones dolosas importantes, sino incluso el contubernio de círculos de amistad.

 

Reconocimiento de organizaciones intermedias

En los albores racionalistas del capitalismo moderno, la ruptura con la organización estamental llevó a negarle legitimidad política a las organizaciones intermedias y solo fueron incorporadas en el pensamiento conservador tal como el que G.W.F. Hegel encarnó en forma paradigmática. Como se recordará, lo que Hegel denominaba vulgus es semejante a lo que Hobbes denominara “estado de naturaleza”, sobre el que –como Hegel– pensaba sólo suprimible mediante el Estado. Pero con una diferencia: alejado del contractualismo, Hegel no presenta al Estado como un punto de llegada, sino como un punto de partida, aunque lo hiciera en clave metafísica. De allí que la sociedad civil, más que una condición preexistente al Estado era un momento más de la vida, en tanto etapa de la razón y su despliegue. Las organizaciones intermedias eran momentos de organización que superan la sociedad de las necesidades y preparan la perfección racional alcanzada por el Estado, tal como lo sostiene en su Filosofía del Derecho. Esa inclusión ha permitido que el pensamiento más conservador haya tenido la virtud de registrar y llevar a la teoría las diversas formas de asociación gregarias que hoy es necesario tener nuevamente en cuenta, integradas a la teoría, pues permiten ir articulando formas de expresión ciudadana que fortalezcan la organización popular en contra del poder tanático de las corporaciones trasnacionales.

Sin ir a esos linderos, una excepción más moderna a ese desprecio de las organizaciones intermedias ocurrió hacia la mitad del siglo pasado, en Europa y Estados Unidos. En efecto, por esa época se produjeron las luchas sociales de finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, junto al miedo detonado por las grandes crisis económicas y el desafío revolucionario de Rusia y México (Bach, 1946). Esos acontecimientos marcaron una crisis del pensamiento liberal que contribuyó a incorporar a las asociaciones empresariales y gremiales al pacto gubernamental, como parte de las políticas keynesianas.[11] Pero, por el contrario, pocas son las otras organizaciones populares (sindicatos, juntas vecinales, clubes barriales, iglesias, etcétera) que lograron ese mismo reconocimiento. Y de todos modos, al menos desde los años setenta, incluso los sindicatos y asociaciones empresariales volvieron a relegar sus participaciones al uso efectivo de sus recursos: dinero, huelgas, manifestaciones, relaciones personales con miembros de las burocracias gubernamentales: convenios secretos que a cambio de políticas favorables serían ocupados en puestos empresariales bien rentados al terminar sus funciones –puerta giratoria–, financiamiento empresarial de los partidos políticos, etcétera.

Ciertamente, la estirpe conservadora de ese reconocimiento no fue ajena a que fuesen expresiones organicistas del corporativismo estatal las que heredaran más completamente el ideal hegeliano de un orden sin conflictos y la unificación expresada en un órgano superior, capaz de dirigir y controlar a toda la población mediante las relaciones orgánicas con las organizaciones intermedias. Una de esas expresiones organicistas fue la social-cristiana; la otra, el corporativismo estatal. El concepto “corporativismo” carga con las rémoras de esa tradición. Pero, en el otro extremo, el reconocimiento de las organizaciones “intermedias” se expresa en diversas versiones del corporativismo social y el pluralismo. Esos formatos proporcionan sugestiones interesantes para pensar un pacto social que no implique ignorar las contradicciones que el pacto supera y una constitución que supere la autonomización de origen liberal a la que me refiriese anteriormente. En tal articulación, organizaciones de diferente propósito, cada vez más diferenciadas y abundantes, son reconocidas como actores políticos coordinados con las organizaciones burocráticas correspondientes, cogestionando la satisfacción de las necesidades.

Por lo que, si se quiere, a las organizaciones intermedias podrá vérselas desde dos facetas: a) como organizaciones que conforman a la organización política del Estado-nación –entendido como unidad en permanente construcción–; y b) como organizaciones que gestionan aspectos de la vida cotidiana, en su rol actual, en permanente proceso de reconstitución, negociación y conflicto.[12] Instituciones que no conforman una ciudadanía primaria ni secundaria, como querría Philippe Schmitter (2005), sino parte de la compleja organización del Estado-nación que reconoce formas diferentes de conexión, articulación y negociación de finalidades y proyectos comunes, que deben ser defendidos por todos en cuanto tienden a conformar una unidad soberana frente a otros colectivos.

No es necesario nombrar a Michael Polanyi (1966)[13] ni recordar el uso del saber tácito de los empleados que utilizó Taylor para sus propuestas. Con ellos, y antes que ellos, muchos saben o sabemos que el día a día produce conocimientos que son indispensables para llevar a buen puerto obras de impacto comunitario. Sin embargo, los miembros de esas instituciones apenas si llegan a esas oficinas en las que, demasiado usualmente, los tratan manteniendo distancias gracias a las cuales sus miembros se resguardan: a) de las ansiedades producidas por la urgencia de los problemas; y b) del control sobre su trabajo que podrían ejercer emisarios avispados de las instituciones demandantes.[14] Temores infundados, pues la experiencia indica que, si esas relaciones están institucionalizadas, muy difícilmente se produzcan desbordes, sobre todo si todos nos acostumbramos a esa cotidiana negociación entre posibilidades y necesidades, nuestras y de otros.

Ese beneficio, que además hace efectiva la transparencia, es lo que obliga a un cambio institucional que haga de los diversos acuerdos un modo de gobierno de lo cotidiano en lo cotidiano. Pactos y contratos sociales rehechos según las necesidades de las circunstancias y de los actores involucrados, en unos campos institucionales en que los funcionarios electos puedan aportar a esas discusiones no solo su saber especializado, sino el punto de vista más general. Ya que ese interés general siempre puede ser puesto en riesgo ante las demandas de los diferentes particulares. Situaciones que obligan a producir arbitrajes. Pero que permitirán que todos los interesados conozcan el modo en que se llegaron a producir o proyectar las soluciones y el modo en que se concretó el arbitraje.

Estos controles en el institucionalismo liberal no pueden solucionar las tecnologías del famoso “gobierno abierto”, a menos que ellas se combinaran con esa conjunción de actores implicados en lo cotidiano y representantes del común, equilibrando costos y beneficios, dentro de los límites garantizados por cierto nivel de ingreso y productos nacionales que siempre serán escasos ante la multiplicidad de demandas. La complejidad de ese equilibrio requiere modular, de maneras diferentes, las responsabilidades y posibilidades con los derechos y deberes de los ciudadanos y de sus representantes electos. Lo que no implica la creación de nuevas instituciones, ya que muchas han nacido pese a las ficciones liberales, como los organismos de planeación coordinada entre técnicos e involucrados (Helming & Göbel, 1998).

En cambio, hará falta una nueva cultura de lo posible y una nueva forma de articulación entre esas mismas instituciones con las organizaciones burocráticas o electivas de los gobiernos. Lo que, posiblemente, produzca la necesidad de institucionalizar, legal y constitucionalmente, ese doble proceso de construcción de lo social: el del trabajo sobre diversos temas de interés de colectivos de menor extensión y los organismos electivos, representantes del interés general. De modo tal que la política, como forma de articulación y superación de conflictos, sea un aspecto siempre presente en el accionar de todas las instituciones (clubes de barrio incluidos). Esa politización legítima permitirá que la articulación o el contrato social se renueven en cada rincón y momento de la vida social.

Nuevo modo de reconocer a las asociaciones particulares que en la Argentina pululan gracias a su rica tradición organizativa y que –junto otras instituciones que pueden ser más nuevas– conforman el entramado que todos habitamos. Moradas de los cotidianos, instituidos por organizadores y dirigentes que, por sensibilidad, experiencia y estudio conocen las problemáticas que han dado origen a esas instituciones y que pueden colaborar con los funcionarios del ramo, en el día a día de los proyectos, en la tarea de encontrar soluciones; al mismo tiempo que, desde sus posiciones y prestigios en sus áreas correspondientes, pueden colaborar en la proyección y articulación de iniciativas, en las negociaciones tendientes a unificar posiciones e incluso ayudar a resolver los conflictos que pudiesen producirse en el proceso.[15] Formaciones tan diversas, reitero, como las integradas por agricultores de una cierta región, estudiantes universitarios de otra, dueños de campos con problemas de inundaciones o sequías, pobladores que protestan por las secuelas de las fumigaciones, obreros o empleados que negocian paritarias, y un largo y conocido etcétera. Institucionalizaciones que se deben articular –conviene también reiterarlo, pues esto las diferencia de los corporativismos-organicistas– con los ámbitos electivos del Parlamento, del Poder Ejecutivo y, eventualmente, del Poder Judicial reformado. Esta articulación permite resolver problemas particulares y generales, dando lugar a un Estado nación soberano e internamente fortalecido, capaz de enfrentar con fuerza propia las necesidades y urgencias producidas en la arena internacional.

Comentando formatos institucionales semejantes a los que acabo de referir, Fernández Riquelme (2009: 39) decía: “Esta técnica corporativa superaba o completaba el principio cuantitativo del Individuo (sufragio universal) como criterio de participación; era el reflejo del principio de estabilidad que conllevaban los grupos sociales de naturaleza específicamente profesional, o de más amplia vinculación orgánica (‘cuerpos intermedios y naturales’ entre ‘Estado e Individuo’)”. Mientras que, refiriéndose al mismo tema, J. Reis (1995: 52) agregaba: “Nesse contexto, instituições corporativas de intermediação de interesses podem vir a cumprir a dupla função de incorporar ao processo decisório setores sociais anteriormente excluídos, ao mesmo tempo que canalizam institucionalmente essa incorporação. Naturalmente, isto significará o estabelecimento de controles e limites à atuação das organizações, como ressalta Offe, mas na medida em que se trata de buscar precisamente a edificação de mecanismos de articulação de interesses entre o estado e a sociedade, é inevitável que essa articulação –ao envolver compromissos e concessões de parte a parte– produza, simultaneamente à maior sensibilidade do estado em face dos grupos de interesses, algum constrangimento à liberdade de ação destes últimos”.

 

Las necesarias relaciones público-privado

Tal como indica Joselyne Bourgon (2009: 38): “En el gobierno, ninguna unidad, dependencia o departamento organizacional trabaja solo; ninguna actividad, servicio o programa es autosuficiente. (…) La consecución de resultados de elevado valor público en el gobierno es a menudo un esfuerzo colectivo que trasciende los límites de programas o dependencias. Más aún, los gobiernos logran resultados al trabajar a través de vastas redes de actores y organizaciones, que incluyen ciudadanos y grupos de la sociedad civil, que tienen interés en lograr efectos de política comunes”. A lo que agrega: “Los resultados de dependencias y programas específicos son importantes porque vinculan los insumos, como el dinero de los contribuyentes, a los productos y satisfacción del usuario. Sin embargo, los resultados que son más pertinentes para los ciudadanos y los funcionarios electos por lo general rebasan el campo de acción de programas únicos, servicios distintos y organizaciones individuales. La verdadera medida del éxito de un programa de gobierno es la aportación que hace a los resultados de todo el sistema y de la sociedad”. De ese modo, mientras que en el párrafo anterior indica la necesaria colaboración con otras instituciones ciudadanas, en éste agrega la necesidad de coordinaciones que optimicen el uso del financiamiento público. Afirmación que la misma Bourgon completa del modo siguiente: “Un enfoque social y de todo el sistema es más prometedor que el énfasis que se puso en la medición y gestión del micro desempeño desde principios de los años noventa. (…) El hecho de que los resultados de la política pública y cívicos converjan en forma muy significativa a nivel de resultados sociales tiene particular importancia. Estos son resultados colectivos obtenidos por todos los agentes, ya sean de la esfera pública o privada o de la sociedad civil. Reflejan el estado de la sociedad a los ciudadanos y agentes de decisión, ayudándoles a conformar los intereses colectivos que, a su vez, informan de las acciones del gobierno y de los ciudadanos por igual. Cada vez más, las personas quieren tener voz y voto en la conformación y definición de los intereses colectivos; no se sienten satisfechos con poder ir a las urnas a votar cada cuatro o cinco años” (Bourgon, 2009: 40).

Relación que por no estar estatuida no siempre es transparente ni es fácil de implementar, incluso porque, además de faltar entornos legales que lo faciliten, faltan costumbres que acerquen las organizaciones privadas a las públicas, usualmente protegidas por el secreto burocrático y otros rituales con que las burocracias frenan los “avances” de los privados sobre sus entornos. Del mismo modo y por las mismas razones, esta estructura ficcional que separa Estado de sociedad civil produce otras consecuencias que afectan las iniciativas progresistas que se expresan en las propuestas de Gobierno Abierto. “Es importante hacer notar que la vasta selección de iniciativas que apoyan un ‘gobierno más abierto e incluyente’ ha generado algunas inquietudes y confusión. Éstas incluyen la preocupación de que la consulta y participación ciudadana puede resultar costosa, demorar las decisiones e impedir la acción oportuna; la participación se convierte en un dogma de tal manera que una mayor participación ciudadana siempre se considera mejor y es la manera óptima de hacer las cosas en el gobierno; y que grupos con un solo interés pueden apropiarse de los procesos de consulta. Además, existe confusión entre los servidores públicos sobre lo que políticos y ciudadanos esperan de ellos” (Bourgon, 2009: 43).

Reformar nuestras constituciones y mentalidades, abandonando la distinción liberal entre Estado y sociedad civil, puede crear costumbres que hagan menos esforzados los proyectos de transparencia, eficacia, eficiencia y participación ciudadana permanente en las áreas en las que se sienten interesadas. Del mismo modo que utilizan el sistema electoral representativo para nominar a aquellos que se ocuparán de armonizar los intereses particulares, impulsar la construcción de los generales y representarlos frente a otras unidades –sean Estados nación, empresas trasnacionales u organizaciones internacionales.

 

Cuestiones de soberanía

Antes fundamenté que el Estado-Nación debe ser representado como un complejo campo de fuerzas que se despliega en todas sus instituciones, incluso en las menos aparentemente políticas –como los clubes de barrio y los hospitales, como mencioné. Institución magna diferenciable en organizaciones estatales gubernamentales y organizaciones estatales no gubernamentales, por el solo hecho de respetar la organización constitucional. Pero en las que, si se quiere una ciudadanía activa, la agencia política cotidiana no puede adjudicarse, principal ni exclusivamente, a las organizaciones gubernamentales. Esta propuesta no implica suponer que todos sabemos hacer las mismas cosas sino, justamente, pensar que la articulación, la superación de conflictos y la acción coordinada son las formas privilegiadas de la política, tanto en su aspecto de concepción de los objetivos, como en su aspecto de administración de los procesos y resultados. Para lograrlos, como vimos, debe participar la pluralidad de las instituciones de la nación. Reunión de instituciones siempre en proceso que nos obliga a pensar que el soberano es un emergente de relaciones de fuerzas –complejas y estructuralmente enraizadas en una infinidad de instituciones– que definen el carácter e intensidad de la democracia existente. La comprensión del tema de la soberanía es posible si, nuevamente, dejamos de lado el monismo racionalista que condujo a divinizar el ideal de soberanía indivisible propuesto por Jean Bodin y aceptado por tantos otros. Admitiendo la diversidad de orígenes y el hecho de que esas diferencias se articulan de modos también diversos, la cuestión de la soberanía es también un constructo. Pues, como diría Octavio Bueno Magano (1983: 56): “O pluralismo significa a livre atuação dos indivíduos e dos grupos componentes da sociedade civil, na persecução dos interesses que lhes são próprias. Numa síntese mais apertada, poderíamos dizer que o pluralismo corresponde à existência, no seio da sociedade civil, de centros autônomos de produção jurídica, entendendo-se que as normas deles oriundas possuem a mesma natureza das emanadas pelo Estado, com a diferença de que as do último são dotadas de mais intensa positividade. O aspecto de maior relevância do pluralismo é pois a negação da exclusividade normativa do Estado”. Siendo así, para construir la unidad del Estado-nación a partir de la diversidad de negociaciones y pactos particulares es preciso que cada una de las asociaciones delegue parte de su propia soberanía particular –expresada en su capacidad de auto-regularse dentro de los límites que las leyes generales de la nación prescriben o, a veces, yendo más allá de ellas o llenando sus vacíos.

Únicamente acordando en lo que cada parte delega pueden concretarse los pactos. Pero, al mismo tiempo, esos pactos son posibles dentro de un orden institucional que reconozca a las fracciones y las incorpore a la negociación o acepte el campo de negociaciones que los contratantes, eventualmente, produjeron por sí mismos. Procesos que tenderán hacia la conformación de redes de articulación y colaboración –no ajenas a alguna forma de agonismo[16] producido por diversas visiones y posiciones– con las agencias burocráticas especializadas en aquellos aspectos con los que las específicas misiones institucionales que les dan su razón de ser.[17] Mientras que −vale la pena decirlo desde ahora− la permanencia y la regulación de las formas y alcances de esas relaciones con los organismos gubernamentales hacen posible el ideal de accountability que muchos liberales progresistas buscaron sin encontrar, para su realización, más que expresiones de buenos deseos, fincados en la vigencia de una “cultura democrática”. La principal razón es que, si bien es cierto que ningún ciudadano es capaz de conocer todas las cuestiones relativas a la existencia del Estado nación y sus vinculaciones múltiples con los fenómenos ambientales y las instituciones trasnacionales o internacionales –para lo que se debe construir unos ámbitos de creación y pensamiento colectivos–, también es cierto que, al menos en forma parcial –pero que puede ser completada con el de otros ciudadanos con los que forman asociación–, conocen las necesidades que postulan como propias y su fundamentación, constituyéndose en actores e investigadores de esa problemática y sus formas posibles de solución. Incluso formando parte de negociaciones con otras instituciones que representan colectivos que se sienten afectados por las posibles soluciones propuestas por la institución en cuestión. Red de instituciones que, junto a ellas, deben reconocer y compaginar sus actuaciones con la vigencia e importancia del sistema político electoral en el que se representan a todos los ciudadanos y que permiten un sistema en el que se discuta y decida sobre las necesidades generales, que podrían ser afectadas por el triunfo de intereses particularistas, como sería el de que ciertas regiones o sectores sociales de un Estado se opongan a la redistribución del ingreso que imponen políticas de protección y vigencia de derechos de sectores con menores recursos de poder, o que diriman conflictos irresolubles entre particulares en pro de la unidad del Estado nación. Si bien ello ocurre en otro nivel y tipo de organización, la historia del movimiento peronista, tanto en sus momentos de gobierno como de oposición, muestran una fragua en la que la asociación entre ramas, unidades básicas y varios tipos de otras asociaciones junto al –o a los partidos políticos del– movimiento, muestran ensayos interesantes para continuar con dicha tradición de formas de articulación múltiples, muchas veces agonísticamente relacionadas, pero que usualmente son capaces de reconstituir la unidad en función del gobierno nacional y popular que los peronistas tenemos como objetivo fundante.

Ante ese panorama, no creo que exista una propuesta institucional perfecta, que resuelva todos los problemas que el ordenamiento propuesto contempla. Es ilusión inútil de los teóricos invadir lo que es materia de quienes aprendieron a generar consensos y voluntades colectivas. Para ello hay que trascender la tendencia que ve en todas las instituciones el fruto de un acuerdo racional en el que las pasiones, las identificaciones o las convicciones cargadas afectivamente están ausentes, reduciendo los acuerdos a los frutos de un ideal cenáculo de intelectuales, conversando, a la manera de Rorty.

¡Vamos a volver y ser mejores! No es una consigna que conmueva nuestra racionalidad en forma inmediata. Por el contrario, es una consigna que, como otros muchos símbolos, como lo son la bandera y el himno argentinos o como, para nosotros, lo son Perón, Evita, Néstor y Cristina. Ellos no son entidades en toda la extensión de sus seres, sino también símbolos, a los que posiblemente atribuyamos significados parcialmente distintos, pero que nos conectan afectivamente con los colectivos a los que pertenecemos. Ellos son formas y expresión de nuestra gregariedad, como para otros los pueden incluir, además de los nacionales, otros símbolos, como la señal de la cruz, el Kipá o los colores de su club de preferencia. Normalmente, el ejercicio racional comienza a partir de esas emociones básicas, que solo para algunos son objeto de estudio racional, desapegado emocionalmente. De ese modo, lo que denominan razón se opone insosteniblemente a las emociones y pasiones, tal como criticara Damasio (1995) desde la neurobiología.

Nada de lo dicho debería sorprendernos y no parece sorprender a los ciudadanos de otros países. Esa fuerza de los símbolos en la articulación nacional es la que muestran películas o fotografías en que los estadounidenses o los franceses despliegan los colores de sus símbolos patrios hasta el hartazgo, mientras que nuestros liberales han hecho gala de su cosmopolitismo, menospreciando el uso de nuestros símbolos a los que aprecian, despreciativamente, como muestra de un irracionalismo nacionalista. Esto es fundamental, pues sin ese espíritu patriótico, serán imposibles los pactos o contratos sociales indispensables para ir superando el eterno empate hegemónico. Porque lograrlos supondrá para todos los integrantes del pacto arduas negociaciones que implicarán resignación de autonomía, reconocimiento de relaciones de fuerzas y la aceptación de las posibles postergaciones de algunas reivindicaciones, válidas pero imposibles coyunturalmente. Y ello implica amor a la patria y a nuestros símbolos de unidad.

Refiriéndose a la posible salida de ese tipo de puja en lo que hace particularmente a las reivindicaciones salariales, Reis (1995: 23) dice: “a fragilidade político-institucional parece ser, praticamente, condição necessária à emergência de um processo inflacionário crônico e relativamente acelerado –digamos, uma inflação de taxas mensais persistentemente acima dos 10% ao mês. Nesses casos, a estabilização monetária torna-se uma tarefa particularmente difícil, pois trata-se de convencer os agentes a abrir mão de ganhos imediatos em favor de ganhos (talvez até maiores) no futuro –só que, por definição, se há instabilidade política ou fragilidade institucional não há horizonte seguro no médio e longo prazos, e todos os agentes optam por estratégias que privilegiem ao máximo os ganhos imediatos. Por isso é necessário tratar com extremo cuidado as expectativas dos agentes econômicos cruciais, que em contextos como esses se comportam de maneira excepcionalmente ‘nervosa’”.

No se trata solamente de un cierto tipo de reconocimiento de la diversidad de orígenes y misiones de las instituciones, ni exclusivamente de su reconocimiento. Para que el pacto sea posible debe haber un compromiso racional producido en un entorno en que cierta unidad de valores y de referencias simbólicas hagan posible un acuerdo en el que todos flexibilicen sus posiciones en vistas al logro de la estabilidad y el progreso nacional.

Cuando la cuestión en discusión refiere a las luchas por mejorar la posición relativa de los ingresos o condiciones de trabajo de cada sector, se trata de que las partes compartan valores y símbolos comunes, indispensables para la construcción de un tipo de institucionalidad y de acuerdos entre las partes que beneficien al colectivo en el concierto de las otras naciones con las que se debe enfrentar y negociar, o confluir y aliarse. Sin ese acuerdo de afectos, valores y símbolos –incluso cuando cada sector atribuya contenidos diferentes a cada símbolo– no hay pacto posible. Pero tampoco lo hay si no existe el ámbito institucional en que las partes sean reconocidas.

Del mismo modo, todas las otras posibilidades y necesidades de acuerdos entre partes deben reconocer la misma dinámica general. Ese podría ser, para citar solamente algunos de los tantos ejemplos, el campo de negociaciones que puede abrirse, en forma permanente, entre las instituciones que agrupan científicos y técnicos de una o de diversas esferas de conocimiento, y empresas o asociaciones empresariales que contribuyan a financiar investigaciones que contribuyan al progreso económico particular y nacional. O grupos de profesionales y trabajadores dedicados a la salud pública debatiendo –en ámbitos dedicados al tema–, conciliando visiones y concertando intereses mediante acuerdos sobre las formas en las que conducir la atención sanitaria en ciertas localidades y en la nación. O grupos en los que empresarios y ambientalistas discutan sobre formas de inversión que, sin destruir sus ganancias, sean menos dañinas para el medio ambiente. Ejemplos que pueden ser multiplicados en forma exponencial y que permitirían que los ciudadanos participen en forma permanente –desde sus respectivas, posiciones, saberes y posibilidades– en y sobre aspectos que hacen al futuro de un Estado-nación, y unas relaciones inter y trasnacionales en las que todos nos sintamos comprometidos afectivamente.

 

Conclusiones provisorias

En su último libro, Democracia, agencia y Estado, Guillermo O‘Donnell (2010: 50) indica que, en la democratización, el factor determinante es el o la ciudadano o ciudadana:[18] “dotado de razón práctica y discernimiento moral, que hace uso de su capacidad intelectual y motivacional para tomar decisiones que son en principio razonables en función de su situación y metas, de las cuales, salvo prueba concluyente en contrario, se considera que es el/la mejor juez/a”. Coincido sobre la importancia del ciudadano y su agencia e incluso en que dicho agente es el mejor juez respecto a las razones que lo conducen a pensar y actuar de cierto modo dentro de los límites de las leyes que regulan socialmente sus relaciones con los entornos institucionales en los que actúa. En cambio, no coincido con la perspectiva interaccionista en la que se apoya, con la concepción subyacente respecto a la unicidad y homogeneidad de dicho agente y de sus relaciones con sus entornos, tampoco con la implícita creencia en el predominio de elecciones racionales y de acuerdos fundados principalmente en argumentos; como tampoco con la idea de que el reconocimiento de la igualdad ante la ley baste para suponer una real semejanza de capacidades y posibilidades relativas de agencia en todos los ciudadanos por igual. De hecho, una parte importante de las estructuras de roles personales y sociales participan de la constitución del campo político y deberían ser contempladas en los procesos de organización social. Ya que, aunque las instituciones del régimen político no las contemplen, luego se hacen presentes bajo la forma de grupos de presión u otras formas de actuación que conforman la vida del municipio, la provincia o el país. Lo que me impulsará a encarar, en otro artículo, el tema de la agencia desde una perspectiva más compleja desde la que aquí puedo asumir. Pero que en definitiva se asocia a lo antes dicho. Pues también el rechazo del individualismo liberal es lo que me condujo a proponer modos de construcción social que incluyan formas de organización y de agencia social cuya entidad política no es reconocida en nuestra legislación, aunque hubo épocas en las que el movimiento peronista contribuyó a hacerlas posibles, prácticamente. Incluso las incorporó teóricamente en la idea de Comunidad Organizada presentada por Juan Domingo Perón en el Primer Congreso Nacional de Filosofía de 1949 (Perón, 2006). Idea poderosa pero que, por influencias de época, mantenía el ideal de armonización de las partes, sin tener presente la dupla conflicto-articulación, que es una invariante en la historia de la humanidad. Por eso es que el corporativismo social o el pluralismo son vías para pensar nuevas formas de organización que superen a este neoliberalismo que, del anterior, solo conserva una idea: el reino de esta tierra es de los grandes propietarios y accionistas.

 

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[1] Un excelente trabajo sobre el “gobierno oculto”, utilizando el método del estudio de redes complex, puede encontrarse en Villena-Oliver & Aldeguer-Cerdá (2017). Demasiado complejo para comentarlo aquí, en el estudio se verá lo multiforme y abigarrado de las redes que organizan el poder en el aparentemente unificado Poder Ejecutivo.

[2] Punto en el que se confunden muchos liberales, que tienden a confundir “Estado de Derecho” –o constitucionalismo– con democracia.

[3] Pues desde Benjamin Constant (1985) se entendió que la soberanía popular, comprendida como ejercicio del poder por las mayorías electorales –que no podía menos que ser la de los desposeídos– podía aplastar el poder de las minorías, conduciendo, según él, al despotismo de las mayorías.

[4] Misión asignada al Poder Judicial que, desde El Federalista, y en particular desde Madison (Hamilton, Madison, & Jay, 2014), cobró la explícita misión de resguardar el derecho de los propietarios.

[5] Todo ello facilitado por la capacidad de esas corporaciones trasnacionales para actuar desde dentro del Estado-nación y desde fuera de él, incluso con el apoyo de los países militarmente más poderosos (George, 2014b). Razón por la que, a contrario sensu, las corporaciones deberían estar sujetas al derecho público: al menos en aquellas acciones que afecten los derechos fundamentales de la población (Ferrajoli, 1995).

[6] Con mayúscula, por ser efecto de la soberanía del demos.

[7] Para comprender las aporías afrontadas por Bodin al fundamentar la unicidad de la soberanía, incorporando al mismo tiempo en su República el poder económico y legal de los cuerpos intermedios, ver Bernardo Ares (1984), quien termina diciendo: “Para comprender la República hay que prestar atención al poder soberano, desde luego, pero sin olvidar los fundamentales poderes legal y ejecutivo de los cuerpos políticos intermedios, tanto más importantes cuanto que son los que están más cerca de los gobernados”. Ver también Fernández-Albertos (2005).

[8] Gobernantes a quienes denominan representantes siguiendo esa misma tradición, con sesgos roussonianos o burkeanos.

[9] Critiqué esta división más detalladamente en dos artículos anteriores (Saltalamacchia, 2017 y 2005).

[10] Tal como ocurre con el maltrato a las “economías del interior del país”, con las cuestiones de género –que no enumero porque son conocidas, como es conocida la profunda discusión que ellas alientan–, con las condiciones de empleo o los regímenes remunerativos, y un largo etcétera.

[11] Ese reconocimiento subordinado también se produjo en países como Alemania e Italia, tipo de régimen en el que las organizaciones corporativas comprendidas dentro de una ideología organicista terminaron controladas por un gobierno central que reprimía todo conflicto sectorial.

[12] Trances que, en palabras de Chantal Mouffe (1996), serían agónicos y no necesariamente antagónicos.

[13] Intelectual rescatado del olvido por Ikujirō Nonaka y Takeuchi (2007; 1999).

[14] Pocos son los planes sociales participativos financiados por el BID, GTZ o el Banco Mundial que hicieron algo más que un simulacro de operaciones, aunque engordaron burocracias y consultorías, entre las cuales en algún momento me encontré como evaluador, y así aprendí.

[15] Construcción social mal denominada de representación social, siguiendo lo que enunció la tradición contractualista de estirpe roussoniana.

[16] Conflicto entre partes no antagónicas y, por ende, de difícil capacidad de un acuerdo negociado sin que exista un previo conflicto en el que una de ellas termine derrotada o muy debilitada.

[17] Las formas específicas de financiamiento de esas organizaciones no podrán ser objeto de este primer razonamiento, aunque son indispensables en la construcción general de la propuesta, pues no todas las instituciones de este tipo logran construirse solamente con el aporte de sus miembros, aunque ello fuese deseable desde la perspectiva de sus respectivas autarquías.

[18] En adelante, agréguese “o/a” cuando corresponda, lo evito pues hace cortada la lectura.

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