Comunicación y redes sociales en tiempos electorales: Argentina en 2019

Verónica Sforzin

0

El impactante grado de monopolización de la comunicación conlleva a una crisis, no solo del sistema político institucional, sino de la vieja forma de gobierno llamada “democracia”. Dice Noam Chomsky: “El papel de los medios de comunicación en la política contemporánea obliga a preguntarnos por el tipo de mundo y de sociedad en la que queremos vivir, y qué modelo de democracia queremos para esta sociedad” (“El control de los medios de comunicación”.  Socios, 7-3-2007). Argentina no escapa a esta situación mundial. De cara a las próximas elecciones es imprescindible hacer un diagnóstico de cuáles son las debilidades estructurales en las cuales nos encontramos desde el proyecto Nacional y Popular.

Podemos diferenciar dos terrenos de disputa en la comunicación que mantienen lógicas y modelos de negocios diferentes. Por un lado, el de la comunicación “tradicional”: televisión, radio y medios gráficos, que se expanden hacia el uso de la comunicación digital. Por otro lado, el terreno de Internet y las plataformas digitales. En cada uno es imprescindible diferenciar: a) los actores que intervienen y sus escalas (local, provincial, nacional, regional); b) el carácter de los mismos (públicos, privados, de gestión social, etcétera); y c) la posición frente al medio, el grado y posibilidad de apropiación de las herramientas comunicacionales, aspecto no menor de cara a las nuevas propuestas de participación social propia de las plataformas de Internet.[1]

 

De los medios tradicionales…

En el terreno de los medios “tradicionales” en Argentina se puede observar una continuidad de la oligopolización de la comunicación, sumándole en los últimos años la entrada de medios transnacionales, un achicamiento de la estructura de la comunicación pública estatal y un hostigamiento y una persecución a los pequeños medios populares.

Sin querer hacer en este artículo un diagnóstico pormenorizado, podemos decir que en el ámbito de la televisión el líder indiscutido continúa siendo Clarín, cuyo holding en la TV Argentina –entre todos sus medios– ostenta el puesto número uno en audiencia, con el 22,6% del share (Canal Trece y TN). Mientras que el canal primero en audiencia es Telefé, propiedad de Viacom: concentra el 15,1% de la torta de audiencia de la Argentina. El tercer puesto en el podio de las audiencias es el grupo estadounidense Time Warner (Turner-HBO), traccionado por canales de mucha llegada en la televisión de pago, como TNT Series, Cartoon Network y CNN Internacional. Cuarto en audiencias se encuentra el Grupo América (América TV y A24, entre los más relevantes), propiedad de tres empresarios argentinos: Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt. Y en quinto lugar se encuentra C5N, del Grupo Indalo.[2]

Por otro lado, podemos observar el desguace de las herramientas públicas de la comunicación pertenecientes al Estado Argentino, es decir a todas y todos nosotros. Lejos de ser un problema presupuestario, es un objetivo del gobierno neoliberal de Macri. El vaciamiento de la televisión pública o el achicamiento de Télam responden a una parte específica de la guerra psicológica en la cual estamos inmersos. Tampoco se trata simplemente de la editorialización de la información que fluye por estas vías, sino de aportar al descrédito de todo lo que es público y estatal, de coartar la visión federal, de incapacitar la producción propia de contenidos y el relato de la historia desde nuestros propios intereses.[3]

Por último, la persecución y el desfinanciamiento de los pequeños medios de comunicación populares: con la quita de la pauta oficial, de los subsidios y los aumentos desmedidos de las tarifas como la de la electricidad –vital para las radios populares–, entre otras medidas, se contribuyó al achicamiento de este sector.

Estos tres factores llevan a una profundización de la concentración de la comunicación en pocas manos, en grupos locales con fuertes vínculos con corporaciones extranjeras. Y, por supuesto, a la profundización de la tendencia histórica de privatización del ámbito comunicacional.

 

…a las plataformas, las redes y la guerra de trolls

En el terreno de lo digital y de las redes sociales en Argentina, la red social más extendida es Facebook, con su multiplicidad de propuestas como Instagram, y Messenger y WhatsApp en mensajería. Esta corporación proviene de Estados Unidos. Es parte de sus estructuras de I+D, muy ligada a los complejos de inteligencia de este país. Ayudó, otorgando a Cambridge Analítica las bases de datos de miles de estadounidenses, a la victoria de Trump. También estuvo implicada en el referéndum respecto del Brexit en Inglaterra, entre las situaciones más conocidas.

En función de sus acuerdos políticos, en la concepción profunda del duranbarbismo y del marcospeñismo el debate central se debe dar –e intentan que se produzca– en el ámbito de la comunicación 2.0.[4] La utilización del macrismo de herramientas de redes sociales virtuales no solo es por una concepción técnica de la comunicación, sino por ser parte de entramados de poder que intentan trasladar la disputa social de la calle hacia lo digital. En este sentido, no es un problema “técnico” sobre cuáles son las herramientas comunicacionales se usan, sino que se trata de un problema político estratégico de fondo.

En 2016, en Davos, Macri realizó un acuerdo con Facebook para utilizar una aplicación “para mejorar la gestión y la comunicación interna” del Estado, llamada Facebook at Work.[5] Este fue uno de los acuerdos de Macri con estos sectores de la comunicación, que, como dije anteriormente, son grandes corporaciones ligadas al aparato tecnológico militar de Estados Unidos que intentan instalar un modelo de negocios donde la extracción de datos y la manipulación son parte estructural. Estos acuerdos estratégicos son los que le permiten al gobierno la utilización “técnica” de estas redes en toda su extensión y profundidad. Como plantea Alfredo Moreno: “No existe la neutralidad de las plataformas digitales. El modelo extractivo solo se asocia mediante intereses políticos económicos y financieros. La convergencia del gobierno de Cambiemos y las empresas de Telecomunicaciones (Clarín en particular) con las GAFAM pone de relieve quiénes dominan los clicks en los portales de información y la distribución de contenidos en redes sociales en sintonía comunicacional y de entretenimiento”.[6] Es en ese sentido que en el bunker de trolls del PRO, en Balcarce 412, se capacita a más de 5.000 voluntarios sobre nuevas herramientas tecnológicas y la aplicación de WhatsApp para llegar a los electores, bajo asesoramiento directo de estas corporaciones.

Esto plantea el debate de fondo: para los intereses geopolíticos de Estados Unidos y para las grandes trasnacionales, los gobiernos que fortalecen la soberanía nacional, las diferentes expresiones organizativas de calle, las organizaciones políticas como los sindicatos y las demás organizaciones libres del pueblo que sostienen intereses de los sectores del trabajo, son un obstáculo a demonizar y romper. La corrupción de estas organizaciones es parte de los instrumentos para que respondan a sus intereses económicos. Pero en el largo plazo intentan instalar nuevas mediaciones que –por ahora– ellos controlan y son dominantes, como los grandes medios de comunicación y las redes sociales virtuales.

Es un problema estructural y estratégico, ya que pensar desde el campo nacional y popular que el problema solo radica en incorporar una nueva tecnología es igual a querer ser dominante en el campo del enemigo. Por eso esta disputa y utilización tiene que ir acompañada de la construcción de márgenes de acción propia que permitan el desarrollo de herramientas de soberanía tecnológica y comunicacional nacional y regional. Es a partir de esta construcción de soberanía que las organizaciones libres del pueblo, así como los medios comunitarios, pueden ir ganando grados de apropiación de la tecnología –no solo su utilización–, para lo cual tiene que trabajarse desde tres aspectos: a) la regulación estatal; b) el desarrollo tecnológico, tanto de soportes físicos como de programas propios; y c) un fuerte debate social para que se problematice el uso de programas y tecnología extranjera.

 

Se trata de soberanía

La pérdida de soberanía comunicacional y tecnológica es una debilidad geopolítica ya de por sí, pero es mucho más grave en estos momentos históricos en donde, gracias a las nuevas tecnologías, la disputa entre los principales proyectos de poder se amplía como nunca antes desde lo económico, político y militar hacia lo psicológico y subjetivo.

No tener soberanía comunicacional significa no poder dirigir y conducir el flujo de información y de ideas dominantes sobre un territorio, y en la actualidad implica perder la dirección acerca de la construcción de subjetividad social. Internet, herramienta tecnológica que permite comunicarnos e informarnos y construir nuevos parámetros de expresión, también se convierte en una caja de resonancia de ideas fuerza. En nuestra región –una de las pocas en el mundo que no reguló en las últimas décadas estas tecnologías– podemos observar una hegemonía de plataformas extranjeras, con sus lógicas de negocios.

 

Desarrollo de tecnologías propias

En términos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Argentina hizo enormes esfuerzos por avanzar en la independencia en este sector hasta el 2015, lanzando el plan tecnológico 2020, con la puesta en órbita de los satélites Arsat I y II –lo cual implicó la reactivación de la industria estratégica de los satélites, reactores y radares, la formación intensiva de nuevos profesionales, etcétera–, la realización de un centro de procesamientos de datos propio, o el avance en el cableado de fibra óptica, entre los más importantes.

La planificación y el desarrollo de tecnología propia permiten delimitar qué desarrollar y con qué prioridad, así como para qué y para quiénes, y en función de qué valores y qué proyecto de país. La dependencia tecnológica se basa en creer que la “última tecnología”, que siempre es la que poseen los países centrales o las empresas extranjeras, es la que hay que importar y la que necesitamos.

 

Desarrollo de contenidos

En paralelo al desarrollo tecnológico es fundamental el incentivo a la producción de contenidos audiovisuales propios, con una mirada heterogénea, democrática, federal, inclusiva, diversa, de género, etcétera. El incentivo a través de la creación de polos de producción de contenido, así como los incentivos económicos y las capacitaciones a los pequeños medios son fundamentales a la hora de construir las múltiples voces que expresan el proyecto nacional y popular.

Para tener una mirada propia que nos permita concebir una estrategia necesitamos desarrollar múltiples aspectos: la tecnología, pero también y en profundidad los contenidos que hacen a la batalla por la hegemonía, por la construcción de valores propios y la mirada, el significado, acerca de los procesos históricos y sociales. Necesitamos desarrollar videojuegos con nuestros intereses, redes sociales con nuestros valores y formatos, industria cinematográfica y de televisión, y producción de noticias e información propias.

El nacimiento de Telesur fue –como dice Aram Aharonian– el hecho comunicacional más revolucionario de la historia de América Latina. De ahí en adelante es otra época. Telesur permitió tener la escala necesaria –con sus corresponsales– para comenzar a acceder a la información para analizar el mundo desde nuestros intereses estratégicos de Patria Grande. El desarrollo de la estrategia comunicacional propia por parte del Mercosur-Unasur-CELAC en la última década no alcanzó para defender nuestro territorio: estos son parte de los errores, incapacidades o correlaciones de fuerza que no supimos resolver.

 

El rol del Estado

El rol del Estado respecto de la comunicación es un debate social no saldado. La construcción de regulaciones necesarias para lograr la limitación de la concentración y así poder promover la diversidad y el pluralismo es un debate social que hay que mantener y sostener, sabiendo que los grandes medios masivos de comunicación están en contra de toda regulación estatal y utilizan herramientas como la mal interpretada “libertad de expresión” que, bajo las actuales reglas de juego, no es otra cosa que la libertad de empresa en el ámbito comunicacional.

Tal como concebimos en los 21 puntos que dieron base a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), “los monopolios y oligopolios, así como el abuso de posiciones dominantes o la concentración indebida, conspiran contra la democracia al restringir la circulación de ideas, informaciones u opiniones. La regulación debe promover la pluralidad y diversidad para asegurar el pleno ejercicio de la libertad de expresión. No alcanza con reglas de defensa de la competencia: la comunicación es un bien social –no privativa de empresas, medios o periodistas– y debe garantizarse una distribución adecuada de facilidades, recursos e infraestructura esenciales (frecuencias radioeléctricas, papel y otros insumos básicos, mecanismos de distribución de las publicaciones impresas y contenidos, acceso a redes)”.

En la construcción de la soberanía comunicacional y tecnológica es preciso que el Estado avance en:

  1. a) la creación de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento del pluralismo y la diversidad;
  2. b) desarrollo de la capacidad regulatoria del Estado sobre todos los recursos, insumos, infraestructuras y facilidades esenciales sobre las que se prestan servicios de comunicación para fines tales como: experimentación, cumplimiento con las obligaciones de servicio universal, prestación de servicios, fomento de la participación de organizaciones sin fines de lucro, PyMEs y prestadores públicos, parlamentarios, universitarios, provinciales o municipales;
  3. c) la creación, el fomento y la preservación de la diversidad en la gestión de medios, soportes, redes y posiciones satelitales;
  4. d) la garantía del acceso masivo a los servicios de comunicación audiovisual y de las TIC, eliminando toda discriminación motivada por origen étnico o de nacionalidad, edad, discapacidades, condición social o económica, condiciones de salud, religión, sexualidades, identidad de género o cualquier otra que atente, anule o menoscabe la dignidad humana, los derechos y libertades de las personas;
  5. e) la distribución justa de la publicidad privada y pública mediante regulaciones, para que contribuya a la existencia y desarrollo pleno de la pluralidad de medios en todos los formatos;
  6. f) la promoción y el desarrollo de la producción de contenido nacional, propio y local;
  7. g) el impulso de un necesario debate y la formación social acerca de las TIC;
  8. h) la garantía de la privacidad de los datos[7] mediante las normas que regulen la actividad, incluso en el contexto de las comunicaciones digitales; también debe haber mecanismos nacionales de supervisión independientes, efectivos y transparentes, así como la rendición de cuentas por las actividades de vigilancia de las comunicaciones y la interceptación y recopilación de datos personales que realicen tanto el Estado como particulares;
  9. i) la promoción del desarrollo de la ciencia, la industria, y la tecnología nacional de telecomunicaciones, tanto como sus recursos culturales y patrimonio audiovisual, entendiendo que constituyen un valor estratégico de la Nación que requieren, conjuntamente, la administración soberana del espectro radioeléctrico. Éste debe ser considerado como un recurso intangible, finito y de dominio público, cuya administración, gestión y control es responsabilidad indelegable del Estado nacional.

 

La comunidad organizada y la comunicación

La mayor debilidad de la etapa anterior quizás radicó en la poca incorporación de la comunidad organizada en este proceso de desarrollo tecnológico y de avance en soberanía comunicacional: la escasa participación de sindicatos, movimientos sociales y comunidad en general fue parte central del desconocimiento de la importancia de la batalla que se estaba librando y es así como, por ejemplo, en lugares tan sensibles como INVAP muchos de los trabajadores votaron al gobierno macrista creyendo que de lo que se trataba era de “corrupción versus no corrupción”. Tenemos ejemplos históricos de participación y empoderamiento popular, como lo fue la producción y luego la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Su proceso de elaboración, con inmensa participación de grupos organizados a lo largo y ancho de nuestro país, posibilitó el debate social respecto de la importancia de garantizar la pluralidad de voces, de los intereses detrás de los medios masivos, etcétera. Lamentablemente, luego de sancionada la ley el proceso quedó encerrado en una antinomia con el grupo Clarín, sin continuar promoviendo la consolidación de espacios heterogéneos que garantizaran la pluralidad de voces. Sin duda hay que recoger el guante respecto de qué fue lo que pasó en la aplicación de la ley y de sus organismos, ya que se frenó la movilización popular con enormes costos políticos. Eso nos dejó en una posición muy débil, con gobiernos neoliberales que permiten el avance de las corporaciones. Hoy en términos de soberanía comunicacional América Latina se encuentra tremendamente vulnerable. Esto quiere decir que una campaña como la de Trump en Estados Unidos o, más cerca, como la de Bolsonaro en Brasil, podría desarrollarse en nuestro territorio.

En este marco es imprescindible convocar a los partidos políticos con mirada nacional, a los movimientos sociales, sindicales, universitarios, agrarios, barriales, etcétera, a la construcción de redes donde se plantee una estrategia común en la comunicación en general y en las Redes Sociales en particular. Frente a la debilidad económica de los pueblos, nuestra fortaleza radica en lo masivo, cuando lo masivo está organizado y articulado en redes sociales que instrumentan redes virtuales como dispositivos tácticos.

Por ello es fundamental la formación y capacitación de cuadros de organización insertos territorialmente, que actualicen la mirada respecto de cómo funcionan los dispositivos de acumulación de poder-valor tecnológicos, y el rol de los Medios Masivos de Comunicación, de las Redes Sociales, de la Realidad Virtual, etcérera, que desarrollen una estrategia en red propia, ligada a los intereses sociales y populares.

Cruzar lo territorial y lo virtual entrelazados en un proyecto de país tiene que dejar de ser un ideal y comenzar a ser una construcción necesaria y posible.

[1] Este último aspecto hace a poder distinguir la propia posición frente a las herramientas de Internet, como las plataformas o redes sociales que son extranjeras y privadas, y a reflexionar acerca de la formación y capacitación social necesaria para poder generar un proceso de apropiación, así como a la reflexión acerca de los límites que presenta la utilización de herramientas del orden de lo privado y la importancia de la creación de herramientas públicas.

[2] Información obtenida de http://argentina.mom-rsf.org/es/medios/tv/.

[3] No es casualidad que hayan sido tres gobiernos nacionales y populares los que incentivaron la creación y la mejora de estas herramientas públicas: Télam fue creación del gobierno de Perón el 14 de abril de 1945 y la televisión pública tuvo un impresionante crecimiento en producción y calidad en los gobiernos de Néstor y Cristina.

[4] Ejemplo de esta concepción –entre muchos otros– es la supuesta cadena nacional del día 17 de abril del 2019 que termina realizándose mediante un video de YouTube, el cual luego de publicado en la red social se anuncia con un comunicado oficial en la Casa Rosada.

[5] Este acuerdo implicó otorgarle a Facebook una cantidad gigantesca de información que hace a la seguridad nacional. De más está decir que la industria del software nacional podría haber realizado un programa de esas características. https://www.iprofesional.com/tecnologia/227373-mauricio-macri-facebook-at-work-El-equipo-de-Macri-avanza-en-inedito-plan-de-la-mano-de-Facebook-para-lograr-un-Estado-mas-agil-y-eficiente. https://argentinatoday.org/2016/03/04/acuerdo-macri-zuckerberg-facebook-tendra-acceso-a-toda-la-informacion-que-maneja-el-estado-argentino-sobre-sus-ciudadanos/

[6] https://www.alainet.org/es/articulo/197397.

[7] La Unión Europea es líder en la materia. En 2016, el TJUE estatuyó que la conservación indiscriminada de datos de comunicación es incompatible con una sociedad libre y democrática. La Unión Europea adoptó una reglamentación sobre la protección general de datos. Es la reglamentación más avanzada del mundo en materia de defensa de la privacidad. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Comentarios de Facebook

También podría gustarte Más sobre el autor