Comisión de Tecnología y Comunicación en el PJ nacional

La comisión de Comunicación y Tecnología de los equipos técnicos del PJ nacional comenzó a funcionar en julio del 2020. La conforman representantes de gremios, medios de comunicación nacionales, provinciales y comunitarios, académicos y académicas, y referentes de organizaciones y movimientos sociales y estudiantiles.

Algunos de los ejes abordados fueron los siguientes: a) situación actual de la Comunicación y la Tecnología –a través de los análisis de ENACOM, ARSAT y Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación, y del intercambio en la comisión; b) producción de contenidos, polos audiovisuales y medios públicos; c) las noticias falsas y el problema de la desinformación social; d) la cuestión de los datos; e) el desafío de achicar la brecha digital; f) redes sociales y participación social.

Para abordar estos temas en diferentes reuniones fueron convocados compañeros y compañeras que se encuentran en la gestión nacional: Miriam Lewin (Defensora del Público); Gustavo López (vicepresidente del ENACOM); Gonzalo Quilodran (director ENACOM); Martín Olmos (subsecretario de TIC); Facundo Leal (director ARSAT); César Montes de Oca (diputado, La Pampa); Jésica Tritten (vicepresidenta y gerenta general de Contenidos Públicos SE, Encuentro, PakaPaka, DxTV y CONT.AR; Claudio Martínez (subsecretario de Medios Públicos y presidente del Directorio de Contenidos Públicos SE); Fernanda Ruiz y Javier Romero (Instituto Patria, plataforma MUEVE); Daniel Ricci (secretario general de FEDUN, CGT); Glenn Postolski (director general de Planificación Estratégica e Investigación); y Pablo Hernández (director de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público). Ellos y ellas dieron a la comisión del PJ un panorama de las políticas que llevan a cabo las distintas áreas del Estado Nacional que están trabajando la comunicación, y a su vez brindaron herramientas para trabajar los temas planteados e intercambiar ideas y aportes de las y los integrantes de la comisión.

Para el año que comienza, la Comisión tiene dos grandes desafíos: avanzar en propuestas para la agenda de la comunicación y la tecnología; y construir una red nacional de medios, organizaciones libres del pueblo e instituciones que aporten y se comprometan en la lucha contra la desinformación, y contra la producción y la difusión de información y de noticias falsas y engañosas en redes sociales, específicamente, contra la información y las noticias que puedan afectar la vida en comunidad y la democracia.

 

La cuestión de los Datos

La “acumulación de datos” hace que se procesen las conductas humanas y permite predecir nuestros comportamientos futuros. Feed social en nuestras redes. Esa inteligencia se opera y se operó en la vigilancia de trabajadores, trabajadoras y empresas. En este capitalismo algorítmico, cibernético, quien maneja la información gobierna, o tiene más poder, porque se está cambiando la forma de ejercer el poder. Hay una mutación: se ha modificado la relación entre saber y poder. La información se anticipa a la conducta humana.

La batalla es del capitalismo con sí mismo: hay una lucha entre distintas fracciones del capital. Es una competencia mercantil. El capitalismo logra descubrir nuevos mercados. Ahora las experiencias privadas de las personas, los lazos sociales, el pensamiento y la producción cognitiva, hasta las emociones, pueden ser materia de usurpación. Lo que se subsume es la experiencia humana, se transforma nuestra experiencia en datos.

Hoy hay dos modelos tecnológicos: el de Estados Unidos, privatista, donde las corporaciones de las tecnologías se apropian del valor de los datos, desarrollan un sistema de vigilancia y no permiten el acceso libre a los datos; y el modelo chino, donde el Estado tiene concentrados los datos, en conjunto con empresas dependientes: en él, el Estado utiliza la información, y también hay control ciudadano, pero no se puede negar que se ejerce control y vigilancia sobre las poblaciones. ¿Qué hacemos nosotros, donde está el valor y cómo apropiarnos de ese valor para no quedar fuera de esa industrialización digital? No podemos caer en uno u otro lado de esa dicotomía. Debemos concebir una solución alternativa, con una concertación para generar un programa distinto, con un rol fuerte del Estado Nacional con proyecto propio y con participación de las organizaciones sociales, concibiendo a los datos como “bienes comunes” no susceptibles de apropiación privada.

En la comisión surgieron al respecto las siguientes propuestas:

  • retomar una política tecnológica con condiciones que permitan trabajar otras posibilidades;
  • desarrollo tecnológico en TIC, con centros de procesamiento de datos y soporte de Internet, en programas y en la cuestión física.
  • impulsar un marco legal de protección de datos que organice el espectro de Internet: si no hay ley, se forman los monopolios.

 

Estado de situación del ENACOM

El ente se aboca sobre todo a garantizar el acceso de todas y todos los argentinos a los servicios de Internet, telefonía móvil y medios radiales y audiovisuales, generando condiciones de mercado y de crecimiento tecnológico. Fue creado en 2015 mediante el DNU 267 que fusionó dos organismos creados con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: el AFSCA y el AFTIC, dejando, según comentó Gustavo López, un hueco muy grande en la Ley, que tenía tres objetivos fundamentales: a) concebir a la comunicación como un Derecho Humano; poner límites a la concentración monopólica como contracara de la libertad de expresión; producir contenido audiovisual nacional, con porcentajes de producción local, independiente, en televisión, radio, y también para la música, entre otras.

El ENACOM es entonces el ente encargado de regular las licencias y de gestionar los fomentos. Tiene dos grandes fondos de fomento: uno para la producción audiovisual no comercial y otro de servicio universal (INCAA y FOMECA). Con la gestión de Macri estos dos fondos prescindieron de su presupuesto, y eso impactó profundamente en la producción de contenidos comunitarios y en las inversiones de conectividad. Cuando estalló la pandemia, esa falta de inversión se hizo notar, dejando a la vista zonas sin conexión a Internet o con conexión de muy mala calidad. El Estado, junto al ENACOM, se encargó de resolver primero esos problemas de conexión, entendiendo que la conectividad hoy es un servicio esencial. Se lanzaron cuatro programas al inicio de la pandemia:

  • proyecto para declarar la conectividad y el acceso a Internet como Derecho Humano fundamental;
  • un plan de conectividad para escuelas: el 60% de las escuelas no tenía conectividad;
  • un plan de conectividad para zonas de difícil acceso;
  • un plan para corredores viales.

Además, se aplicó un presupuesto diferenciado para ARSAT, encargado de renovar plaquetas y mejorar la conectividad. Sumado a estas políticas, el ENACOM también hizo un trabajo de negociación de precios con empresas de telefonía móvil y de servicio de Internet. El Estado no tenía injerencia en esa regulación, pero se logró congelar precios y una venta de planes con promociones que fueran de fácil acceso, así como la liberación de datos para las plataformas educativas hasta fin de año. Estas soluciones son coyunturales. Es necesario seguir apostando a la aprobación del proyecto para garantizar la conectividad y el acceso a Internet como Derecho Humano, para poder interceder en los montos y los precios que son inaccesibles para gran parte de la población.

 

Líneas de trabajo ENACOM, ARSAT y Secretaría de Comunicación en relación a la brecha digital

De los 14 millones de hogares, en cinco no hay acceso a la conectividad, y de esos, en dos millones de hogares no llegó la inversión privada. Desde el Estado, uno de los objetivos es avanzar en la reducción de la brecha digital. Hay un trabajo conjunto de tres áreas: Secretaría de Comunicación, ARSAT y ENACOM, para universalizar el acceso a las TIC, que es un derecho habilitador de otros derechos básicos, entre otros: poder expresarnos y acceder a educación y salud.

Al asumir, encontramos la televisión digital en un estado calamitoso, muy precario, con muchos problemas y sin servicios. Era una inversión del anterior gobierno peronista, de más de mil millones de dólares, que se quería dejar perecer sin mantenimiento. El actual gobierno trabajó para volver a ponerla en valor. Lo mismo pasa con la política satelital y la red satelital de fibra óptica de ARSAT. El aumento y el estrés de las redes, el aumento de tráfico, y más en un contexto de ASPO, tuvo que ser afrontado. Además, eso es fundamental para llegar a muchos Centros de Atención Primaria de la Salud que están en lugares apartados de los principales núcleos urbanos, por la pandemia. También fue necesario realizar un acuerdo con INVAP para la construcción y puesta en marcha de conexión satelital; hacer crecer la red federal en casi mil nodos: hay 600 nodos que llegan a ciudades y 400 que no llegan a ningún lado –esa fue la falta de previsión del gobierno anterior; se encaró también una “upgrade” tecnológica de entre 100 a 200 GB, para llegar a todos, así como la puesta en marcha de las TDA; la utilización de plataformas y propuestas de conectividad en plataformas que no son nuestras, pero vimos cómo se desarrolla software de propuestas nuestras, para ser nosotros los mediadores; también se analiza acompañar una propuesta propia de la sociabilidad, de la educación, etcétera, aunque cuesta mucho desarrollar plataformas propias que puedan ser alternativas.

 

Producción de contenidos, polos audiovisuales y medios públicos

La estructura de producción audiovisual nacional prácticamente se destruyó durante la gestión anterior. Al asumir el nuevo gobierno, en poco tiempo se recuperaron casi 1.500 puestos de trabajo. Hay 25 producciones activas hoy, totalmente nuevas, que generan 500 puestos de trabajo; 17 de PakaPaka que generan 510 puestos de trabajo; y 9 producciones deportivas que generan 110 puestos de trabajo, además de las siete horas diarias de aire de SEGUIMOS EDUCANDO. Se triplicó el trabajo en los últimos 12 meses, en el marco de un relanzamiento de las señales y de la gestión.

Recuperar las señales del espectro radioeléctrico también forma parte de los lineamientos de la actual gestión. Canal 7 y Canal Encuentro volvieron a trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación para generar contenidos. Eso forma parte de la Ley Nacional de Educación, que la gestión anterior alteró por decreto. Hoy se está recuperando ese trabajo. Todos los programas están pensados como parte del sistema educativo. Los contenidos tienen una razón de ser: son contenidos educativos. Las dos grandes aliadas son las pymes de contenido audiovisual y las universidades nacionales, para generar contenidos y construir nuevos puestos de trabajo.

La situación de las telecomunicaciones hoy tiene años de retraso. Más allá de que sabemos que hay que levantar un Estado entero, es importante volver a poner en agenda la situación de los medios públicos y la disputa cultural que damos a través de la producción audiovisual. Hay que volver a reconstruir los lazos y las conversaciones con todas las jurisdicciones, por ejemplo, para que la realidad federal no se recorte a la mirada de la provincia de Buenos Aires.

Los medios públicos son un laboratorio de innovación: preferimos perder innovando que ganar replicando. No queremos repetir lo que la televisión comercial viene haciendo.

La pandemia ha distorsionado lo que veníamos haciendo. Los medios públicos le hablan a la ciudadanía; los privados les hablan a los anunciantes. No renunciamos a la audiencia: queremos sumar audiencia, por supuesto, pero para sumar ciudadanía. Así se construye un medio público, innovando y sumando ciudadanía. Los medios públicos no se arman solo para la programación periodística o para que hablen las y los políticos. Se genera mucho más contenido, pero siempre desde el lado de la ciudadanía: hay que poder hablar de lo que el Estado genera para que las y los ciudadanos vivan mejor.

El gobierno está desarrollando una serie de protocolos de trabajo y de capacitaciones para generar nuevo contenido. Lo hizo con SEDRONAR, y luego con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el INADI, entre otros. Las y los trabajadores tienen que tener herramientas cada vez más desarrolladas para hacer su trabajo desde la perspectiva ciudadana. Por ejemplo, cuando hablen de un problema de consumo problemático de drogas, que no lo hagan desde la inseguridad, sino desde un problema de salud pública.

Hoy la situación es compleja, pero en particular para los medios públicos, porque el gobierno anterior se ensañó con los medios públicos. Entonces cualquier aumento de presupuesto es poco… pero es un problema que se va resolviendo. Entre otras herramientas, se empieza a trabajar con el conjunto de los ministerios para construir contenido: políticas de ambiente, políticas de salud, políticas culturales, todo forma parte de los contenidos educativos. Eso tiene una doble ventaja, porque se agregan presupuestos y además se construye ciudadanía.

También está el desafío de enfrentarnos a las grandes plataformas de contenidos audiovisuales, pero ya tenemos CONTAR, una plataforma muy robusta en la que se logró aumentar la cantidad de suscriptores, armando una buena programación con los contenidos de producción nacional que ya teníamos. Queremos invertir en esa plataforma, para que tenga una mejor llegada.

Entre otras propuestas surgidas en la Comisión, destacan las siguientes:

  • es necesario recuperar la grilla de contenidos, porque hay mucha dispersión y eso dificulta el trabajo con los contenidos;
  • debe volver TELESUR a la TDA;
  • se sugiere retomar la producción latinoamericana y la producción de contenido audiovisual histórico desde nuestra propia historia e identidad.

 

Noticias falsas y el problema de la desinformación social

La Defensoría del Público está trabajando para hacer efectiva su federalización, designando referentes en las provincias, conformando un consejo asesor y realizando mapas comunicacionales. También hizo acuerdos con ENACOM, INADI y carreras universitarias de Comunicación para generar capacitaciones y colaboración de recursos. La Defensoría es autónoma y no tiene capacidad punitiva, pero apunta a un cambio cultural a partir de una construcción pedagógica. El trabajo más arduo es acerca de la violencia política mediática contra las mujeres. Otros ejes de trabajo son la alianza con la red de periodismo científico; información accesible con la Agencia Nacional de Discapacidad; modificación de estereotipos sobre la vejez, las visiones paternalistas o la infantilización de la vejez; la saturación de información y la desinformación general social que afectan la participación y la democracia.

La Comisión propone construir una red nacional de medios, organizaciones libres del pueblo e instituciones que aporten y se comprometan en la lucha en contra de la desinformación, la producción y difusión de información y noticias falsas y engañosas en redes sociales, y específicamente contra la información y noticias falsas que puedan afectar la vida en comunidad y la democracia.

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