El régimen político democrático argentino no tiene cuarenta años cumplidos. Mantiene las mismas deudas de la democracia en toda la región: no ha podido resolver la pobreza, ni ha sabido lidiar con la inequidad. Puede que esto se deba a que tampoco ha logrado definir un régimen social de acumulación perdurable en el tiempo –lo que hoy suele llamarse un modelo de país. Salvo Chile, con sus muchos bemoles y su democracia diez años menor, cuesta encontrar un ejemplo claro en este sentido desde México hasta el sur.
En términos comparados, puede sostenerse que la sociedad argentina logró un avance destacable en materia de cultura política. Debe exceptuarse a Uruguay y a Chile, que todavía vivía una dictadura en el verano de 1990, para afirmar que la cultura política democrática en Argentina es inédita para el subcontinente, en términos de acceso al control del Estado. Y está sólida, a pesar de su ineficacia económica y de sus profundas inequidades. En épocas de crisis y volatilidades, aferrarse a algo conocido, claro y sin temor a equivocarse, vale oro. Para vivir, para analizar y para construir escenarios futuros posibles. Así que reconozcamos que los argentinos contamos con una certeza dorada: el conflicto armado no tiene lugar como mecanismo para dirimir disputas políticas, ni ideológicas, ni territoriales. No existen grupos armados que disputen el monopolio de la violencia física legítima. Nadie espera en este país un golpe de Estado violento. No hay zonas marrones en manos de paramilitares, ni de guerrillas, ni narcos de alcance global. Y los espacios para un golpe palaciego son reducidos. Posibles, pero muy improbables.
Sin embargo, los procesos de selección de autoridades de gobierno propios de un régimen democrático no han estado exentos de crisis. Se destacan dos. Aunque en términos sociales y económicos fueron fatales y dramáticas, ambas se resolvieron en términos institucionales aceptables. La entrega anticipada del poder a un presidente electo en la crisis hiperinflacionaria de 1989, y la elección por la Asamblea Legislativa de un presidente provisional –varios, en rigor–, que a su vez resolvió el proceso de transición por elecciones y entregó el bastón entre aplausos, abrazos y sonrisas. El origen de ambas crisis fue económico, por añadidura social y luego, finalmente, político. La solución –o resolución, si se prefiere– recorrió el camino inverso: primero fue política –y, se insiste, dentro de parámetros previstos entre las políticas institucionales que definen el sistema político–, luego social y, digamos, luego económica. Esto último puede discutirse. Pero al menos aceptemos la estabilidad de la primera década menemista, con el consenso en torno a la convertibilidad, y el crecimiento del primer gobierno kirchnerista, con todos los indicadores relevantes en mejoría, como sendas soluciones transitorias a las crisis económicas de finales de los 80 y de finales de los 90.
La segunda crisis de transición que el sistema político resolvió dentro de las reglas establecidas por la Constitución tuvo una característica distintiva: colapsó los mecanismos de representación al grito de “que se vayan todos”. Dicho de otra manera, detonó el sistema de partidos. Desde entonces, los principales partidos de la Argentina perdieron capacidad para representar –en un sentido más estricto que el mero proceso electoral– los intereses y las demandas de la sociedad. Esta incapacidad fue resulta, a su vez, apelando a lo que algunos lúcidos analistas denominaron el híper-pragmatismo coalicional. Se formaron y deformaron coaliciones electorales a ritmo vertiginoso, incluso para los parámetros propios del Movimiento Peronista. Tanto en el tiempo como en el espacio: entre elecciones presidenciales y entre territorios provinciales.
En ese escenario, el PRO vino a consolidarse como una fuerza con proyección federal. Forjó sus alianzas pragmáticas para formar Cambiemos en la elección nacional y luego, entre elecciones, fue sólo macrismo en el gobierno. La forma de ejercicio del poder del PRO fue esa: coaliciones pragmáticas –que pueden ir de modelos tradiciones de frentes amplios en una boleta, hasta propiciar o generar condiciones para adversarios en boletas ajenas– para el proceso de selección, y núcleo duro –por respeto a los frascos de mayonesa– para el proceso de decisión. Un país para pocos. Imposible negociarlo con tantos sectores integrados. Imposible imponerlo sin éxitos económicos, a pesar de haber tantos sectores excluidos.
El resultado de las PASO de agosto último deja, con este breve recorrido, algunas preguntas. ¿La ciudadanía argentina premia, con creces, los esfuerzos por la unidad? ¿O solo castiga, también con creces, los fracasos del presidencialismo en materia económica? ¿Ganó la superación de La Grieta o perdió la ineptitud del Gobierno? Tiendo a pensar que a Macri en 2019 le pasó lo mismo que a Cristina en 2015: diferencias de contexto aparte, el funcionamiento de la economía agotó a las mayorías, que castigaron a los que identifican como responsables. Un voto más retrospectivo que prospectivo. El punto, en términos prácticos de ejercicio político, es que las elecciones presidenciales definen un porvenir.
Frente al porvenir, más ducho y mejor preparado históricamente, el peronismo resultó el gran ganador del primer paso. Por vocación de poder. El Frente de Todos es una solución que se inscribe dentro del mencionado híper-pragmatismo, con todo y renunciamientos incluidos. Aparece entones otra cuasi-certeza del sistema político argentino: el peronismo unido alcanza una potencia electoral que supera la expectativa de la suma de las partes. Supera, incluso, las expectativas, los estados y las inteligencias emocionales que solemos atribuirle al mercado, a las consultoras, a los medios y, créase o no, incluso a las redes sociales. Ningún presentimiento o sensación previa al domingo a la mañana indicaba 15 puntos de diferencia. Esa diferencia imprevista desnuda el alcance de la crisis económica –la crisis de la economía real y la de los hogares reales–, acelera los tiempos de la crisis financiera y produce una crisis política. Una crisis de transición, no de selección. Como la primera certeza que tenemos es la exclusión de la violencia política, las figuras incendiarias sólo valen y compiten entre las ironías, las gestiones de egos y las proclamas limitadas a 140 caracteres. Políticamente, muy poco. Tal y como lo demuestran los resultados definitivos del escrutinio. Son graves, irresponsables, insultantes para las familias de los muertos de diciembre de 2001. Nada más y nada menos. Pero nadie va a sacar muerto a nadie de Olivos.
Resta saber ahora dos cosas. La primera es la forma en la que se resolverá la crisis de esta transición. Solo el actual presidente y su núcleo duro son los responsables de este desenlace. En el peor de los casos, será responsabilidad de la Asamblea Legislativa. La construcción democrática argentina es joven, pero nos brinda esos rieles de contención. Es mucho decir. Es un logro político trascendental para una sociedad dividida a fuego hace apenas 40 años, que no logró ningún pacto social rimbombante ni definió un modelo de desarrollo satisfactorio. El segundo interrogante es la forma en que, producida la transición, se organice la gobernabilidad de mediano plazo y se (re)ordene o (re)estructure el sistema de partidos. En especial para utilizar con acierto los escasos grados de decisión política que quedan, pero también para articular la representación del tercio social que se ubica en la centro-derecha no peronista. Si en el mediano plazo el peronismo vuelve a desgajarse siendo gobierno, un sector relevante puede formar coaliciones electorales de centro-derecha. La capacidad para superar la crisis social, económica y fiscal determinará de qué lado de la mecha se encontrará ese virtual espacio: como una nueva alternativa electoral viable, o como una oposición legislativa. Dicho de otro modo: como la fuerza capaz de capitalizar un fracaso, o como la fuerza con la cual se negociará un modelo de país. Porque, si no se negocia, a lo sumo podrá imponerse un país para dos tercios, uno de los cuales es volátil. Mayorías líquidas. El imperativo es construir un consenso que integre a todos.
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