Pueblos originarios, derechos y golpe cívico militar en Bolivia

Laura Iturbide

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Una ajustada posibilidad de balotaje en los resultados electorales provisorios que mostraban a Evo Morales ganador sirvió a los sectores más tradicionales de la derecha boliviana para interrumpir la democracia a través de la violencia y la complicidad de las fuerzas de seguridad el 10 de noviembre pasado. Este golpe cívico militar, aún con final incierto, visibiliza un cambio profundo en el reclamo de los pueblos originarios que demandan el acatamiento de la constitucionalidad y los tratados internacionales, normas que históricamente los omitían y desplazaban, pero que hoy les permiten demandar su ciudadanía como actoras y actores políticos fundamentales dentro del sistema político boliviano.

Según CEPAL, los pueblos originarios son más de 600 a lo largo del continente, representando una parte muy importante de la población en la región. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas llegó a finales del siglo XX, tras cuatro siglos de violencia, explotación, racismo y represión. Desde la conquista española se desconocieron los derechos de los pueblos originarios, y bajo el argumento de tierra de nadie los Estados Nacionales se consolidaron legitimando la explotación, el avance sobre las tierras de los pueblos originarios y los recursos naturales.

Los pueblos originarios siempre presentaron resistencias y luchas en demanda de sus derechos. Sin embargo, también a fines del siglo XX fue cuando esos derechos empezaron a visibilizarse en las instituciones, primero en organismos internacionales como Naciones Unidas con el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas o el Convenio de Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en 1989, y más tarde en reformas de las constituciones nacionales. En la década de los noventa las constituciones incorporan derechos indígenas, aunque los proyectos políticos neoliberales avanzaban contra todas las poblaciones: Argentina en 1994, Bolivia en 1994, 2004 y 2009, México en 1992, 1995 y 2001, y Venezuela en 1999, por mencionar algunos ejemplos.

En Bolivia, días antes del golpe cívico militar, grupos opositores retomaron prácticas, racistas y discriminatorios contra los pueblos originarios, agrediendo a las mujeres de pollera, quemando la Wiphala en múltiples actos con una exacerbada reivindicación dogmática de conceptos cristianos, y reprimiendo a ciudadanas, ciudadanos y referentes de sectores populares. En este escenario emergen sectores movilizados populares, tanto campesinos como urbanos, con un fuerte posicionamiento en defensa de las identidades de los pueblos originarios, con la constitución nacional y los tratados internacionales como fundamentos. A la represión y violencia de un gobierno de facto, los pueblos originarios responden con el reclamo de respeto de una ley que ahora defiende sus derechos, producto de una transformación profunda que comenzó en las luchas dadas por los pueblos, y que –en el caso boliviano– Evo Morales concretó a través de la sanción de una Constitución en 2009 y un proyecto político con políticas públicas inclusivas que materializaron esos derechos.

Las demandas de los pueblos originarios son anteriores a las reformas constitucionales, tal como sucede en el resto del continente. Pero en Bolivia, la resistencia al golpe cívico militar se fundamenta en una constitución y en tratados, y desde ahí disputan poder en contra de los intereses oligárquicos de la derecha local, y ya no como una fuerza marginal en las fronteras del tablero político.

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