Por qué hay que reorganizar el PJ

Eduardo J. Vior

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En las redes sociales y en las conversaciones privadas con compañeras y compañeros existe un difundido acuerdo sobre el carácter decisivo de la gran batalla electoral que se libra este año, sobre la necesidad de construir un Frente Nacional –como dijo un compañero– “tan amplio que duela”, sobre el enorme riesgo de fraude y sobre la necesidad de convencer hasta a la última piedra para que el peor equipo de los últimos doscientos nueve años no se perpetúe en el gobierno.

Sin embargo, no parece haber tanta consciencia sobre la gravedad de la situación en la que llegaríamos a tomar el gobierno, las medidas excepcionales que ésta requerirá, ni los instrumentos políticos que necesitamos para no hundirnos en la crisis.

Argentina tiene la deuda pública en moneda extranjera con el mayor peso sobre el PBI de todo el mundo (67%). Si bien los vencimientos de 2019 están cubiertos por el FMI, en 2020 deberán renegociarse los pagos en el contexto de un aumento gigantesco de la deuda mundial que actualmente ya alcanza los 244 billones de dólares (318% del PBI mundial). En 2020 los países emergentes deberán renegociar 3,9 billones. O sea que el próximo gobierno se quedará sin dinero en el momento en que muchas otras naciones salgan a pedir dinero. A esto debe agregarse los condicionamientos políticos, económicos y sociales inherentes al crédito del FMI. Es decir que en ese momento el nuevo gobierno deberá renegociar la deuda a tasas todavía más altas que las actuales y bajo condiciones más duras, o conseguir de alguna fuente dadivosa los 57 mil millones de dólares necesarios para sacarse de encima al FMI –lo que, de todos modos, no resuelve el problema con la banca privada y los fondos de inversión–, o declarar el default y condenar a la Argentina a un aislamiento extremo en el mercado internacional de capitales.

Además, no conocemos los compromisos secretos que el gobierno de Mauricio Macri contrajo con el Reino Unido en 2016 –el acuerdo Foradori-Duncan–, con las grandes empresas petroleras, con los fondos de inversión –sobre todo con Blackrock y Templeton– y con las empresas concesionarias de los servicios públicos, pero toda la política del gobierno colonial da la impresión de moverse dentro de los parámetros de acuerdos que autorizan intervenciones extranjeras sobre el gobierno de nuestro país.

Al mismo tiempo, el control del Ministerio de Seguridad por la DEA y la Mossad y el sometimiento de las fuerzas armadas a la política de seguridad –que no es otra cosa que la sistemática administración del narcotráfico para financiar a la DEA y a Israel y destruir a la juventud mediante el crimen– ha dejado al Estado sin fuerzas militares ni de seguridad para recuperar el control del territorio. Ni qué decir de la inteligencia estatal.

La liquidación del Fondo de Sostenibilidad de ANSES, el copamiento del Banco Central por agentes de los principales bancos privados extranjeros y las intervenciones gubernamentales en la AFIP y la Aduana terminan de configurar el panorama de un Estado atado de pies y manos.

En esta introducción no se hace referencia a la situación económica y social de nuestra Patria, porque se entiende que, si recuperamos el timón del Estado y éste el del país, los gravísimos problemas económicos y sociales de la Argentina se resuelven por añadidura.

El Frente Nacional y el Justicialismo en un gobierno de transición

En el contexto ruinoso arriba descrito, en la mejor de las opciones el próximo gobierno será uno de amplia coalición patriótica y democrática, pero con un carácter transicional. Dicho gobierno deberá renegociar la deuda pública sin hacer graves concesiones de soberanía, retomar el control del territorio, de las finanzas, del crédito, de la moneda y de la política de seguridad. Recién cuando haya alcanzado estas metas podrá proponerse iniciar las transformaciones sistémicas que Argentina necesita.

Ahora bien, en las primeras líneas de este artículo se ha dado cuenta de la amplísima vocación de unidad nacional de la militancia peronista. No se trata sólo de superar la falsa división entre peronistas y kirchneristas, sino de cobijar bajo una misma bandera a figuras tan heterogéneas como Cristina, Massa, Pichetto y Urtubey, pero también a los gobernadores provinciales, intendentes de distritos importantes, dirigentes sindicales y sociales de todos los colores, empresarios, iglesias, académicos e intelectuales, etcétera.

Sin embargo, una cosa es acumular fuerzas –numéricas– para ganar una elección y otra es gobernar –trabajo cualitativo. La gran tarea que se nos plantea es conjugar el mantenimiento del apoyo de más del 50% de la población, superando la reticencia del 20% oscilante y destruyendo la resistencia del 30% macrista, con la recuperación del Estado y la organización de la comunidad.

En esa tarea hay dos errores simétricos que deben evitarse: a) en nombre de la pureza justicialista iniciar una caza de brujas sectaria que divida al Frente Nacional y aliene el apoyo de importantes sectores sociales; b) suponer que todas las fuerzas y personalidades que participen en el gobierno están igualmente comprometidas con el restablecimiento de la soberanía, la recuperación del Estado y la organización de la comunidad, o que sus eventuales diferencias pueden ser arbitradas desde la conducción del Estado. “Los peronistas debemos volver a la conducción de nuestro movimiento”, dijo el general Perón en 1973. Esto quiere decir: a) retornar a los valores, normas y principios de nuestra doctrina, adecuándolos a las condiciones del mundo actual, para recuperar el rumbo; b) restablecer la unidad y la solidaridad entre todas y todos quienes se identifican con ese camino; c) darse una forma organizativa que, sin romper la necesaria unidad del Frente Nacional, mantenga el lazo entre el gobierno y el pueblo, organice y movilice a éste, garantice la continuidad del curso e impulse las reformas necesarias para alcanzarlo.

La doctrina y la experiencia justicialista aconsejan desconfiar tanto del partido de cuadros que se arroga el monopolio del poder, como del caudillismo de las y los dirigentes de agrupaciones, provincias, municipios, sindicatos y movimientos sociales, que a menudo compiten destructivamente por la apropiación de los recursos –cada vez más escasos– del Estado. Por otra parte, es una verdad comprobada por la historia que la mayor riqueza del Peronismo y lo que le permite sobrevivir a la represión, los intentos divisionistas y la cooptación de muchos de sus dirigentes es su carácter movimientista. En tanto movimiento, el Peronismo es un reducto ético y cultural contra la colonización, un contrapeso de las políticas oligárquicas y un refugio para las fuerzas populares. No obstante, hace mucho que sabemos que el movimientismo por sí solo no basta como herramienta de la Revolución Justicialista. Mucho menos aún en las condiciones desastrosas en las que volveríamos al gobierno. Esta vez no podemos delegar la mediación entre la conducción del Estado y el pueblo en la habilidad de quien ocupe la Presidencia de la Nación. Es necesario complementarla con estructuras organizativas estables, flexibles, realistas y ajustadas a los objetivos que se pretende alcanzar.

Entre la militancia peronista el Partido Justicialista no tiene buena prensa. Se lo considera habitualmente como un mero instrumento electoral, lleno de politiqueros, que pierde importancia entre elección y elección. Cuando hemos estado en el gobierno esto fue así, porque tanto el general Perón como los dirigentes que lo sucedieron implementaron la relación con el pueblo a través de los instrumentos del Estado. Ésta es precisamente la dinámica que los colonialistas y los oligarcas tienen mejor estudiada: de qué modo el Peronismo ha usado las herramientas estatales para reorganizar la economía y distribuir la riqueza. Por ello, en el actual experimento colonial han buscado mediante férreos condicionamientos externos obturar el uso de las instituciones estatales para políticas populares. Al menos durante la etapa de transición nos va a ser muy difícil controlar el Banco Central, disponer del presupuesto nacional, alterar la política cambiaria o apoyarnos en el Fondo de Sustentabilidad de ANSES. Por lo tanto, debemos construir herramientas político-sociales que nos permitan organizar y movilizar al pueblo, aun cuando el Estado esté maniatado.

En el Movimiento Peronista no hay ningún instrumento en condiciones de cumplir esa tarea. Tampoco parece aconsejable tratar de crearlo desde la nada. Por otra parte, el compañero José Luis Gioja está realizando una ímproba tarea de unificación e institucionalización, sumando dirigentes de las más diversas extracciones y de las diferentes ramas que históricamente han integrado nuestro movimiento. Por estas razones resulta indicado partir del Partido Justicialista (PJ) actualmente existente para construir la herramienta de trasmisión que tanto necesitamos. Realizar esta labor implica convertir al PJ en un partido-movimiento que combine la lucha electoral con la lucha social; que abarque a todos los sectores que se reclaman peronistas; que esté anclado en las bases de modo que participen en la elaboración y la ejecución de las políticas del Estado; que sea el gran educador del pueblo argentino para convertirlo en una comunidad organizada en torno a los principios éticos y políticos del Justicialismo; que sirva de puente entre la conducción del Estado y el pueblo, pero que, al mismo tiempo, no sea un apéndice del gobierno, sino su motor propulsor.

Para poner en marcha esta transformación del PJ ya en el próximo Congreso Nacional debería formarse una comisión que comience a consultar a todos los estamentos del Peronismo para preparar una propuesta organizativa que pueda discutirse en un nuevo congreso después de las elecciones. En la organización de su directiva a todos los niveles deberían combinarse las estructuras representativas –una nueva versión de las tradicionales ramas, la representación de los gobernadores, intendentes y bloques parlamentarios– con estructuras funcionales –secretarías por área de gobierno– que asuman la tarea analítica y programática. Para dinamizar la relación entre la Presidencia del partido, el Consejo Nacional y las bases sería también práctico instituir reuniones periódicas de conducción ampliada, o sea, una especie de “parlamento” del PJ que dos veces por año reúna a las y los representantes territoriales con las ramas y las estructuras funcionales, y fije las políticas de mediano plazo.

Sin embargo, considerando la necesidad señalada más arriba de mantener y ampliar la unidad del Frente Nacional, para resguardar la funcionalidad del Estado y superar las limitaciones impuestas al mismo no es conveniente que el PJ-movimiento se confunda con las funciones institucionales. Más bien –siguiendo el ejemplo chino– parece adecuado instalar un sistema de doble comando, en el que cada funcionario esté flanqueado por un cuadro del PJ. De este modo, ambos se vigilan mutuamente y el representante del PJ vela por el avance de las reformas.

Muchas y muchos compañeros escépticos dirán que el PJ es parte de la vieja política liberal, que es inmodificable y que mejor confiar en la conducción de una gran líder como Cristina. Sin embargo, la emergencia es tan grave, el peligro real de ocupación y fractura de la Patria es tan agudo que, si no movilizamos todas las energías del pueblo, es imposible salvarla. Ésta no es una tarea que pueda cumplir uno o más líderes, por más honestos y patriotas que sean. Por otra parte, el PJ es el único instrumento político abarcador de la amplia gama del Peronismo. Busquemos la forma de sanearlo y reactivarlo, para tener el instrumento revolucionario que necesitamos.

Esta propuesta es naturalmente parcial y está en borrador. Sin embargo, parece importante comenzar ya antes de la campaña electoral la discusión sobre las herramientas organizativas que debe darse el Peronismo en la nueva fase. Finalmente, “sólo la organización vence al tiempo”.

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