La Argentina afronta actualmente la peor crisis de su historia. Los indicadores de indigencia, pobreza, declinación de la actividad económica, desocupación, endeudamiento e intervención directa del FMI en el diseño de nuestras políticas públicas nos asimilan a las más degradadas sociedades africanas, y se agravan cotidianamente. Sumado a esto, la declinación institucional es inocultable, así como la crisis moral y existencial que aqueja a una sociedad que parece estar decidida a autoflagelarse a través de sus últimas manifestaciones electorales.
Pese a que el discurso oficial –repetido por el blindaje mediático del gobierno de Cambiemos– insiste en echar culpas al peronismo de la situación cuasi apocalíptica de la Argentina actual, al instalar la tesis de los 70 años de decadencia de la Argentina que se habrían iniciado en 1945, los indicadores económicos desmienten sistemáticamente esa falacia. Para no ir tan lejos, para el momento de la muerte del General Perón la pobreza era del 5%, la deuda externa era de 6 mil millones, el reparto de la riqueza había alcanzado el 50%-50% entre capital y trabajo, la inseguridad no era un problema y las empresas nacionales y el Pacto Social habían garantizado prácticamente el pleno empleo. La educación pública era de excelencia y la mesa de los argentinos constituía la envidia de la mayoría de las sociedades del planeta. Las explicaciones de esta inédita declinación –desde indicadores de excelencia europeos hasta los actuales de miseria africana– están asociadas a diversos factores, entre los que destacaré aquí:
a) el plan sistemático de destrucción de la Argentina productiva, como precondición para la eliminación del sindicalismo que constituyó la columna vertebral del peronismo, bajo el lema “sin industrias no hay peronismo”;
b) la agrarización de la economía, como forma de concentración de la riqueza y exclusión social, posibilitada por políticas librecambistas que destruyeron la industria nacional;
c) la destrucción sistemática de la institucionalidad, a través del péndulo dictaduras-ficción de democracia vigilada, hasta 1983;
d) la generación de condiciones para la radicación de la banca internacional en condiciones oligopólicas, a partir de la gestión de Krieger Vasena;
e) la declinación de los partidos políticos frente a la ofensiva de los mercados y la desacreditación sistemática de la política por medio de estrategias mediáticas diseñadas por corporaciones oligopólicas;
f) la incapacidad evidenciada por el peronismo para llevar adelante el indispensable proceso de actualización doctrinaria y organización política que tan especialmente recomendó el General Perón, y que él mismo realizó de manera irreprochable durante su extenso exilio;
g) ante esa falencia, la necesidad de actualizar el programa y las alianzas sociales a las condiciones imperantes en el contexto internacional se tradujo, a partir del retorno de la democracia en 1983, en una pragmática adopción de programas, políticas y valores predominantes a escala internacional: el neoliberalismo en la década de los 90, y la socialdemocracia en el período 2003-2015.
Habida cuenta de que las condiciones actuales se diferencian con nitidez de las imperantes en esos años, las tareas de la hora exigen:
a) impulsar la actualización programática y de procedimientos a partir de los fundamentos doctrinarios del peronismo original –las tres banderas, las veinte verdades, el concepto de Comunidad Organizada, la definición de un modelo productivo, la inclusión social, etcétera–, en sintonía con las condiciones históricas contemporáneas; resulta inapropiado repetir recetas y alianzas que ya resultan obsoletas, y se corresponden con una estructura social y con relaciones de fuerza en el nivel internacional que hoy están desfasadas;
b) propender a la democratización y una mayor institucionalización de los mecanismos internos de gobierno, control y deliberación, en vista de la inexistencia de un liderazgo unipersonal; en la definición de un nuevo sistema colegiado deberán desempeñar un papel determinante quienes tengan probada experiencia en gestión y negociación: gobernadores, líderes sindicales y sociales, empresarios, etcétera, generando a la vez mecanismos de comunicación e interacción con las bases;
c) generar equipos técnicos capacitados y permanentes que posibiliten el desarrollo de un nuevo plan estratégico de mediano y largo plazo;
d) impulsar la federalización del proceso de toma de decisiones, y garantizar la consideración de las particularidades y los intereses provinciales y regionales;
e) generar una nueva alianza política bajo la forma de un frente con conducción peronista, que incluya también a otras expresiones políticas, sociales y gremiales que privilegien el interés nacional y la integración americana; es de destacar que el próximo gobierno, ya sea producto de las urnas o –llegado el caso– de una eventual decisión de una Asamblea Legislativa que preferiríamos no se produjese, adquirirá las características de un gobierno de crisis y deberá convocar necesariamente a la unidad nacional y de las fuerzas productivas y sociales;
f) intentar recomponer las filas del peronismo fragmentado a lo largo de la última década, a través de una amplia convocatoria que permita la reinserción de valiosos actores y agrupaciones que se alejaron en desacuerdo con el modelo socialdemócrata implementado;
g) promover un nuevo Pacto Social, y convocar a la definición de un Proyecto Nacional consensuado con otros espacios políticos, sociales y económicos, con una perspectiva de continuidad en el mediano y largo plazo;
h) promover la renovación de los liderazgos en los diversos niveles del partido y del movimiento, reconociendo las tareas desempañadas por compañeros y compañeras de base que han visto dificultado su ascenso dentro de las estructuras partidarias;
i) resulta fundamental discutir y promover un modelo cultural acorde a los principios cristianos del peronismo, inspirado en el concepto de Comunidad Organizada, para tratar de revertir la crisis espiritual y de valores que impulsaron el individualismo, el consumismo y el materialismo promovidos sin solución de continuidad a partir del golpe de 1976.
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