La centralidad del Estado en Argentina después del COVID-19

El desarrollo de políticas centradas en el enfrentamiento a las consecuencias de la pandemia y sus impactos en nuestro país ha desdoblado al menos dos grandes dimensiones constitutivas que permiten percibir la contradicción centrada en dos grandes procesos. Por un lado, la preeminencia de las políticas de salud, de prevención, tratamiento y control, frente a la garantía de la reproducción de una economía de mercado, en la que las grandes corporaciones y el sector financiero persisten en anteponerse a las anteriores, enfatizando el carácter disruptivo de las políticas del gobierno en las relaciones de libre mercado. Las élites y sus intelectuales han minimizado la gravedad de la pandemia y promueven del modo más abierto la selección natural como supuesto inherente al pensamiento liberal, herencia del darwinismo y cuyas tendencias se expresan en esta coyuntura, ya no como postulado económico, sino como una propuesta necrofílica de destrucción social y política. Por otro lado y como corolario de lo anterior, la contradicción entre un creciente intervencionismo estatal frente a una apelación a las libertades individuales, enunciadas por los sectores más reaccionarios que esgrimen esos postulados para conspirar contra las medidas de aislamiento social, y por otro la reducción del consumo y las actividades de vastos sectores de la economía.

En ese marco, existen serios indicios acerca de cuál es el rumbo que en estas contradicciones el gobierno asume como líneas tendenciales de construcción política. Sin dudas, la intervención creciente del Estado en políticas sociales concebidas integralmente. La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y la institucionalización del Ministerio de Salud, antes Secretaría, son claras señales de la centralidad de las políticas sociales para la gestión pública en esta coyuntura. Sin embargo, estas tensiones entre una posición liberal y otra intervencionista para enfrentar la crisis económica heredada del anterior gobierno, permiten también percibir que el Estado se torna en un agente central al momento de redefinir las prioridades en materia económica. Los procesos de renegociación de la deuda, el control del tipo de cambio y las incipientes medidas de redistribución a las provincias tornan un perfil interventivo en materia económica para mitigar los efectos económicos de las medidas adoptadas. Sin embargo, el Estado se constituye en un agente altamente regulador de las relaciones entre sectores sociales, y los procesos de centralización y distribución de recursos entre los niveles estatales adquieren nuevas dimensiones progresivas en términos de reducir las graves diferencias regionales.

El Estado se constituye en el principal rearticulador de las relaciones sociales, garantizando una gobernanza en la que la eficacia de las políticas profundiza el carácter cohesivo de aquellas relaciones. En suma, muchas transformaciones se suceden al calor de los condicionantes sociosanitarios de la pandemia sobre el Estado, sus políticas, pero también sobre las relaciones sociales en la coyuntura actual. Las modificaciones se encuentran en estructuración, pero la tendencia se percibe cercana a la promoción de un creciente intervencionismo en la economía, en el establecimiento de una extensa red de políticas sociales y una alta tecnologización de la Administración Pública, de los procesos educativos y por tanto con impactos sociales en la extensión y la promoción del uso de nuevas tecnologías en la sociedad. Estos desafíos comienzan a emerger y la reestructuración vuelve a poner en el centro del debate al Estado, su intervención en la economía, y las capacidades estatales de promoción del desarrollo económico y social, con una concepción centrada en el desarrollo de las propias capacidades de nuestra sociedad, con un proyecto nacional consolidado y la articulación y alianza con actores vinculados al sector secundario de la economía. Es probable que en el mediano plazo el Estado nación hegeliano del siglo XX vuelva a emerger con su despliegue, despejando los fantasmas de su crisis en el oscuro período del neoliberalismo.

 

Miguel Edgardo Vicente Trotta es abogado y licenciado en Ciencia Política y en Trabajo Social (UBA), doctor en Servicio Social, Política Social y Movimientos Sociales (Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo), y docente e investigador en la UNLa.

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