El rol del Estado y las políticas públicas en tiempos de pandemia

El rol del Estado y las políticas públicas son temas clave en las Ciencias Sociales, en particular la Economía, la Ciencia Política y el Derecho. Pero su análisis dentro del contexto de pandemia es un acontecimiento nuevo: jamás imaginamos algo así, solo en la ficción. Por primera vez desde distintos espacios académicos y disciplinas estamos reflexionando sobre un fenómeno verdaderamente global que acontece en nuestras vidas, que nos afecta y afectará fuertemente. Una nueva realidad a la que asistimos entre azorados y expectantes, y que ha golpeado a todos los Estados sincrónicamente, en mayor o menor medida.

La reflexión acerca del rol del Estado es esencial hoy más que nunca, más allá de que toda investigación acerca de ese tema esté teñida de connotaciones valorativas e ideológicas, y se torna difícil contestar objetivamente a la pregunta acerca de cuál debe ser, sin perjuicio de que el conjunto de sus actuaciones apunte a una cierta dirección política-ideológica. Antes de la pandemia, una pregunta recorría la teoría y la praxis política: ¿debe garantizar el Estado la igualdad de oportunidades para todas las ciudadanas y todos los ciudadanos? Por aquí transcurre la relación entre Estado y políticas públicas, y cómo utilizar la potencialidad estatal. Ello presupone un principio de equidad política, económica y social que asegure la calidad de la vida de quienes vivimos en sociedad. Pero desde hace tiempo se discute desde el campo teórico político y pragmático qué Estado se necesita y qué rol debe desempeñar, además de volver a pensar en la íntima relación entre democracia y Estado. Venimos de oscilaciones constantes.

Sostenemos, frente al tema del Estado, que es necesario recuperar una mirada crítica que reconozca que se está frente a una institución compleja, fragmentada, sometida a procesos constantes de construcción y destrucción, teniendo en cuenta lo acontecido en los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. Existe una necesidad de reformularlo: revalorizar el concepto y el valor del Estado como referente en la lucha por la construcción de las principales variables del orden social. Es una tarea urgente en tiempos de pandemia. El Estado es la única institución que puede llevar adelante políticas efectivas. Oscar Oszlak utilizó la metáfora de la “capilaridad social” del Estado: “las manifestaciones de su presencia celular en la organización de la vida de una sociedad”. Visto así, no es una entidad que esté arriba o fuera de las interacciones sociales. Está presente –o también ausente, como ha sucedido en varios momentos de nuestra historia reciente– de múltiples maneras, en prácticamente todas las esferas de la vida cotidiana a través de las conductas que prohíbe o sanciona, de los riesgos que previene, o de las oportunidades que crea o niega a las personas. El Estado proporciona el tejido –a decir de Oszlak– que sostiene a la organización social: le impone cierta dinámica, ciertas reglas para su organización y funcionamiento. El Estado es así la máxima instancia de articulación de relaciones sociales.

 

Políticas públicas

El Estado es el actor privilegiado de las políticas públicas, ya que es quien interviene con su estructura burocrática y de representación simbólica dentro de un campo de fuerzas donde se dirimen cuáles son los temas y los modos de resolución de los conflictos, y cuáles son las necesidades de las sociedades. Las políticas públicas son las acciones del Estado que realiza a través de sus gobernantes para movilizar recursos humanos, financieros e institucionales para resolver problemas. En general, las políticas públicas abordan temas sociales: benefician a unos y perjudican a otros. No hay soluciones definitivas de problemas, sino intercambio de problemas. Cada vez que se toman decisiones ocurre un reposicionamiento de actores, de escenarios y de fuerzas para abordar decisiones futuras.

Cualquiera sea la jurisdicción que gestiona una política pública –nacional, provincial o municipal– está definiendo objetivos, tomando decisiones y realizando acciones que llevarán adelante los gobiernos para solucionar problemas que en un momento dado los ciudadanos, las ciudadanas y el propio gobierno consideran prioritarios. A través de las políticas públicas se busca modificar una situación actual que se presenta como problemática para arribar a una decisión deseable de futuro. Es necesario por eso bregar a favor de un Estado que pueda ejercer el poder accionando mecanismos para solucionar conflictos que se generan por la cada vez más desigual sociedad en que vivimos, con un proyecto de país inclusivo, y que pueda gestionar sin ignorar a la mayor cantidad de personas o colectivos. Estamos hoy en esa senda.

 

Cómo nos encuentra la pandemia

El mundo enfrenta una emergencia sanitaria global sin precedentes ocasionada por la pandemia, ante la cual las medidas adoptadas por los Estados son fundamentales, y deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. La situación no ha sido óptima en ninguna parte del mundo. En el mundo entero hay desigualdades, inequidades y exclusiones que se presentan de distinta manera. En Reinventar la democracia. Reinventar el Estado el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos sostiene que la debilidad del Estado no es un efecto secundario o perverso de la globalización de la economía, sino el resultado de un proceso político que intenta conferir al Estado otro tipo de fuerza más sutilmente ajustada a las exigencias políticas del capitalismo global.

La pandemia encontró a la mayoría de los Estados del mundo en “modo globalización”, con las consecuencias humanas –al decir de Bauman– que ella ha generado, porque hasta en los países con alto grado de desarrollo económico existen bolsones de desigual distribución y desarrollo humano, minorías étnicas, raciales, inmigrantes, mujeres y niños, sin techo, desocupados y desocupadas. Ni Europa, ni América del Norte son un paraíso. En la región la situación no es mejor. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Resolución 1/2020 del 10 de abril, señala que “las Américas es la región más desigual del planeta, caracterizada por profundas brechas sociales en que la pobreza y la pobreza extrema constituyen un problema transversal a todos los Estados de la región; así como por la falta o precariedad en el acceso al agua potable y al saneamiento; la inseguridad alimentaria, las situaciones de contaminación ambiental y la falta de viviendas o de hábitat adecuado. A lo que se suman altas tasas de informalidad laboral y de trabajo e ingresos precarios que afectan a un gran número de personas en la región y que hacen aún más preocupante el impacto socioeconómico del COVID-19. Todo esto dificulta o impide a millones de personas tomar medidas básicas de prevención contra la enfermedad, en particular cuando afecta a grupos en situación de especial vulnerabilidad”. La pandemia supone desafíos aún mayores para los Estados que se encuentran dentro de estas características. El nuestro es uno de ellos, tanto en términos de políticas y medidas sanitarias, como en capacidades económicas que permitan poner en marcha medidas de atención y contención que resultan urgentes y necesarias para proteger efectivamente a las poblaciones. Ello supone llevar adelante políticas públicas, es decir, Estado. La presidenta del FMI Kristalina Gueorguieva señalaba a inicios de la pandemia que los países en desarrollo serían los más afectados y los que necesitarían más apoyo por un período prolongado de tiempo. La CEPAL prevé una caída del 9,1% en el PBI, considerando que la población en condición de pobreza en América Latina y el Caribe podría llegar a 83 millones. Las distintas naciones han volcado importantes cantidades de fondos a la economía y la salud. Verbigracia, el paquete fiscal de Estados Unidos representa 14 puntos del PBI, y los países del G20 en promedio asisten con el 6% del PBI.

En el caso particular de nuestro país, teniendo en cuenta el artículo 42 de la ley fundamental, debe garantizarse el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente para proteger la salud individual y colectiva. Será diferente según cuáles sean los colectivos o sectores que se atiendan. Si se trata de grupos en situación de vulnerabilidad, fue esencial la adopción de políticas de seguridad social, concretándose el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), así como el acceso a sistemas de salud, al diagnóstico y testeos en barrios más humildes, camiones sanitarios y tratamientos, a fin de brindar atención integral de la salud física y mental sin discriminación. En sectores no vulnerables, la crisis económica que acompaña a la sanitaria hizo necesario aplicar otras políticas, tales como asistencia para el trabajo y la producción (ATP), préstamos a pymes para minimizar los impactos negativos en el empleo, prohibición de despidos, congelamiento de tarifas y prohibición de corte de servicios esenciales.

Con estilos diferentes en pos del bienestar y el sostenimiento del derecho a la salud, todos los gobiernos fortalecieron los sistemas sanitarios. En el caso nacional, sin dudas se han fortalecido herramientas indispensables de las políticas públicas que coadyuvan a asegurar derechos. Los Estados han reaccionado dándose cuenta que es un problema que el Mercado no puede resolver, y que deben contar con recursos para atender las necesidades. El Estado sigue siendo, pese a los cambios ocasionados por el poder erosionador de los mercados, el referente fundamental en la lucha por la construcción de las principales variables del orden social. Sousa Santos describe al Estado como “un animal extraño, mitad ángel, mitad monstruo, pero sin él muchos otros monstruos andarían sueltos a la caza de ángeles indefensos. Mejor Estado siempre, menos Estado nunca”.

 

Ana María Raggio es licenciada en Ciencia Política (UNR), magister en Ciencia Política y Sociología (FLACSO) y profesora de Derecho Político (UNR y UCEL).

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