COVID-19: crisis de la gobernanza global

Juan Carlos Herrera

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La irrupción de la pandemia del COVID-19 ha planteado una excepcionalidad sin precedentes en el mundo. La expansión del virus, su agresividad en el contagio y las formas de mutación que se están observando, ponen de manifiesto que estamos ante la más extendida epidemia de carácter global, pues el antecedente más próximo –la Gripe Española en 1918– dejó a salvo espacios del planeta que no experimentaron su virulencia por las limitaciones existentes en los desplazamientos de personas a nivel planetario.

En este contexto, podemos observar los déficits que se ponen de manifiesto en cuanto a las capacidades globales para la coordinación de políticas. La OMS, organismo competente para entender en la pandemia, fue adecuando sus recomendaciones al ritmo de su expansión, con una dinámica de ensayo y error en función de la información producida en el nivel de los diferentes países. Los sistemas de alerta epidemiológica no funcionaron de modo oportuno y la única estrategia adecuada fue la de evitar los contactos interpersonales restringiendo la movilidad de la población, a la espera de reducir la velocidad de los contagios para no colapsar los sistemas sanitarios. Estrategia de cuarentena del siglo XIV para un virus del siglo XXI, pero sin dudas la más eficaz de todas.

La potencialidad del virus no está solamente vinculada al ámbito biomédico. Más allá de lo imaginado, el virus ha demostrado su capacidad para transformar un modo de vida, no sólo en la emergencia, sino de extenderlo en el tiempo, cambiando las condiciones de la sociabilidad humana donde la expansión de formas digitales de comunicación y estructuración del trabajo están perfilando una nueva normalidad en la que coexistirán espacios y momentos de inmunidad con rebrotes intermitentes.

No parece fácil pronosticar si el futuro será mejor y si los diversos actores que toman decisiones a nivel global promoverán ámbitos de cooperación para coordinar políticas que preserven la vida en condiciones renovadas de bienestar socioeconómico, o si decidirán acelerar la marcha inercial hacia la maximización de la rentabilidad económica a costas de mayor exclusión y miseria de los pueblos en los cinco continentes.

Algunos acontecimientos recientes sirven como indicadores: la puja entre las principales potencias para apropiarse de material sanitario en los aeropuertos; el agravamiento de sanciones y bloqueos económicos unilaterales a naciones que demandan auxilio humanitario; la competencia entre corporaciones financieras y biomédicas para tener la primacía de royalties en la invención de una vacuna; y las imposiciones de los fondos de inversión a países endeudados, muchos de ellos utilizados como plazas de maniobra financiera para sustraer recursos de la economía productiva y fugar divisas. Alumbra un horizonte poco conducente para un proyecto de transformación centrado en valores más humanitarios.

Así, resulta claro que asistimos a lo que podría caracterizarse como segunda fase de la crisis del modelo de Gobernanza Global desatada por la hecatombe financiera mundial de 2008 a partir de la quiebra del banco Lehman Brothers. En efecto, aquella crisis puso de manifiesto el inestable equilibrio de fuerzas ínsito en el modelo de gobernabilidad del Consenso de Washington para gerenciar el proceso de globalización derivado de la conjunción entre revolución tecnológica de las comunicaciones y crecimiento exponencial de la velocidad transaccional y la circulación financiera global. En aquella oportunidad quedó demostrado que los agentes de esta nueva dinámica de globalización neoliberal negaban toda responsabilidad institucional por sus acciones, y los Estados nacionales debieron asumir el pasivo del colosal endeudamiento generado por el fraude de las “garantías sub prime”.

Desde entonces se evidenció que el modelo de gobernanza global postulado como un sistema de acuerdos para coordinar políticas globales en instancias supranacionales no institucionalizadas (G7 y G8, posteriormente G20) resultaba ineficaz, mientras los organismos de las Naciones Unidas perdían capacidad de regulación sobre las relaciones interestatales. La OIT no puede morigerar las prácticas de flexibilización laboral y asiste impotente a las formas de precarización del trabajo en el mundo. Lo mismo ocurre en la Organización Mundial del Comercio (OMC) que no logra avanzar en regulaciones del comercio y es avasallada por imposiciones unilaterales de sanciones económicas que configuran acciones de guerra comercial de final insospechado. En consecuencia, no extraña que la OMS deba asumir decisiones y recomendaciones de manera errática, en tanto sufre presiones como el reciente anuncio de Donald Trump de quitar la cuota de financiamiento obligada por la suscripción de un tratado internacional.

De este modo, no resulta aventurado afirmar que la epidemia de COVID-19 ha puesto a descubierto las falencias del orden internacional hegemonizado por el modelo de globalización neoliberal sustentado en la hegemonía geopolítica de los Estados Unidos. Previo a la pandemia, dicha hegemonía ya era desafiada por el crecimiento de la economía china, el posicionamiento geoestratégico de Rusia, con preferencia en el Medio Oriente y Venezuela, las tensiones crecientes en las relaciones con una Europa que pugna por mayor autonomía para relacionarse con el mundo, el provisionamiento energético de Rusia (Alemania) y Defensa Militar (Francia), con demandas de cambios a nivel de la OTAN. Asimismo, el escenario de las próximas elecciones estadounidenses a celebrarse en el mes de noviembre muestra crecientes turbulencias por la gestión de la pandemia y los conflictos socio-étnicos recientes. Es evidente que la estabilidad del sistema unipolar derivado de la caída del mundo soviético se ve erosionada por la pérdida de eficacia y legitimidad del liderazgo norteamericano en el escenario internacional, a pesar de los arrestos de nacionalismo xenófobo de Donald Trump y algunos regímenes cautivos fuera de los Estados Unidos.

Lo mencionado hace pensar en una profundización de la crisis del sistema global, incapaz de garantizar el equilibrio necesario entre los intereses de los concentrados económico-financieros y las estructuras institucionales de regulación internacional para ofrecer un horizonte de estabilidad y progreso sustentable. El sistema más avanzado y consistente con el paradigma globalizador lo constituye la Unión Europea que ha logrado una integración socioeconómica y política multinivel, articulando desde el umbral local hasta el nacional y europeo. Sin embargo, la crisis del COVID-19 está planteando dudas sobre su continuidad, debido a las tensiones crecientes para definir un modelo de recuperación más o menos equitativo entre los países para recuperar los índices de bienestar de sus poblaciones.

En consecuencia, hay suficientes indicios para pensar que el mundo verá agudizarse la incertidumbre debido a: a) las limitaciones de la investigación científica para prevenir a tiempo las potenciales amenazas sanitarias; y b) la ausencia de reglas de juego estables entre los detentadores de poder global, que además compiten en esferas desterritorializadas –finanzas, comunicación y vigilancia digital– y divorciadas de las necesidades de la producción, del trabajo, la educación, la preservación del ecosistema y las demandas de bienestar que angustian a los pueblos del mundo.

En este panorama, una mirada a nuestro país descubre los esfuerzos denodados de un gobierno que a los dos meses de asumir debe enfrentar una pandemia global sin los recursos necesarios, de los que fue privado por una administración que durante cuatro años no trepidó en destruir los sectores productivos más integrados, agudizar la pobreza de los contingentes sociales más vulnerables, contraer deuda en condiciones leoninas para los intereses nacionales, y enajenar recursos para consolidar una base de poder oligárquico con hegemonía financiera y comunicacional que está demostrando una alta capacidad de desestabilización democrática.

El gobierno nacional se vio urgido para construir una agenda de emergencia contra la difusión del virus con base en una opción diferente a otras estrategias, en este caso, privilegiando el cuidado de la vida. Son decisiones de extrema racionalidad porque se impone la actitud de prevención y se desalienta el riesgo. Sin embargo, los agentes locales del poder transnacional han visto una coyuntura propicia para arremeter contra un proyecto de gobierno que pone en cuestión la impunidad de sus privilegios. Estos actores del poder oligárquico son conscientes de los costos que podrían pagar si se profundizan los procesos de concientización de derechos que se manifiestan dentro y fuera de nuestro país. El debilitamiento del ensayo político neoliberal en el continente –Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil, etcétera– sumado a la incertidumbre de la elección en Estados Unidos les exige actuar con premura y salir a impugnar al gobierno democrático, porque en un escenario de desestabilización confían con poder arbitrar desde espacios del poder institucional.

Para ello se valen de un discurso con alto impacto emocional que impugna la racionalidad de las decisiones de gobierno y, al mismo tiempo, busca dinamitar los ámbitos de discusión política –parlamento, partidos, organizaciones sindicales. Una estrategia comunicacional en clave metonímica que opera con datos falsos para construir relatos verosímiles ante supuestas amenazas –comunismo, violaciones a la propiedad privada– rechazando el debate de ideas que pudiera promover una oposición republicana. A diferencia del orden conservador que buscaba justificar un orden jerárquico bajo premisas de legitimidad republicana, la oligarquía neoliberal no busca imponer un orden, sino la impunidad del privilegio que solo puede existir en una sociedad vaciada de legitimidad pública y de racionalidad política: un régimen sin ciudadanos en una sociedad viciada por la exclusión y la ausencia de responsabilidad en el ejercicio del poder.

 

Juan Carlos Herrera es doctor en Ciencia Política y docente universitario.

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