A propósito de las elecciones en Estados Unidos y la pospandemia

Las recientes elecciones en Estados Unidos han puesto de manifiesto una crisis política en ese país que está inscrita en su naturaleza de representación censitaria del sistema electoral y en manifestaciones radicalizadas de una brecha socio-cultural y étnica que muchos analistas no han dudado en calificar como ruptura del pacto social básico estadounidense, el “sueño americano”, fundado en la certeza de la movilidad social meritocrática con expectativas crecientes de progreso y bienestar.

En efecto, las anticipadas alertas de fraude electoral, vociferadas por el presidente Donald Trump, sumadas a su peculiar estilo de comunicación y de gobierno, han incentivado la polarización política y la radicalidad de ideas “supremacistas” fronteras adentro, así como la ostentación de un discurso beligerante hacia afuera. Como consecuencia de ello y otros factores de más larga data, se ha evidenciado una partición electoral en dos bandos que cruza transversalmente a la sociedad norteamericana, expresando cada uno de ellos perfiles y atributos socioculturales diversos con voluntades antinómicas.

Con el triunfo del candidato demócrata Joe Biden se renuevan interrogantes y expectativas en torno a nuevas posibilidades y oportunidades que ofrecería el escenario global en el corto y mediano plazo. ¿Qué intensidades tendrán los cambios impulsados por la nueva administración? ¿Serán más favorables para el desarrollo de los países periféricos? ¿Quiénes se benefician y quiénes se perjudican? La respuesta es difícil por la multiplicidad de variables en juego, pero es posible que esta vez Estados Unidos tenga que poner más atención en sus problemas internos, si quiere contener las explosiones de demandas disímiles que seguramente se acrecentarán, tanto en lo socio-étnico como en lo socioeconómico, agravadas por los efectos del COVID-19. No obstante ello, es previsible que se mantengan sus intereses geopolíticos hacia nuestra región, aunque la administración de la agenda interna pueda ofrecer a ciertos gobiernos márgenes de tiempo para una reconstitución de alianzas democráticas en nuestro subcontinente.

Ahora bien, más allá de los escenarios posibles con el cambio de gobierno, de lo que estamos seguros es de la continuidad y el afianzamiento del modelo de crecimiento económico hegemonizado por el capitalismo financiero e informacional que ha logrado la globalización total en sus procesos de expansión, hasta el punto en que la dinámica de concentración de renta y exclusión social está descubriendo sus límites sistémicos, hasta el extremo de pensar en una posible hecatombe en la que no se descartan conflictos bélicos de alcance global o limitados a geografías nacionales o regionales, en disputa por el control de recursos naturales, tecnológicos o represiones sistemáticas de las crecientes demandas de contingentes populares, originadas en situaciones de máxima precariedad social.

Desde sus orígenes, el capitalismo se ha caracterizado por una dinámica de generación y acumulación de riqueza que hizo posible una visión optimista y virtuosa de la economía y la sociedad desde hace más de un siglo, fundada en la premisa de que el afán de lucro individual terminaría generando el bienestar social por la “mano invisible del mercado”. Una ideología que aun hoy postula el crecimiento económico al infinito en un mundo con recursos finitos, por lo que toda política de prevención y cuidado para preservar los equilibrios ecológicos, la protección de la convivencia social y la dignidad de las personas será siempre deslegitimada por entorpecer la realización de la sacrosanta “libertad de mercado”. Se dirá que los límites están en la naturaleza física, pero no en la inteligencia del ser humano ni en su capacidad de ampliar las fronteras del conocimiento para nuevas oportunidades y aplicaciones tecnológicas. En efecto, la modernidad capitalista se ha desarrollado con eje en la expansión de una “racionalidad instrumental”, sin referencia a valores ordenadores en función de la prudencia y los límites éticos. Un mundo regido por la racionalidad de los medios sin preocuparse por la ética de los fines. El resultado está entre nosotros.

En este contexto, cabe anotar la mutación capitalista de mediados de la década de los años setenta del siglo pasado, orientada por la consigna thatcheriana: “la sociedad no existe, sólo existen los individuos… la economía de mercado es el medio, el objetivo final es cambiar el corazón y el alma” de las personas. Así, el capitalismo inició su fase neoliberal, lanzado a una expansión sin límites de los mercados, merced a las presiones sobre los Estados nacionales para que ejercieran la protección de las organizaciones financieras y el interés de las corporaciones oligopólicas. Todo ello, a expensas de los intereses y las necesidades de las personas, que vieron reducirse sus perspectivas de inserción en el sistema y comienzan a manifestar oposiciones crecientes a la mercantilización de la vida y la sociedad.

En tal sentido, se observan procesos de desintegración en algunas sociedades, Estados con una institucionalidad democrática debilitada, y sistemas de gobernanza global ineficaces. Mientras, las perspectivas dominantes son: intensificación de los conflictos sociales por una redistribución más equitativa de la riqueza; oligarquías globales que no aceptan responsabilidades sociales por la gestión del capitalismo de renta; la pretensión de reducir el Estado a su dimensión de control fiscal; precarización del trabajo y desintegración de modos de vida asociados al mundo laboral; corrupción como componente inescindible del modelo; mercantilización de bienes esenciales para la vida: salud, educación, jubilación, etcétera; conversión de culturas, tradiciones y comportamientos típicos de las naciones en nuevos mercados de consumo globalizado; afán por transformar a la ciudadanía en clientela de los mercados de consumo comunicacional para colonizar sus preferencias político-electorales; finalmente, en lo geopolítico, incapacidad de la potencia hegemónica para cooperar en la construcción de un equilibrio internacional no beligerante, disuasivo del empleo de la fuerza bélica y consistente en acciones multilaterales para la prevención de los conflictos.

El desorden entrópico del sistema capitalista en su fase neoliberal abre una incertidumbre marcada por la continuidad de ciertas prácticas que han desembocado en la desestructuración de modos de convivencia, sin que podamos vislumbrar estrategias virtuosas que las sustituyen a corto plazo. La “destrucción creativa”, tantas veces invocada como virtualidad del capitalismo, carece hoy de una ética asociada a lo productivo que permita la integración socioeconómica de los individuos. Estamos ante un paradigma de la expansión material que de-socializa los modos de vida, agravado por la hegemonía de los medios de comunicación, productores de individuos egocéntricos y refractarios a sus responsabilidades en la vida pública.

Es en este marco de situación global que el gobierno visualiza el escenario de  la pospandemia subrayando dimensiones fundamentales: reactivación del crecimiento económico orientado al desarrollo de nuevas potencialidades en la economía productiva; estrategias de inclusión social basadas en el trabajo como eje ordenador de la integración de demandas; revalorización del mundo laboral con el protagonismo de los sindicatos y las organizaciones sociales representativas de los contingentes desplazados por  la economía especulativa; institucionalidad democrática plena, con eje en la participación ciudadana y el fortalecimiento de la vida pública, mejorando la calidad del debate político; afirmación de la soberanía nacional en el plano internacional y estrategias de integración regional orientadas a la construcción de un orden más cooperativo y multipolar.

Para ello será necesario acompañar los esfuerzos del gobierno en incentivar el desarrollo de nuevas capacidades del Estado, en todos sus niveles: capacidades institucionales, y fundamentalmente capacidades de gestión pública, que permitan una más ágil identificación de las demandas sociales para el desarrollo de políticas públicas consistentes; planificar estrategias de mediano plazo y evaluables en su eficacia, para abordar los problemas estructurales con intervenciones programadas desde perspectivas múltiples y con instrumentos diferenciados para operar en situaciones complejas; profundizar en mecanismos ágiles de coordinación interministerial y territorial, a nivel de las instancias federales de gestión de las políticas públicas.

La voluntad de actualizar el desarrollo de una comunidad organizada, donde la producción de la riqueza y el trabajo sean los ejes estructuradores, fue el mandato de la ciudadanía expresado en el resultado electoral del 10 de diciembre de 2019. La imprevista eclosión de la pandemia del COVID-19 obligó a recomponer la capacidad sanitaria y responder en forma diligente al desafío. El gobierno debió atender a la subsistencia de millones de personas con carencias fundamentales y atemperar los efectos recesivos en la percepción de los ingresos en incontables familias argentinas. Se atendieron las necesidades de los sectores más vulnerables y la implementación de las políticas públicas se desarrollan bajo el principio del cuidado y la promoción humana. La vigencia de las libertades individuales y los derechos democráticos han sido salvaguardados en todo momento, y también el respeto al pluralismo democrático y al accionar de la oposición política.

Con la esperanza en la pronta contención de la pandemia ya se evidencian signos de reactivación económica y de recomposición de los modos de vida con signos de optimismo. El escenario mundial presentará tensiones, amenazas y conflictos de compleja resolución. Al mismo tiempo emergerán coyunturas y oportunidades que desafiarán las capacidades estratégicas de un gobierno consciente de los desafíos. Con esa convicción, corresponde, a quienes elegimos este proyecto de transformación, comprometer la voluntad personal y colectiva, ideas y propuestas, para expandir el espacio de la participación democrática y custodiar la soberanía de las decisiones asumidas por el gobierno nacional en cumplimiento de los compromisos con los estados provinciales y el pueblo de la nación.

 

Juan Carlos Herrera es doctor en Ciencia Política.

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