El Justicialismo se constituyó, desde su nacimiento a mediados de la década de 1940, en el movimiento político y social más importante de la Argentina, por lo que fue –y es– estudiado en sus múltiples manifestaciones por autores de las más diversas expresiones ideológicas. En este artículo se aborda una experiencia original del primer peronismo, el de los agregados obreros a las embajadas del país en el exterior. Sobre el desempeño de dichos funcionarios existen opiniones encontradas: ¿llevaron a cabo una injerencia perturbadora en los países donde estuvieron destinados, según sentencian sus críticos, o promovieron la solidaridad y la amistad entre los pueblos, tal como expresan sus defensores? ¿Se constituyeron en propagandistas del peronismo o solamente en difusores de la realidad sociolaboral argentina? ¿Resultaron una presencia molesta y negativa para el personal de carrera de la Cancillería o una presencia revitalizadora en un ámbito tradicional, elitista y anquilosado?
La intención de este artículo es dilucidar, en la medida de lo posible, los interrogantes planteados. En la primera parte se verá cómo se organizó el cuerpo de agregados obreros, en tanto que en la segunda se abordará el desempeño que tuvieron sus integrantes y cuáles fueron los inconvenientes que debieron enfrentar en su cometido.
Creación, organización, capacitación y funciones del cuerpo de agregados obreros
Al poco tiempo de haber asumido por primera vez la Presidencia constitucional de la República, el general Juan D. Perón adoptó las medidas necesarias para la creación del cuerpo de agregados obreros que debían desempeñar sus funciones en las embajadas del país en el exterior. Si bien esta iniciativa se llevaría a la práctica por primera vez en la historia nacional, no era nueva a nivel internacional, pues países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia poseían agregados laborales en esa época, y otros, como México, los habían tenido en años anteriores.[1] Sin embargo, estos representantes no eran –en la mayoría de los casos– auténticos obreros, sino abogados de sindicatos, especialistas en legislación laboral y social, o personal técnico del Ministerio de Trabajo. Lo cierto fue que Perón tenía conocimiento de estos antecedentes, pero su intención no era copiarlos, sino darle una fisonomía propia. En realidad, lo que el Primer Mandatario pretendía era incorporar a la clase trabajadora a la diplomacia, tal como estaba sucediendo con otras profesiones. Al respecto expresó en septiembre de 1946: “Queremos también que nuestros obreros compartan una función más del Estado, porque así estarán en el gobierno, en la administración, en la legislación y, por último, en la representación augusta de nuestra Nación frente a las demás naciones del mundo. (…) Antes había agregados comerciales, navales, aeronáuticos, culturales y militares que representaban las fuerzas económicas de la Nación, sus fuerzas culturales, sus Fuerzas Armadas, y nosotros hemos pensado en las fuerzas del trabajo, que son tan importantes como cualquiera de las otras. Queremos también entrelazar armoniosamente en el exterior la representación de esas fuerzas que son la esencia misma de la nacionalidad” (La Nación, 3-9-1946). En consonancia con este pensamiento, por decreto 7976 del 23 de agosto de 1946 se creó un Curso de Perfeccionamiento para delegados obreros que serían agregados a las embajadas. Atento a la conveniencia de poner en ejecución dentro del menor plazo posible el mencionado curso, por decreto 8.890 del 31 de agosto siguiente se encargaba la organización y dirección del mismo a un Consejo Superior integrado por el dirigente de Unión Ferroviaria, Anselmo D. Malvicini como director general, y por Dorindo Carballido, José Mousso, Juan Celhay y Eduardo Castillo como vocales (Boletín Oficial de la República Argentina –BORA–, 15.592, 3-10-1946).
De esta manera, y sin pérdida de tiempo, se puso en marcha el citado Curso de Capacitación, que debía ser aprobado por los aspirantes, todos ellos dirigentes sindicales propuestos por sus respectivos gremios, para diplomarse como agregados obreros. Tal celeridad fue posible porque Malvicini se puso en contacto con el Ateneo de Estudios Sociales a través de Juan C. Juárez, uno de sus integrantes. Esta entidad había nacido a fines de 1944 y estaba plenamente identificada con la obra que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión había realizado el entonces Coronel Juan D. Perón (Ochoa de Eguileor, 2007: 32). De este Ateneo surgieron el plan de estudios del curso –que incluía materias como Oratoria, Seguridad y Medicina Social, Sociología, Economía Social, Historia del Sindicalismo Argentino, Derecho del Trabajo y Formación Política– y el plantel de profesores, integrado por Luis Cerrutti Costa, Rodolfo Tecera del Franco, Jorge A. Dávalos, Pedro Wiurnos, Adolfo Echegoyen, Jorge Ochoa de Eguileor y Juan C. Juárez, este último designado director general del curso. Resultado de este trabajo fue el egreso de la primera promoción de Agregados Obreros, que se diplomó el 14 de diciembre de 1946, luego de capacitarse durante tres meses.
Un año después se le otorgó una mayor organicidad a la cuestión, pues por el decreto 39.596 del 17 de diciembre de 1947 se creó un Curso de Elevación Cultural Superior –denominado más adelante “Juan Perón”–, cuya preparación y funcionamiento le correspondería a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Cinco días después, el titular de esta agencia, José M. Freire, dispuso que el curso funcionase bajo la dirección técnica de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. De esta manera, luego de capacitarse durante todo el año 1948, la segunda promoción de agregados obreros se diplomó el 18 de febrero de 1949, en tanto que a partir de la tercera, diplomada en mayo de 1951, el curso se amplió a dos años de duración. Esto implicó un aumento del número de materias y del plantel de profesores. Así, se incorporaron las disciplinas de Instrucción Cívica, Historia Argentina, Historia Universal, Política Internacional, Geografía Argentina y Universal, Derecho Constitucional, Historia del Movimiento Obrero Universal, Derecho Administrativo y Derecho Internacional, y los profesores Osvaldo de Antueno, Héctor O. Montero, Oscar S. Martini, Juan R. Picheto y Juan Jiménez Domínguez (Panella, 1994: 37).
En realidad, la intención manifiesta no era solo la de elevar cada vez más el nivel cultural de los futuros agregados obreros, sino también la de capacitar dirigentes para que pudiesen desempeñarse en el ámbito del sindicalismo o de la política, además de la diplomacia. En función de lo expresado, el curso fue reestructurado a mediados del año 1955: por decreto 9.478 de fecha 21 de junio se creó el Instituto de Elevación Cultural “Juan Perón”, en reemplazo del anterior, recibiendo los egresados el título de Asesores Sociales e Industriales, que los habilitaba igualmente para desempeñar funciones como agregados obreros (BORA, 17.926, 24-6-1955). Lo cierto es que de estos cursos dictados entre 1946 y 1955 egresaron, en siete promociones sucesivas, 485 agregados obreros, de los cuales 50 eran mujeres (Bottarini, 1997: 432). De ellos, 108 prestaron funciones en el exterior, incluidas cuatro mujeres,[2] que cubrieron casi todas las representaciones diplomáticas del país en el exterior.
Ahora bien, ¿cuál era el encuadre legal de los mencionados agregados obreros? El 6 de febrero de 1947 el Congreso Nacional sancionó la ley 12.951 sobre modificaciones en el Servicio Exterior de la Nación, contemplando en su artículo 9 la designación de Agregados Obreros en las representaciones diplomáticas, los que dependerían del jefe de misión, del cual debían cumplir órdenes y además enterarlos de las instrucciones que recibían y de los informes que remitían a los respectivos ministerios (BORA, 15.713, 5-3-1947). Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto había creado por Resolución 44 de fecha 8 de enero de 1947 la División Organización Internacional del Trabajo (DOIT), cuya misión específica era asistir al Ministerio en todo lo vinculado con las cuestiones sindicales, laborales y sociales desde el punto de vista internacional. Como funciones, dicho organismo debía ejercer la dirección de todas las Agregadurías Obreras en el exterior, impartir a las mismas las instrucciones emanadas de la superioridad, estudiar y analizar todas las informaciones que se recibían de los agregados obreros, como así también considerar de inmediato todas las inquietudes y demandas que éstos pudiesen formular. Por último, la DOIT debía difundir en el exterior, por medio de los agregados obreros, “el progreso y las conquistas sociales que han logrado los trabajadores argentinos sindicalmente organizados”, y realizar “estudios en base a los informes que remiten dichos funcionarios sobre las legislaciones sociales y sistemas de organizaciones gremiales en los distintos países” (AMREC). Debe agregarse que la DOIT estaba en estrecho contacto con el Departamento Internacional de la Confederación General del Trabajo, creado también en el año 1947 y a cargo del sindicalista Antonio Valerga.
Con posterioridad a la creación de la DOIT, el 25 de noviembre de 1948 el Ministerio remitió a todos los agregados obreros destacados en las representaciones diplomáticas las Instrucciones a que debían ajustar su cometido. Se dividían en dos partes. La primera de ellas contenía las normas relativas al ejercicio de la función, destacándose que los representantes obreros debían ajustarse a las disposiciones de la ley 12.951 de Servicio Exterior, teniendo en cuenta especialmente las siguientes prohibiciones: a) intervenir en la política interna del país en que ejercían sus funciones; b) formular declaraciones, realizar publicaciones o dar conferencias sin previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Luego se mencionaban los cometidos que debían cumplir los representantes obreros, a saber: 1) hacer conocer la realidad argentina en lo que respecta al movimiento sindical, gestionando el acercamiento entre las centrales obreras de los respectivos países y la CGT argentina; 2) vincularse con los principales dirigentes del movimiento obrero local, difundiendo los postulados de la “Tercera Posición” argentina (AMREC).
En la segunda parte se hacía referencia a las características que debían tener los informes que elaboraban los agregados obreros y enviaban periódicamente a la Cancillería. Allí se mencionaba que los mismos debían contener información referida a huelgas, lock outs u otros movimientos que se produjesen en el país de destino con relación al trabajo y el capital, condiciones de trabajo, legislación social y laboral, trabajo de mujeres y niños, desarrollo del cooperativismo, medidas tomadas para resolver el problema de la vivienda, salarios y costo de vida, organización sindical, etcétera (AMREC). Debe acotarse que esta segunda parte se amplió con mayores precisiones y especificaciones por circular de la DOIT del 21 de noviembre de 1951.[3] Asimismo, y con el fin de otorgarle status diplomático al representante obrero, por decreto 6.420 del 15 de marzo de 1949 se creó la carrera de Agregados Obreros, estipulándose en consecuencia las siguientes categorías: consejero gremial de primera y segunda clase; secretario gremial de primera, segunda y tercera; y agregado obrero (BORA, 16.303, 21-3-1949).
Lo que todavía resta es ver el sentido que tenía la existencia de los agregados obreros en consonancia con las funciones que ejercían. Esto es: cuál era su razón de ser. El propio Perón, en el discurso pronunciado el 18 de febrero de 1949 con motivo de la entrega de diplomas a los egresados de la segunda promoción, lo explicó de la siguiente forma: “El agregado obrero va hacia esos pueblos a ofrecer nuestra amistad, a corregir el anacronismo de todos los tiempos, cuando las relaciones eran de Cancillería a Cancillería, de hombre a hombre o de gobierno a gobierno. Nosotros interpretamos la verdadera amistad de los pueblos cuando hay amor de pueblo a pueblo. (…) Esta acción de hacer conocer la verdad, de establecer una estrecha amistad y comprensión entre los pueblos, de ayudar a todo cuanto sea posible para que los pueblos sean más felices, de respetar y de inspirar respeto, de sembrar la verdad practicándola, de sentir la verdad diciéndola, de establecer el ejemplo practicándolo, es lo que nuestros muchachos esparcen a lo largo de todos los continentes de la tierra y a fe mía que lo esparcen bien” (Perón, 1998: 96). Dicha diplomacia “de pueblo a pueblo”: se entroncaba con la idea que tenía el presidente argentino de que “hay que actuar sobre los pueblos, pues los gobiernos pasan pero los pueblos quedan”. Por su parte, los agregados obreros cumplieron esta misión de contacto munidos de abundante material informativo y propagandístico referido al peronismo y su obra de gobierno.
Actividades, desempeños y vivencias: una visión del mundo
La vinculación con los movimientos sindicales de los países a los cuales fueron destinados y la observancia de la realidad laboral, política, social y económica de los mismos, les permitió a los agregados obreros tener un conocimiento cabal de la situación de la clase obrera mundial de posguerra. Asimismo, el prisma por el cual observaron y vivenciaron dicha realidad implicó una determinada visión del mundo –la peronista en definitiva–, la cual intentará ser reflejada a continuación, a través de testimonios de sus protagonistas.
Detrás de la Cortina de Hierro, las nocivas consecuencias socioeconómicas que la Segunda Guerra Mundial produjo en la Unión Soviética, como así también el férreo autoritarismo ejercido por José Stalin, se conjugaron para ofrecer al agregado obrero Pedro Conde Magdaleno una imagen por demás negativa del primer país socialista. No pudo visitar todas las fábricas, hospitales, sindicatos, clubes, etcétera, que pretendió, pues solo fueron contestadas favorablemente dos de sus solicitudes enviadas a las autoridades respectivas. Pese a ello, logró visitar lugares de trabajo y tomar contacto con obreros soviéticos, además de observar la realidad social y política del país. De esa manera pudo constatar el bajo nivel de vida de la clase trabajadora soviética, la miseria existente, el hambre, el mercado negro, el desabastecimiento, el duro trabajo de las mujeres, el incumplimiento de las leyes laborales, la ausencia de libertad política, como así también los privilegios de los cuales gozaban los dirigentes del Partido Comunista, los jefes militares y los altos funcionarios de gobierno (Conde Magdaleno, 1951: 32). Como puede deducirse, y esto lo observó por cierto Conde, la diferencia con el nivel de vida del trabajador argentino era abismal.
Las naciones de Europa Oriental incorporadas a la órbita comunista vivían una situación política y socioeconómica similar a la de la Unión Soviética, tal como lo observó el agregado Eleuterio Cardoso en Polonia, donde pudo visitar zonas mineras, como la de Katowice, y verificar allí las duras condiciones de trabajo de los mineros, los bajos salarios, el mercado negro y el racionamiento de los alimentos (Panella, 1994: 40).
Europa Occidental: la situación socioeconómica de los países de Europa occidental en la segunda mitad de la década de 1940 era sumamente difícil, sobre todo hasta que comenzó a dar sus frutos el Plan Marshall. No extrañó entonces que el agregado obrero en Francia, Antonio Cornara, en una visita realizada a las minas de Ostricot (Lille), comprobara que a los mineros galos, que ganaban el más alto salario del país –800 francos por día– solo les alcanzaba para “subvenir las necesidades más inmediatas” (El Laborista, 15-1-1949).
Tampoco era floreciente la situación de los obreros griegos, si nos atenemos a un comentario enviado a nuestra Cancillería por el agregado obrero en esa nación, David Merelli, de fecha 15 de marzo de 1951: la clase trabajadora griega “vive actualmente momentos de angustia motivados por el constante aumento de los artículos de primera necesidad sin que exista, según parece, posibilidad alguna para mejorar su situación económica. (…) Hasta el momento parece que el gobierno no encuentra la solución de este grave problema” (AMREC).
Desde su misma llegada a España a comienzos de 1947, el agregado obrero Ramón Vera inició una estrecha colaboración con la dirigencia sindical franquista, lo que le allanó el camino para una gestión amistosa con las autoridades de ese país. Así fue que pudo visitar establecimientos fabriles, como la Standard Electric de Madrid o factorías pesqueras de Vigo, brindar conferencias sobre legislación social en sindicatos y asociaciones, ser recibido por autoridades municipales y concurrir a congresos obreros (ABC, 22-2-1947 y 13-8-1947; La Vanguardia, 20-3-1947 y 11-4-1947). Y, en el año de la visita de Evita a España en el marco de su gira europea, brindar reportajes a periódicos, ponderando su incipiente labor social y de relación con el movimiento obrero, la legislación social de avanzada establecida por el gobierno peronista, la política externa pacifista de Perón y la puesta en marcha del Pimer Plan Quinquenal (La Vanguardia, 19-2-1947 y 12-8-1947).
En Italia, el agregado obrero Víctor Giordano también desarrolló una intensa actividad, pues dictó conferencias en la Universidad de Roma y en círculos de residentes argentinos en ese país, recorrió plantas industriales y rindió distintos homenajes a los caídos en la guerra y a los luchadores de la Resistencia contra el fascismo (Giordano, 2011).
Entre los países europeos no castigados por la guerra se encontraba Suiza, donde el nivel de vida de la clase trabajadora era elevado, las leyes sociales progresistas y el turismo obrero sumamente desarrollado. Por ello las huelgas eran muy esporádicas y los conflictos sociales casi inexistentes, tal como lo observó el agregado obrero Wenceslao Souza (Panella, 1994: 43).
Estados Unidos y Canadá: al gobierno peronista le interesaba tener una importante representación gremial en los Estados Unidos, no solo por ser este país el líder del mundo occidental, sino también por manifestar su gobierno, sus medios de difusión y especialmente sus organizaciones sindicales una gran animadversión hacia el General Perón, el Justicialismo y la CGT argentina. Al respecto fue intensa la experiencia vivida por el agregado obrero Agustín Merlo en la capital norteamericana, lo cual le permitió contactarse con las grandezas y miserias del país del norte. En efecto, pudo observar la fuerza de las organizaciones sindicales americanas, la Federación Americana del Trabajo (AFL) y el Congreso de Organizaciones Industriales (CIO) y la defensa que hacían de sus afiliados, tanto como el exacerbado anticomunismo que impregnaba todo el ambiente político y laboral del país; verificar el elevado nivel de vida de la clase obrera norteamericana, como también la discriminación racial que se hacía con los trabajadores afrodescendientes, que eran los que realizaban las tareas más duras y menos remuneradas; y comprobar la reacción que causó en los medios periodísticos antiperonistas del país –que eran prácticamente todos– la efectivización de ayuda material de parte de la Fundación Eva Perón a niños de barrios humildes de Washington, hecha por intermedio de nuestros agregados obreros (Panella, 1994: 43). Dicha ayuda consistió en ropa de abrigo y calzado fabricado en Argentina para unos 600 chicos y fue entregada en enero de 1949, en coincidencia con las celebraciones por la asunción del presidente Harry Truman, reelecto poco antes. Este acto causó un gran revuelo en el mundo político norteamericano, a tal punto que la embajada argentina tuvo que dar explicaciones al gobierno de ese país sobre las intenciones del regalo (García Lupo, 2002).
En Canadá, el nivel de vida de la clase trabajadora –y sus condiciones laborales– era muy bueno, aunque las organizaciones sindicales no tenían mayor participación en el gobierno, tal como lo observó el agregado obrero Ángel Araujo. Dichas centrales se diferenciaban según las zonas en que se dividía el país: en la región de habla inglesa predominaban las Trade Unions, estrechamente subordinadas a los sindicatos norteamericanos; en la zona francesa la preponderancia la ejercía la Confederación de Trabajadores Canadienses (CTC), de orientación católica, y tal vez por ello más independiente que aquéllas (Panella, 1994: 45).
América Latina era la región a la cual más importancia le otorgó el general Perón, pues con los países que la integraban la Argentina debía –según el Primer Mandatario– estrechar firmes lazos políticos, económicos y sindicales. En Chile, por ejemplo, el eficiente trabajo realizado por los agregados obreros –Nicolás Varas y Juan Pallas en la segunda mitad de la década de 1940 y por Eleuterio Cardoso a partir de 1952– dio sus frutos, pues la cordial relación tejida por los representantes argentinos con dirigentes y organizaciones gremiales chilenas estrechó lazos entre ambos pueblos. En este sentido, a Eleuterio Cardoso le cupo organizar una reunión entre Perón y dirigentes sindicales chilenos de todas las tendencias, en oportunidad de la visita del presidente argentino al país vecino para entrevistarse con su colega Carlos Ibáñez del Campo en 1953 (Panella, 1994: 45).
Otra nación latinoamericana a la que la CGT argentina le dispensó especial importancia fue México, sede casi permanente de reuniones gremiales regionales y continentales. En septiembre de 1950 se realizó allí el Primer Congreso Interamericano de Campesinos y Agrónomos, concurriendo una numerosa delegación argentina proveniente de Buenos Aires, a la que se sumaron los tres agregados obreros destacados en la capital azteca: Héctor J. Cerrillo, Vicente Diana y José Mousso. De todas las proposiciones que se realizaron en el Congreso, hubo tres que lo fueron a instancias de la delegación argentina, a saber: a) recomendación a los gobiernos de incorporar a sus respectivas legislaciones los Derechos del Trabajador, la Ancianidad y la Familia, tal cual lo establecía la Constitución Nacional argentina sancionada en 1949; b) que los gobiernos den las garantías necesarias para la sindicalización de los hombres de campo, como un camino seguro para la unión de todos los trabajadores campesinos del continente; y c) el pedido de que se distribuya la tierra de acuerdo a los principios del Justicialismo social –es decir, “la tierra para quien la trabaje”– (Confederación General del Trabajo, 1950: 254).
Pero no en todos los países sudamericanos los agregados obreros trabajaban con entera libertad. En Perú, por ejemplo, el gobierno pronorteamericano del general Manuel Odría no solo persiguió a la aprista Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), sino que hizo difíciles las condiciones para la actuación de los agregados obreros argentinos. Así, por caso, mostró su disgusto porque éstos se ocupaban de difundir el peronismo hasta en lengua quichua (Zanatta, 2005: 47). Ello no impidió sin embargo que el agregado obrero Bengasi Di Pasquale fuera el encargado de entregar víveres, medicamentos y vestimenta enviados por la Fundación Eva Perón a los damnificados por el terremoto ocurrido en Cuzco en junio de 1950 (Panella, 1994: 46).
La mirada norteamericana
La política exterior ensayada por el peronismo a partir de 1946 no fue bien vista por Estados Unidos. En efecto, la política de no alineamiento y de búsqueda de márgenes cada vez mayores de autonomía por parte de nuestro país en plena Guerra Fría se contraponían indefectiblemente con los intereses hegemónicos norteamericanos. De allí las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos para contrarrestar la tercera posición peronista y la “propaganda” que ella conlleva (Escudé, 1988: 10).
¿Pero quiénes eran estos “propagandistas” a los cuales, según el Departamento de Estado, había que contrarrestar? Los agregados obreros, quienes, munidos de abundante material de propaganda, difundían por América Latina las bondades de la Tercera Posición, la obra de gobierno del general Perón y las conquistas políticas y sociales de los trabajadores argentinos, todo ello acompañado por una prédica de subido tono antinorteamericano. Los perjuicios que esto podía ocasionar en las relaciones de Estados Unidos con los países sudamericanos fueron claramente percibidos por el Departamento de Estado, que el 26 de agosto de 1952 envió instrucciones a sus diplomáticos del área, especificando lo siguiente: “La prioridad dada a los Estados Unidos como blanco de sus insultos puede oscurecer el hecho de que la propaganda peronista es un problema para los países en que está penetrando. No es en los Estados Unidos donde Perón se está presentando como un redentor del pueblo, ni son los trabajadores norteamericanos quienes están siendo organizados por agregados laborales argentinos” (Escudé, 1989: 29).
De allí que no extrañaron a nadie las declaraciones del embajador norteamericano en Panamá, John C. Willey, en marzo de 1952, quien dijo que “consideraba enemigo de los Estados Unidos a todo obrero que mantuviese relaciones o trato con el agregado obrero a la embajada argentina, señor Hugo Rodulfo”, señalando luego que “conozco perfectamente bien la militancia comunista del agregado obrero argentino” (La Prensa, 29-3-1952). Lo cierto es que los archivos norteamericanos de esos años están abarrotados de informes consulares en donde se siguen los movimientos y las actividades de los agregados obreros –y la propaganda que difundían–, en forma similar a lo que se hacía con la de Moscú (Escudé, 1986: 135). Otro hecho fue el rescate, por parte de la agregaduría obrera en Colombia, en abril de 1948, durante el Bogotazo, del entonces estudiante universitario Fidel Castro, calificado por los Estados Unidos como “un joven agitador peronista nacido en Cuba” (García Lupo, 1996).
Problemas en algunos países
Por la propia naturaleza de sus funciones era posible esperar algún tipo de problema entre los agregados obreros y los gobiernos de los países a los cuales estaban destinados, sobre todo en aquellos gobernados por regímenes pronorteamericanos –como en Centroamérica–, o bien por gobiernos adversos al peronismo –como Uruguay–, o en aquellos con poderosos sectores internos antiperonistas –como Brasil o Chile. Ocurrieron algunos incidentes que, si bien fueron poco numerosos, ilustran lo difícil que resultó a los agregados obreros argentinos la defensa de los intereses de la clase trabajadora latinoamericana en esos años.
En abril de 1947 aparecieron en la prensa declaraciones atribuidas al agregado obrero en Brasil, Cirpiano Barreiro, donde habría señalado el bajo nivel de vida de la clase trabajadora brasileña, lo cual incluía una mala alimentación y una descuidada vestimenta de los obreros. Estos conceptos fueron ampliamente publicitados, a tal punto que el diario carioca O Jornal editorializó que el funcionario argentino no solo se había extralimitado en sus funciones, sino que el contenido de sus declaraciones provocaban “el descontento y el espíritu de rebelión” de los trabajadores brasileños (La Nación, 19-4-1947). Sucedía que la prensa conservadora brasileña, en especial luego del triunfo de Getulio Vargas en 1951, identificaba a este con Perón, además de batir el parche de una supuesta “infiltración peronista”, cuya vanguardia eran los agregados obreros argentinos y su acción propagandística (Santos, 2015: 122).
En Bolivia, la actuación del agregado obrero Eleuterio Cardoso también despertó los resquemores del gobierno conservador de Enrique Hertzog, de los sectores dirigentes y de la prensa adicta. Es que el representante argentino estrechó relaciones con el líder minero Juan Lechín y con la dirigencia del Movimiento Nacionalista Revolucionario –que llegaría al poder en 1952–, e inclusive con sectores políticos y gremiales de izquierda. Sus encendidos discursos, donde defendía los derechos laborales y fustigaba a la oligarquía local, eran criticados con el argumento de la “agitación” de los obreros y de la intromisión en asuntos internos del país (Semán, 2017: 180).
El incidente más sonado fue el ocurrido en Uruguay, país con el cual la Argentina tuvo una larga serie de desencuentros durante los años peronistas. Sucedió que en septiembre de 1952 se produjo una gran huelga en la fábrica Alpargatas de la capital oriental, que incluyó una breve ocupación pacífica de la planta por parte de los trabajadores. El agregado obrero argentino Alejandro Miñones manifestó su apoyo, actitud por la que fue declarado “persona no grata” por el gobierno uruguayo, para luego ser expulsado del país (La Nación, 13-9-1952). El problema adquirió tal magnitud que el presidente argentino evaluó la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Uruguay, cuyo gobierno temió tal desenlace, estimando que su consecuencia inmediata sería una situación de caos interno (Oddone, 2004: 229).
El último inconveniente que se consigna fue más político que gremial, de corte casi novelesco, siendo su protagonista el agregado obrero en la Unión Soviética, Pedro Conde Magdaleno. Este había cumplido sus funciones en ese país con el apoyo de exiliados republicanos españoles residentes en Moscú desde la época de la Guerra Civil, y que por sus conocimientos del idioma y de la realidad laboral soviética le habían sido de mucha utilidad. A dos de ellos, José Tuñón Albertos y Pedro Cepeda Sánchez, los iba a ayudar Conde Magdaleno: en total secreto los sacaría del territorio ruso en baúles. Pero el plan fracasó. Conde fue expulsado de la Unión Soviética y los españoles fueron juzgados y condenados a prisión. Frente a lo sucedido, las autoridades rusas comunicaron que procesarían según las leyes del país a Conde y al segundo secretario de la Embajada, Sigfredo Bazán, también implicado en el caso. Esto demostraba que el problema se estaba agravando, por lo que el presidente argentino envió instrucciones para recuperar a sus funcionarios, aunque advirtiendo que las gestiones no debían poner en riesgo las relaciones bilaterales. De esta manera, y gracias a las gestiones del encargado de negocios Leopoldo Bravo, los dos argentinos fueron rescatados con la condición de que fueran procesados en nuestro país. No obstante, nada de esto ocurrió, pues la investigación prometida nunca se verificó (Gilbert, 1994: 141).
No obstante lo expresado hasta aquí, no debe creerse que en cada nación en la que se desempeñaron los agregados obreros hubo problemas, ni mucho menos: eran frecuentes los agasajos de despedida cuando terminaban sus funciones y eran trasladados a otros destinos, como ocurrió con Eloy Barceló en Cuba en 1952 (La Prensa, 3-10-1952), por mencionar solo uno. Asimismo, Juan Mill, que cumplía funciones en Francia, fue condecorado con la Orden de la Estrella Negra de Benin en octubre de 1952 (La Prensa, 30-10-1952).
Participación en la creación de ATLAS
A comienzos de la década de 1950 el movimiento obrero de América Latina estaba dividido en dos grandes centrales: la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), nacida en 1938, de orientación comunista; y su opositora, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), creada en 1951, instrumentada por los norteamericanos. Lo que pretendió la GGT argentina fue la creación de otra central, equidistante de las mencionadas, en consonancia con los postulados de la Tercera Posición peronista. De allí nació la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS), cuyo congreso fundacional se realizó en México en noviembre de 1952 (Blanco, 1983; Parcero, 1987; Urriza, 1988). La novel entidad tenía como principios: la lucha por el reconocimiento y aplicación de los derechos de los trabajadores; el ejercicio del derecho de huelga como medio legítimo de protesta; la lucha contra la desocupación; la contribución a la unidad de la clase obrera latinoamericana; la lucha por la igualdad de los derechos civiles y sociales para indígenas, negros y mujeres; la defensa del derecho de que la tierra sea para quien la trabaje; y la condena de los imperialismos existentes y de toda otra forma de explotación humana (ATLAS, 1952: 16).
Ahora bien, ¿en qué medida participaron los agregados obreros en los países americanos en la creación y desarrollo de la ATLAS? Puede asegurarse que fue fundamental. Los agregados obreros, desde que comenzaron sus funciones, se contactaron con dirigentes de los países en los cuales estaban destinados, formando la opinión y el clima de confianza favorables en las organizaciones sindicales continentales. Fueron ellos quienes, mediante la difusión de la doctrina peronista y de las obras del gobierno del general Perón, ganaron adeptos que luego se incorporaron a la ATLAS; organizaron viajes de dirigentes obreros de todo el continente a la Argentina, los cuales, luego de observar el nivel de vida y de organización de la clase trabajadora argentina, se convirtieron en simpatizantes del justicialismo; a través de una prédica antinorteamericana pero no comunista –es decir, tercerista– lograron la adhesión de no pocos dirigentes obreros latinoamericanos que, sin ser comunistas, tampoco aceptaban subordinarse a los Estados Unidos y a las patronales de sus respctivos países.
Conflictos con la Cancillería
Lo primero que debe señalarse al respecto es que, por las propias características y funciones de los agregados obreros, debían surgir, inevitablemente, roces, resquemores, trastornos y desconfianza mutua con el personal de carrera del Servicio Exterior, formado en su mayoría por antiperonistas, por lo que no vieron con buenos ojos la política exterior justicialista, y mucho menos la presencia de agregados obreros. Desde un comienzo existió por parte de la mayoría del personal de las embajadas una indisimulada subestimación y un desprecio apenas solapado hacia los agregados obreros, a quienes miraban como “sapos de otro pozo” (Panella, 1994: 55).
La inclusión de trabajadores en la diplomacia conmocionó al Servicio Exterior de la Nación, pues su cometido y actividades alteraron los marcos tradicionales y acartonados de la Cancillería argentina. Para Perón, el contacto de “pueblo a pueblo” implicaba, entre otros aspectos, tener información directa de lo que sucedía en cada país –en especial los latinoamericanos–, la cual debía serle brindada obviamente por los agregados obreros. Pero como no pocos de éstos lo hacían en forma directa con el presidente –y también con su esposa–, sobrepasando así a los respectivos embajadores que eran los jefes de misión, se creaban problemas con frecuencia. En realidad, la diferencia social y cultural entre los nuevos diplomáticos y los de carrera repercutía negativamente en el funcionamiento de las embajadas.
Pese a ello, no puede dejar de mencionarse lo que fue motivo de orgullo permanente para el cuerpo de agregados obreros: la designación de dos de ellos, Cesar Mazzetti y Juan Otero, como embajadores en Ecuador y la Unión Soviética, respectivamente. Mazzetti se había desempeñado como agregado obrero en Suiza entre 1947 y 1949, para ocupar luego el cargo de embajador en el país americano entre 1950 y 1952. Otero, que también desempeñó funciones en ese mismo bienio, estaba desarrollando su actividad en Italia, hasta que fue nombrado embajador en remplazo de Federico Cantoni, primer representante diplomático argentino en el país socialista.
A modo de epílogo
La creación del cuerpo de agregados obreros fue una medida original e innovadora impulsada por el general Perón. Esta inclusión de representantes obreros en las embajadas no solo produjo una verdadera conmoción en la Cancillería, sino que constituyó una avanzada sobre el Servicio Exterior en particular y sobre la política exterior argentina en general. Era una nueva forma de hacer diplomacia, en donde las relaciones debían ser “de pueblo a pueblo” más que –o además de– gobierno a gobierno. La función que tenían los agregados obreros encajaba perfectamente en el nuevo concepto de política exterior puesto en práctica por el peronismo.
Pero, por sobre todas las cosas, la participación de auténticos trabajadores salidos de las fábricas, los talleres o las oficinas en el cuerpo diplomático significó una conquista inapreciable de la clase obrera argentina, una más de las muchas que logró durante el peronismo. Puede criticarse que la capacitación fue escasa, que la información que enviaban periódicamente a Buenos Aires no era procesada convenientemente, o que la intromisión de varios de ellos en la vida interna de los países a los cuales estaban destinados produjo incidentes diplomáticos. Pero estas cuestiones, si bien pudieron opacar la experiencia, de ninguna manera la invalidaron.
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[1] En nuestro país fue designado Carlos Gracidas, de fructífero desempeño (Yankelevich, 2001).
[2] Se trató de María I. López, destinada a la Organización de Estados Americanos (OEA); Isidra Fernández, al Perú; Lilia A. Cavanna, a Honduras; y Juana M. Díaz Vélez, a El Salvador.
[3] Es imprescindible mencionar que solo se conservan unos pocos informes de todos los enviados por los agregados obreros a la Cancillería entre los años 1947 y 1955, que pueden estimarse en varios miles. Es altamente probable que los mismos hayan sido destruidos por el gobierno de facto que se instaló en el país a partir de septiembre de 1955.
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