El mejor alumno en la picota

Jorge Gaggero

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Este “viejo” texto tiene vibrante actualidad. Fue escrito en abril de 2002 y publicado por primera vez en una revista sobre desarrollo del gobierno alemán.[1] El sentido de volver a publicarlo, a más de 16 años y medio de haber sido escrito, es el de ayudar a pensar a los lectores de Movimiento acerca de los trágicos momentos de la presente vida política, social y económica de nuestro país, que amenazan conducirnos a una ruptura que puede tener semejanzas con la de 2001, o incluso con un peor saldo: la matriz de las ideas que desde el actual “desgobierno” –en el sentido de los intereses conculcados de la nación y el pueblo argentinos– conducen a la gestión de la administración nacional; el proceso de ruptura de las fronteras económico-financieras de nuestro país, de desregulación extrema y endeudamiento externo irresponsable; su orientación destructora del aparato productivo y el empleo, a favor de la especulación financiera desenfrenada y sin límite, y el privilegio de la banca –global y local, en ese orden–, del agro más poderoso, de la gran minería y el sector energético; y el consecuente empobrecimiento de las mayorías populares y el paralelo y consecuente enriquecimiento de minorías cada vez más reducidas, fugadoras de capitales. Son todas características que –con sus más y sus menos– emparentan el curso traumático de los 90 –y su desemboque en la gran crisis– con el de los últimos tres años… y su previsible final, si no se rectifica el rumbo. Un último paralelo, respecto del escenario global y de la consideración de Argentina en el círculo exclusivo del G7, el de las naciones más poderosas del mundo capitalista: hacia 1998, la Argentina de Menem fue integrada con bombos y platillos al naciente G20 –una creación del G7– “por malas razones”: para proveer al Sur del mundo un ejemplo “exitoso” de “neoliberalismo subordinado”. La paradoja de hoy es que los jefes de gobierno de un G20 que parece agonizar –como coordinación global y, más aún, como proyecto de un rol sustituto del de las Naciones Unidas– se reúnen este mes de noviembre en Buenos Aires, con el coro de fondo de un G7 que defiende una vez más –tratando de evitar, FMI mediante, la inmediata caída– a la nuevamente “neoliberal” Argentina, conducida de nuevo “por el mejor presidente de los últimos 50 años”, como podría decir hoy Christine Lagarde, tal como sostuvo Michel Camdessus en 1998 en Nueva York, a propósito de Carlos Menem, cuando conducía el FMI.

En abril de 2002 la crisis del derrumbe del régimen de convertibilidad tocaba su “piso” económico y comenzaba una recuperación que las estadísticas mostrarían con alguna demora. Resulta de interés reflexionar a la distancia acerca de las críticas circunstancias de aquella época –reciente en términos históricos–, sus raíces y los desarrollos desde entonces verificados por y para nuestra sociedad. Sólo cabe agregar, para recordar las dramáticas circunstancias de aquella “bisagra” nacional y destacar sus vínculos con las presentes crisis, que apenas unos días después de terminado y enviado a Alemania este texto, el destacado intelectual francés Alain Touraine se refirió a nuestra circunstancia de entonces en estos términos: “La Argentina es un país de consumo pero no de producción y trabajo. (…) El carácter ejemplar de la Argentina es que avanza lo más rápidamente posible hacia la decadencia y la descomposición. (…) Con toda la gloria de su cultura, parece haberse anticipado a los otros [países] en ese fenómeno de desintegración a nivel mundial”.

 

Frases

  • “La pobreza de este país es por no haber hecho el ajuste… La Argentina tiene todo para ganar con la competencia y la apertura” (Michel Camdessus, titular del FMI, julio de 1990).
  • “El mejor presidente de los últimos 50 años es Carlos Menem” (Camdessus, octubre de 1998, cuando ya había comenzado la caída de Argentina hacia la depresión económica).
  • “Argentina va por buen camino” (Horst Kohler, flamante titular del FMI, abril de 2000, cuando era evidente que las recetas aplicadas no sacaban al país de la depresión).
  • El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Paul O’Neill, reconoció que su gobierno no tiene en claro cuál debería ser el camino que tendría que seguir la Argentina para retomar el crecimiento económico. Y agregó, al respecto: “Creo que durante los últimos 40 o 50 años en el Banco Mundial y en el FMI no se hizo lo correcto” (enero de 2002, luego de la caída del régimen de convertibilidad).
  • “Antes de llenar el balde hay que tapar los agujeros” (P. O’Neill, marzo de 2002, a propósito de una eventual asistencia financiera externa a Argentina).
  • La culpa por los problemas que tiene el país “es responsabilidad de los propios argentinos”, porque “muchas veces buscamos la salida fácil y culpamos al resto del mundo por lo que nos sucedía” (ministro de Economía de Argentina entre enero y abril de 2002, Jorge Remes Lenicov, responsable del diseño y ejecución de las políticas “de salida” del régimen de convertibilidad que permitieron el comienzo de la recuperación económica).

 

Paradojas

La historia reciente y el episodio de la crisis de mi país [en 2001 y 2002] sugieren múltiples paradojas. Elijo cinco para iniciar una breve reflexión acerca de la muy compleja trama implicada. La primera es la que surge del contraste entre la imagen de violencia extrema y descontrolada que han transmitido al mundo los medios masivos de comunicación y la sustancial “autocontención” que muestran las mayorías argentinas ante al derrumbe (y sus efectos sociales extremadamente asimétricos, por cierto). Esta moderación tiene su explicación en la historia nacional –la generalizada conciencia popular acerca de las ventajas que la derecha ha obtenido, casi siempre, en las confrontaciones violentas– y también, sin duda, límites sociales y políticos –de no lograrse un pronto alivio en la situación económica. Esta paradoja ha sido advertida por muy pocos observadores externos. “En varias visitas que realicé a la Argentina –destacó Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía– me sorprendí del largo tiempo que llevaban sufriendo sus habitantes; a mí no me resulta tan sorprendente que los alborotos callejeros hayan destituido al presidente como que esos disturbios hayan tardado tanto en producirse”.

La segunda paradoja resulta del contraste entre las consignas maximalistas de condena en bloque a la “clase política” –“que se vayan todos”, ha sido la dominante en las movilizaciones– y el mayoritario respaldo de los argentinos al sistema democrático. En una encuesta realizada en Buenos Aires y sus alrededores [en febrero de 2002] el 85% de los consultados lo consideró preferible a cualquier otra forma de gobierno. El 74 %, sin embargo, se mostró insatisfecho con su modo de funcionamiento. Parece evidente, entonces, la presión a favor del surgimiento de nuevos agrupamientos y liderazgos políticos y sociales. La resultante de este proceso de cuestionamiento de las representaciones resultaba una de las incógnitas clave del futuro argentino.

La tercer paradoja se vincula con una circunstancia económica crucial pero poco abordada dentro y fuera del país. Durante más de un cuarto de siglo (1976-2002) los gobiernos argentinos se empecinaron en aumentar el endeudamiento público externo, mientras los activos de los argentinos mantenidos en el exterior alcanzaban un nivel que ha oscilado durante el período entre no menos del 80% y hasta el 120% de la deuda pública nacional acumulada. Se estima que cerca del 90% de estos activos se sustraen al control fiscal. Vale decir, resultan producto de la evasión tributaria, la fuga de capitales u otras actividades ilícitas –la fuga de capitales, en sí misma, no lo fue hasta el establecimiento del control de capitales, luego del estallido de la crisis. ¿Se referiría a esta circunstancia el secretario del Tesoro O’Neill, cuando mencionaba la necesidad de “tapar los agujeros” en Argentina antes de “llenar el balde”?

La cuarta remite al discurso de los organismos multilaterales y los países rectores (Estados Unidos y la Unión Europea) que, sin solución de continuidad, ha pasado del lema del “mejor alumno” que dominó toda la década de los 90 al sonsonete del “sufrimiento necesario”, o el “inevitable dolor” a través del cual los argentinos seríamos redimidos . Caído el mito de “la Argentina rumbo al primer mundo”, la performance de los 90 pareció redefinida como una larga fiesta local cuya demorada cuenta las mayorías argentinas se negaban a pagar. Esta flagrante inconsistencia intertemporal del discurso tiene a mi juicio múltiples raíces. Entre ellas: a) la elusión de la propia responsabilidad por parte de los actores centrales (los del “primer mundo”); b) la crisis universal de las ideas económicas; c) la hegemonía de los intereses financieros en el proceso de globalización –fueron los más beneficiados por las altísimas tasas de interés con seguro de cambio gratuito que ofreció Argentina durante casi 11 años–; d) el particular esfuerzo para disimular la absoluta desnudez –conceptual y operativa– del “tríptico” multilateral FMI-BM-BID; e) las tendencias resultantes del “unilateralismo” y el discurso único (el del “antiterrorismo”) del gobierno republicano de Estados Unidos, que han implicado graves retrocesos en el necesario proceso de reconocimiento –y la subsiguiente reparación– de las asimetrías y los daños que la globalización supone para los más débiles; y f) la voluntad de castigar a Argentina en tanto “responsable” del default más importante de las décadas anteriores, para que no cundiera el mal ejemplo.

Puede sumarse, por último, una quinta paradoja. La que resulta del contraste entre la historia previa de la nación argentina –y su personalidad–, y las serias amenazas que enfrentaba la continuidad de su Estado-nación. La Nación Argentina supo construir un país relevante –diversificado y pujante, con una población instruída y laboriosa, y bastante equitativo– y una personalidad universalmente reconocida –principalmente a través de su cultura, música, literatura, cine y deportes, sus actividades más destacadas y sus héroes o antihéroes: el general San Martín, Perón y Evita, el Che Guevara– en menos de dos siglos y sobre un territorio que era, en gran medida, un desierto. Argentina llegó a ser percibida como la contracara del “crisol de razas” norteamericano. Este último fue expansivo, cultor del individualismo y el “destino manifiesto”. El “crisol del sur” fue –en contraste– muy autocentrado en un principio, aunque terminó quizás resultando más sustancialmente abierto al mundo, como consecuencia de sus tempranas fantasías liberadoras, de cooperación y solidaridad –“universalistas”, finalmente. El Estado-nación argentino enfrentó, sin embargo, los riesgos de su desaparición. Podría haber constituido el primer caso –en un eventual deterioro del curso de los acontecimientos entre los que parece preanunciar el rumbo globalizador.

Las amenazas no sólo proceden del campo económico y social: extrema desnacionalización; pobreza inexplicable en un país cuya producción de alimentos podría alimentar una población diez veces superior; sangría creciente de sus recursos humanos más calificados; peso insostenible de una deuda externa que tenía como contracara –como ya vimos– la fuga de capitales de los argentinos privilegiados, que ven a su tierra como un “país-dormitorio” –y que, en palabras pronunciadas por el ex canciller Guido Di Tella, “no son más solidarios con el conjunto de la sociedad argentina”.

También se expresan en la esfera político-institucional: a las severas consecuencia de la crisis política, se suma un previo y largo proceso de deterioro de la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en consecuencia del entramado legal, del sistema de representaciones y de la propia administración. También se resintió la articulación federal, al ponerse en cuestión las autonomías provinciales y municipales –y la propia viabilidad de las administraciones subnacionales.

Extremos condicionamientos adicionales resultaron de las decisiones –u omisiones– del Tesoro de los Estados Unidos y los gobiernos de la Unión Europea. También proceden, en muchos casos, de la oscura e irresponsable –en el sentido que tan bien ha expuesto Joseph Stiglitz– “intermediación” técnica del FMI y de la sustancial carencia de ideas estratégicas consistentes que todos estos actores parecen mostrar. Estas circunstancias del “entorno global” plantearon serias amenazas adicionales a la sobrevivencia del Estado-nación argentino. La versión extrema de estas amenazas resultó de lo que propuso el economista Rudiger Dornbush: una intervención extranjera directa en el gobierno de Argentina con el fin de asegurar el control foráneo de cinco posiciones decisorias clave –entre ellas, la banca central, la recaudación tributaria, la administración del gasto y las relaciones con las provincias–, a través de tecnócratas elegidos allende sus fronteras. En rigor, se avanzó mucho en esa dirección. En el período 1996-2000, durante dos administraciones nacionales, estuvo al frente de la gestión tributaria un funcionario del FMI que no logró éxitos en su cometido de elevar la recaudación a contracorriente de la caída de la actividad económica. A principios de 2002 fue designado al frente del “autónomo” Banco Central argentino un alto ex funcionario del Fondo que se ocupó de la crisis asiática, junto con quien en ese momento era “veedor” visitante en el país, responsable de la división de “Operaciones Especiales” que se ocupaba de la crisis local bajo la directa dependencia de la ex titular del FMI, Anne Krueger. En cuanto a las relaciones con las provincias, los funcionarios del FMI comenzaron a tratar directamente con ellas, salteando la intervención del gobierno nacional, e imponiendo a este último condicionamientos incompatibles con el ordenamiento constitucional federal. El FMI tambien forzó decisiones que vulneraron la división de poderes y acentuaronn el deterioro institucional.

 

Raíces históricas de la crisis

Hasta 1974, cuando finalizaban los “30 años gloriosos”, la Argentina buscaba su propio camino en medio del temporal político que sacudía a América Latina y al propio país. En el plano económico, esto suponía intentar superar el viejo modelo de sustitución de importaciones, sin perder sus logros –en términos de crecimiento, densidad económico-social y equidad distributiva– pero estimulando a un tiempo la apertura exportadora. Se habían logrado avances significativos en esta dirección: en la década previa, el ritmo de crecimiento anual había sido de casi 5% y el estrangulamiento de divisas tendía a aliviarse.

La ruptura institucional de 1976 implicó un obligado desvío del rumbo. El comienzo –en opinión de muchos– del extravío. Desde entonces se abrió un “ciclo largo de crecimiento lento” de la economía (1975-2002), del orden de 1,4% anual –y casi nulo per cápita–, jalonado por sucesivas crisis que han supuesto “pisos” cada vez más bajos de potencial productivo, cohesión social, equidad, creatividad y orgullo nacional (las principales ocurrieron durante 1982-1983, 1989-1991 y 1998-2002).

Hasta 1974 la Argentina era un país con una aceptable tasa de crecimiento de su PBI, una destacable distribución del ingreso, baja deuda externa (alrededor de 7.000 millones de dólares, acumulados en el cuarto de siglo previo; en 1952 el país había cancelado toda su deuda), un diversificado e integrado sistema productivo, y una adecuada provisión de bienes y servicios públicos. La fractura institucional de 1976 implicó la anticipación –como en el caso de Chile en 1973– de la política de apertura irrestricta y ajuste estructural que seis años después se generalizaría en América Latina. Esta “anticipación” tuvo un sesgo particularmente destructivo, con impactos –en la conciencia colectiva, la trama económico-social y las instituciones estatales– que se han proyectado hasta el presente. A modo de ejemplo, las hiperinflaciones de 1989-1990 reconocen su raíz en el endeudamiento externo y la estatización masiva de pasivos privados que “heredó” la democracia –la estatización de pasivos empresarios fue una práctica que se retomó en 2002. En este sentido, tanto el régimen de convertibilidad (1991-2001), un recurso de última instancia para salir de la hiperinflación, como buena parte del stock de deuda externa pública –alrededor de un 70%, según estimaciones que ajustan de acuerdo a la tasa de interés el monto de deuda transferido por la dictadura: unos 48.000 millones de dólares–, constituyeron, en rigor, un lejano y pesado legado.

La primera administración democrática (1983-1989) asumió en el torbellino de la “crisis de la deuda”, reconstruyó parcialmente las instituciones políticas bajo sucesivos desafíos militares –que fueron dominados recién en 1990– y completó su ciclo, hasta el final de la “década perdida” de América Latina, sin lograr estabilizar la economía y con hiperinflación. El gobierno que la sucedió (1989-1999) sí logró la estabilización monetaria después de un tercer episodio de “cuasi-hiperinflación” (verano de 1991), a través de la instauración del régimen de “caja de conversión” –a una paridad fija de “un peso igual a un dólar”– que fue sostenido “a capa y espada” por el establishment económico-financiero –local y global– y legitimado por las principales fuerzas políticas nacionales durante más de una década.

Las reformas económicas de los 90 involucraron, además de la adopción del régimen de convertibilidad, la privatización masiva de empresas de propiedad estatal, la concesión de casi todos los servicios públicos, una más profunda apertura financiera y comercial –que completó el ciclo iniciado en 1976–, igualdad de trato –e incluso concesión de preferencias– al capital extranjero y una amplia desregulación de los mercados internos. En los primeros años, al calor de los negocios abiertos al sector privado y con el retorno de los capitales financieros internacionales –a muy bajas tasas– a los “mercados emergentes”, se logró una drástica caída de la inflación y la rápida expansión del PBI. Esta performance pareció indicar que la combinación de políticas y reformas adoptada –el desideratum del Washington Consensus– era la necesaria. Sin embargo, las tempranas advertencias acerca de la inconsistencia del camino elegido –con la “crisis del Tequila”, en 1994-1995– no fueron atendidas. Por un lado, la creciente fragilidad externa tornaba muy vulnerable la economía a los altibajos en el movimiento de los capitales –con el consiguiente aumento del endeudamiento por el alza de las tasas de interés y de la prima de “riesgo país”, después de un Plan Brady que no brindó los alivios prometidos. Por el otro, los indicadores del mercado de trabajo comenzaron a mostrar deterioro y terminaron por revelar un nivel de “desocupación estructural” que osciló entre el 12% y el 17%. En tercer lugar, el aumento en la proporción de hogares e individuos indigentes constituyó un temprano indicador del empeoramiento en la distribución del ingreso.

Durante la segunda mitad de la década de los 90 la performance económica se deterioró sustancialmente y de un modo mucho más visible. Esto acarreó una notable desmejora en los indicadores de utilización de mano de obra y de la distribución. Esta segunda fase llevó, ante la ausencia de propuestas relevantes de rectificación del rumbo en los niveles de responsabilidad –internos y externos–, a una profunda crisis (1998-2001). Los responsables de la inacción prefirieron ver esta crisis final como de origen meramente “externo” –consecuencia de la sucesión de “shocks exógenos” de fines de los 90: Asia, Rusia, Brasil y Estados Unidos– sin reconocer su génesis en la propia dinámica de un régimen de política económica contraindicado.

El derrumbe de fines de 2001 adquirió necesariamente, entonces, un patetismo sin igual. De modo casi simultáneo, se terminó arribando a la quiebra del Estado y el default de la deuda pública externa; una profunda depresión y la ruptura de la cadena de pagos de la economía; el colapso del sistema financiero, la huida de la moneda nacional (y su acelerada desaparición) y la pérdida de confianza en las instituciones bancarias –incluída, muy especialmente, la banca multinacional–; la obligada devaluación; y un intento de “repesificar” la economía argentina en las peores circunstancias que puedan imaginarse.

[1] Revista Entwicklung und Zusammenarbeit (“Desarrollo y Cooperación”). Fue también reeditado diez años después en la revista Realidad Económica y en el suplemento Cash del diario Página 12.

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