¿De qué valdría un movimiento de mujeres si no construye Justicia Social,
y cómo podría haber Justicia social si no miramos la tarea “invisible”
que millones de mujeres hacen cada día?
Me acuerdo cuando Néstor Kirchner decía: “mi política social es mi política económica”. ¿Qué quería decir? Que la posibilidad de justicia e inclusión social va a venir dada por las oportunidades de desarrollo del país. ¿Y qué decimos cuando decimos desarrollo? Hablamos de crecimiento con inclusión, hablamos de empresas que invierten y tienen ganancia, y trabajadores y trabajadoras que tienen salarios adecuados y condiciones de trabajo digno.
Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en los cuatro años de gobierno de la alianza entre el radicalismo y el PRO sólo aumentaron los empleados públicos y los monotributistas de los movimientos sociales. El empleo privado cayó. Y esa caída se profundizó durante la pandemia, porque la cuarentena sacó del trabajo a más de la mitad de los trabajadores y las trabajadoras, y las restricciones variables tampoco permitieron que se produjera una recuperación del empleo, ni de la producción.
En ese marco, las políticas que se implementaron durante la cuarentena que acompañaron el pago de sueldos fueron un paliativo que ayudó a una parte de las empresas que no podían producir por no ser consideradas esenciales. De la misma manera, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en sus tres cuotas fue un pequeño respiro para las familias que viven de la tarea diaria que no estaba permitida, para empleadas domésticas que en una proporción demasiado grande todavía no están registradas como tales, y felizmente también para las que están registradas. Las políticas alimentarias han llevado alivio a muchas familias que están en la misma situación, aunque las provisiones no alcanzan a cubrir mínimamente las necesidades nutricionales de niñas, niños y personas adultas. Incluso nos quedó el amargo sabor de que el gobierno no implementó una medida que propuso el Sindicato de Amas de Casa, en el sentido de extender el auxilio a los empleadores de trabajadoras domésticas cuando su profesión o trabajo no fuera catalogado como esencial, para que pudieran seguir pagando sus salarios.
El problema es que la única solución de fondo para enfrentar la pospandemia será seguramente tener una política que asegure que las empresas puedan producir, para que salgamos del círculo vicioso en que nos marcan el rumbo unas exorbitantes tasas de interés y se pueda pensar en la reactivación del aparato productivo. Entonces se podrá verificar que se restablece el círculo virtuoso de ampliación del empleo registrado y paritarias que permiten recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios.
Bajo esa condición seguramente vamos a poder trabajar para que se encaren tantas deudas que hay en las políticas sociales, de las cuales voy a mencionar sólo algunas: jubilación de amas de casa; cobro directo del salario familiar por parte de las madres; obligación de colocar una tobillera a los agresores que tienen restricción de acercamiento, para que no siga estando en la agredida la responsabilidad de que esa restricción se cumpla; incorporación de la asistencia a los casos de violencia de género en el Programa Médico Obligatorio de las obras sociales y empresas de medicina prepaga; creación del registro federal de deudores alimentarios; eliminación de la incompatibilidad entre el trabajo registrado y la pensión por discapacidad; cobertura de salud reproductiva en todos sus tramos, especialmente haciendo cumplir la ley de parto respetado; generalización a todo el país de los subsidios en el precio del boleto de ómnibus a empleadas domésticas; entre otras reivindicaciones que tenemos sin abordar. Esta pequeña enumeración de medidas ya mismo debería estar en la agenda de las políticas públicas. Todas son importantes, todas son urgentes, todas necesitan el compromiso que le puso Eva a la tarea social.
Pimpi Colombo es secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina.
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