A más de seis meses del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el presidente Alberto Fernández el día 19 de marzo, hoy el paisaje es un tanto distinto al de los primeros días: el tránsito ha tomado impulso, se divisan negocios y comercios abiertos, los niños y las niñas han vuelto a sus travesías, sujetos circulan haciendo ejercicios en espacios abiertos y el sonido de la urbe se ha modificado. La ciudad de la furia parece haberse despertado.
Más allá de esto, el gobierno sigue anunciando la continuidad de la estrategia de aislamiento y distanciamiento selectivos para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras zonas del país donde hay transmisión comunitaria del COVID-19. Por la emergencia en la que se encuentra la Nación, el gobierno viene tomando medidas y generando programas para atender una pandemia que no tiene límites y parece no conocer de fronteras. Entre ellas se encuentran: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que otorga una suma de $ 10.000 por familia, con más de 10 millones de beneficiarios; la tarjeta “Alimentar” que está dentro del “Plan de Lucha contra el Hambre”; el lanzamiento del dispositivo “Detectar” que tiene por objetivo buscar casa por casa a los contactos estrechos de casos confirmados y a todas las personas con síntomas compatibles con COVID-19. Así, también se puso en funcionamiento el sistema “Cuidar” para realizar un autodiagnóstico: el usuario o la usuaria deben responder preguntas sobre su temperatura corporal, otros síntomas y enfermedades preexistentes.
Por otra parte, luego de esta extensión del aislamiento se han prorrogado algunas de las acciones tomadas en un comienzo: se anunció la ampliación del “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”, cuyo objetivo es propiciar y acompañar los procesos de recuperación del entramado productivo; se han prorrogado los vencimientos de ganancias, bienes personales y cedulares, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al contexto actual; y se han extendido los programas “Precios Máximos” y “Ahora 12”, de forma de continuar garantizando el acceso a bienes de consumo y sostener y fortalecer el mercado.
Asimismo, se han anunciado nuevas actividades para abordar la situación: el comienzo del programa “Becas Sostener Cultura II”, con el fin de asistir al conjunto del sector cultural; la creación del “Programa Federal Argentina Construye Solidaria”, el cual atenderá la labor de las organizaciones comunitarias en la asistencia social que se realiza en barrios de todo el país; con el objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura en donde se llevan a cabo dichas tareas, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat creó también el “Programa Federal Argentina Construye Solidaria” y el “Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares”, para dar una respuesta integral a la situación de emergencia sanitaria y mejorar el desarrollo urbano de los barrios vulnerables; se ha comunicado el inicio del “Programa Universidades por la Emergencia del COVID-19” con el fin de fortalecer respuestas integrales y de colaboración desde y hacia todos los sectores de la ciudadanía. La medida promueve la colaboración activa de las instituciones universitarias en acciones comunitarias vinculadas a la atención, prevención y promoción de la salud, en articulación con los diferentes efectores de la salud públicos, así como el trabajo de asistencia y acompañamiento a las personas pertenecientes a los grupos de riesgo. El programa se propone estimular la participación de los estudiantes universitarios.
Por otra parte, desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad se ha lanzado el “Programa Articular”, el cual brinda fondos para el armado de proyectos con perspectiva de género a organizaciones de la sociedad civil, el primero dentro del Plan Nacional contra las Violencias por Razones de Género. El Ministerio de Desarrollo Social ha anunciado el “Programa Potenciar Trabajo” que está orientado a contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas, a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias. Este es un proyecto que se llevará a cabo en comunión con el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social para atender, abordar el contexto actual y brindar herramientas para rearmar el tejido y el entramado social.
Es esencial comprender que la sociedad como tal está urgida de otros soportes confiables mediante los cuales pacificarse, con los que crear vínculos afectivos habilitantes y sostenedores para crecer, trazando redes y tramas que demuestren que se hace y se construye con el otro, creando y forjando un espacio subjetivante y alojador. En palabras del filósofo francés Guilles Deleuze: “el hacer conjunto que pone en juego afectos, efectos, intensidades y acciones es la manera de forjar la territorialidad donde se sostengan las subjetividades, vínculos y relaciones”.
La ESI como oportunidad en tiempos de pandemia
En días en los que el tiempo parece no tener tiempo, donde la escuela se ha trasladado a nuestras casas, donde los padres y madres se han convertido en docentes, donde la virtualidad ha inundado nuestros hogares, donde no se vislumbra un comienzo de clases presenciales, es fundamental que el sistema educativo no pierda la ocasión de alojar, prestar, escuchar y continuar promoviendo y aplicando la Educación Sexual Integral (ESI). Se realizan encuentros virtuales entre estudiantes, maestras y maestros, y es esencial pensar sobre la ESI en esta época de pandemia: existe una gran oportunidad para ser creativos y dinámicos y abastecerse del abanico de espacios diferentes por donde la ESI transita y permite ser abordada.
La Ley 26.150 de 2006 que creó la ESI tiene como fundamento los derechos humanos universales y, como parte de éstos, los derechos sexuales y reproductivos. Convalida una visión enriquecedora y positiva de la sexualidad, incluyendo el placer. Promueve los principios de igualdad, dignidad humana, respeto, justicia y participación para todas las personas, como base indiscutible para alcanzar la salud sexual, reproductiva y el bienestar general.
La ESI es un proceso que se basa en un currículo para enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su objetivo es preparar a niños, niñas y jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para ser protagonistas de su salud, bienestar y dignidad; desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas; considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar y el de los demás; y entender cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y asegurarse de protegerlos.
La ESI explora los roles y los atributos de género como una construcción social; motiva el análisis de las percepciones de masculinidad y feminidad dentro de la familia y a través del ciclo de vida, y las normas y valores cambiantes en la sociedad; plantea el placer de la sexualidad y cuestiona las barreras sobre el erotismo que limitan la sexualidad a la mera función reproductiva; rechaza cualquier forma de violencia; aboga por el derecho de las personas a la no discriminación; cuestiona los efectos perniciosos del estigma y la exclusión; promueve actitudes y conductas incluyentes y de respeto a la diversidad, que son mucho más que el simple acto de “tolerar”.
Si bien el concepto de la ESI es claro, existe suficiente material y una ley que obliga a su implementación, en la Argentina, según una encuesta de la Fundación Huésped, solo la mitad de los maestros asegura haber recibido capacitaciones en la temática. En relación con los alumnos es todavía más preocupante la situación: solo la mitad conoce la existencia de la ley y la gran mayoría la vincula con aprender sobre el aparato reproductor. Esto implica que aún existe un enorme camino por delante para implementar la ESI, para comprender cuáles son sus objetivos y el porqué de la urgencia de difundir y proclamar estos valores.
Algunos conceptos clave
El sexo anatómico es el órgano biológico con el que el sujeto nace. La identidad de género está relacionada con qué género se identificó la persona: con el orden simbólico. Este proceso es independiente de la anatomía o la genitalidad del sujeto. La orientación sexual tiene que ver con la elección de objeto que el sujeto posea, la cual no tiene por qué ser única y definitiva. Expresiones de género están relacionadas con cómo vive la persona en su cotidianidad el género: vestimenta, gestualidad, indumentaria, tonos de voz, etcétera. Estereotipos de género son las representaciones sociales de cómo debería ser una mujer o un varón: son modelos socialmente establecidos sobre conductas esperadas para varones y mujeres. Distribuyen y ordenan los roles que corresponden a mujeres y varones en nuestras sociedades, sustentados en el binarismo sexual: lo que es una construcción histórica y cultural se presenta como algo natural, anclado en una supuesta “esencia” vinculada a lo anatómico.
El concepto de patriarcado no es sólo un sistema de opresión de varones hacia las mujeres: oprime a todos los cuerpos y las identidades de género que escapen al esquema de cisnormatividad y heterosexualidad obligatoria –es decir, varones que nacen con genitalidad de varón, se sienten varones, se comportan socialmente como varones y eligen relaciones sexo afectivas con mujeres. Los privilegios no son detentados por la totalidad de los varones cisgénero y heterosexuales. A esa figura se le debe sumar las relaciones de clase, de raza y de edad, por lo que la figura ideal del patriarcado es la de un varón cisgénero, heterosexual, blanco y adulto.
En relación a la Ciudadanía Sexual, se refiere a las ampliaciones de derechos que se fueron alcanzando en algunos países de la región, como es el caso de Argentina cuando se sancionaron las leyes de Matrimonio Igualitario 26.618 (2010), Identidad de Género 26.743 (2012), Salud Sexual y Procreación Responsable 25.673, Parto Respetado 25.929 (2004). Fueron leyes sancionadas como consecuencia de un recorrido y una militancia de distintas organizaciones sociales que tomaron la voz de minorías excluidas y de mayorías que bregaban por un cambio de paradigma, donde la realidad se impone por sobre los conservadurismos rancios.
Por otra parte, la idea de Ideología de Género –tan nombrada en la cotidianidad– expresa una intención de confundir y generar temor. Quienes enarbolan esta expresión se montan sobre representaciones sociales macartistas. En contraposición al conjunto de contenidos basados en derechos y respeto por la diversidad, describen un imaginario cuerpo de intenciones de adoctrinamiento de niños y niñas y adolescentes de los funcionarios y las funcionarias de los Estados para supuestamente fomentar las orientaciones sexuales diversas, entre otras cosas.
La perspectiva de género promueve una mirada del mundo social que contribuya a la deconstrucción y la desnaturalización de representaciones que promueven la inequidad: matrimonio igualitario, paridad entre varones y mujeres en las listas electorales, cupo laboral y terminalidad educativa para las poblaciones trans, reconocimiento de las distintas identidades de género, y posibilidad de cambio registral e intervenciones para cambios corporales.
Por último, equidad de género es redistribuir las oportunidades y hacer menos desiguales las situaciones existentes entre los géneros.
La ESI vino para quedarse y comenzar a inquietar y movilizar pensares, sentires y cabezas, para habilitar un espacio para el diálogo conjunto que ayude a la construcción de sujetos críticos, independientes y empoderados. Ciudadanos sexuales de derecho y protagonistas de sus vidas.
Nelly Minyersky, abogada especializada en derechos de la mujer, derechos sexuales, familia y adolescencia, afirmó que “todas las personas que estudiamos estos temas llegamos a una sola conclusión… bueno, casi todas. No tiene que ver con más cárcel, se necesita un cambio muy profundo: hay que eliminar los estereotipos. Debemos impulsar la educación sexual desde muy temprano. En eso la iglesia ha tenido una responsabilidad horrible, es donde han surgido mitos sobre la sexualidad y sus prohibiciones. Los países que realmente eliminan los femicidios son los que eliminan la violencia. A través de la prevención se pueden hacer algunas cosas, pero son aquellos países que tienen educación sexual desde la primera infancia, los que lograron eliminar los estereotipos más fuertes”.
Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo… una deuda aún pendiente
El 8 de agosto pasado se cumplieron dos años del día en que el Senado de la Nación rechazó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por 38 votos en contra, 31 a favor, 2 abstenciones y una ausencia. Había sido aprobada en la Cámara de Diputados en junio por 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. El 31 de agosto, con un escenario diferente y un país con restricciones variables por la pandemia desde hacía más de cinco meses, el tema volvió a plantearse y exponerse sobre la mesa luego de un exhorto que realizó la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch al presidente Alberto Fernández, donde lo incitó a que presentara el proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto, tal como se comprometió a hacer a principios de año. El pedido lo hizo el director para las Américas de la entidad, José Miguel Vivanco, al presentar una investigación sobre el aborto en la Argentina, en la cual manifiesta: “La pandemia de COVID-19 y el confinamiento impuesto para evitar su propagación han exacerbado las restricciones al acceso a los servicios de salud reproductiva. Ante este escenario, legalizar el aborto es más urgente que nunca”.
Es esencial mencionar que el país se encuentra transitando una cotidianidad particular debido a este virus que parece no conocer de tiempos ni de fronteras. La dinámica social se ha modificado, la virtualidad ha invadido nuestros hogares y el teletrabajo es el protagonista de cada jornada, e incluso el Congreso Nacional sesiona mediante plataformas a distancia. En este marco, el presidente declaró en una entrevista, unos meses atrás, seguir comprometido con el tema de la Ley, igual que en el primer momento: “El Gobierno tiene una serie de leyes preparadas para enviar al Congreso desde el 1 de marzo, entre las que se encuentra la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo”. Este año el tratamiento del proyecto en ambas cámaras llegaría con aires de cambio, ya que desde la asunción de la nueva gestión comenzaron a implementarse medidas que acompañan, concientizan y promueven el tratamiento de la interrupción voluntaria del embarazo de manera diferente. Con otra mirada, entendiendo que el aborto clandestino es un problema de salud que atraviesa al conjunto de la sociedad y por el cual mueren un inmenso número de seres, y que es imprescindible una política pública que se ocupe y aborde esta problemática tan grave como urgente.
En lo que va de 2020, el Gobierno Nacional ha puesto énfasis en la prevención y cuidado de la mujer y la importancia de sus derechos y la equidad, creando el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el cual puso en marcha durante el mes de julio el Plan Nacional contra la Violencia por Razones de Género. Por otra parte, el ministro de Salud, Ginés González García, a los pocos días de asumir en su cargo anunció el nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que había sido revocado por Macri días antes de culminar su mandato. En la Provincia de Buenos Aires se encuentra en funciones Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, quien proviene del movimiento sindical y es integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. También en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 16 de julio se ha aprobado la adhesión al Protocolo Nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el cual contó con el apoyo de 42 diputados de un total de 60.
Ha comenzado a capacitarse al personal de la Administración Pública Nacional (APN) tal como lo indica la Ley “Micaela” (27.499), la cual establece la obligatoriedad de desarrollar talleres para todas y todos los trabajadores de la APN en temas de género, diversidad, violencia y desigualdades. Uno de los primeros en tomar el curso de capacitación fue el presidente y su equipo, en un claro gesto de una política y una concepción diferente de la problemática.
El nuevo proyecto a tratar este año parte con algunas diferencias respecto del que fuera presentado en 2018: uno de los cambios aparece en el artículo 1 y está relacionado con el sujeto que contempla la ley. Ahora dirá: “toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar” tendrán el derecho a la IVE. Se mantiene la posibilidad de acceder hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional. En el artículo 3, en las definiciones, se deja claro que “interrupción voluntaria del embarazo” y “aborto” son considerados términos equivalentes y que “salud integral” debe interpretarse “sin excepción”, como lo hace la Organización Mundial de la Salud (OMS): un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. También agrega que las expresiones “mujer u otras identidades con capacidad de gestar” y “mujer o persona gestante” son equivalentes.
Sobre la posibilidad de abortar pasadas las 14 semanas, se mantiene el derecho a hacerlo si el embarazo fuera producto de una violación –con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el o la profesional o personal de salud intervinientes– y si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante. Otro punto importante aparece en el artículo 6 y se refiere a la información que debe recibir el ser gestante previo a realizar la práctica: “Debe ser objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica de manera tal que garantice la plena comprensión de la persona”.
Aquí también queda descartada la objeción de conciencia, un elemento muy debatido en 2018 en el Congreso y que se volvió controversial, porque habilitaba a médicos, médicas o instituciones de salud a negarse a realizar un aborto, alegando sus creencias personales o religiosas. El artículo 9 enmarca los requerimientos para llevar a cabo la IVE según la edad de cada persona que lo solicite. Esto es fundamental, sobre todo por la gran cantidad de casos que hay de menores de edad y los hospitales o profesionales de la salud que no acceden a realizarlo. En el caso de las menores de trece años, indica que: “se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal”. El artículo 85 bis apunta a castigar a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. La pena indicada es prisión de tres meses a un año. Se eleva a uno a tres años si se generara perjuicio de la salud de la mujer, y a cinco años si causa la muerte. Asimismo, se modifica el artículo 86, para establecer que no es delito que una persona gestante aborte hasta la semana 14 de gestación, e incluye las dos excepciones para hacerlo pasado ese plazo: violación o que corra riesgo la vida. E incluye que la persona mayor de 16 años “tiene plena capacidad para ejercer los derechos que otorga” la ley, y se sustituye el artículo 88, el cual establecía que: “la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro/a se lo causare en ningún caso será penada”.
El artículo 11 trae una novedad importante: “el derecho al aborto deberá estar incluido en el Plan Médico Obligatorio”. De este modo, exige que todos los agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo e incluye al sector público, privado, obras sociales y prepagas.
En el artículo 12 aparece uno de los reclamos más urgentes, la Educación Sexual Integral (ESI): establece que el Estado nacional, la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias deben implementar la Ley 26.150 desarrollando la problemática del aborto.
Es fundamental que como sociedad comprendamos que la gestación de un hijo o hija es un acto subjetivante: no es solo un embrión dentro de un cuerpo. Para ser un individuo gestante y que ese embrión se convierta en un sujeto, es necesario pensar a ese futuro ser, nombrarlo, cobijarlo, acogerlo, concebirlo, alojarlo desde un lugar que habilite a ese niño o niña por nacer. Por otra parte, es una realidad que los abortos existen, suceden y se practican de manera ilegal, clandestina, y que lo único que se logró no aprobando la ley en 2018 fueron muertes, muertes y más muertes de aquellos seres gestantes que menos recursos tienen, que en mayor estado de vulnerabilidad viven y quienes más necesitan de políticas públicas que los protejan y preserven.
Concluyo esta sección con palabras de Débora Tajer, doctora en Psicología, Psicoanalista y Sanitarista: “Desde una visión tecnocrática en salud, las epidemias son sólo de enfermedades, pero desde la salud colectiva lo que causa daño a la salud y muertes evitables, también son problemas de salud, y si hay aumento, se considera epidemia. La violencia de género es un determinante social de la salud de las mujeres y hay que trabajarlo en el mismo nivel que los otros problemas de salud”.
Carla Elena es psicóloga social, diplomada en Violencia Familiar y Género, Derecho de Niñez y Adolescencia, y Discapacidad, posgraduada en Educación Sexual Integral: Desafíos de la implementación en el ámbito educativo y comunitario, Despatologización de las Diferencias. Miembro de Forum Infancias y docente.
Share this content: