El pasado 28 de junio se festejó en nuestro país el Día Internacional del Orgullo. En esta fecha se conmemora la revuelta de Stonewall Inn (1969) como visibilización en la agenda pública de la comunidad LGBTIQ+, que en adelante nombraremos como colectivo disidente o disidencias sexo-genéricas porque, como le leí a la Modarelli, las siglas pueden ser un techo cuando de identidades en devenir se trata.
Fuente: Línea de Tiempo construida por Santiago Richetti y Loli Montes (@lamodizn).
La atención hacia aquellas fechas históricas que se traducen en efemérides y que, sobre todo durante esta nueva anormalidad a la que nos condujo la irrupción del COVID-19, circulan velozmente por las redes sociales, más que un recordatorio del paso del tiempo es un ejercicio de construcción o deconstrucción del relato histórico. Nos referimos a la historia en minúscula, y quizás deberíamos decir las múltiples historias que se articulan o tejen dentro de la construcción de una efeméride. Recordar es re-acordar. Es echar luz sobre el pasado, para leerlo en clave presente. Como bien sabemos, en la Argentina la construcción de la memoria es un ejercicio ético-político. Para el colectivo disidente la introducción en la agenda pública de las propias efemérides del relato histórico narrado en primera persona es una conquista reciente. Y decimos reciente, porque consideramos que esta es en realidad una conquista democrática, y la democracia es parte de una conquista aún reciente.
Deudas de la democracia
Alguna vez le escuchamos decir a una compañera del Archivo de la Memoria Trans (@archivotrans) que la democracia para el colectivo trans-travesti no había llegado en el 83, como para el resto de lxs argentinxs, sino en 2012, a partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género 26.743. Esto nos marcó profundamente como militantes. Ahora bien, como sabemos, las leyes son conquistas que se obtienen a través de la organización política de personas que deciden construirse como sujetxs políticxs. La noción de sujetx políticx parece pertinente, porque permite entrever la posición ética de una persona que toma consciencia de sí y de sus derechos, pero además refiere a la noción de estar sujetx en una trama, en un contexto. En vínculo constante con otrxs. Retomando el calendario de efemérides que nos da excusa para reflexionar sobre la actualidad de nuestra sociedad, otra fecha reciente que se ganó un lugar entre los hitos democráticos es el 15 de julio. Este año se cumplieron 10 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario 26.618.
La sanción de esta ley es otra conquista que se obtuvo a partir de muchos años de pugna por la reivindicación de derechos democráticos del colectivo disidente y que se obtuvo en articulación con organizaciones políticas que no forman parte del colectivo, pero comprenden que donde hay una necesidad nace un derecho. Desde aquella primera Marcha del Orgullo o de la Dignidad –como se debatía en aquel entonces– se avanzó en la visibilización de problemáticas y la implementación de iniciativas como la del matrimonio igualitario, que llegó muchos años después de aquella manifestación del colectivo político disidente por la Avenida de Mayo. Si bien el avance hacia una legislación más inclusiva e igualitaria es reflejo de la construcción de un país más democrático, la realidad social de muchas personas del colectivo, exacerbada por la emergencia del COVID-19, invita a abrir la pregunta sobre las deudas de la democracia. Nos referimos concretamente a que –aunque se haya modificado el Código Civil Argentino permitiendo que las personas del mismo sexo se puedan unir en matrimonio– aún existen casos de violencia, discriminación y asesinato por motivos de género y orientación sexual. También, aunque tengamos una Ley de Identidad de Género –que es una de las más integrales e integradoras en el mundo, entre otras cosas por fortalecer la identidad autopercibida como legítima frente a la sociedad– aún es muy difícil para las personas cuya identidad de género no se corresponde con el sistema binario hombre-mujer ser integradas y leídas por las instituciones públicas. Por ejemplo, la escolaridad para lxs niñxs con identidades disidentes suele ser problemática por situaciones de discriminación de sus pares, pero más aún por la falta de herramientas pedagógicas y sociales del sistema educativo para alojarlxs y preservar su derecho a transitar la escolaridad con su identidad autopercibida. Sí, es cierto, tenemos la ESI –Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. Pero en la práctica cotidiana de las organizaciones que contienen y acompañan a estas subjetividades, aún se hace evidente que no alcanza con una o varias leyes para garantizar la inclusión pedagógica y psico-social en instituciones que están configuradas bajo normas hetero-cis-patriarcales. Es decir, bajo el paradigma de la heterosexualidad obligatoria y compulsiva, que lee a los cuerpos en términos de una correspondencia o adecuación entre el sexo asignado al nacer en función de la diferencia genital, y la identidad de género y roles sociales determinados por una interpretación histórica de las esferas de lo masculino y lo femenino.[1] Quizás una deuda de la democracia sea territorializar estas leyes. Federalizarlas, conurbanizarlas, pero sobre todo deconstruir el propio territorio de las leyes. Un devenir constante entre la práctica y la norma, que fluyan los derechos y obligaciones entre las instituciones públicas y el pueblo. En este sentido, la elevación a rango ministerial de una política pública de inclusión, visibilización y reparación de las mujeres y disidencias es un hito en la construcción del horizonte democrático deseado. Esto quedará marcado en la historia de los feminismos, de los colectivos disidentes y de todo el campo popular argentino. Es el reconocimiento de una historia y representa la posibilidad de pensarnos y gobernarnos en primera persona. Hablamos de reparación, porque gran parte de la política pública del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual de la Nación está destinada a ejecutar programas de reparación e integración de personas –mujeres y disidencias– víctimas de la violencia patriarcal.
Ni nueva ni vieja normalidad
La emergencia del COVID-19 pone de manifiesto que este sistema es insostenible, pero sobre todo lo es para aquellxs cuerpos y subjetividades que escapan de la heteronorma. En Argentina, la pandemia nos encuentra con un Estado que se hace cargo y le pone el cuerpo a la construcción de redes de contención frente al desastre sanitario y económico que generó la pandemia –vale recordar, en un país que no tenía Ministerio de Salud. Pero sobre todo la irrupción del virus en Argentina se encuentra con redes de cuidado, compromiso y afecto impulsadas por las diferentes comunidades de todos los territorios del país. Basta ver los comedores y merenderos impulsados, sobre todo por mujeres, en los diferentes barrios populares del país. O las redes frente a la emergencia como el #TejeSolidario del Bachillerato Trans Mocha Celis, y tantas otras organizaciones en todo el territorio nacional. Estas redes de cuidado se dan en contextos de urgencia alimentaria, sanitaria, laboral, de vivienda, que evidencian años de invisibilización y olvido por parte del Estado y de la sociedad toda. Como bien advierte la subsecretaria de Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Alba Rueda, “esta situación expone las condiciones estructurales de nuestras vidas”. Basta revisar algunos datos recopilados por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires en articulación con organizaciones de la disidencia y universidades nacionales para comprender esto:
Fuente: Primer relevamiento de condiciones de vida de la población trans-travesti. PBA.
Derecho al travajo
En este contexto de urgencia, el 23 de junio pasado se reabrió en la Comisión de Mujer y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación el debate sobre la inclusión laboral para personas travesti-trans. Hay 12 proyectos con estado parlamentario que proponen garantizar un cupo mínimo en la administración pública que varía entre el 0,5% y 1,5% destinado a esta población. Las variantes entre los diferentes proyectos aparecen con relación a qué hacer con el sector privado: algunos proyectos sugieren un piso mínimo de contratación al igual que en el sector público, y otros proponen incentivos a través del régimen impositivo. En cualquier caso, los proyectos buscan diseñar estrategias de reparación para una población históricamente vulnerada. Los requisitos mínimos de educación o idoneidad para acceder al empleo son otro punto de discusión. ¿Cómo exigir credenciales laborales a una población marginada del sistema educativo, sanitario y en consecuencia laboral? La terminalidad educativa es un horizonte posible para un porcentaje ínfimo de la población travesti- trans. Si bien esta situación fue mejorando a partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género, como se mencionó anteriormente las dificultades que presentan las instituciones educativas para alojar a las identidades que se manifiestan por fuera de la norma son un problema muy actual. Los datos presentados en el informe La Revolución de las Mariposas demuestran que menos del 30% de estas personas logran terminar el secundario –este dato se agrava en la población mayor de 40 años. Este relevamiento demuestra también que es más difícil completar el tramo escolar definido como obligatorio por el Estado si han manifestado su transición identitaria antes de los 18 años. Es decir, el debate por una ley que garantice el acceso a opciones laborales para esta población no puede estar escindido de las problemáticas integrales que afectan al colectivo y que impiden la correcta escolarización y eventualmente reducen sus posibilidades de ser contratadxs. Esta iniciativa es además una de las banderas históricas del colectivo disidente. Diana Sacayán, Lohana Berkins –y tantxs otrxs– dejaron su vida en este camino. En este sentido, resulta urgente atender estas demandas y llegar a tiempo. Actualmente la expectativa de vida de la población travesti-trans no supera los 41 años de edad. Pero, además, la inclusión laboral travesti-trans –ya sea a través de un sistema de cupo, incentivos impositivos para las empresas o medidas de carácter integral que mejoren la calidad de vida del colectivo y abran oportunidades laborales– no es solamente una mejora en la vida de las personas trans. Como solía decir Lohana, es además un mejoramiento para las instituciones públicas y para la sociedad toda.
A modo de cierre, en nuestro país el acceso al trabajo formal ha sido una forma de garantizar derechos básicos de acceso a la salud, la educación y la vivienda a la población. El peronismo como identidad política del campo popular defendió estas banderas a lo largo de la historia a través del movimiento obrero organizado, ya sea en sindicatos o con diferentes asociaciones de la Economía Social y de la Economía Popular más recientemente. Garantizar oportunidades laborales y –a través de ellas– el acceso a derechos fundamentales para el colectivo travesti-trans es sin dudas una bandera a levantar por nuestro movimiento, a favor de la democracia y de toda la sociedad argentina.
Bibliografía
Richetti S y L Montes (2020): Línea de Tiempo construida por en el marco del Día del Orgullo 2020. Puede verse completa acá: www.facebook.com/lamodiZN/photos/a.2462611304041192/2462612014041121/?type=3.
Secretaría de Derechos Humanos (2019): Primer relevamiento sobre condiciones de vida de la población trans/travesti de la Provincia de Buenos Aires. La Plata, GPBA.
Ministerio Público de la Defensa (2017): La Revolución de las Mariposas. A diez años de la gesta del nombre propio. Buenos Aires.
Página12 (2020): Suplemento SOY. Buenos Aires, 26-6-2020.
Ivana Salemi es licenciada en Ciencia Política (UBA), docente en el INCAP (Ministerio del Interior), activista por los derechos de la comunidad disidente en el Movimiento Disidente de Zona Norte (@lamodizn) y militante del movimiento peronista en la Provincia de Buenos Aires. Santiago Federico Richetti es escritor, docente y activista de la disidencia sexual. Se formó en Filosofía (UBA). En 2018, junto a otrxs compañerxs, creó el Movimiento Disidente de Zona Norte (MoDiZN), del cual forma parte activa en actualidad.
[1] Desde la perspectiva de género, impulsada principalmente por los feminismos de los años setenta y ochenta, el binomio sexo-género resulta de gran utilidad para pensar en los modos en que los cuerpos adquieren significados sociales a partir de su anatomía. La noción de género es interpretada, desde este punto de vista, como una categoría construida cultural, histórica y socialmente para definir qué se entiende por masculinidad y feminidad. La adopción de este concepto contribuye a superar esencialismo o determinismo biológico en la determinación de los roles y mandatos de género. Cabe considerar que el género suele ser interpretado en función de su sexo de nacimiento de las personas, el cual depende principalmente de la genitalidad. Algunxs autorxs, como Gayle Rubin a mediados de la década del ochenta, consideran, en esta línea, que los rasgos biológicos y anatómicos operan como una suerte de base sobre la cual se interpreta socialmente cuáles son las formas aceptables de ser varón y mujer en la sociedad. La postura en cuestión, próxima al fundacionismo biológico: el género es a la cultura lo que el sexo a la naturaleza. Otrxs, como Donna Haraway o Judith Butler, van más allá arguyendo y ponen en crisis el binomio cultura-naturaleza. Desde esta postura, la naturaleza ha de ser pensada como un constructo histórico-cultural. De este modo, surge como necesidad una redefinición de la categoría de sexo en tanto interpretación histórica y cultural de ciertas diferencias anatómicas o fisiológicas. Así, es preciso considerar que la lectura de los cuerpos se basa en paradigmas científicos o médicos y se fundamenta en el discurso de la biología.
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