En la búsqueda de la igualdad de género en México: de las definiciones estructurales articulables a las desigualdades persistentes

En México persiste una tensión que ha provocado violaciones institucionales sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres. La tensión, identificada por Lagarde (2014), es que hay avances significativos en los espacios geopolíticos ocupados por mujeres, así como en los discursos igualitarios en el espacio público, mientras que, por otro lado, persisten los retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos, principalmente. Además, a pesar de que el régimen mexicano jurídico enuncia “definiciones estructurales articulables” (Lagarde, 2014), la autora no identifica garantías constitucionales efectivas que puedan ser exigibles, derivado principalmente de deficiencias y simulaciones institucionales.

Los espacios geopolíticos que son ocupados por mujeres no necesariamente han logrado convertir derechos formales en derechos activos y prácticos. El pacto patriarcal ha enajenado la conciencia de clase de las mujeres ocupantes de dichos espacios públicos, con lo cual se ha abierto más la brecha de género que, además, ha provocado la crisis estructural del neoliberalismo. A eso se suma el modelo económico dominante que propaga las técnicas de explotación sobre el cuerpo femenino (Rodríguez Palop, 2019), ya que es un modelo depredador de la vida que tiene como característica inequívoca el irrespeto a la integridad humana de las mujeres, tanto en las esferas públicas como en las privadas.

Las desigualdades de género son explotadas a favor de las élites, que benefician su posición en el sistema capitalista a partir de la subsunción de las mujeres al servicio de estos esquemas que replican las exclusiones de clase y género. El sistema androcéntrico, eurocéntrico y blanquista se beneficia de la exclusión y la fragmentación entre clases, ya que facilita los esquemas de subordinación a favor de las élites. Estos esquemas reproducen la explotación de género cometida contra las mujeres, resaltando los procesos de apropiación sobre su cuerpo, teniendo como origen el pacto social existente que se configura en un orden de género en el cual las mujeres están desvalorizadas económica y socialmente.

La misma configuración del Estado está basada en un pacto social patriarcal que ha relegado a las mujeres a la esfera privada y las ha confinado al mismo espacio, al tiempo que las ha hecho dependientes de los hombres. Teorías ecofeministas, encabezadas por teóricas como Ariel Salleh o Vandanan Shivah, han hecho énfasis en su crítica al modelo económico dominante, en tanto propaga las técnicas de explotación, equiparando a la naturaleza con el cuerpo femenino (Valencia, 2008). Al respecto, y sin afán de ser esencialista, se puede ubicar una clara relación de la concepción marxista ecofeminista con la reproducción de explotación de género cometida contra las mujeres y la naturaleza, resaltando los procesos de apropiación de recursos naturales y degradación ambiental que enuncia Valencia (2008), mismos que tienen como víctimas a las mujeres rurales y familias pobres, que encuentran su subsistencia en su relación con la naturaleza.

Lagarde identifica causas, tanto directas como indirectas, que explican la violación a los derechos humanos de las mujeres. Entre las causas que enuncia, se encuentran: a) la falta de respecto a la integridad de las mujeres en las esferas público-privadas, producto de la simulación institucional por parte del Estado; b) el modelo capitalista depredador y no preservador de la vida; y c) la falta de diálogo sinérgico entre hombres y mujeres, producto de la concepción moderna androcéntrica, eurocéntrica y supremacista. Las tres causas enunciadas, sin distingo del nivel en el cual se encuentran, se intersectan entre sí y producen una fragmentación social profunda en la que las mujeres son deshumanizadas y excluidas de la toma de decisiones. Ante esta exclusión, la democracia mexicana no se ha consolidado como una democracia plural ni participativa, ya que los derechos de las mujeres han sido “escatimados por los poderes patriarcales” (Lagarde, 2014) y las decisiones sobre la vida de las mujeres no las han incluido, ni a sus necesidades. Las mismas leyes que deberían suponer un avance sustantivo para garantizar el derecho de igualdad ante la ley, no han logrado trastocar las relaciones de género ni la eliminación de jerarquías y desigualdades, sino que han quedado en una retórica igualitaria con la cual se ha lucrado políticamente a favor de las élites capitalistas. Ante ese panorama, Lagarde propone el diálogo sinérgico entre hombres y mujeres, con el claro objetivo de articular visiones y acciones para superar la fragmentación y la exclusión.

La búsqueda de la igualdad ante la ley tiene que reconocer la diferencia y la especificidad genérica, y solamente buscar la valoración jurídica de las diferencias.[1] La integración de estas mismas diferencias, por medio del diálogo sinérgico, podrá ayudar a superar la fragmentación, así como a impulsar el desarrollo con sentido social equitativo y una democracia social, política, plural, dialógica y participativa, según la descripción de Lagarde. La condición de ciudadanía y la condición humana se deben entender y definir a partir del fundamento ineludible de la igualdad sustantiva de la especifidad genérica (Lagarde, 2014). El objetivo, según Lagarde, debe ser que el sistema político y económico pongan en el centro de su agenda la búsqueda de la igualdad plural y participativa, que por definición trastocaría las relaciones de género y la eliminación de jerarquías, desigualdades y discriminaciones.

Para entender aún más profundamente cómo es que las categorías sociales se configuran y el poder se reproduce en la esfera pública, es necesario analizar las reglas informales de las instituciones, explicadas por distintas autoras del institucionalismo feminista. Las categorías de lo femenino y lo masculino, invariablemente establecen jerarquías y relaciones de dominación. El género se configura en las instituciones a través de estructuras institucionales y de las oportunidades asignadas en razón de género (Kenney, 1996). Es decir, el origen de la desigualdad se centra en la concepción teórica sobre el cuerpo de las mujeres y la naturaleza, y las relaciones sociales se perpetúan por la institucionalización de la interacción de esas jerarquías asignadas que inercialmente responden, además, al modelo capitalista que devalúa los trabajos no remunerados a los que son confinadas tradicionalmente las mujeres.

Distintas autoras cuestionan el androcentrismo económico (Rodríguez-Palop, Pérez Orozco y Lagarde, entre otras) ya que éste ha dividido sexualmente los trabajos y la economía, y se ha apoyado fuertemente en los trabajos no remunerados de las mujeres. Para superar este conflicto capital-vida[2] es necesario reconocer que somos dependientes de la naturaleza y situar a la vida en el centro de las prioridades del Estado. Como Marx advirtió en El Capital, el “valor del trabajo” originalmente se equiparó al valor del producto del trabajo –sin dejar de observar las desigualdades de la clase obrera–, pero el valor del producto hoy ha disminuido, pues las condiciones laborales se han feminizado, es decir, han empeorado para incluir más mujeres, a costa de precarizar los salarios y extender las jornadas laborales. Al respecto, Nancy Fraser (2009) afirma que la desigualdad se ha perpetuado porque la redistribución económica provoca dependencia económica, y porque las mujeres obtienen un reconocimiento social menor, estereotipando el género de manera negativa. En su libro Gender Stereotyping, Cook y Cusack (2011) reiteran que los esteoreotipos han perpetuado las desigualdades existentes.

El diagnóstico anterior debe concretarse en acciones públicas. La consigna de Boaventura de Sousa (2006) de que una teoría sin acción no sirve y una acción sin teoría es una acción ciega, invita a traducir la propuesta en acciones concretas de despatriarcalización. Entonces, ¿qué hacer ante lo expuesto, sabiendo el origen del problema público? Postulo, a partir del análisis marxista y feminista del Estado, analizar el caso de México bajo los siguientes supuestos:

  1. Reconocer institucional y económicamente el rol de las mujeres y su aportación al sostenimiento de la economía. Según datos del Gender Institutions and Development Database 2019 (GID-DB) de la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económicos (OCDE), las mujeres en Latinoamérica y el Caribe trabajan tres veces más que los hombres en trabajos no remunerados de cuidados, mientras que, por otro lado, permiten que los hombres puedan dedicarse al espacio público, mientras sostienen el espacio privado (OCDE, 2019).
  2. La reinvención del Estado no puede partir de la idea sobre la cual estamos parados, ya que el capital ha tratado a las mujeres como externalidades residuales. Es necesario visibilizar el conflicto capital-vida y diseñar políticas públicas que mantengan en el centro el cuidado de la vida.
  3. El crecimiento económico no puede realizarse a costa de las prácticas de explotación, es por ello que la perspectiva feminista debe ser reformista. El feminismo encabeza hoy la lucha de clases en el mundo y en Latinoamérica representa un frente común frente a la extrema derecha (Rodríguez-Palop, 2019).

En América Latina y el Caribe es urgente que los Estados se dejen de apropiar de los cuerpos de las mujeres. El reconocimiento institucional de los feminicidios y la violencia obstétrica son imperantes para generar condiciones mínimas de inclusión.

Es necesario reconocer que nuestra especie y cultura no están separados del resto del mundo vivo. Como menciona Herrero (2019) los límites físicos y la vulnerabilidad han podido ser ignoradas gracias a los bienes y ciclos naturales, construyendo sistemas económicos, financieros, legislativos, éticos y religiosos sobre ellos. La cultura y la organización social solo pueden mantenerse cuando se haya interiorizado y comprendido nuestra comprensión de nuestro actuar en el mundo, reubicándonos como especie y estableciendo relaciones diferentes que permitan reconstruir lo que se ha perdido, y entender que somos seres ecodependientes. En otras palabras, al reconocer el valor de la interdependencia que guardamos con la naturaleza y con otros humanos.

Asimismo, es necesario reconocer que todos dependemos física y emocionalmente del tiempo de trabajo y dedicación que otras personas nos dan. Aceptar la interdependencia supone que la sociedad en su conjunto se tiene que hacer responsable del bienestar y de la reproducción social (Herrero, 2019). Al aceptar este concepto, se amplía la noción de trabajo, elevándola a una relación con la naturaleza y el resto de las personas.

Además de vivir insertos en la naturaleza, los seres humanos vivimos encarnados en cuerpos vulnerables, contingentes y finitos (Herrero, 2019). Como es señalado por Herrero, poner la vida en el centro de la experiencia es también ser consciente del nacimiento, el crecimiento y la muerte, no solo del ser humano, sino también del ecosistema y la biodiversidad. En otras palabras, el entendimiento de la fragilidad está intrínsecamente relacionado con la interdependencia y la cooperación. El cuerpo humano es finito y no se encuentra abstraído de los procesos naturales ni de la interacción con otros seres humanos y no humanos. Asimismo, al reconocer nuestra fragilidad, nos orilla a reconocer la fragilidad de nuestros semejantes, así como de la naturaleza.

Existen feministas postcolonialistas que deben ser estudiadas, como Trinh T. Minh-ha, Chandra Monhanty, Sara Suleri y Gyatri Spivak (Herrera et al, 2013). Ellas han evidenciado a la academia eurocentrista como la fuente del colonialismo discursivo que describe a la mujer como un estereotipo similar al mencionado por Cook y Cusack (2011). Es decir, las mujeres son concebidas como subyugadas al hombre, religiosas, víctimas –más aún si son tercermundistas–, tradicionalistas y confinadas al espacio doméstico (Herrera et al, 2013). Por otro lado, se ubican las mujeres emancipadas, las trabajadoras, las académicas y todas aquellas que son mujeres “distintas”, construidas bajo supuestos colonizadores y eurocentristas sobre lo que debería ser una mujer. Un ejemplo de lo anterior son las mujeres que quieren prohibir el uso de la burqa a las mujeres practicantes de la religión islámica, y cuestionan, desde una profunda base eurocentrista, las causas y consecuencias de profesar una religión. ¿Cuál es realmente el ideal de una mujer libre? ¿O es que realmente nos estamos impregnando de las ideas y concepciones culturales eurocentristas respecto a las mujeres libres y “distintas”?

Al respecto, Talpade (2008) aborda las limitantes metodológicas producidas por el discurso y la ideología occidental que buscan concebir a las mujeres como categoría de análisis basadas en una víctima arquetípica, subsumidas en un sistema de opresión, del cual solamente las salvará el feminismo occidental, sin tomar en cuenta las luchas individuales que realizan muchas mujeres a quienes se les ha negado poderse concebir como feministas (Herrera et al, 2013). Todo lo anterior devela prácticas profundamente excluyentes, en tanto que, como se ha explicado a lo largo de este texto, dichas prácticas se institucionalizan y arraigan, produciendo outcomes y reformas políticas que no logran desarraigarse de la exclusión ni de la discriminación. Como afirman Herrera et al (2013), las secuelas del colonialismo y de la cultura de depredación continúan presentes en la democracia.

La construcción de la nueva agenda debe, sin duda, tomar en cuenta que las instituciones –legales, administrativas y sociales– se han construido bajo las lógicas patriarcales. Es imposible reconstuir al Estado sin despatriarcalizarlo. Asimismo, debemos construir feminismos propios, alejados de los ideales colonialistas, asumiendo que no existe un solo feminismo, lo cual nos permitiría unir pluralidades e historias aparentemente inconexas alrededor de un debate, construyendo un debate dialógico y sinérgico en todos los léxicos (Herrera et al, 2013).

El feminismo dialógico y el ecofeminismo, de manera conjunta, parecieran ser una posible opción ante la imposibilidad metodológica de unir las distintas voces de las mujeres. Como reafirma Benhabid (Herrera et al, 2013), el discurso feminista contemporáneo está profundamente polarizado, señalando a las mujeres de padecer relativismo cultural, defender al patriarcado o ser eurocentristas. Para lo anterior, el feminismo dialógico –basado en Paulo Freire y Jürgen Habermas– asume que el sujeto mediante el diálogo es capaz de llegar al entendimiento y de trabajar en la transformación de contextos y relaciones léxicos (Herrera et al, 2013). Además, uno de sus postulados principales es el de igualdad entre las diferencias –que se ha explicado aquí previamente– que se basa en el modelo de configuración de valoración jurídica de las diferencias de Ferrajoli. El principio normativo de igualdad en los derechos fundamentales, y al mismo tiempo en un sistema de garantías capaces de asegurar su efectividad, garantiza a todas su libre afirmación y desarrollo, y reconoce las diferencias y las identidades de las personas, como base de la autonomía individual (Ferrajoli, 1999).

Lo anterior nos permitiría proponer legislaciones diferencias, reconociendo, en un análisis interseccional, las distinciones individuales que permitirían construir un modelo equitativo, y deconstruir la relación patriarcal entre sexos y géneros.

Por otra parte, un ser humano no puede ser indiferente a otro si queremos construir una sociedad o una comunidad que lleve ese nombre. Retomando a Herrero (2019), transformar el sistema productivo también significa comprender el valor de la reciprocidad y el apoyo mutuo, asimilando el concepto de cooperación. Lo anterior involucra estimular formas de racionalidad que favorezcan relaciones de apoyo mutuo entre seres humanos y la tierra. En otras palabras, supone pensar en marcos alternativos, centrados en la ética de la reciprocidad, la democracia radical y la cooperación que involucren a todas las personas (Herrero, 2019). Eso no solo permitirá transformar el concepto de trabajo, sino también enriquecer el esfuerzo compartido con nuestros semejantes.

La construcción de la nueva agenda debe, sin duda, tomar en cuenta que las instituciones –legales, administrativas y sociales– se han construido bajo las lógicas patriarcales. Es imposible reconstuir al Estado sin despatriarcalizarlo.

 

Bibliografía

Lagarde M (2014): “Sinergia feminista para los derechos humanos de las mujeres”. En 15 años de política de igualdad: los alcances, los dilemas y los retos. Tijuana, Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de México, FLACSO México.

Chevalier JM y DJ Buckles (2009): Guía para la investigación colaborativa y la movilización social. Ottawa: Centro International de Investigaciones para el Desarrollo.

Cook RJ y S Cusack (2010): Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives. Philadelphia, University of Pennsylvania.

de Sousa Santos B (2006): Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación. Buenos Aires, CLACSO.

Ferrajoli L (1999): Derechos y garantías. La ley del más débil. Madrid, Trotta.

Fraser N (2009): “Feminism, Capitalism, and the Cunning of history”. New Left Review, 56.

Herrero Y (2019): “Sujetos Arraigados en la tierra y los cuerpos. Hacia una antropología que reconozca los límites y la vulnerabilidad”. En Cuerpos marcados: vidas que cuentan y políticas públicas. Barcelona, Bellaterra.

Kenney SJ (1996): “New Research on Gendered Political Institutions”. Political Research Quarterly, 49 (2).

Marx K (1975): El Capital. México, Siglo XXI.

OCDE (2019): Gender, Institutions and Development Database 2019. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2014.

Rodríguez-Palop ME (2019): Revolución feminista y políticas de lo común frente a la extrema derecha. Barcelona, CLACSO.

Valencia E (2008): “Ecofeminismo y ambientalismo feminista. Una reflexión crítica”. Argumentos, 21-56, México.

 

Eunice Arias Arias es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Querétaro, maestra en Políticas Públicas Comparadas (FLACSO México), candidata a maestra en Derechos Humanos y Garantías por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestranda en Políticas Públicas Internacionales por Queen Mary University of London, Reino Unido, certificada en Políticas Públicas por Harvard y en Derechos Humanos y Derecho Humanitario Internacional por American University. Es directora general de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar (Servicio Profesional de Carrera), profesora titular de la FES Acatlán UNAM, profesora asistente de la Universidad Autónoma de Querétaro y Gerente del Proyecto 8447-MX del Banco Mundial en México.

[1] El modelo de configuración jurídica de valoración jurídica de las diferencias de Ferrajoli se basa en el principio normativo de igualdad en los derechos fundamentales, y al mismo tiempo en un sistema de garantías capaces de asegurar su efectividad. Es decir, garantiza a todas su libre afirmación y desarrollo, y reconoce las diferencias e identidades de las personas, como base de la autonomía individual (Ferrajoli, 1999).

[2] El conflicto capital-vida refiere al sistema depredador capitalista que pone la vida humana al servicio de la economía (Lagarde, 2014).

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