En nuestras sociedades patriarcales, el femicidio –el asesinato de una mujer por motivos sexistas y misóginos– siempre ha estado presente como un mecanismo de neutralización de los avances de las mujeres, como castigo ante la transgresión del mandato de la feminidad, y como mecanismo disuasorio ante la revelación de la dominación masculina y los intentos de transformación social. No obstante, en los últimos años ha sido posible presenciar un incremento exponencial de estos crímenes, los cuales se vuelven cada vez más grotescos, crueles, brutales e inhumanos. Esto sin lugar a dudas ha dejado en claro que no son hechos aislados o monopolio de coyotes, guerrilleros o narcos, y que todas las mujeres por simple hecho de serlo estamos en constante riesgo.
En el caso de Argentina, pese a que en el año 2014 se tipificó el delito y se creó el Registro Nacional de Femicidios, con el propósito optimizar los procesos de recolección y análisis de la información y contar con estadísticas confiables para diseñar e implementar políticas públicas para su prevención, atención y erradicación, la realidad es que su abordaje ha carecido de voluntad política. Durante el mandato del ex presidente Mauricio Macri el presupuesto para la atención de las víctimas de violencia contra la mujer fue irrisorio; no se abrieron las casas de acogida para las víctimas de violencia prometidas; no hubo pronunciamiento sobre los numerosos femicidios; y este tema no formó parte de su agenda, ni fue mencionado, sino hasta el final de su mandato en el contexto de la campaña electoral, donde al igual que la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y para entonces candidata a la reelección María Eugenia Vidal, realizaron promesas de acción, protección y erradicación de la violencia machista. Asimismo, durante el mes de noviembre de 2019 la para entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó un informe en el que se aseguraba que el número de femicidios descendió. Celebró, afirmando: “¡Bajamos los femicidios un 12,1 por ciento!”, y desconoció otros esfuerzos gubernamentales en la materia, afirmando que “se logró un trabajo de cooperación para obtener un dato que en Argentina solamente era llevado por algunas ONGs que trabajaron este tema”.
Ahora, con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia se están realizando capacitaciones a funcionarias y funcionarios públicos en el contexto de la Ley Micaela, y se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Sin embargo, las autoridades de esta instancia aun no se han pronunciado oficialmente sobre el flagelo del femicidio que azota a la nación. Hasta el momento, las únicas declaraciones conocidas son las de Josefina Kelly, secretaria de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género, quien en una entrevista afirmó que durante las dos jornadas hasta el momento realizadas de los Foros Federales Participativos Hacia un Plan Contra las Violencias de Género que impulsa el Ministerio “surgió lo de los femicidios, pero más que nada trabajar los registros. No hay datos, estadísticas concretas en cuanto a cuál es la situación real actual”. Esta afirmación resulta preocupante pues, lamentablemente excusarse en la falta de estadísticas es un recurso que durante años han usado los gobiernos en América Latina para evadir y postergar la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia contra la mujer y los femicidios. En este contexto es necesario visibilizar que, si bien con deficiencias, Argentina, junto a Chile, Costa Rica y Perú, son los países de la región con más y mejor información estadística en cuanto al femicidio. Si bien es cierto que la información disponible sigue siendo limitada e insuficiente, ésta sin lugar a dudas permite grosso modo caracterizar el fenómeno para diseñar políticas públicas inmediatas, ante una problemática que no solo se incrementa en términos cualitativos, sino que también se profundiza en lo que refiere a la violencia y barbarie de sus expresiones y manifestaciones.
Al respecto, es necesario recordar que en Argentina existe desde el año 2014 el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y desde el año 2016 el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, y de acuerdo a la información suministrada en los informes generados por estos organismos estatales, se tiene conocimiento de la ocurrencia de 1.500 femicidios entre los años 2014 y 2019.[1] Adicionalmente, estos informes permiten aproximarse a la naturaleza del fenómeno, pudiendo identificar que del total de las víctimas el 2% eran trans o travestis, el 4% eran mujeres explotadas en la prostitución y 8,6% fueron víctimas de violencia sexual.
Las estadísticas también permiten reconocer que al menos el 52% de las mujeres víctimas de femicidio se encontraban en edad reproductiva, es decir, oscilando entre los 16 y 49 años de edad, grupo etario al cual también pertenecen el 59% de los femicidas.[2] El 60% de quienes asesinan a las mujeres por sexismo y misoginia son sus parejas o ex parejas. Además, el 67% de estos crímenes fueron perpetrados en la vivienda de la víctima o donde ésta convivía con su agresor. Ahora, si bien es cierto que en Argentina existe una prevalencia del femicidio íntimo perpetrado en el espacio privado, también ha comenzado a incrementarse la ocurrencia de estos crímenes en el ámbito público, alcanzando el 20% de los femicidios registrados. Además, el 40% de los femicidios registrados han sido cometidos en la Provincia de Buenos Aires.
En lo que refiere al arma o modalidad empleada para la comisión del delito, es posible evidenciar que los agresores se valen de cualquier arma o instrumento que tengan a disposición: el 29,3% hizo uso de la fuerza física, el 28,8% recurrió a un arma blanca, el 26,5% de los agresores emplearon arma de fuego, el 7% apeló al fuego y el 9,4% hizo uso de diversas formas de violencia y armas para perpetrar el femicidio. Como dato adicional, es imprescindible mencionar que el 6,6% de los femicidas pertenecía a alguna fuerza de seguridad.
Con respecto a la actuación y la negligencia del Estado, es posible señalar que al menos el 20% de las víctimas ya había denunciado a su agresor. Pero, aunque las denuncias se incrementan año tras año, los mecanismos de atención y protección no están siendo efectivos, pues, los femicidios lejos de disminuir se han incrementado. A ello se suman los retardos procesales y los índices de impunidad ante la ocurrencia de este delito, por el cual solo el 6,6% de los imputados ha obtenido una sentencia condenatoria. Estos hechos también han dejado víctimas colaterales, entre ellos 70 víctimas de femicidios vinculados en los últimos tres años, y al menos 1.167 niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad y desprotección entre 2014 y 2019.
Por su parte, durante el año 2020 esta situación no parece mejorar. Según la información publicada por el Observatorio de las Violencias de Género, Ahora que sí nos ven, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2020 han sido cometidos 117 femicidios en Argentina, es decir: un femicidio cada 26 horas. 36 de ellos ocurrieron desde que se inició el aislamiento domiciliario de la población como medida de protección ante el coronavirus (COVID-19). A esto se suma que el COVID-19 está siendo utilizado por los agresores para ocultar sus crímenes y evadir a la Justicia.
Esta información proporciona a grandes rasgos algunas claves para comprender el fenómeno y para identificar a la población más vulnerable y expuesta al femicidio, y proporciona herramientas para avanzar en el diseño e implementación de políticas de emergencia frente al indetenible y feroz incremento de los femicidios, ante los cuales las niñas y mujeres no se pueden dar el lujo de esperar. En este contexto es posible recomendar:
- a) La declaración de la emergencia por femicidios, a fin de comprometer a las autoridades competentes a diseñar acciones inmediatas y concretas que permitan su prevención y disminución.
- b) La realización del monitoreo de los casos de mujeres que ya han denunciado a sus agresores, a fin de proveerles respuesta y protección inmediata ante el inminente riesgo de femicidio.
- c) La optimización de los canales de atención y recepción de denuncias, a fin de proporcionar respuestas efectivas, eficientes y oportunas a las mujeres víctimas de violencia antes de un desenlace fatal.
- d) La resolución de prisión preventiva para los agresores ante el riesgo inminente de femicidio.
- e) La aplicación del Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) ante la muerte de mujeres aparentemente por COVID-19, para descartar que la muerte esconda otras causas, como las agresiones machistas.
- f) El establecimiento de la prohibición de que los cuerpos de las mujeres aparentemente muertas por coronavirus sean cremados o sepultados sin la realización de autopsias, a fin de descartar la existencia de un femicidio.
Esther Pineda G es socióloga, magister en Estudios de la Mujer, doctora y postdoctora en Ciencias Sociales. Autora del libro Cultura femicida. El riesgo de ser mujer en América Latina publicado por Editorial Prometeo (2019).
[1] Las estadísticas correspondientes a los años 2014-2018 provienen de los informes del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, mientras que las estadísticas del año 2019 provienen del Informe Anual del Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación.
[2] La edad de las víctimas y los agresores es aproximada, debido a que en los diferentes informes se han presentado cambios en la presentación de los grupos etarios, los cuales en términos generales han oscilado entre los 16 y los 50 años de edad.
Share this content: