Deconstruir el sistema judicial

“Pues de aquí nacen las bregas y contiendas, cuando los que son iguales no tienen iguales cosas, o cuando los que no lo son las tienen y gozan” (Aristóteles, Ética a Nicómaco, V, III, 1131a).

En los pasillos del “Palacio de Justicia” tenemos un chiste interno que dice que, si resucita una abogada o un abogado de mediados del siglo XIX, con solo estudiar la actualización del código puede salir a trabajar. Ahí mismo todas y todos sabemos que es un acto indecoroso no tratar a un juez o jueza de “Vuestra Excelencia o Vuestra Señoría”, tal si se tratara de señores y señoras feudales. Dice el dicho popular que la ley ha de ser igual para todos y todas, siendo este uno de los principios constitucionales que menos se cumplen. Ahora bien, si la concepción clásica de igualdad indica tratar de la misma manera a lo igual y de diversa manera a lo desigual, ¿no deberíamos preguntarnos por qué nuestro sistema judicial conserva en lo esencial de su constitución los tratos de la judicatura monárquica en pleno siglo XXI?

En nuestro sistema democrático, un juez –o una jueza– no es un par: en casi 200 años de evolución institucional, la perpetuidad del modelo judicial hizo mella. Hoy se considera que quien trabaja en la “corte” continúa siendo un súbdito del rey, no un igual. Sus consecuencias negativas han quedado asimiladas en todo el aparato judicial, a tal punto que ni siquiera se discuten las formalidades, los usos y costumbres, como tampoco las deficiencias que este modelo de trato plantea para la vigencia efectiva de un Estado de Derecho, cuyas consecuencias más visibles son el uso cotidiano del lenguaje cifrado, el nepotismo y el amiguismo para la promoción de cargos, las estrategias para cajonear los casos –sobre todo si ocurren en la familia judicial–, el tráfico de influencias y los mecanismos elitistas y corporativos que generan muros entre quienes se desempeñan en “el palacio”, como así también con los sectores vulnerables.

Estas prácticas propias de la “aristocracia palaciega” son costumbres heredadas de la “familia judicial”. Como “agentes” ingresamos al servicio, aprendemos y descansamos en la arbitrariedad de las cúpulas. Somos quienes efectivizamos la elitización y la reproducción de las trabajadoras y los trabajadores: conocemos al “ordenanza”, que es hijo del “ordenanza” anterior, porque pertenecer a la familia implica pasar de generación en generación incluso las tareas de limpieza y de recepción de órdenes. El devenir nos enseña a poner sellos y que existen empleados y empleadas que llevan los “mandamientos” –notificadores-ujieres. Los verdaderos protagonistas son los expedientes, no pensados como un mero papel, sino como un campo de contienda y confrontación de poder, cuyo dictamen final está supeditado al veredicto de “su excelencia”, que cuenta con privilegios exclusivos: mobiliario, ascensores y pisos con aire acondicionado, baños. En cambio, los funcionarios y las funcionarias con suerte poseen una llave, si no utilizan el de uso compartido con el público.

En esta caracterización, la cuestión de género no parece un asunto menor. La carrera judicial es un campo masculino desde sus comienzos, cuya tradición continúa inalterable en su máxima jerarquía. En la praxis, las mujeres son acusadas de “mujerismo”, “victimismo”, “intensidad” o “exageración”, soslayándose que en nuestro país rigen tratados y compromisos internacionales que obligan a garantizar fehacientemente la igualdad.

El feminismo aún no ha penetrado en el ámbito judicial. Para que se revierta esa situación es nuestra responsabilidad ser protagonistas de la extinción de la monarquía judicial y las prácticas que acarrea. Para ello, debemos comprender cómo funcionan estas instituciones, sus pertenencias, relaciones e intereses, así como los condicionamientos que pesan sobre sus comportamientos y que paulatinamente cristalizan la naturalización en la desigualdad de trato, “de forma, de uso y de buenas costumbres”. Deconstruir es superar la lógica del poder monárquico. Aprender nuevas prácticas como forma de democratización, transformar las condiciones características en que se desarrollan los procesos institucionales en el ámbito de la Justicia. Revertir estas asimetrías históricas y reducir la desigualdad, específicamente la de género en puestos de liderazgo judicial, no debe favorecer a la mujer únicamente por su condición, sino por la discriminación estructural que existe.

Deconstruir es profundizar nuestras contradicciones y pertenencias, para entender que no podemos continuar esperando reformas legislativas cuando nosotros mismos no nos responsabilizamos de implementar modos de organización horizontales en tribunales. Deconstruir es no naturalizar jerarquías en el servicio de la justicia reproduciéndose de manera hermética, entendible para unos pocos y con un modo de vincularse entre pares de manera subordinada y autoritaria, trato que posteriormente se traslada sobre quienes no tienen el dominio del lenguaje específico, como tampoco del modus operandi. Deconstruir en democracia es penetrarla y transversalizar desde el gesto más pequeño. Si la reforma de la justicia forma parte de la agenda del gobierno, las mujeres y disidencias judiciales deben instalar el enfoque feminista en ese proceso de democratización. Repensar un cambio en la Justicia es una necesidad, porque el sistema judicial decide, produce y reproduce sentidos sobre nuestras vidas, cuerpos y derechos. Mientras existan monarquías, instituciones con prácticas obsoletas y régimen anacrónico, la democracia y la justicia social son inexistentes.

 

Bibliografía

Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (2020): Nota enviada a la Sra. Ministra de Justicia de la Nación, a favor de la igualdad real para las mujeres en la justicia, con motivo del retiro de pliegos para su revisión. Febrero.

Baum L (1994): “What Judges Want: Judges’ Goals and Judicial Behavior”. Political Research Quarterly, 47-3.

Cohen B, D Maffia y R Ruiz (2016): El género en la Justicia porteña. Percepciones sobre la desigualdad. Buenos Aires, Jusbaires.

Donatello LM y F Lorenc Valcarce (2016): “El ascenso a la elite judicial. Una reconstrucción de los orígenes y las trayectorias de jueces a partir de entrevistas biográficas”. IX Jornadas de Sociología de la UNLP.

Rodríguez Villafañe, Miguel, abogado constitucionalista y exjuez federal: comunicación personal con la autora.

Zaffaroni R (1994): Estructuras judiciales. Buenos Aires, Ediar.

 

Mariana Amaya Cáceres es abogada, maestranda en Partidos Políticos por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en Derecho Electoral y Géneros. Trabajadora de la Justicia Electoral.

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