Sobre ética y política: un sendero en sube y baja

Roberto Follari

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Sucede casi siempre que la población interpreta el accionar de los profesionales de la política –o de aquellos que acceden a cargos de representación– en términos similares a como entiende su propia condición de sujeto ético: el apego, por ejemplo, a decir la verdad, la humildad de no pretender sobresalir en una situación colectiva, o el saber dejar lugar a otros en vez de priorizarse a sí mismo, forman parte de esos difundidos cánones de lectura sobre la ética personal. Ello no significa que las personas, mayoritariamente, respondan a esos patrones de comportamiento, a menudo idealizados: pero sí que los sujetos se imaginan a sí mismos como portadores prácticos de esos valores y normas de conducta. Como es conocido en teoría política y también en psicoanálisis, a menudo los propios intereses son pensados como valores sublimados. De tal manera, un sector importante de la población –sobre todo las clases medias y altas, aquellos sectores más ilustrados y cercanos a la lectura– se creen sujetos de ética precisa y cristalina, y desde allí hacen el reclamo hacia la falta de transparencia que encuentran en el accionar de los que ejercen más activamente la acción política. Seguramente esos sujetos ante situaciones conflictivas en sus relaciones familiares o laborales apelan a la omisión de datos, al falseamiento parcial o total de los mismos, o a la presión sobre aquel que tiene menos poder. Pero nada de ello les impide notar que en la política a menudo es abierta la transgresión a principios éticos habitualmente dados por válidos.

La televisión se complace en mostrar actualmente, con las posibilidades técnicas de repetición y montaje variado, cómo “los políticos” –quienes ejercen puestos de representación en el Ejecutivo o el Legislativo, o pretenden llegar a ellos– han sostenido una vez una cosa y otra vez otra, y lleva a niveles de pretendido escándalo las contradicciones formales entre lo que un político ha dicho en una ocasión y lo que ha dicho en una diferente. Y efectivamente, hay casos donde la contradicción formal es evidente, entre valores e ideologías sostenidos en un caso, y los sostenidos en otros. Pero ya allí debiéramos llamar la atención en el sentido de que no todas estas contradicciones implican falta de seriedad, de coherencia o de compromiso con ciertas ideas.  Depende en qué nivel sea la contradicción discursiva del político que estemos analizando. Por supuesto que, si hoy defiende el socialismo y mañana mismo el capitalismo, estamos ante el caso de un fraude a la veracidad. Pero si un cambio de este tipo se diera en un lapso de, digamos, 5 o 10 años, un político tiene derecho a modificar su modo de pensamiento, no es un robot que carezca de relaciones con el mundo social como para no poder modificar sus posiciones en el tiempo. Si tal cambio de posición se diera en varias ocasiones, o si advirtiéramos alguna relación del mismo con conveniencias electorales o de poder, estaríamos ante un comportamiento reprochable. Pero sin dudas que un hombre de la política tiene derecho a cambiar de convicciones con el tiempo como cualquier otra persona. Hablamos aquí de convicciones “de fondo”, de aquello que en un sentido genérico podríamos llamar “ideologías”. Un cambio de ideología es factible en el tiempo, siempre que quien lo ha vivido sea capaz de dar razón argumentativa del mismo, y mostrar que no responde a una coyuntura en la cual pudiera convenirle tal cambio.

Pero los cambios que vemos en quienes ejercen la política muchas veces son más leves. Hacen, por ejemplo, a la forma en la cual se valora a otra persona, otro político, o a una situación coyuntural dada. En estos casos, la población suele sancionar fuertemente modificaciones según las cuales el político que ayer era aliado hoy es adversario, o el ex adversario ahora es amigo, e incluso se puede cambiar de identidad partidaria hacia alguna otra que no sea ideológicamente lejana. La población no suele advertir que percibe con detalle a los personajes políticos, porque ellos están puestos en la mira al realizar vida pública. Pero muchas de las situaciones que ellos dicen detestar de quienes ejercen la política también les son propias, sólo que nadie los filma ni los repite gráficamente en un video. Casi todos hemos tenido amigos a los que luego dejamos de frecuentar, y sobre los que ahora tenemos reproches, cuando antes teníamos afecto y elogio. Ni qué decir cuánto sucede eso en las relaciones de pareja, cada vez más “líquidas” y cambiantes en los tiempos actuales. Por ello, hay alguna injusticia en la mirada puesta hacia los que hacen política como si fueran “intrínsecamente antiéticos”, percepción que una parte importante de las poblaciones latinoamericanas comparte. Mucho de lo que se les critica forma parte de las modalidades cotidianas de convivencia del conjunto de la población.

Pero admitamos que los “políticos profesionales” –por darles una denominación– muestran a veces conductas claramente regidas por cierto pragmatismo al servicio del propio triunfo, y que en muchos casos esto conlleva actos de oportunismo y deslealtad incluso hacia quienes comparten la misma agrupación partidaria u organización. En estos casos, desde la moral práctica del ciudadano “común”, lo realizado por los políticos es advertido como atentatorio contra las reglas éticas, y es percibido como una típica modalidad de aprovechamiento en propio beneficio por vía del perjuicio a los demás. Aquí aparece el problema principal: en realidad no hay medida común –o linealidad directa– entre la ética de lo cotidiano y la ética de lo político. Ello está muy claro desde Maquiavelo, quien no era nada “maquiavélico”, si por ello se entendiera propensión al cambio de bando o a la conducta ajustada sólo al beneficio inmediato. Este primer pensador de la política moderna deja clara su adhesión al Príncipe, y su decisión de trabajar coherentemente para él. Pero eso sí: si partiéramos de considerar que cada serio actor de la política supone su propio punto de vista como configurador de una situación beneficiosa para la sociedad, está claro que sólo si se triunfa –desde el punto de vista de la eficacia política– ese bien se podrá concretar. Dicho de otra manera: la política es un juego agonal, antagonístico. Si en virtud de las buenas maneras no hago lo suficiente para lograr o sostener el poder, he fracasado. Y si entiendo que la línea política que sigo persigue un beneficio social, la incapacidad para imponerme en la contienda política debe entenderse como fracaso de la posibilidad de imponer una ética diferente. En este sentido, seguramente, puede leerse la famosa “tesis 11” de Marx respecto de dejar de interpretar el mundo para empezar a cambiarlo. De poco vale una mejor interpretación, si ella no da lugar a la posibilidad de su vigencia histórica por vía de la aplicación política concreta.

De tal manera, en la política hay que ganar. Es como en los deportes. Ello no autoriza a hacer trampas en las contiendas deportivas, aunque muchas veces se las haya practicado. Pero sí deja claro que la ética dentro de un campo de fútbol no pasa por la cortesía con el adversario, y menos aún por “decir la verdad” de lo que va a hacerse durante el encuentro, por ejemplo, en algún previo reportaje a la actividad. Sería absurdo, en ese sentido, pretender que las condiciones de un lenguaje válido para el político se acerquen a esas “condiciones ideales de habla” que sostuviera Habermas (1990), dentro de las cuales la voluntad de veracidad de los sujetos está supuesta. En la política es necesario usar la astucia: por tanto, la verdad de lo que se diga está subordinada a una situación estratégica, donde lo que se enuncia forma parte de juegos de poder, y viene a encontrar su validez al interior de tales juegos, en relación a la efectividad que se alcance en ellos. Esto es mal visto a menudo por la población no especializada en lo político, que no comprende esta especie de “suspensión política de la ética”, según la feliz expresión de Zizek. Evidentemente, ese juicio social es poco comprensivo de las condiciones de lo político específico, y sirve a la deslegitimación de los políticos y la política misma, deslegitimación que es buscada a menudo por regímenes neo o ultraliberales, que entienden al Estado –y a la lucha de poder en torno del mismo– como un obstáculo para la buena organización social, que –según ellos– resolvería sus conflictos dentro de las condiciones puras del mercado.

La política no puede entenderse como continuidad lineal desde la ética individual del ciudadano común. Está obligada a la efectividad, y a concretar aquello que sirva para obtenerla. Aunque por supuesto ello no autoriza la apelación a cualquier herramienta: hay una relación entre finalidades y medios que no puede ser asumida como inmediata, pero que tampoco puede implicar la contradicción flagrante entre ellos.

 

Medios y fines: dificultades y periplos

Los males de la racionalidad instrumental moderna han sido muy analizados, singularmente por autores de la llamada “Escuela de Frankfurt”.[1] Max Weber, a comienzos del siglo pasado, mostró que la racionalidad que se ocupa sólo de los medios –y que deja las finalidades fuera de análisis racional– es la que subyace al avance científico–técnico, así como también al desarrollo administrativo-gestional de la sociedad. Siguiendo esa racionalidad instrumental, se supone que habría una necesidad intrínseca en este gradual abandono del análisis racional de las finalidades, de modo que todo el esfuerzo social se ponga solamente en las mediaciones procedimentales y técnicas. Los frankfurtianos entendieron que esta deriva tiende a eliminar la dimensión ética y la discusión ideológica en las sociedades del capitalismo tardío. Estaríamos regidos por un universo practicista donde la efectividad lo es todo, y donde la eficacia ha reemplazado cualquier otro criterio para regir la vida del conjunto social contemporáneo.

Sin embargo, podemos postular que existe una consideración ética inerradicable en el comportamiento de los sujetos sociales. Es decir: en un tiempo en que la eficacia manda –y no sólo dentro del singular universo de la política profesionalizada– la cuestión del sentido retorna. Dicho de otra manera: el vacío de valores es insoportable, y una ética “indolora” que estuviera solamente dedicada a la búsqueda del placer y el bienestar personales (Lipovetsky, 1994) no provee sentido suficiente para orientar las actividades humanas. Y esta dimensión del sentido es decisiva para cualquier subjetividad que pueda funcionar con márgenes de bienestar (Melman, 2005). De modo que la prevalencia de los medios no conlleva la desaparición de su relación-tensión con las finalidades, que operan también hoy en términos de valores éticos deseables.

Difícilmente podamos pensar con Gramsci que “el Príncipe moderno” –para él, el partido revolucionario– deba actuar según aquella máxima de que “sólo la verdad es revolucionaria”. Es cierto que puede haber diversos niveles de comprensión de esa afirmación, pero en uno de los más elementales –el que refiere a la veracidad de los enunciados– ello podría funcionar sólo en cuanto a la fijación de las finalidades de la política. Pero sin dudas que no haría a todas y cada una de las mediaciones estratégicas y tácticas de la acción posterior. Sin embargo, la atención que el teórico italiano puso a la cuestión es de mucho interés. Él pensaba que una agrupación revolucionaria debía prefigurar, en la organización previa a la toma del poder del Estado, el tipo de prácticas que iba a realizar luego desde el Estado mismo. De tal modo, no se puede ir contra el capitalismo con acciones individualistas de parte de quienes lo enfrentan, no se puede ser autoritario en la búsqueda final de la libertad, no se puede dejar de atender la opinión colectiva si se quiere ser luego genuinamente democrático. Esto lleva a una tensión medios-fines que es difícil de discernir, pero que aquí al menos cabe apuntar. Es notorio que los medios no se deducen directamente de las finalidades; y que, por ello, esas mediaciones podrían entrar en cierta contradicción con los fines perseguidos. Pero no se sigue de ello que los medios pueden en cualquier medida ser contradictorios con las finalidades.

No podría haber un punto “ideal” que estableciera cuánta es la desviación posible que una mediación pudiera llegar a tener respecto de las finalidades buscadas. Hay que tener en cuenta que los hechos que para mí puedan ser simples medios para finalidades que me planteo, para otros operan pesadamente como hechos sin más. El otro no sabe si en mi conducta se trata de atender mediaciones o finalidades y –en todo caso– una mediación que lo perjudique no le daría consuelo por vía de saber que sirve a finalidades que puedan parecer loables –asumiendo que lo loable para quien planteó la mediación lo fuera también para quien la padeció.

Por ello, la instrumentalización política debe encontrar límites controlados desde los fines. Sin pretender una especie de angélico retorno a la ingenuidad pre-política o a la transparencia de las intenciones, es evidente que “el fin no justifica los medios”, al menos como precepto general. Si en algún caso la contradicción entre finalidades valiosas y medios que las contradigan apareciera como inevitable –y bien sabemos que en la política no se eligen a menudo las condiciones de la contienda– deberá haber suficiente razón argumentativa que muestre claramente que la opción asumida ha sido la mejor en virtud de las finalidades que se perseguía.

Insisto en que todo esto puede producir repulsa en aquellos que no han realizado acción política, que tienden a pensar a la política como “sucia”. Recuerdo que en una ocasión una académica muy valiosa que formaba parte de una agrupación de docentes universitarios de la que yo mismo también participaba, fue convocada a una reunión unos meses antes de que se concretara una elección de autoridades en la Universidad Nacional de Cuyo de mi provincia, Mendoza. Era una restringida reunión de colegas, donde debía discutirse la estrategia a seguir adelante. La investigadora se sintió convocada pensando que se discutiría un programa de trabajo, pero a poco de avanzar la reunión se encontró con que se planteó la cuestión de quiénes serían los docentes que formarían parte de la lista para presentarse a la elección. Ello produjo en ella una enérgica reacción, quien expresó muy molesta que “hubiera querido que me avisaran que se iba a hablar de candidaturas”. Evidentemente, según su percepción, se trataba de una tarea menor y de sospechosa factura, propia de lo peor de la política, alejada de las grandes finalidades que ella postulaba en sus clases y sus escritos.

En algún libro he podido desarrollar largamente la cuestión de los intelectuales y su habitual impotencia para la política práctica, que opera a partir de una flagrante incomprensión de la enorme diferencia de ethos –y de estilos de actuación– entre el político y el científico (Follari, 2008). Lo que la política tiene de azaroso y contingencial, lo que guarda de urgente y vertiginoso, escapa por completo a los comportamientos valorados por los académicos, que prefieren siempre el método, la previsibilidad, el largo plazo. Esto nos lleva también hacia algunas de las paradojas que promueve el rechazo social a los políticos profesionales, entendidos a menudo como si fueran simples privilegiados u oportunistas que se sirven del bien público, en lugar de servir al mismo. Por supuesto, no desconocemos que existen múltiples casos en ese sentido, y que –por ello– dicho rechazo social tiene ciertos justificativos en relación a las realidades existentes. Sin embargo, tomemos una cuestión nada menor, la de asunción del riesgo. Alguna vez escribió Federico Nietzsche: “un siglo más de lectores y el espíritu será una pestilencia”. ¿Qué quería decir con ello? ¿Era un rechazo total a la Ilustración? Asumimos que no: Nietzsche era cultivado, amante del arte y de la buena filosofía. Su ataque refería sólo al espíritu que todo lo tiene previsto y asegurado, que no asume riesgo alguno, que lo único que tiene para preocuparse es cuándo terminará de leer un texto, o cómo se resuelve una cuestión intrateórica que, muchas veces, ni siquiera forma parte de una efectiva controversia. Es decir: la vida académica es tranquila. Metódica, sistemática, previsible. La del político casi nunca lo puede ser: el tablero donde se juegan sus fichas no depende principalmente de sí mismo, los actores en juego son imposibles de especificar de manera cerrada, los ataques pueden venir de los propios, de los aliados o de los adversarios. Caer en desgracia es caer brutalmente ante toda la opinión pública. Ser perseguido judicialmente –y no siempre por haber cometido efectivamente algún ilícito– forma parte del repertorio de lo que siempre podría llegar a ocurrir. Un político se arriesga: un académico, rara vez. Y la mayoría de la población no toma en estima ni en valoración lo que significa la posibilidad de abrir un periódico al desayunar y encontrarse con un titular donde la propia honra, o el propio lugar, o el propio futuro, son lanzados al suelo de manera súbita y –en algunos casos, acorde a de qué se trate y a la relación social de fuerzas– sin posibilidad de retorno posible.

Lo mismo ocurre con los saludos múltiples que cualquier político destacado debe prodigar a cientos y miles de seguidores, y que muchos podrán encontrar falsos, interesados, vacuos. Sin embargo, el negarse a esos abrazos y besos –prodigados a menudo en exceso– resulta en un déficit para el político, y él no podría permitirse tal pérdida. Son las extremas izquierdas ligadas al trotskismo o las derechas del nacionalismo conservador –ya sea católico, como fuera el caso del franquismo, o secular, como en el fascismo italiano– las que han superpuesto ideología con política, sin distinguir suficientemente la independencia de esta última; y han prescindido –parcialmente, por cierto– de la mediación que se juega en obtener el consentimiento social. En estos casos, la apelación a la violencia –desde el Estado o en su contra– ha permitido no asumir suficientemente la necesidad de la mediación política.

Pero quien asuma la mediación política, deberá asumir las condiciones no elegidas bajo las cuales debe ejercer su actividad. De tal manera –y esperamos que nuestras reflexiones hayan sido útiles en ese sentido– la política está lejos de ser esa tarea fácil y cómoda que muchos creen ver en ella. La paciencia necesaria para sostener una campaña política no es fácil de encontrar en otros estratos de lo social. Soportar soporíferos discursos en la discusión parlamentaria, sufrir verdaderos acosos de pobladores que demandan solución para sus personales problemas, ser atacado verbalmente de manera desconsiderada por periodistas o políticos con los que se está en competencia, son condiciones del repertorio de cualquier político con alguna trayectoria. Difícilmente el desprecio habitual hacia los políticos como “poco éticos” haya evaluado alguno –y seguro nunca todos– de estos factores con los cuales desde la política se debe lidiar.

 

La ética fingida: las “campañas anticorrupción” como estrategia

“Venimos a acabar con la corrupción y la subversión”, declaraba Videla a comienzos de la imposición de su criminal dictadura en marzo de 1976. La evidente finalidad de aquella toma militar del poder político era finalizar con “la subversión”, es decir, con los grupos armados de izquierda que desafiaban al capitalismo. Y, de paso, golpear severamente por vía de represión abierta o encubierta –sobre todo esta última– al movimiento social de protesta, al sindicalismo, a las organizaciones estudiantiles, a la militancia popular en general, que tenían un alto desarrollo en el país. Lo curioso es que la finalidad represiva del entonces nuevo gobierno se asociaba discursivamente a la improbable tarea de “acabar con la corrupción”. ¿A qué venía tal referencia? Es obvio que ello no ocupaba ningún rol principal en la estrategia gubernativa, ni siquiera respondía en ese momento a algún clamor de la ciudadanía, o a la detección de un punto clave de las preocupaciones que se expresaban en la prensa o en la discusión pública. En cambio, la lucha entre grupos armados –los de derecha, ligados a fuerzas policiales e incluso militares, operaban violentamente desde hacía ya dos años– dejaba decenas de víctimas cada día, lo cual había anormalizado la vida social hasta límites muy extremos. Por ello, parecía plausible para muchos sectores sociales el declamado objetivo dictatorial de restaurar la paz social. En cambio, no venía mucho a cuento lo de “lucha contra la corrupción”, que no respondía a una demanda sentida de la hora. Sin embargo, es notorio que la doctrina antisubversiva que se había enseñado a los altos cuadros militares en las academias estadounidenses planteaba la necesidad de legitimar el accionar represivo ante la sociedad, y sostenía que un ítem importante de tal legitimación lo constituía la apelación a la lucha contra la corrupción. Sólo en esos términos puede entenderse la aparición de un rubro que lucía como una especie de síntoma, poco comprensible dentro del programa político de la dictadura naciente. De tal modo, esa dictadura que luego se reveló enormemente criminal, capaz de practicar el secuestro, la tortura, la desaparición de personas y el asesinato sistemáticos, se presentaba como promotora de una improbable “lucha contra la corrupción”. Los que organizaban la muerte violenta y masiva de adversarios políticos, se constituían públicamente en guardianes de la moral pública, en servidores de una ética de la transparencia en el uso de los recursos del Estado. Obviamente que esa situación era implausible y contradictoria. Remitir a ella nos sirve para orientar respecto de cómo ciertas campañas autodenominadas “contra la corrupción”, presentadas públicamente como mecanismos de defensa ante hechos que ofenden la conciencia pública, son a veces no otra cosa que eso: campañas orquestadas, simples cortinas de humo para operar finalidades que –a menudo– están exactamente en el punto opuesto de aquello que dicen defender. No es detalle menor que la dictadura iniciada en 1976 no sólo fue luego desenmascarada de sus crueles y sistemáticos mecanismos de promoción de la tortura y la muerte, sino que también fue descubierta en múltiples procesos de corrupción.[2] Previsiblemente, los “luchadores contra la corrupción” eran corruptos, así como es común, entre los que se obsesionan con la persecución a la libertad sexual, el ser personas asediadas por sus propias fantasías de realización erótica.

Corresponde, entonces, la desconfianza acerca de las publicitadas “campañas contra la corrupción”. Hoy asistimos en Sudamérica a una nueva oleada de tales campañas, que en el caso argentino han sido operadas desde el gobierno neoliberal de Mauricio Macri en contra del gobierno anterior que presidiera Cristina Fernández de Kirchner. Por cierto, la versión oficial sostuvo que las campañas eran estrictamente judiciales, y que dentro de la independencia de poderes que fija la Constitución y es propia del sistema republicano de gobierno, tales decisiones judiciales nada tenían que ver con alguna decisión que emanara del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la acción desde el Ejecutivo fue por demás evidente. Por diversos indicios: a) el discurso oficial del gobierno en torno a la corrupción atribuida al anterior, donde tal pretendida corrupción ha ocupado un lugar centralísimo en la legitimación del gobierno macrista; b) el conocimiento periodístico sobre diversos “operadores” del gobierno en el Poder Judicial; c) la sospechosa multiplicación de casos de funcionarios del gobierno anterior a los cuales se les aplicó las mismas decisiones –ponerlos presos con prisión preventiva, por ejemplo– operadas por diferentes juzgados, jueces y cámaras oficialmente independientes entre sí, los que parecen actuar orquestadamente; d) la parcialidad flagrante en la persecución a los hechos asumidos como de corrupción que siempre atañen a funcionarios del gobierno anterior, y nunca a los del gobierno en ejercicio, siendo que hay múltiples acusaciones a funcionarios macristas –que incluyen en varios casos al presidente Macri–, la maniquea y unilateral acción judicial contra los que fueron parte del gobierno anterior no ha dejado dudas de que se trata de una acción de persecución política.

Si bien la decadencia en la legitimidad del gobierno de Mauricio Macri hacia finales del año 2018 hizo pensar en alguna posibilidad de que esa unilateralidad pudiera no corregirse pero quizá atenuarse,[3] lo cierto es que hasta el momento de escritura del presente texto asistimos a una “campaña contra la corrupción” que carece de cualquier rasgo que pudiera definirla seriamente como tal. En verdad se trata de una estrategia política de vasto alcance que, por otra parte, se da al mismo tiempo que otras similares en el Brasil y el Ecuador contra gobiernos anteriores que han sido distantes de las políticas de Estados Unidos para el hemisferio, lo cual inevitablemente lleva a pensar en estrategias de dominio político en la región diseñadas desde los centros internacionales de poder geopolítico.

Los gobiernos neoliberales en la región, en algunos casos, se han instalado luego de gobiernos que técnicamente pueden denominarse populistas, siempre que se quite a esa expresión las habituales concomitancias despectivas que suelen acompañarla. Es decir: gobiernos que produjeron redistribución de la renta y mejora en las condiciones de la vida social mayoritaria, a la vez que distancia de las versiones libremercadistas que caracterizan a la propuesta neoliberal y a los dictados de los sectores más concentrados del empresariado. Esto implicó cierto retroceso de la influencia estadounidense en la región: el surgimiento de organizaciones plurinacionales como CELAC o UNASUR, que no incluyeron a Estados Unidos en sus mecanismos de representación, es elocuente al respecto. La aparición de contratos con empresas chinas, a la vez que la multiplicación de los países con los cuales se comerciaba, también afectó desde el punto de vista económico a la antes incuestionable hegemonía de Estados Unidos en la zona. La reinstalación de gobiernos de corte neoliberal cuenta con el explícito beneplácito desde la potencia norteamericana, el cual se expresa en declaraciones de apoyo a los nuevos gobiernos, a la vez que en la reaparición de mecanismos de colaboración militar y estratégica en general.

Por su parte, en el caso argentino el gobierno muestra severos problemas de gestión: no ha podido disminuir la inflación –más bien lo contrario, la ha agigantado–, no ha podido detener la suba exponencial del precio del dólar –moneda de ahorro cotidiano para la población argentina–, ha retrasado severamente los salarios en relación al alza de los precios, ha planteado aumentos siderales de tarifas a los servicios públicos: agua, gas, electricidad, transporte. Un programa ortodoxo de ajuste fiscal se ha ido imponiendo gradualmente y en 2018 se radicalizó hasta plantear el objetivo poco creíble de un déficit cero. En esta situación, la deslegitimación de las políticas gubernativas es muy alta, y quienes se sienten cómodos con la actual situación económica y social son sólo unos pocos, según reiteradas encuestas, confirmadas luego por el resultado electoral de las PASO en agosto de 2019. Sin embargo, el gobierno ha encontrado en la denominada “lucha contra la corrupción” una insondable fuente de apoyo o –cuanto menos– de atenuación de la molestia social creciente, durante gran parte de su ejercicio.

Con una formidable propaganda mediática –que implica no a todos, pero sí a los principales diarios nacionales y canales de TV– se ha logrado presentar al gobierno anterior lisa y llanamente como un gobierno de ladrones. Apelando a una opinión pública que poco puede entender acerca de cuentas públicas, se ha hecho creer que números que para una fortuna personal serían siderales pueden a la vez ser altamente decisivos para la economía de un país. El enriquecimiento ilícito de algún o algunos funcionarios –no demostrado en la mayoría de los casos, al menos hasta ahora– supuestamente explicaría el desastre económico del gobierno macrista: un desastre que es fruto exclusivo de las políticas recesivas y restrictivas que éste ha asumido, pues el anterior practicaba políticas expansivas keynesianas que habían dejado algunos desequilibrios, pero que en ningún momento habían estado –en el largo periplo de doce años– cercanos a las corridas y saltos de precios abismáticos que han caracterizado el período abierto en el año 2015. Ante la difícil situación, las unilaterales “campañas contra la corrupción” han dado frutos. Abonadas sobre la ideología previa de sectores sociales medios que son considerablemente clasistas y abominan de los sectores populares que fueron atendidos con mejoras durante el gobierno anterior, esas campañas son la única carta de presentación que ha contado por mucho tiempo el gobierno de Mauricio Macri, entregado a las decisiones exógenas promovidas por el Fondo Monetario Internacional, el cual le ha prestado al país cuando ya nadie se animaba a hacerlo, y lo ha hecho con una serie de esperables condicionamientos a las políticas que se puedan llevar a cabo. Obviamente, la disminución del gasto estatal estuvo al tope de esas exigencias.

Desconfiemos del falso moralismo de los “centuriones de la moral” que hacen estrategias propagandísticas en nombre de una supuesta ética. Como es sabido, aquello de lo que más se exhibe suele ser aquello de lo que más se carece. Los que más hablan de ética son a menudo los que menos la tienen, pues quien es ético no necesita decirlo para que ello se note.

 

Ética en tiempos de post-verdad

Desde la campaña de Trump para la presidencia, la noción de post-verdad se impuso: no es necesario que un hecho sea verdadero para que la población lo tome como tal. En rigor, esa idea ya se había practicado en muchos sitios: por ejemplo, cuando el referéndum para habilitar la posibilidad de más de un período de reelección en la presidencia de Bolivia lanzado por Evo Morales, se lanzó la falsa noticia de que él tenía un hijo extramatrimonial no reconocido y abandonado. No era cierto –se demostró finalmente– pero la pseudo-noticia cumplió su función: resultó central para que Morales perdiera –lo hizo por un porcentaje mínimo– la votación.

No se trata simplemente de un “elogio de la mentira”: la post-verdad no prefiere lo falso a lo verdadero, sino que se muestra indiferente a la distinción entre una categoría y la otra. No importa si es verdadero o falso, lo importante es presentarlo como falso o verdadero según convenga a determinados intereses.

Es la cultura de esta época la que posibilita la eficacia de tales operaciones. Sin dudas que el espacio electrónico de las llamadas –no muy acertadamente– “redes sociales” promueve este tipo de mentalidad. Es fácil desde los mecanismos electrónicos fingir o trucar identidad, cambiarse la edad, incluso el género, para los fines que se quiera. De modo que las redes posibilitan la post-verdad y establecen la vigencia de un ambiente cultural en que la misma puede ejercerse. Las llamadas “redes sociales” son egosintónicas: es decir, funcionan a gusto de quien está frente a la pantalla. Posibilitan un juego narcisista que no es factible en las relaciones cara a cara. Si alguien me molesta en la vida diaria no siempre puedo decírselo, y no siempre puedo irme y superar así la incomodidad. Si, por ejemplo, una compañera o compañero de trabajo con quien comparto oficina me plantea una situación conflictiva –porque pensamos de manera opuesta, por antipatía personal, porque competimos por los mismos espacios, o alguna otra razón– no tengo posibilidad de abandonar la situación. O, si la tengo, es lenta y penosa: por ejemplo, pidiendo un traslado en mi puesto de trabajo, con todo lo que ello suele acarrear de problemático. Si alguien me molesta en la red, en cambio, lo borro. Puedo cumplir con la voluntad infantil de eliminar todo aquello que no me guste. Puedo seguir sólo el curso de mis propias preferencias y deseos.

En concordancia con lo dicho, se argumenta poco en las redes. La discusión política suele remitirse a interjecciones, emoticones, insultos e invectivas. Rara vez se argumenta, en tanto la modalidad del ritmo de vértigo, el no dar la cara y la carencia de un otro que esté presente conllevan la facilidad de hacer una especie de monólogo que la red electrónica disfraza de diálogo abierto y colectivo. Esta decadencia –cuando no perversión– del ejercicio de la razón en las redes ha provisto una condición que se impone también al mundo mediático: ya no importa si una noticia está chequeada o no, si es verídica o no. Importa que impacte y –en muchos casos– que impacte acorde a los intereses que un medio determinado está vehiculizando.

Nos hemos acostumbrado así a las verdades a medias, a las falsedades no desmentidas, a los titulares falaces que son negados días después en un anuncio secundario e invisibilizado. El envilecimiento de la esfera pública es hoy por demás evidente, y llama a la necesidad de una discusión social acerca de cómo la democracia puede inaugurar mecanismos colectivos, públicos, transparentes y abiertos de control no de lo que cada medio quiera decir, pero sí de su veracidad informativa, hoy seriamente comprometida.

En todo caso, la post-verdad instala no sólo la indiferencia entre lo verdadero y lo falso, sino también la liquidación de la argumentación a favor del ataque brutal, el insulto, la ironía hiriente, el borramiento del otro. Habrá que restituir la condición argumentativa propia de cualquier discusión de fondo sobre valores, modelos de Nación, ideales políticos. Los ciudadanos no podemos rendirnos ante las nuevas formas de barbarie como si fueran desgracias metafísicas que se nos hubieran impuesto por algún indescifrable designio superior. Cabe exigir, tanto del periodismo como del uso de las redes, ciertas normas mínimas de comportamiento. Para ello, parece conveniente apelar a nuevas leyes y regulaciones que sostengan la libertad de expresión, a la vez que garanticen a todos el derecho a una información veraz y plural –derecho este último rara vez reconocido en sí mismo. Y en lo cultural, deberá trabajarse desde la currícula escolar y las instituciones de la cultura sobre el apego al argumento como condición necesaria del tratamiento mutuo, así como de la discusión de lo público. Es necesaria la búsqueda de dispositivos sociales que respondan a la situación, salvo que estemos dispuestos a que la post-verdad se imponga definitivamente en los hechos como una especie de avasallador nuevo ethos de los tiempos que corren.

 

Las tensiones entre la rebelión y el orden

El triunfo del Frente de Todos en las primarias de agosto de 2019 propone también la evidencia de un desafío ético singular para quienes se preocupan por los sectores populares en este país: poder ligar razonablemente la ética de la convicción con la ética de la responsabilidad. Las versiones tradicionales del antiimperialismo latinoamericano se han configurado desde el espacio de la convicción. Creencias fuertes, a partir de las cuales se ha sostenido la resistencia, la lucha a la vez permanente y de largo plazo, el dolor ante las derrotas, la persecución, las proscripciones políticas y sindicales. Las luchas revolucionarias de los años setentas pusieron en auge este tipo de creencias, desde las cuales cabía ofrecer incluso la posibilidad de pérdida de la propia vida.

En la Argentina no se respetaron por décadas siquiera los mínimos principios ordenatorios del orden constitucional. Ni elecciones limpias y libres, ni gobiernos elegidos por el voto popular, ni respeto a los derechos civiles, ni ejercicio pleno de las libertades públicas. El golpe de Estado dado por Uriburu en 1930 inauguraría una larga saga, por la cual la anormalidad institucional en el país sería tan propia y cotidiana como la referencia a tradiciones y costumbres pampeanas. Por ello, el sistema institucional de la democracia representativa y sus modalidades intrínsecas –tales como la división de poderes o la libertad de expresión– no solamente no fue ejercido salvo en muy limitados momentos, sino que no formó parte del horizonte de expectativas de la época. Había que luchar contra dictaduras abiertas o embozadas, contra gobiernos ilegítimos, contra represión abierta y encubierta, y la militancia social se hizo sobre estas bases de lucha frontal, en una pelea “a todo o nada”.

Parte de esta épica conformó la militancia de lo que fue la experiencia kirchnerista iniciada en el año 2003, y más activamente a partir de 2008 en el conflicto con las patronales agropecuarias. Un sector importante de quienes habían sido bisoños militantes en los años setentas se asoció a la nueva experiencia del gobierno nacional-popular, y muchos jóvenes que se incorporaron recuperaron cánticos y estribillos de entonces, a la vez que modos de ejercicio político muy diferentes –la historia no ha pasado en vano– pero inspirados en aquellos.

De tal modo, advirtamos que la ética de la responsabilidad no constituyó parte decisiva del repertorio interpretativo de estos sectores políticos. Desde sus convicciones se trataba de enfrentar a quienes se advirtiera como opuestos a lo popular y su proyecto, en un juego de reglas prácticamente abierto, pues los sectores hegemónicos en la Argentina por décadas no respetaron ninguna de las reglas básicas de la competencia política democrático-parlamentaria.

Pero la derrota del año 2015 a manos del macrismo cambió esa situación. El nuevo gobierno se impuso en términos de legitimidad por votos. No cabía ya pensarlo exclusivamente en términos de imposición represiva, por más que la defectuosa democracia ofrecida por la derecha argentina haya rozado a menudo la persecución y el autoritarismo. Pero ha habido parcial presencia de prensa alternativa, derechos civiles a menudo conculcados, pero sobre un fondo general de vigencia de los mismos, una mezcla de coerción-consenso que alcanzó en el blindaje mediático la posibilidad de mantener márgenes de apoyo de la población, generalmente basados en la repulsa hacia el gobierno anterior.

La lógica de beligerancia popular que discursivamente animó al gobierno de Cristina de Kirchner resultó intolerable para amplios segmentos de los abundantes sectores medios del país, así como de sus elites económicas y de una parte de su intelligentzia. Un discurso que fue importante en la constitución de la subjetividad política del bloque que gobernó entonces, como espacio cohesionador de memorias populares y largas luchas sociales previas, pero que excedió en mucho la magnitud de las efectivas medidas de cambio que realmente se pudo hacer, las cuales pasaron por una redistribución de la renta y un aumento de acceso a derechos de parte de los sectores populares y medios. Se ganó entonces el kirchnerismo una oposición que fue más a su estilo político que a sus medidas de gobierno. Frente a mejoras estructurales para amplios sectores sociales, desde quienes se blandieron como sus opositores aún hoy destacan cuestiones como las cadenas nacionales de TV de la ahora expresidenta, los anómalos índices del INDEC o la falta de ética de algunos sindicalistas, cuestiones que tienen que ver con un antipopulismo radical que es parte decisiva de la cultura argentina. De tal modo, los grandes temas quedaron opacados tras estas referencias que llegaron a percibir a la expresidenta como alguien “intolerable” para ese sector social, aún más dentro de la población femenina.

Por fin la realidad se ha impuesto, y el desastre económico desatado por el macrismo parece haber sido comprendido por gran parte de la población. Pero sigue vigente el choque de un amplio sector social con la cultura kirchnerista. Si bien el probable nuevo gobierno de Alberto Fernández no será simplemente “kirchnerista” –es una nueva combinación de tradiciones e identidades– es cierto que tiene en los partidarios de la expresidenta a su eje fundamental. Allí deberá conjugarse una cierta transformación ético-cultural de parte de la militancia kirchnerista: aquella que le permita ir incluyendo más decisivamente ciertos aspectos de la lógica republicana. Si esta se toma seriamente, y no en la vulgata antipopular que a menudo se ha usado en la Argentina –Elisa Carrió es el máximo caso en ello–, implica asumir también el legado del pluralismo, la capacidad para tomar la diferencia no siempre como contradicción, la posibilidad de alianzas que no sean pensadas en un sentido puramente instrumental o momentáneo, la paciencia de formar parte de un colectivo más allá del “plenamente propio” –el kirchnerismo. No sabemos si ocurrirá, pero en mucho se juega allí la posibilidad de superar eso que torpemente se sintetizó con el nombre de grieta. Grietas siempre las hay en las sociedades, pero podrían llevar a cohesionar a la gran mayoría de la población contra un sector muy menor que la explota y vive del privilegio. Cuando, en cambio, la división se da en el centro mismo de la sociedad civil, no sólo la vida cotidiana se vuelve complicada entre enfrentamientos y tensiones, sino que la productividad política de esa división se hace mínima.

La ética de la responsabilidad que no reemplace a la de la convicción, pero se combine con ella, puede reestablecer el lugar de un amplio sector de militancia que no sería ya minoría intensa, sino que podría propender hacia amplios acuerdos sociales que la trasciendan y se universalicen. Es un tema enorme que aquí apenas esbozamos, y cuyo ejercicio está en curso tras las elecciones primarias, en el obligado cuidado a que los militantes sociales se ven compelidos durante el período previo a las definitivas elecciones de octubre –y, eventualmente, la segunda vuelta en noviembre.

 

Cierre abierto

La ética alcanza su cenit en la política: es esta la que viabiliza los modelos de sociedad y –por tanto– los valores que finalmente dicha sociedad asume y ejerce. De tal modo, la política, tal como se plantea desde Aristóteles a Hegel, es el máximo espacio de despliegue de la ética, el campo desde el cual ésta puede realizarse como destino histórico-universal. Todo lo contrario de lo que la ideología de época dibuja hoy: la política como espacio de egoísmo y enriquecimiento personales, aquello de lo que cabría prescindir. Ello está en consonancia con la postura neoliberal que apunta al Estado mínimo, y que busca desprestigiar la mediación política para entronizar el reino absoluto del mercado y la ganancia privada. “Achicar el Estado es agrandar la Nación”, promovía impúdico un spot televisivo de la última dictadura.

Pero si la ética encuentra en la política una objetivación máxima, no se agota en ella. Lo ético siempre conlleva un resto, una excedencia a cualquier realización histórica, a cualquier contingencia temporaria. En el momento de la derrota, en la condición de irrealización de los ideales políticos, cuando la imposición de la des-política del mercado o la im-política antidemocrática se expanden, cunden el desconsuelo y la pérdida de la esperanza. Y también hay situaciones personales –pérdidas, muertes, pasados perdidos, fracasos– que llaman a la angustia y el sentimiento de futilidad, a la percepción de la vida como inútil o injusta. Condiciones que llevan a refugiarse en el dolor y la soledad. Allí la ética promueve siempre un sentido, un más-allá de la inmediatez. Aún en lo peor caben el testimonio, la lealtad a los valores, la remisión a los ideales. Incluso en los campos de exterminio se ha encontrado un espacio último para la dignidad, a la hora de sobrellevar lo insoportable. En ese no-lugar se define lo ético. Como condición de realización histórica efectiva, y como excedencia irremisible de ella. Como objetivación, y como más-allá de ésta. Como concreto acto, y como acompañamiento subjetivo que lo realiza y lo trasciende. En esta doble dimensión reside lo que hace a la ética siempre tan concurrente como necesaria.

 

Referencias

Follari R (2008): La selva académica. Los silenciados laberintos de los intelectuales en la universidad. Rosario, HomoSapiens.

Habermas J (1990): Pensamiento post-metafísico. Taurus, México.

Lipovetsky G (1994): El crepúsculo del deber. La ética indolora de los nuevos tiempos democráticos. Barcelona, Anagrama.

Melman Ch (2005): El hombre sin gravedad. Gozar a cualquier precio. Rosario, UNR.

[1] La versión primera de la llamada Escuela de Frankfurt se desarrolló desde la década del 20 del siglo XX en esa ciudad alemana, y continuó luego en el exilio en Estados Unidos. Sus principales miembros fueron T. Adorno, M. Horkheimer y H. Marcuse.

[2] Dos ejemplos sonados fueron la construcción de autopistas en Bs.Aires por el intendente de facto, brigadier Cacciatore, o las maniobras con la empresa petrolera estatal YPF por parte de su máximo jefe, Suárez Mason.

[3] A comienzos de octubre de 2018, el ministro de Justicia Garavano hizo inesperadas declaraciones en contra de las prisiones preventivas contra miembros del gobierno anterior, quizá porque podrían también aplicarse hacia el suyo.

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