Sindicalismo y política: consideraciones teóricas e históricas

Carlos Francisco Holubica

0

La relación de los sindicatos con la política constituye una cuestión de largo debate en la extensa historia del movimiento obrero mundial. Hoy casi nadie discute ya la necesidad y la legitimidad de esa relación, pero, sin embargo, sigue abierta la polémica acerca de los alcances –o los límites– de la misma. En esta polémica, precisamente, queremos incursionar a través del presente documento.

Para empezar, puede resultar útil tipificar los principales modos de relación entre acción sindical y acción política que se fueron planteando en distintas etapas de la evolución del movimiento obrero y en diferentes países de Europa, América Latina y Estados Unidos de Norteamérica. A los efectos de este trabajo, dicha tipificación será muy general, de grandes trazos.

Una postura, virtualmente perimida, enfatizaba la preeminencia de lo sindical por sobre la política, la cual era rechazada o directamente despreciada. Desde esta posición, se abogaba por una autonomía absoluta de los sindicatos respecto del Estado y de los partidos políticos. Dos experiencias podemos mencionar como ejemplos de este tipo: a) el anarquismo y el sindicalismo revolucionario, que expresaban una oposición violenta a la sociedad (capitalista); b) el profesionalismo, que no cuestionaba el sistema vigente, limitándose a una lucha gremial reivindicativa. Es el caso de la AFL norteamericana, hasta 1930, ya que luego evolucionó hacia relaciones estrechas con el partido demócrata.

A la inversa, el socialismo y el comunismo, cada uno con sus propios matices, aún diferenciando ambos campos de acción, defendían la preeminencia de la política por sobre lo sindical y destacaban el rol vanguardista de los cuadros partidarios. En consecuencia, la autonomía de los sindicatos terminaba siendo más teórica que real, al prevalecer siempre, en última instancia, las demandas de la estrategia del partido para acceder al poder. En la actualidad, los movimientos obreros adscriptos a estas ideologías tienden a revalorizar lo sindical y a actuar con mayor independencia respecto de los partidos políticos.

Otra variante han sido los partidos creados sobre la base de los obreros organizados, que establecieron, en un comienzo, una correspondencia de la política partidaria con los intereses del movimiento sindical, y plantearon la posibilidad de que éste tuviera presencia en los poderes del Estado a través de sus propios representantes. Como ejemplos podemos citar los siguientes: a) laborismo inglés; b) socialdemocracias escandinavas; c) Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil. Estas experiencias, si bien no idénticas, coincidieron en su evolución hacia partidos políticos de base popular más amplia, por la necesidad de ensanchar su representatividad, y hoy tienden a diferenciarse de los intereses puramente sindicales.

Por último, tenemos la experiencia inversa de los partidos y movimientos políticos que dieron un fuerte impulso y apoyo a la sindicalización de los trabajadores, considerando a éstos como un componente imprescindible de un bloque popular. En este caso, el sindicalismo se identifica políticamente con un partido o un gobierno determinados, participa en ellos, pero éstos, aunque pueden contener y hasta privilegiar los intereses del movimiento obrero, no responden exclusivamente a ellos. En una primera etapa, por la obvia necesidad de desarrollo y consolidación de las organizaciones sindicales, éstas dependen totalmente de los factores políticos. Con sus diferencias, y las alternativas cambiantes de cada relación, podemos citar los siguientes ejemplos: a) Peronismo; b) Socialdemocracia alemana; c) PRI mejicano; d) Acción Democrática venezolana.

A través de esta rápida caracterización, que no pretende ser exhaustiva en la enumeración de casos y que corresponde a distintos momentos históricos, es fácil advertir la extinción de las posiciones más extremas en los modos de relación entre la política y los sindicatos, junto a una tendencia al equilibrio, nada fácil por cierto, en el cual el movimiento obrero se relaciona, con diferentes grados de compromiso, con el Estado y los partidos políticos, tratando de preservar márgenes de autonomía ante las demandas electorales y gubernamentales.

Refiriéndose en particular a la relación entre sindicatos y partidos políticos, Julio Godio y Achim Wachendorfer (1988) sostienen que dicho vínculo “tendencialmente… se orienta hacia la autonomía, sin que las organizaciones sindicales pierdan socios privilegiados en el campo político. Pero cada vez más se reconoce que la cooperación no está exenta de conflictos serios. Por eso la cooperación actual se puede definir más bien en función de intereses similares y objetivos globales comunes y no por intereses absolutamente idénticos”.

 

El carácter político de la acción sindical

La defensa de los intereses de los trabajadores colisiona contra los de las clases dominantes. La lucha reivindicativa implica siempre algún grado de cuestionamiento, sea o no explícito, al sistema económico-social establecido. Esta primaria e inevitable característica política de la acción gremial se vincula con la naturaleza contradictoria del sindicato: por un lado, constituye una institución integrada al sistema (capitalista) y, por el otro, es una organización que, al representar a un sector perjudicado dentro de ese sistema, lo cuestiona y trata de modificarlo.

Sin embargo, al menos en el plano teórico, la separación entre acción política y acción gremial podía hacerse mientras, como señala Alessandro Pizzorno (1970), era posible distinguir entre Estado y mercado. Ahora bien, los sucesivos cambios operados en el sistema capitalista –en la estructura productiva, en la organización y la acción del Estado–, crearon condiciones para acrecentar y hacer más evidente la relación del movimiento obrero con la política. Al respecto, siguiendo a Pizzorno, podemos establecer que: a) cuanto más amplio y centralizado es un sindicato, mayores son las oportunidades de involucrarse en problemáticas políticas generales; como contrapartida, mayor es el interés del gobierno y de la clase política por relacionarse con el sindicato; b) cuanto mayor y menos calificado sea el universo de afiliados, crece la necesidad de brindar protección adicional al salario y las condiciones de trabajo; c) aumenta el interés del Estado capitalista por el sindicalismo, ante la necesidad de contar con una clase obrera organizada para asegurar el orden en la producción y el consumo estandarizado.

Es decir que en el análisis histórico del desarrollo del movimiento obrero detectamos causas tecnológicas y organizativas de la politización sindical: a) la creciente amplitud y complejidad de los procesos productivos generó inicialmente un aumento de los miembros y las categorías representados en los sindicatos; b) las organizaciones por oficio fueron reemplazadas por otras de base industrial, que incorporaron masas de obreros no calificados; c) el fenómeno más influyente, sin dudas, fue el cambio en la posición del Estado. En palabras de Pizzorno (1970): “la unidad elemental significativa de la producción que era la fábrica ha pasado a ser el Estado. Los problemas de organización del Estado tienden a ser de la misma naturaleza que los problemas de la fábrica y reencontrados en un nivel más extendido. El problema de la vivienda es una extensión del problema de costo del trabajo; el problema de los transportes es una extensión del problema del horario del trabajo; y así sucesivamente. Las reivindicaciones salariales, sobre todo, no pueden ser consideradas separadamente del problema de la inflación, es decir del problema del control de la demanda agregada”.

Vista la cuestión desde el lado sindical podemos afirmar que, actualmente, es inconcebible una acción gremial desvinculada del contexto político y socioeconómico general. Según sea este contexto, se acentuará más en determinadas circunstancias la lucha por el salario, en otros momentos por el empleo, a veces por las condiciones de trabajo o la legislación laboral. Y también será preciso adecuar los métodos de acción de los gremios. Por ejemplo, en etapas de recesión económica prevalece la necesidad de defender las fuentes de trabajo, y una persistencia prolongada del receso constriñe cada vez más los márgenes de las reivindicaciones gremiales, empujando al movimiento obrero a buscar el cambio de la situación política que genera esa recesión. En estos períodos de retracción del consumo, el interés patronal por disminuir la producción puede volver contraproducente el clásico recurso de la huelga, estimulando la adopción de otras medidas que adquieren connotaciones más claramente políticas (ejemplo: la ocupación de empresas, con su sentido político de cuestionamiento del capital privado que actúa anti-socialmente). Por el contrario, cuando el mercado de trabajo resulta más favorable a los trabajadores, los sindicatos se fortalecen y cobran mayor autonomía respecto de los factores políticos. En tales circunstancias, la huelga recupera su eficacia tradicional como respaldo de las reivindicaciones de los trabajadores.

Como vemos, la política se introduce inevitablemente en el ámbito de las relaciones del trabajo y hace que éstas sean bastante más que la puja economicista entre obreros y patrones, característica del pasado.

En resumen, el movimiento obrero fue adquiriendo una conciencia cada vez mayor del carácter finalmente político de la acción sindical y de la necesidad de intervenir en las causales (políticas) de los problemas de los trabajadores. La intervención del Estado en la economía –y en las relaciones obrero-patronales– invalidó los planteos extremos de autonomismo sindical. Pero en el presente las políticas económicas llamadas “de ajuste”, producto de la actual fase de crisis del capitalismo y aplicadas en algunos casos por gobiernos teóricamente progresistas, dificultan los compromisos del sindicalismo con esos gobiernos, aunque en el origen tuvieran afinidad política. Dicho de modo más general y abarcador de gobiernos y situaciones muy diversas, el sindicalismo politizado e integrado enfrenta la contradicción entre el interés nacional y el interés sectorial. Puede entender y atender las razones de Estado, pero también debe defender a sus afiliados cuando se exige un sacrificio muy grande al sector trabajador.

 

La capacidad del sindicato de representar socialmente a los trabajadores

Hay por lo menos tres aspectos a considerar en cuanto a la representatividad social de las organizaciones sindicales: a) la representación sectorial en la sociedad; b) la amplitud y fortaleza de los sindicatos; c) la relación con los afiliados.

Las democracias modernas, en lo referente a sus “sistemas políticos”, evolucionan hacia modos de coexistencia entre la representación pluralista y la representación sectorial. Se trata de superar así la insuficiencia de las tradicionales formas de representación republicana como canales de expresión de los múltiples intereses de una sociedad cada vez más diversificada, reafirmando y fortaleciendo la naturaleza participativa del sistema democrático. Este fenómeno, que podríamos denominar transformación de las democracias políticas en democracias sociales, significa reconocer que los ciudadanos son también obreros, empresarios, estudiantes, profesionales, jubilados, desocupados o trabajadores informales, etcétera, y se organizan en función de intereses y aspiraciones que los partidos políticos sólo pueden asumir parcialmente para no perder una amplia representatividad. En este sentido, se puede mencionar la aparición de partidos que expresan reivindicaciones sectoriales o temáticas: ecologistas, feministas, de jubilados, por mencionar algunos. Lógicamente, por la significación cuantitativa y cualitativa del sector trabajador dentro de la sociedad, los sindicatos constituyen una de las formas principales de representación en los procesos tendientes a lograr sistemas político-sociales más participativos.

Ahora bien, su capacidad de representación de los trabajadores aumentó con la ampliación y el fortalecimiento de sus estructuras, que se produjo a partir de varios hechos concatenados: a) la mencionada masificación de las afiliaciones derivada del reemplazo de los sindicatos de oficio por sindicatos industriales; b) la unificación y centralización de la representación gremial por rama de actividad y a nivel nacional, que es también consecuencia de las necesidades del sindicalismo de base industrial; c) el incremento de los recursos económicos de los gremios, a través de la recaudación de las cuotas sindicales y de obra social por afiliado, que permitió trascender el ámbito de la negociación colectiva y abarcar la problemática integral del trabajador y su familia (salud, educación, vivienda, turismo y recreación); d) la sindicalización de los sectores medios de la sociedad (docentes, bancarios, judiciales, médicos del sector público, personal jerárquico, técnicos y profesionales en general), que asumen su condición de asalariados y desarrollan una conciencia gremial; e) la sindicalización de la mujer, que se ha incorporado masivamente al mercado de trabajo.

Resumiendo: los sindicatos son en la actualidad grandes estructuras de mucha complejidad y poderío económico, que representan casi toda la escala de asalariados y son capaces de cumplir múltiples funciones que exceden la tarea reivindicativa básica, proyectándose al conjunto de la sociedad. Este desarrollo del movimiento obrero determina una mayor mediatización de la relación de los dirigentes con los afiliados, y una disminución proporcional al tamaño del sindicato de las posibilidades de los representados de participar en las decisiones que toman los representantes.

En este aspecto, es preciso tener en cuenta tres derivaciones: a) la profesionalización del dirigente sindical, imprescindible para el ejercicio idóneo de su función en las condiciones señaladas, lo aleja de su lugar de origen; a la vez, dificulta su reemplazo, haciendo más problemáticos los procesos de recambio; b) el ascenso social del dirigente sindical, que –en principio– implica un desafío al orden establecido (los trabajadores deben ser siempre pobres), establece –objetivamente– otro factor de diferenciación con los afiliados; c) el plantel de funcionarios y personal administrativo necesario para el funcionamiento de los sindicatos y organismos dependientes de éstos se convierte en el interlocutor más frecuente de los afiliados que acuden a su organización para satisfacer alguna demanda. Se produce así el fenómeno de la burocratización sindical –dicho no necesariamente en sentido peyorativo– como consecuencia de la especialización de los distintos niveles de la organización. El peligro que encierra este proceso inevitable, si no se adoptan mecanismos correctivos y compensatorios que aseguren instancias de participación de los afiliados en la organización y una comunicación fluida con ellos, es la creciente independización de los intereses del sindicato respecto de los intereses de las bases, que convierte al gremio en un fin en sí mismo, dejando de ser una herramienta al servicio de los trabajadores. La consecuencia es la pérdida paulatina de la fuente principal de su poder: la capacidad de representar a los trabajadores ante los patrones, ante el Estado y ante la sociedad en general.

En la actualidad, además existen otras amenazas a la capacidad de representación del sindicato: a) los reacomodamientos de la estructura productiva y del mercado de trabajo ante la crisis del sistema capitalista; b) la reconversión industrial y la flexibilización del mercado laboral impulsados por las políticas neo-liberales; c) la contracción del aparato productivo y el aumento del desempleo y del trabajo informal, como consecuencia de lo anterior. Dichas amenazas son, a la vez, un desafío para el movimiento obrero, que debe encontrar modos de representar a sectores cada vez más numerosos que, pese a no estar sindicalizados, son también trabajadores.

 

La relación del sindicalismo con el Estado

Como hemos visto, fue básicamente el cambio en la posición y el comportamiento del Estado respecto de la cuestión económico-productiva lo que lo llevó a abandonar una actitud que oscilaba entre la represión y la indiferencia, para buscar articular una relación con los sindicatos. Desde un punto de vista más político, el escaso interés del poder público por el movimiento obrero en las primeras épocas se explica, también, por la poca relevancia de las organizaciones gremiales en esos tiempos. Con el crecimiento del poderío de los sindicatos, el Estado –independientemente del signo ideológico dominante– comenzó a intervenir activamente en los problemas laborales y buscó, de distintas maneras, ejercer su influencia sobre esas organizaciones. Esa relación ha dado beneficios a los trabajadores y a sus organizaciones: el más importante sea tal vez el reconocimiento de sus derechos y la integración institucional (garantía de perdurabilidad de las organizaciones). Dicha integración, por otra parte, ha dotado al sindicalismo de otra capacidad: la de bloquear los intentos de los representantes del capital de ejercer una hegemonía absoluta en la sociedad. Por ejemplo, la defensa sistemática del nivel de las remuneraciones y de las condiciones de trabajo dificulta la aplicación de un modo de acumulación basado en la sobreexplotación de los trabajadores. El movimiento obrero, entonces, no puede ser totalmente integrado sin provocar un cambio en la naturaleza del Estado y de los intereses que éste representa.

Sin embargo, junto a las ventajas, dicha relación –en gran medida de dependencia– ha creado no pocas dificultades al movimiento sindical, a menudo muy condicionado por el manejo político de los favores estatales. El previsible surgimiento de una dicotomía entre las demandas del gobierno y las demandas de los asalariados coloca a los gremios y sus dirigentes ante la contradicción que señalamos al comienzo: integración-oposición. En ese sentido, conviene advertir, nuevamente, sobre el peligro de la disociación entre los intereses de la organización y sus dirigentes y los intereses de los afiliados. En la medida que se restringen las posibilidades de obtener beneficios para los trabajadores –ya sea porque se han conseguido la mayor parte de los posibles, o porque la política económico-social y la legislación vigente permiten obtener muy pocos o ninguno–, la relación movimiento obrero-Estado puede pasar a ser de conveniencia casi exclusiva para la organización en tanto tal y para sus miembros directivos. Lo inevitable del carácter conflictivo de esa relación bilateral se visualiza con mayor nitidez cuando gobierna una fuerza política afín con el sindicalismo y no puede sospecharse, a priori, que predominen intereses antigremiales. Participación y sometimiento, oposición y fracaso del gobierno amigo o aliado constituyen los términos de la ecuación que debe resolver el movimiento obrero en este caso. Una excesiva dependencia puede provocar la pasividad de los trabajadores organizados, anulando su voluntad de lucha y adormeciendo su capacidad creadora. En circunstancias adversas, sobre todo, puede existir la tentación de esperar cambios de gobierno que produzcan una política más favorable hacia el sector. En esa hipótesis, se corre el riesgo de fomentar una actitud defensiva y coyuntural que, de concretarse, convertiría a los trabajadores en receptores impotentes de procesos en los cuales no tienen incidencia, ni capacidad de anticipación o previsión, ni estrategias alternativas, y con el único recurso de la reacción espontánea y poco articulada de las bases. Como testimonio de los protagonistas de estos conflictos, podemos citar la opinión de dos dirigentes de la CGT argentina luego del derrocamiento del gobierno peronista en 1955, en cuanto a la actitud más coherente para el sector. Su postura podría resumirse en dos consignas para dos situaciones opuestas: a) aceptar un compromiso con el Estado cuando éste “comparte el criterio de justicia social del movimiento obrero y fomenta el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores”; b) sostener la “independencia” del movimiento obrero cuando el Estado “no responde a los intereses de los trabajadores”.

Veamos ahora las diferentes formas de relación del sindicalismo con el Estado en la sociedad moderna. Observamos básicamente cuatro: a) participación directa en el gobierno, a través de la designación de dirigentes gremiales en distintas áreas y estamentos gubernamentales; b) acciones de presión y de intervención en los procesos legislativos y administrativos, mediante la formación de lobbies, a través del apoyo a candidatos y partidos o con representantes propios; c) ámbitos de concertación económica y social; d) convenciones colectivas de trabajo.

A los fines de este trabajo, nos interesa particularmente considerar los mecanismos de concertación de políticas económico-sociales entre el Estado, los empresarios y el movimiento obrero, que expresan la tendencia –que mencionamos anteriormente– hacia la coexistencia de representación pluralista y representación sectorial en las democracias actuales. La búsqueda de la concertación implica el reconocimiento de la necesidad de participación de los sectores de la producción y el trabajo en el área de decisiones políticas que les compete directamente. Significa la aceptación de que el respaldo de la sociedad expresado a través del sufragio puede no ser suficiente para asegurar luego el apoyo efectivo a un programa de gobierno por parte de los actores sociales involucrados en el mismo. Sin embargo, la implementación de estos mecanismos de acuerdo tripartito no siempre tiene los mismos alcances, siendo preciso formular al menos dos distinciones: a) la concertación es un ámbito de toma de decisiones y de elaboración de un programa que refleje las coincidencias de los tres actores mencionados; o constituye simplemente una instancia en la que el Estado busca de los otros dos actores la convalidación de un programa ya definido; b) la concertación representa un instrumento para forjar acuerdos de largo alcance, o es nada más un mecanismo de coincidencias coyunturales. Evidentemente, para el movimiento obrero no será igual participar en un consejo del salario, donde discutirá únicamente un aumento nominal de remuneraciones en el marco de una política económico-social impuesta de antemano, que intervenir en un organismo en el que pueda opinar e incidir respecto de programas de empleo, de fomento de la industria, de recalificación y capacitación profesional, de fijación de salarios en relación a precios y ganancias de las empresas, etcétera.

 

Sindicalismo y política en la Argentina

Veamos ahora las particularidades con que el proceso general que hemos descripto se ha manifestado en la Argentina. En nuestro país, a pesar de sus heroicas luchas, los sindicatos actuaron entre la indiferencia del Estado y la semiclandestinidad prácticamente hasta principios de la década de 1940. Sin marco legal para la acción gremial y con una legislación social incipiente que casi nunca se cumplía, hicieron de todas maneras una vasta y muy rica experiencia de lucha que sirvió de base para su posterior transformación en un factor de poder real. Su situación de desprotección inicial fue consistente con su relativamente escasa significación y representatividad dentro de la sociedad argentina.

No obstante esta marginalidad del sector trabajador organizado, la manifestación de su resistencia a la explotación ya había concitado alguna atención por parte del Estado. Es que el proceso de desarrollo industrial iniciado en la década de 1930, aunque todavía incipiente, creaba las condiciones para las movilizaciones obreras y los conflictos laborales, alterando la configuración política y socio-económica tradicional del país agrario. A través del Departamento Nacional del Trabajo (DNT) –una dependencia del Ministerio del Interior, pues los problemas de los asalariados constituían simplemente un aspecto de la seguridad interior– el Estado comenzó a intervenir en las relaciones del trabajo, hasta entonces consideradas del ámbito privado, tratando de resolver conflictos que la inflexibilidad patronal y el creciente descontento obrero tornaban insolubles y violentos. Si bien es a partir de la revolución militar de 1943 que se produce un vuelco significativo en la actitud hacia los sindicatos, no pueden desconocerse ciertos antecedentes que abonaron el germen de la politización posterior del movimiento obrero argentino. Desde 1935 en adelante los sindicalistas empezaron a vislumbrar la conveniencia de vincularse de algún modo al gobierno para apoyarse en los sectores mejor predispuestos hacia las reivindicaciones de los asalariados. Es a partir de ese nuevo enfoque que comenzaron a perder influencia los planteos autonomistas extremos, dominantes hasta ese momento en los gremios.

En 1943 el entonces coronel Perón ocupa el DNT y logra inmediatamente convertirlo en la Secretaría de Trabajo y Previsión (STyP), con rango ministerial y atribuciones en los ámbitos de las relaciones laborales, la salud y la previsión social. Así se amplía y consolida la intervención estatal en los asuntos del trabajo, con una clara orientación favorable a los asalariados. Aclaremos, aunque parezca obvio, que la indiferencia anterior del Estado en verdad constituyó una intervención pasiva a favor de los patrones, por la mayor fortaleza de éstos frente a grupos obreros minoritarios e insuficientemente organizados.

Mientras tanto, el proceso de industrialización, que luego sería estimulado y ampliado por el primer gobierno peronista, establecía las bases humanas y materiales de la transformación del movimiento obrero a partir de dos hechos fundamentales: a) aumento constante del número de trabajadores industriales por el impulso al desarrollo de la industria; b) nacionalización de la conciencia de clase por la confluencia de los nuevos obreros nativos (producto de la migración desde el interior hacia Buenos Aires) y los descendientes argentinos de inmigrantes europeos.

Desde la STyP, Perón promovió las siguientes medidas: a) sindicalización masiva de las nuevas camadas de obreros, incrementando fuertemente la cantidad de afiliados de gremios ya existentes y creando nuevos gremios de amplia representatividad; b) representación única por rama de actividad; c) unificación de todo el movimiento obrero en una sola central nacional, la CGT (existente desde 1930, pero sujeta a constantes divisiones); d) sanción del decreto 23.852 del 2 de octubre de 1945, que reglamentó el campo de acción de las asociaciones profesionales de trabajadores, introduciendo por primera vez a los sindicatos en la legislación argentina y otorgándoles la facultad inédita de participar en política. No está de más recordar que, al margen de ese decreto como expresión jurídica del proceso de cambios, pocos días después de su sanción la clase trabajadora irrumpió como protagonista política en la escena nacional, con su movilización masiva del 17 de octubre de 1945.

Evidentemente, la modificación sustancial operada en la relación Estado-movimiento obrero se sostuvo sobre la conquista de importantes beneficios para los asalariados y sus organizaciones. Esta nueva relación, que invalidó las tradicionales consignas sindicales de autonomía, habría de plantear más adelante las limitaciones de los logros basados en la benevolencia oficial, y los riesgos de una excesiva dependencia política de los sindicatos. Ese riesgo ya se insinuaba en el mencionado decreto, que fijaba el control sobre los ingresos y gastos de las organizaciones y la facultad de la autoridad laboral para otorgar o cancelar la personería gremial.

Entre 1945 y 1955, durante las dos presidencias de Perón, los sindicatos actuaron como elementos auxiliares del Estado en la regulación y ordenamiento de las relaciones del trabajo, pero también –más que el novel Partido Peronista– como vehículos de adhesión política de los trabajadores al gobierno. No es sino hasta después de 1950 que el movimiento obrero comenzó a participar directamente en la política partidaria, cuando ya estaba consolidado, se encontraba en el apogeo de su desarrollo y el Peronismo se había convertido en la ideología hegemónica en su seno. Naturalmente, la posibilidad de participar en las decisiones creció proporcionalmente al compromiso y la dependencia con la política del gobierno.

No se puede desconocer que a través de los sindicatos el Peronismo generó nuevas formas de participación popular, que excedieron el acto del sufragio. Las movilizaciones y huelgas masivas, los convenios colectivos de trabajo (instituidos legalmente en 1953 por la ley 14.250, pero que –como vimos– funcionaban de hecho desde hacía varios años) y las comisiones internas y los delegados obreros, expresaron una rica dinámica en el nivel de las bases. Pero los dirigentes se acostumbraron a funcionar como correa de transmisión de las políticas gubernamentales, sumiéndose cada vez más en la falta de dinamismo y alternativas propias, y alentando una progresiva pasividad en los trabajadores. En realidad, esa actitud dependiente de los dirigentes fue, en buena medida, consecuencia de una cierta debilidad intrínseca de su representación, pues en la mayoría de los casos la lealtad y la identificación primaria de los trabajadores era con Perón y el Peronismo, no tanto con el sindicato y sus cúpulas directivas.

En 1955, una dirigencia de estas características resultó impotente para impedir la caída del gobierno, y el movimiento obrero debió iniciar forzosamente una nueva etapa en su relación con la política. A partir de ese momento, la pérdida del “Estado benefactor” obligó a los sindicatos a retomar la vieja y un poco olvidada tradición de lucha encarnizada en defensa de los intereses de los trabajadores. La agresión combinada de una patronal que buscaba la revancha y de un Estado nuevamente adverso estimuló la combatividad de las bases obreras y el surgimiento de una nueva camada de dirigentes no dependientes del beneplácito oficial. Desde la ilegalidad en que debieron actuar otra vez, los gremios recrearon sus bases organizativas en las fábricas y en todos los lugares de trabajo, estrechando y fortaleciendo el vínculo entre los trabajadores y sus dirigentes. El peronismo se consolidó como ideología dominante en el movimiento obrero y pasó, de sentimiento de adhesión pasiva de los últimos tiempos del gobierno de Perón, a convertirse en una ideología militante y combativa.

Es en la heroica Resistencia Peronista (1955-1958) cuando se imprime con más fuerza en la memoria colectiva de los trabajadores que la fuente principal de poder del sindicato reside en los lugares de trabajo, que son los únicos ámbitos que pueden eludir la proscripción y la ilegalidad (salvo que se prohíba el trabajo). Aquí cabe resaltar el rol primordial de los delegados obreros y las comisiones internas, formas organizativas que surgieron en nuestro país con el Peronismo, respecto de las cuales podemos decir que: a) funcionan como contrapeso de la dependencia de los sindicatos respecto del Estado, al ejercer desde abajo una presión sobre los dirigentes que compensa las presiones recibidas desde arriba; b) son el núcleo de la fortaleza orgánica de los gremios, en tanto permiten una participación directa de los afiliados y la comunicación entre éstos y los dirigentes; c) representan el mejor ámbito de formación práctica de los futuros directivos del sindicato; d) constituyen el elemento de la organización gremial menos sometido a los condicionamientos estatales, ya que pueden funcionar aún en la ilegalidad; e) ponen un freno a la discrecionalidad patronal en las relaciones del trabajo. Su vinculación orgánica con el sindicato –y a través de éste con todo un sector productivo– contribuye a neutralizar intentos de condicionamiento o manipulación de la patronal. Esto los distingue del modelo de “un sindicato por empresa”, que por actuar aisladamente es más débil en este aspecto. No fue casualidad que la carga más fuerte de la represión contra el movimiento obrero durante la última dictadura se focalizara en el nivel de los delegados. Tampoco fue casual que, en ocasión de la sanción de la ley de asociaciones profesionales en 1988, uno de los aspectos más discutidos por los empresarios resultó el de los delegados obreros.

A pesar de que luego de 1955 no llegó nunca a repetirse una actitud de total subordinación al Estado del conjunto del sindicalismo (recordemos, por ejemplo, la huelga general decretada contra el gobierno de Isabel Perón en 1975), tampoco desapareció la necesidad de buscar algunos acuerdos con el oficialismo de turno, fuera del signo que fuera, civil o militar. Esta naturaleza contradictoria se manifestó constantemente dentro del movimiento obrero, generando tendencias internas opuestas que, con variantes de nombres y de hombres, continúan operando hasta el presente: a) el participacionismo, también llamado colaboracionismo o integracionismo, nutrido en la experiencia estatista-oficialista de los sindicatos; b) el combativismo, surgido de la experiencia de la resistencia y la oposición de los años inmediatamente posteriores al derrocamiento de Perón; c) entre ambos extremos siempre actuaron factores que intentaron equilibrar y combinar los dos términos de la contradicción. La consigna que mejor expresó este intento de “navegar entre dos aguas” fue “golpear para después negociar”.

En la contraparte, a partir de 1958 las políticas hacia el sector laboral de los gobiernos surgidos a partir de la proscripción del peronismo combinaron: a) programas de ajuste o “estabilización”, que provocaron caídas del salario real; b) aceptación del predominio peronista en el campo gremial, promoviendo el colaboracionismo a través de un sistema de premios a los obedientes y castigos a los rebeldes.

Históricamente, los intentos de cooptar al movimiento obrero desde gobiernos contrarios a sus intereses fracasaron por la continua agresión económica a los asalariados. El conflicto entre política económica antipopular y política gremial integracionista nunca pudo ser resuelto por esos gobiernos.

Para los dirigentes sindicales, por su parte, el dilema siguió siendo: negociar con el poder de turno en función del mantenimiento de las estructuras, o privilegiar la defensa los intereses de los asalariados. Conciliar ambos objetivos procurando un delicado equilibrio fue siempre, más que un desafío, una especie de quimera. La realidad, única verdad, terminaba imponiendo la necesidad de optar por uno u otro. Una particular manifestación de estas contradicciones fue la expectativa latente, por mucho tiempo, sobre la hipotética recreación de la alianza entre los sindicatos y algún sector militar, como reflejo nostálgico de los orígenes del Peronismo.

En definitiva, la consolidación política y organizativa del movimiento obrero, producida durante los dos primeros gobiernos peronistas, fue el principal escollo de todos los intentos de imponer definitivamente en la Argentina un modelo capitalista salvaje, dependiente del poder hegemónico internacional y excluyente de los sectores populares. Pero esa capacidad defensiva no fue suficiente para impedir la destrucción de la economía provocada por las políticas neoliberales aplicadas entre 1976 y 2001, con el correlato de marginación de los trabajadores de las decisiones políticas y de la distribución del excedente económico. Especialmente se destaca la impotencia o la incapacidad para revertir esas políticas durante los gobiernos de Carlos Menem, en los cuales una parte no menor de la dirigencia sindical tuvo una participación innegable, y que profundizaron el desmantelamiento del Estado, del aparato productivo nacional y del empleo.

Lo que el movimiento obrero no ha logrado todavía es transformar esa formidable capacidad defensiva en iniciativa propia, que le permita, con la mayor independencia posible de los vaivenes políticos, diseñar y aplicar estrategias alternativas para avanzar hacia un modelo de sociedad más acorde con sus intereses. En este sentido, además del recuerdo más reciente de la experiencia menemista, todavía perdura la imagen de impotencia de un sindicalismo que, ocupando importantes espacios de conducción del Estado, no supo colocarlos en función de un proyecto, y acompañó inerme la caída del gobierno peronista en 1976.

No menos contradictoria que la relación con el Estado ha resultado la vinculación del sindicalismo con los partidos políticos. La muy frecuente restricción de las actividades partidarias en nuestro país, particularmente del peronismo, contribuyó a acentuar el rol político de los sindicatos durante muchos años. En especial, la prolongada proscripción del Partido Justicialista –y su virtual inexistencia fuera de lo meramente electoral– llevó al movimiento obrero a convertirse en un auténtico aparato político, sucedáneo del partido proscripto, con capacidad de representación de los asalariados en el terreno electoral (muchos políticos, y aún militares con aspiraciones políticas, pretendieron negociar con los dirigentes gremiales el apoyo de los votos peronistas) y con amplitud de maniobra en las coyunturas más difíciles. A tal punto alcanzó esta transformación de los sindicatos que, a mediados de la década de 1960, amagaron seriamente con la posibilidad de crear un partido propio (el llamado “vandorismo”).

Sin embargo, dicha transformación, que en principio podía significar una muestra de vitalidad y poderío sindical, terminó recreando problemas de relación con el resto de la sociedad. La disminución del peso relativo de los trabajadores organizados debido a los cambios en la estructura productiva, junto a la falta de capacitación y adecuación a las nuevas realidades, condujo a un progresivo aislamiento del movimiento obrero en el seno de la sociedad. La derrota electoral del partido peronista, hegemonizado por el sector gremial, en 1983, y el desgaste sufrido por el movimiento obrero entre 1983 y 1987 ante la ausencia de una conducción política partidaria legitimada que ocupase el espacio de la oposición democrática al radicalismo, son ejemplos de lo dicho. También la experiencia negativa del menemismo hizo necesaria la apertura de un proceso de autocrítica sobre la mejor forma de procesar la relación del movimiento obrero con la política.

Desde 2003 hasta 2015 las condiciones cambiaron de manera importante: la intervención del Estado en la economía a favor de la producción nacional y el empleo permitieron una importante recuperación de los sindicatos, sobre todo los de base industrial. Pero a finales de 2015, con el triunfo electoral de una alianza conservadora, abrió una nueva etapa muy difícil para los sectores populares. Esta situación, en el marco de un sistema capitalista internacional en profunda crisis, reactualiza cuestiones pendientes de debate sobre la relación entre sindicalismo y política.

 

Perspectivas

En esta última parte del trabajo queremos formular algunas reflexiones que puedan servir para el debate y la elaboración de propuestas en torno a los temas tratados.

a) El proceso de transnacionalización de la economía y de concentración monopólica de la producción establece una nueva y más amplia dimensión de las relaciones del trabajo, que plantea al sindicalismo la necesidad de una acción a escala internacional no exenta de contradicciones, como las desigualdades norte-sur o las desigualdades intrarregionales.

b) La gravitación del capital financiero y su creciente divorcio de la economía real basada en la producción constituye un factor de permanente desestabilización que actúa con altos márgenes de autonomía respecto de los Estados nacionales. La actual crisis del capitalismo en Europa y Estados Unidos fue detonada por el accionar de esos grupos financieros que responden únicamente a la lógica de maximizar sus propias ganancias sin importar los costos para el resto de la economía (desocupación creciente y constantes recortes de salarios golpean de lleno sobre las bases de los gremios de esos países).

c) Las derivaciones de esta crisis generada en los países “centrales” se está trasladando nuevamente a los países de la “periferia”, constituyendo una fuerte señal de alerta y preocupación para los movimientos obreros de las naciones que, como Argentina y Brasil, tuvieron hasta hace poco gobiernos que procuraron atemperar los efectos más negativos para el nivel de empleo y de salarios, pero ahora cambiaron radicalmente de orientación.

d) La recalificación profesional de los trabajadores, producto de la incorporación constante de nuevas tecnologías, fue modificando la base tradicional de los sindicatos industriales (las masas de obreros no calificados) y promoviendo cambios profundos en el comportamiento político del sector.

e) El trabajo informal y la desocupación conforman un sector social de creciente importancia, no encuadrado gremialmente, que plantea la necesidad de buscar mecanismos de articulación y representación adecuados en la lucha por un objetivo común: el derecho a un trabajo digno.

f) El aumento de la participación femenina en el ámbito laboral incorpora la problemática de la mujer como una de las cuestiones prioritarias de la acción sindical. También el dificultoso ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo comporta un desafío al movimiento obrero, que debe extremar su capacidad de interpretar y representar las aspiraciones y necesidades de grupos sociales muy dinámicos. En general, en una perspectiva de conservación de grados de autonomía frente al Estado y los partidos políticos, resulta conveniente poner atención en los movimientos sociales, que constituyen nuevas formas de participación popular expresivas de nuevas demandas.

g) La disminución del peso relativo del sector obrero en la sociedad revaloriza el rol de los partidos políticos capaces de representar las aspiraciones de los trabajadores, junto a las de otros sectores populares, pero también plantea contradicciones respecto de la participación, la autonomía y la propia identidad sindical.

h) La vinculación entre la política y el sindicato ya no puede reducirse a la mejor o peor relación que éste pueda articular con el Estado y los partidos políticos. Hoy supone, además, la capacidad del movimiento obrero de elaborar estrategias que puedan dar respuesta a la crisis desde el propio ámbito de acción gremial y que, simultáneamente, le permitan articularse con otros sectores de la sociedad.

i) La variedad y complejidad de los nuevos problemas superan ampliamente las capacidades dirigenciales forjadas solamente en la práctica y asentadas en la intuición. La capacitación sindical, realizada con rigor científico y técnico, es una exigencia para el desempeño eficaz a cualquier nivel de conducción.

En síntesis, las nuevas y cambiantes condiciones en que se desenvuelve el mundo laboral exigen una recreación del movimiento obrero y reclaman de éste una nueva actitud, una nueva manera de ver, pensar y hacer las cosas.

 

Bibliografía

Bisio R y H Cordone (1980): La segunda etapa del plan de lucha de la CGT, un episodio singular de la relación sindicato-estado en la Argentina. Buenos Aires, CEIL.

Cardozo O y R Audi (1982): Sindicalismo: El poder y la crisis. Buenos Aires, Belgrano.

Carri R (1967): Sindicatos y poder en la Argentina (Del Peronismo a la crisis). Buenos Aires, Sudestada.

Cavarozzi M (1984): Sindicatos y política en Argentina. Buenos Aires, CEDES.

Doyon L (1978): La organización del movimiento sindical peronista (1946-1955). Desarrollo Económico, 94, Buenos Aires.

Gaudio R y J Pilone (1984): Estado y relaciones laborales en el período previo al surgimiento del peronismo (1935-1943). Desarrollo Económico, 94, Buenos Aires.

Godio J y A Wachendorfer (1988): Sindicatos y partidos políticos. Experiencias de relaciones sindicato-partido en Europa y América Latina. Buenos Aires, Fundación Friedrich Ebert.

Lipset S (1987): El hombre político. Madrid, Tecnos.

Little W (1979): La organización obrera y el estado peronista, 1943-1955. Desarrollo Económico, 75, Buenos Aires.

Pizzorno A (1970): Los sindicatos y la acción política. Cuadernos de Pasado y Presente, 44, Córdoba.

 

Comentarios de Facebook

También podría gustarte Más sobre el autor