Reflexiones en torno a la corrupción, II: La expansión de la corrupción en las diversas esferas sociales

Julio C. Suárez

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En nuestra anterior intervención sosteníamos que la sociedad neoliberal de la competencia ilimitada, donde siempre se está frente a la línea de largada, los actores procuran quedar del lado de los vencedores, de satisfacer sus propios intereses; de allí que no tarda en aparecer el desvío, la trampa, el salteo de normas, la corrupción en los más diversos espacios de socialización.

La totalización del mercado como única alternativa válida, que se convierte en un “orden extenso” que excluye todo pluralismo, se planta con la fuerza de una institucionalidad mesiánica donde el valor de la eficiencia y la competitividad restringe la dimensión social y minimiza el ámbito de deliberación colectiva (Rebellato, 1995). Una sociedad vinculada por lazos de competencia abre la puerta a una serie de prácticas que tienen como objetivos primigenios: vencer y poseer, de manera tal que la corrupción se constituye en uno de los pertrechos más contundentes a la hora de lograr imponerse en cualquier ámbito social.

En ese sentido, y, en primer término, se puede expresar que la concepción de corrupción constituye una construcción cultural que se cuela no solo en el discurso jurídico, político, económico y social, sino también en las expresiones cotidianas generalizadas. Diversos diccionarios son congruentes en señalar que se trata de una “alteración, desunión, descomposición, vicio” y, por consiguiente, “corrupción de las partes de un todo”, también se apunta a sentidos como “alterar y trastocar la forma de algo”, “echar a perder, dañar, pudrir”, “pervertir o seducir a alguien”, “estragar, viciar”, “oler mal”, etc.

Corrupción se puede entender, entonces, como las manifestaciones y maneras en que se presenta esta “alteración en las formas” en las interacciones sociales cotidianas y que, por ende, las “echan a perder, las descomponen”.

Se corrompen las actividades cuando quienes las practican, quienes las llevan a cabo, no lo hacen apegándose o identificándose con las normas, procedimientos, costumbres o usos legitimados como correctos por la sociedad, para la actividad de que se trate. Se produce un quebrantamiento de modelos de comportamientos imperantes en los distintos ámbitos societales. La corrupción es un accionar esquivo de las normas.

Cortina (1997: 266) señala que “el sentido profundo de la corrupción de cualquier actividad consiste en perder la naturaleza que le es propia y, con ello, toda legitimidad, porque las actividades sociales se dirigen a un bien interno que es el que les da legitimidad social”.

Quienes se corrompen quebrantan el sistema normativo o algunas de las reglas que lo componen y regulan una práctica social. Esta transgresión de las reglas, que rigen el cargo que ostentan, la función que cumplen, la actividad que realizan, el deporte que practican, se consuma con la finalidad de obtener un beneficio extraposicional, cualquiera que sea su naturaleza. Manifiestan, en ese sentido, un claro sentimiento de deslealtad hacia la regla violada (Malem Seña, 2002). Se trata de un sistema de transacciones de saldo negativo, ya que siempre hay costos para la sociedad o un sector de ella.

Esta noción permite identificar en el acto corrupto en general cinco componentes básicos: a) existencia de un conjunto de reglas –normas, procedimientos, reglamentos, contratos, costumbres o usos– que guían el accionar de los actores en el desarrollo una actividad; b) una trasgresión o violación de dichas reglas; c) en el curso de un intercambio –generalmente clandestino, oculto o de mínima visibilidad, dada su irregularidad–; d) para obtener beneficios –propios de los que quebrantan las reglas o de terceros, ya sean individuales o grupales–; e) con la consecuente producción de un perjuicio –directamente reconocible o difuso.

Esto hace que pueda rotularse como hechos de corrupción, tanto los sucedidos en el quehacer público –las tan generalizadas “corrupción política” y de la “gestión pública”– como en las actividades privadas –“corrupción empresarial”, “corrupción comercial”, “corrupción profesional”. Los diversos espacios de la vida en sociedad donde aparece la corrupción no escapan a esta visión amplia: la “corrupción en los deportes”, “corrupción en la cultura y el conocimiento”, “corrupción sindical”, “en los medios de comunicación”, caracterizándose todas ellas por ser transgresiones a las reglas establecidas que tienen una alta dosis de clandestinidad y ocultismo y erosionan la credibilidad de la sociedad hacia los actores involucrados.

Indagando en la enunciación ejemplificativa presentada, pero de ninguna manera taxativa, en el mundo de la cultura y el arte no son ajenas estas prácticas. Por ejemplo, se organizan concursos literarios que encienden la ilusión de cientos de noveles escritores y también de consagrados. Sin embargo, son manipulados de forma tal, que antes de la presentación de las obras, ya existen acuerdos firmados entre algún participante y la editora impulsora del concurso para la publicación de la obra que resultará premiada.

En los deportes se constatan hechos de corrupción, por ejemplo, “arreglar” partidos de tenis, a fin de obtener ganancias fraudulentas con las apuestas, mecanismo que involucra a apostadores, entrenadores, jueces de partido y a los mismos jugadores; pasando por las competencias de ciclismo donde –incluso excluyendo los casos de dopaje– se han detectado adulteraciones en bicicletas a las que se les adicionaba un pequeño motor en su parte trasera, lo que generaban ventajas irregulares; hasta el mundialmente conocido escándalo en el fútbol con el Fifagate, cuyo juzgamiento se desenvuelve en tribunales de Estados Unidos e implica a funcionarios públicos de distintos países, autoridades de los diferentes organismos internacionales rectores del fútbol y empresarios.

En el ámbito de las profesiones liberales también aparece una serie de acciones reprochables. Así, en el ejercicio de la abogacía, donde se encuentran deberes pautados legislativamente como comportase con lealtad, probidad y buena fe, la vida cotidiana pone a la vista profesionales que llegan a acuerdos que los benefician en desmedro de los intereses de sus representados. Asimismo, cuando aparecen avisos en los diarios en los que se induce a engaño a quienes necesitan un abogado, con el ofrecimiento de ventajas de imposible concreción. Incluso es frecuente observar a abogados que personalmente o por interpósita persona se atrincheran en hospitales de urgencias a la espera de algún accidentado o familiar del mismo. En tan dramáticas circunstancias ofrecen sus servicios o directamente emprenden acciones persecutorias de ambulancias, olvidándose de las prescripciones en contrario que figuran en los Códigos de Ética.

El sector de la salud muestra que, desde el juramento hipocrático hasta los modernos Códigos de Ética que rigen la profesión: “constituye una violación a la ética profesional la percepción de un porcentaje derivado de la prescripción de medicamentos, prótesis, exámenes de laboratorio”; “solo por excepción se podrá derivar enfermos del hospital a su consultorio particular”; “será un hombre honrado en el ejercicio de su profesión”… disposiciones que se vuelven ilusorias frente a una realidad que muestra sobreindicaciones de procedimientos de diagnóstico –de laboratorio y de imágenes–, de tratamientos terapéuticos –farmacológicos y quirúrgicos– demasiado costosos y a veces inútiles, liquidación de prestaciones no realizadas, liquidación de prestaciones no indicadas ni necesarias, falsificación de las cantidades de una receta, etcétera.

En el periodismo otro tanto. Es extendida en la ciudadanía la idea de concebir la tarea primordial del periodista como la de proporcionar una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad, que actúe con equilibrio en los reportajes y en los espacios de opinión, que situé los hechos noticiosos en su contexto adecuado, entre otras consideraciones.

En ese sentido, códigos de ética para periodistas expresan que aquellos deberán buscar la verdad, dar tratamiento honesto a la información, resguardar su independencia con la finalidad de alcanzar una información completa, exacta y diversa, así como respetar los principios de la democracia, la honestidad, el pluralismo y la tolerancia (FOPEA, 2006).

Sin embargo, a la luz han salido casos de periodistas que aplican métodos propios de los servicios de inteligencia para obtener información o directamente en connivencia con agentes de dichos servicios falsean información; casos en que se cobra por el silencio u ocultamiento de información; casos de parcialidad en los reportajes en los que se cobra por hacer preguntas benévolas o inquisidoras, entre otras.

Lo pernicioso de estos casos es no solo por el hecho de recibir dinero de terceros sino también por el de engañar a cientos de miles de personas que no reciben una información sincera y veraz.

Alconada Mon sostuvo que los dos rubros más caros de las campañas electorales son la impresión de boletas electorales y la compra de periodistas en sentido amplio. “La compra de medios, la benevolencia de medios, la compra de periodistas, la compra de espacios”, y fue más allá ejemplificando: “La entrevista más cara de 2015 fue para el actual presidente Mauricio Macri y costo $ 400.000. Al tipo de cambio de ese momento, $42.000 dólares” (El País Digital, 2018).

La corrupción sindical fue abordada recientemente por el Papa Francisco, quien formuló a los sindicalistas el pedido de cuidarse “del cáncer social de la corrupción (…) es terrible esa corrupción de los que se dicen sindicalistas, que se ponen de acuerdo con los empresarios y no se interesan de los trabajadores, dejando a miles de compañeros sin trabajo, esto es una lacra, que mina las relaciones y destruye tantas vidas y familias. No dejen que los intereses espurios arruinen su misión… ¡¡no se dejen corromper!!” (Papa Francisco, 2017). Es decir, el marco de conducta que implica a las jefaturas sindicales la defensa de los intereses de los trabajadores es vulnerado y sustituido por intereses propios –o privados– de la conducción. Más allá de la persecución mediática ‒la mayoría de las veces impúdica‒ y judicial ‒por lo general arbitraria‒, secretarios generales devenidos empresarios, jefaturas gremiales que se heredan por linaje, gremios capturados por patotas no hacen más que alentar los temores del sumo pontífice.

La corrupción en el sector privado de la economía no es neutra e inofensiva, sino que genera distorsiones y desajustes. La evasión impositiva, trabajadores en “negro”, fallas en las medidas de seguridad en los trabajos, mano de obra semiesclava, van violentando y socavando las reglas del juego económico, reduciendo la competencia y consolidando monopolios en sectores enteros de la producción.

La expansión de la corrupción en las distintas esferas donde se desarrolla la vida en sociedad, en las diversas interacciones sociales, no es más que una de las revelaciones del “orden extenso” y del mercado que se asemeja al dios de los cristianos: es perfecto y está en todas partes.

Claro que la política, la gestión pública, no está exenta de la aparición de hechos de corrupción. Más aún, es tal vez la corrupción que mayor trascendencia tiene, la de mayor publicidad y mayor tratamiento discurso.

Huntington (1968) entiende a la corrupción como una desviación de los funcionarios públicos, que se apartan de las normas establecidas para ponerse al servicio de intereses privados. Nye (Beraldi, 1995) habla también de la conducta que se aparta de los deberes formales de un cargo púbico en busca de beneficios pecuniarios o de posición que concierne al interés privado. Para Rose Ackerman (2001: 125) “la corrupción es el uso incorrecto del poder público para obtener beneficios privados” y para Meny (2005) se trata del intercambio clandestino entre dos mercados, el mercado político o administrativo y el mercado económico y social. Este intercambio se realiza a escondidas, pues viola las normas públicas, jurídicas y éticas y sacrifica el interés general a los intereses privados.

La mayoría de estas definiciones posan su mirada en el sector público –lo cual es una toma de posición frente al fenómeno–, en los funcionarios y en los políticos que ejercen un cargo o función. Pero para completar esa perspectiva inconclusa debe añadirse el sector privado y su empresariado, ya que difícilmente pueda darse una corrupción política, siendo ajeno ese sector. Más aun, el sector pri­vado de la economía necesita del acceso a los políticos o agentes públicos para acceder a los recursos públicos. Se trata de dos caras de la misma moneda.

Es decir, si bien las conceptualizaciones precedentes se han asentado en el funcionario público y no en las personas jurídicas participantes, en las empresas; lo cual es llamativo, pues los Gobiernos –y sus funcionarios–, cualquiera que sea su pertenencia política, pasan; pero muchas de las empresas que se vinculan con el Estado y conforman la “patria contratista” siguen siendo las mismas desde hace décadas, no por ello son ajenas no solo a la concreción del hecho corrupto sino que también su intervención es contemplada y castigada en la normativa vigente.

Será justamente el poder económico concentrado de este empresariado, que se ha beneficiado y se beneficia con una corrupción que es estructural a la lógica de mercado impulsada por el modelo neoliberal, una condición sine qua non de la corrupción (Suárez, 2018).

En resumen, el “orden extenso” que devasta cualquier otro orden y por ende rechaza cualquier otra alternativa encontrando aquí su factibilidad de ser y que tiene al mercado como un mecanismo casi mágico y a la competitividad como valor supremo, también vale como un deber ser, en tanto los derrotados terminan adhiriendo a ese orden como si fuera la expresión de una voluntad mayoritaria, componiendo un “poder normativo de lo fáctico” (Rebellato, 1995) que tiene en la corrupción un dispositivo al cual se acude para quedar del lado de los vencedores de ese “orden extenso”, cualquiera sea el ámbito social en el que se compita.

Ahora bien; la consustancialidad entre neoliberalismo y corrupción, la que constituye un engranaje más de un modelo que persigue la ilusión de mercado total y en ese itinerario va impulsando y promoviendo la competencia y el afán de éxito individual, a costa de lo que sea y de quien sea, generando a la par las condiciones de reproducción de la corrupción y, por otra parte, el bosque de conquistas políticas, sociales, económicas y culturales de los “gobiernos nacional popular” no esconden el árbol de la corrupción que también aparece en estos últimos.

Y sin bien la atención a poner en este fenómeno se asienta en que “se trata de comportamientos o prácticas desviadas que afectan el orden social democrático y la posibilidad de una convivencia cohesionada y pacífica” (Moriconi, 2018) la corrupción no aparece aquí como consustancial al modelo, como sí sucede con todo proyecto neoliberal y que lleva a que se cuele en todas las prácticas sociales. En el modelo nacional popular, su aparición, tiene un carácter factual contingente, por ende, no programado, implica que no sigue un camino uniforme o lineal preestablecido y abarcativo de todos los ámbitos sociales sino más bien que se aprovecha de “zonas liberadas conformadas por espacios en que las autoridades políticas y estatales comercian la suspensión de la aplicación de la ley a cambio de recursos” (Dewey, 2018) y del que forman parte indisoluble el sector privado.

Si la confianza y la cooperación es una de las piedras angulares en las configuraciones colectivas pues permite en primer lugar construir una identidad común y a partir de allí perseguir objetivos también comunes, la corrupción del que está al lado produce un efecto debilitador de esa confianza y esa cooperación.

Los procesos y producción de identidades colectivas afianzan el surgimiento de cooperación y confianza entre los integrantes del conjunto social; son éstas las que permiten la reproducción y afianzamiento de relaciones sociales no exclusivamente eventuales y asimétricas como las que propone el neoliberalismo, sino principalmente electivas y estables.

Sin embargo, lo que no se puede es ser flexible o exculpatorio frente a un fenómeno que erosiona la confianza social y atenta contra las bases de un proyecto que persigue la mengua de las inequidades y desigualdades sociales.

El “vamos a volver” que resuena en miles de voces como bandera identitaria en la contienda electoral, necesariamente debe ir acompañado del “para ser mejores” que implica no abandonar los sueños de una sociedad más justa y tampoco retroceder en la lucha contra estructuras de dominación, pero sí el de evitar reiterar accionares socialmente perniciosos y nocivos como la corrupción, que visibiliza la preminencia por la consecución de intereses individuales por sobre el bienestar colectivo, afectando directamente la confianza y la cooperación como piedras basales de toda construcción colectiva.

 

Bibliografía

Beraldi C (1995): El control de la corrupción mediante la desregulación. Revista Latinoamericana de Política Criminal.

Cortina A (1997): Ética de la sociedad civil. ¿Un antídoto contra la corrupción? En La corrupción política, Madrid, Alianza.

Dewey M (2018): Zona liberada: la suspensión de la ley como patrón de comportamiento estatal. Nueva Sociedad, 276.

El país digital (2018): Nota a Hugo Alconada Mon. 19-9-2018.

Huntington S (1968): El orden político en las sociedades en cambio. Buenos Aires, Paidós.

Malem Seña J (2002): La corrupción: aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos. Barcelona, Gedisa.

Meny I (2019): Corrupción: cambio, crisis y transformación de los valores. www.anticorrupcion.gov.co/documentos.

Moriconi M (2018): Desmitificar la corrupción: la perversidad de su tolerancia y de su combate. Nueva Sociedad, 276.

Papa Francisco (2017): Mensaje a los sindicalistas reunidos en el “Encuentro Internacional de Organizaciones Sindicales”, Vaticano.

Rebellato J (1995): La encrucijada de la ética. Montevideo, Nordan-Comunidad.

Rose-Ackerman S (2001): La corrupción y los gobiernos: causas, consecuencias y reforma. Madrid, Siglo XXI.

Suárez J (2017): Políticas de Transparencia: Prevención más Investigación. La Voz del Interior.

Suárez J (2018): ¿Qué corrupción? 11 vetas sugerentes para indagar. Córdoba, El Galeón.

Torres R (2004): Corrupción y transparencia: conceptos y enfoques. Probidad, 26.

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