Provincias y segmentación del discurso electoral

Homero R. Saltalamacchia

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En el número 10 de esta revista me refería al núcleo de Buen Sentido y a los efectos de los discursos que lo interpelan. En este trabajo reflexionaré sobre otros aspectos del mismo tema, refiriéndome esta vez a alguna de las diferencias regionales y el núcleo de buen sentido de sus habitantes, con el fin de aportar elementos para el diseño de nuestra campaña y de nuestro próximo gobierno.

Elogio de la segmentación

La segmentación de los discursos electorales es respaldada por una hipótesis fuerte: la supuesta igualdad ante la ley no hace que los ciudadanos lo seamos. Por eso el discurso político debe saber cuáles son las diferencias para construir las coincidencias que permiten el triunfo de un proyecto. En los próximos párrafos comenzaré recordando el éxito obtenido en estos años por las fuerzas neoliberales que utilizaron dicha segmentación en diferentes países. Comentario que me permitirá justificar la reseña sobre mi experiencia de investigación de la vida social y política de Santiago del Estero, con el propósito de aportar a la construcción del discurso hacia sus ciudadanos, que deben ser comprendidos en la especificidad de sus historias.

Cambridge Analytical

Una paradoja solo aparente de esta nueva época es la combinación de cambios científico-técnicos con una renovada importancia de las ciencias sociales en las gestiones administrativas y en las prácticas electorales y de gobierno. Lo vimos en los triunfos del Brexit, de Trump, del “no a la paz” en Colombia, de Bolsonaro y de Macri, entre otros. En todos ellos, uno de los instrumentos ha sido construir perfiles psico-sociales de votantes y ciudadanos mediante la utilización de focus groups y big-data, interpretados desde la psicología y la sociología cognitiva, tal como lo demostró el uso ilegal de los datos de Facebook por Cambridge Analytical.[1]

Con esos conocimientos, los manipuladores de la opinión lograron explotar los peculiares miedos y esperanzas de cada segmento poblacional para adaptar el propio discurso (y sus fake news)[2] y conducir sus votos.

Errores pasados

El que hace comete errores. Pero luego hay que afinar la puntería. En un tiempo, uno de nuestros errores de segmentación fue actuar como si el “Campo” fuese un bloque. Error propio de intelectuales urbanos que permitió sumar fuerzas a la “mesa de enlace” (Fair Rzezak, 2008). Hoy, juzgando la acción de los gobernadores peronistas frente al gobierno nacional puede conducirnos a errores semejantes. Por eso quiero relatar lo que aprendí investigando el sistema político-cultural de Santiago del Estero. Pues creo que aporta tanto para entender algunas de las razones de las posiciones asumidas por algunos gobiernos provinciales en los últimos tres años, sus triunfos en las elecciones de sus provincias y la necesidad de que, comprendiéndolos, consigamos mensajes que puedan lograr las empatías de sus habitantes.

Estados provinciales

Las tradiciones ideológicas de muchos de nosotros no solo son urbano- centristas, sino porteño-centristas. Yo fui conciente de ello cuando tuve la oportunidad de estudiar las costumbres santiagueñas y mis reacciones frente a ellas, ayudado por un financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología para la investigación “Santiago del Estero: estructura y coyuntura” (trienio 2005-2007), que fue continuado por otros proyectos financiados por la Universidad de Santiago del Estero, en los que trabajé con profesores y estudiantes santiagueños.

Entre quienes redactamos y dirigimos el proyecto originario existía la convicción de que en ese tipo de trabajos era necesario trascender el mero estudio de las “formas de régimen” –error liberal de la literatura sobre “transiciones a la democracia”– y subsumirlo en el estudio de las “formas de Estado”, entendido en sentido amplio,[3] perspectiva indispensable para comprender las relaciones de poder propias de la constitución social, política y económica del caso estudiado. Este enfoque nos permitió detectar la íntima sincretización que existe entre las formas republicano-democráticas y un sistema global de intercambio de favores que alcanza a toda la población –aunque cada escalón cuenta con distintos poderes de regateo–, intercambio basado en el tipo de ingresos provincial, cuya mayor parte proviene de la coparticipación y otras modalidades de inversión del gobierno nacional. Ingreso al que la ley de coparticipación permite que sea el gobernador y luego los intendentes las cabezas de todas las cadenas de distribución. Ese lugar permite comprender por qué, por una parte, los gobernadores necesitan negociar con el gobierno nacional –cualquiera sea su partido e ideología– y, por otra, cuáles son las bases del intercambio de favores. Temas que ampliaré en lo que sigue.

Supuestos iniciales

Lo que motivó la primera investigación fue un suceso que había comenzado el año anterior en la Capital de la provincia. Se trataba de una movilización de protesta ante la muerte de dos mujeres que, se sospechaba, había sido perpetrado por personas de la elite política y económica de la provincia.[4] A partir de ese acontecimiento se generó un movimiento de protesta cuyas consignas mezclaron el pedido de verdad y justicia con la exigencia de la renuncia de la gobernadora (esposa de Carlos Juárez, caudillo provincial de antigua participación en el elenco gobernante), poniendo fin a la existencia política de lo que por entonces se denominaba “juarismo”.

Los objetivos de la investigación eran dos: a) caracterizar el derrotero de esa movilización social y b) el modo en que influiría en la democratización de la provincia. Esa democratización sería posible por dos acontecimientos: a) caída de un caudillo autoritario –al que se le atribuía la presencia solo ficticia de instituciones republicanas– y b) el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, supuestamente capaces, por su autonomía del gobierno, de conseguir la “accountability vertical y horizontal” (Cortez, 2015; Morlino, 2005; O’Donnell, 2001; Pyper, 1996; Whitehead & College, 2000). La investigación se basó en esas conjeturas. Para ello se estudió el desarrollo del movimiento social antes aludido −que se sostuvo durante setenta semanas consecutivas− y el estudio de la evolución de la formación estatal con posterioridad a la caída de aquel líder y de su esposa.

No describiré dicho movimiento.[5] Baste aquí recordar que la esperanza antes enunciada era compartida por todos los actores a quienes pudimos entrevistar u observar,[6] lo que revelaba hasta qué punto estábamos influidos intelectualmente por la literatura sobre “transiciones a la democracia”. Según pudimos constatar, los sucesos posteriores a la caída de aquel liderazgo refutaron rotundamente esos supuestos y esperanzas.

El fin del juarismo se concretó cuando el gobierno nacional decidió la Intervención Federal. Ese acontecimiento produjo una visible euforia en la provincia, pero disimuló un hecho. En forma casi inmediata, los líderes de la mayor parte de las asociaciones de la sociedad civil que participaron del movimiento pasaron a engrosar las filas gubernamentales. La primera interpretación sobre ese acontecimiento se relacionó con la necesidad de fortalecer al gobierno de la Intervención. Pero esa interpretación resultó insuficiente cuando, con la finalización de la Intervención Federal y el triunfo del Frente Cívico por Santiago, aquellos dirigentes –de origen radical, peronista o de izquierda– continuaron casi sin excepción. Esa permanencia en el gobierno, paradójicamente, coronó algo que no era tan agudo durante el juarismo: la casi extinción de toda oposición y de control sobre el gobierno. Prácticamente desaparecieron las organizaciones autónomas de la sociedad civil y el juego político se redujo a los avatares internos de la fuerza gobernante, algo que iba en la dirección de lo que se le criticaba al juarismo, pero con modalidades perfeccionadas. ¿Cuál es la razón de esa persistente organización estatal?

Origen y distribución de los ingresos fiscales en Santiago del Estero

La constitución de Santiago del Estero es democrático-republicana. Sin embargo, por encima de lo que dictan las leyes y la Constitución reina una institucionalidad fáctica regida por el intercambio de favores, que domina todos los niveles de la estructura sociopolítica y económica, condiciona las vivencias y la vigencia de las instituciones republicanas, e impide la existencia de organizaciones sociales autónomas y la independencia y el control entre poderes.

Como sabemos, las luchas por la “organización nacional” terminaron con el triunfo de las tendencias unitarias impulsadas por las oligarquías del litoral. El móvil de esas oligarquías era resguardar e incrementar sus riquezas. El método fue la apropiación de las tierras patagónicas, la derrota de los caudillos provinciales, el alambrado y los jueces de paz, que terminaron con los gauchos y la imposición del libre comercio: con exportaciones agropecuarias que eran la contrapartida de una masiva entrada de productos manufacturados, sobre todo de origen inglés. Esta política económica y social, que siempre fue el norte de los intelectuales oligárquicos, destruyó las economías regionales, siendo Santiago del Estero una de las provincias más perjudicadas. Destruyó sus artesanías, al tiempo en que la apuesta del gobernador Taboada por el candidato de Bartolomé Mitre hizo que el triunfante presidente Domingo Faustino Sarmiento influyese para que el ferrocarril a Tucumán no pasase por la capital santiagueña, sino por el límite con Catamarca. Eso obturó toda alternativa productiva, que sí consiguió Tucumán.

Desde entonces y hasta la década de 1940, los ingresos provinciales dependieron de una pobre explotación agrícola-ganadera[7] y de la venta de terrenos fiscales para la explotación de un bosque cuya tala desertificó a la provincia. Esa organización económica terminó en la década de 1940, cuando La Forestal y otras empresas del ramo transportaron el grueso de su producción hacia la explotación de la mimosa, en África, migración agravada por el reemplazo mundial del carbón por los combustibles fósiles. Decayó así la actividad forestal y con ella el predominio de las antiguas elites, que hacia fin de la década de 1940 sufrieron un golpe definitivo ante la decisión de Juan Domingo Perón de apoyar al joven abogado Carlos Juárez, quien llegó a gobernar la provincia, por primera vez, en el año 1949. Su gobierno y el de sus sucesores dependió casi exclusivamente de los aportes de los gobiernos nacionales (Dargoltz, 2003; Díaz y Rojo, 1985; López, 1998; Martínez, 2008; Ministerio de Economía, 2011), generándose las bases de una estructura sociopolítica que dura hasta el presente.[8]

Según el trabajo del santiagueño Lian Allub (2008), desde 1993 hasta 2005 los recursos de origen nacional nunca representaron menos del 87% de los ingresos tributarios, de lo que lúcidamente deduce que: “Esta alta dependencia de los fondos nacionales puede ocasionar dos problemas a la provincia: 1) Pérdida de independencia a la hora de planificar políticas. Dado que en un ciclo recesivo los ingresos tributarios nacionales disminuyen y por lo tanto los ingresos por coparticipación, pero sobre todo los ATN distribuidos a las provincias. 2) Dependencia del partido que gobierne tanto la nación como la provincia”. Hecho que también destacó posteriormente Carlos Gervasoni (2009, 2010 y 2011).[9] Mientras que autores como Edward Gibson (2006) y Esteban Levitsky y Lucan A. Way (2004) enfatizaron el rol del gobierno en su relación con el gobierno nacional, afianzando de ese modo lo ya previamente indicado por Carlos Zurita: que las elites políticas basaban su legitimidad de ejercicio en sus respectivas capacidades de representar a los intereses provinciales mediante sus negociaciones con los respectivos gobiernos nacionales. Esta situación se muestra en el gráfico adjunto, en el que también se refleja la semejanza de Santiago del Estero con otras provincias.

 

El gran distribuidor

Dado ese modo de generar ingresos, el gobernador aparece como un Jano que, mirando hacia afuera, es el principal encargado de negociar con los gobiernos nacionales para que el financiamiento llegue a la provincia en tiempo y forma −y en el mayor volumen posible− y que, mirando hacia el interior, es el Gran Distribuidor del que todos dependen. En efecto, comenzando por el titular del gobierno y de su burocracia, dicho ingreso es distribuido: a) entre los contratistas o concesionarios gubernamentales que le son afines y que se convierten, a su vez, en una de las principales fuentes de ocupación para la población; b) los empleados del gobierno, comenzando por sus jefes −que a su vez generan cascadas de distribución entre sus empleados de distinto rango−; c) entre los jefes comunales, los empleados del gobierno y sus respectivos contratistas; d) entre quienes están a cargo de generar los servicios de todo tipo, que son contratados por aquellos que cobran sus salarios u obtienen sus ganancias de la distribución gubernamental; e) entre quienes reciben planes de ayuda gubernamentales; y f) por vía indirecta, entre quienes reciben auxilio de organizaciones partidarias o religiosas, financiadas desde el gobierno en gran medida.

En las múltiples relaciones que se producen en el interior de los diferentes estratos −y entre ellos− se genera un intercambio de favores que incluye a la casi totalidad de la población urbana de la zona metropolitana y del resto de las ciudades y pueblos del interior. Tipo de intercambio consuetudinario que, dados los principios y reglamentos de la Nación y de la Provincia, no existe legal sino fácticamente, regido por normas que tienen vigencia tácita, aunque sumamente efectivas dadas las capacidades de control represivo sobre los desviantes, sancionadas mediante el hábito. En este sistema todos de un modo u otro concurren, aunque sus formas varíen según estratos sociales.

Coparticipación, solidaridad y organización provincial

Con base en esta lógica se efectiviza una muy abigarrada red de redes sobre la que se afirma un sistema de dominación −muy eficaz en el logro de la solidaridad social− al que denomino patrimonialismo electoral, apelativo en el que “patrimonialismo” alude a la gestión cuasi privada que sobre el ingreso ejerce la elite gubernamental,[10] mientras que “electoral” refiere a que la legitimación de origen de dichos gobiernos se genera vía elecciones.

Producto de esa legalidad consuetudinaria es un tipo peculiar de jerarquías socioeconómicas que pueden describirse del siguiente modo. En el primer escalón de ese engranaje se sitúa el gobernador y un reducido número de aliados que habitualmente ocupan los principales cargos del Poder Ejecutivo. Ellos son quienes primero distribuyen dicho ingreso en dos vías complementarias: a) los contratistas de obras y servicios gubernamentales y b) las burocracias. En cada una de esas vías se generan redes y cadenas de redes que, siguiendo la lógica del intercambio de favores, proveen de trabajo a los diferentes estratos de la población y de planes sociales a quienes quedan marginados de esos empleos. Dentro de esa lógica, el intercambio de favores en los estratos superiores de ingresos es producido cara a cara con los funcionarios del gobierno, o del partido o frente político gobernante. Mientras que en los escalones inferiores dichos intercambios se producen gracias a mediadores que con ese intercambio constituyen sus respectivos capitales políticos. Este mecanismo es posible gracias a una fáctica unificación tendencial de los puestos de dirección del partido o frente gobernante y los puestos de dirección de las agencias gubernamentales, que cobra diferentes modalidades que se imponen fácticamente a la normativa constitucional. Pues si bien formalmente se mantiene la distinción público-privada −forzada por la concepción liberal-republicana de las constituciones nacional y provincial− ella se diluye en la práctica por el predominio de los habituales intercambios de favores en el seno de cada estrato socioeconómico o entre personas de diferente estrato.

En síntesis, dado que la vida cotidiana se organiza en cadenas de distribución de un ingreso que fundamentalmente proviene del gobierno nacional, casi todos los habitantes de las zonas urbanas dependen, de un modo u otro, de que dicha coparticipación y otros ingresos de origen nacional se mantengan en los niveles más grandes posibles. Este rasgo trae consecuencias decisivas en la articulación del poder provincial, pues debido a dicha dependencia colectiva la elite[11] se legitima en el ejercicio de sus funciones como gestora y guardiana de ese ingreso de origen nacional. Esa es una de las líneas causales que explican la ausencia de conflictos catastróficos en el seno de dicha elite o de protestas que disminuyan su poder relativo. Lo que también permite explicar por qué, cuando hubo conflictos dentro de las elites, esos conflictos no ocurrieron contra esa forma del Estado, sino por ocupar posiciones dominantes dentro de él, razones que también se aplican a la relación de dichas elites con miembros de las capas medias y del resto de los sectores populares.

Este modo de articulación permite hablar de estratos socioeconómicos y no de clases sociales por dos razones: a) las diferencias socioeconómicas no son tan grandes como las que caracterizan las economías más diferenciadas; y b) las relaciones entre los miembros de los diferentes estratos son generalmente estrechas debido al intercambio de favores y las costumbres que dicho intercambio fue produciendo. En efecto, si bien existen sectores que ejercen actividades aparentemente autónomas (abogados, arquitectos, comerciantes, etcétera), ellos usualmente se integran al sistema antes descrito de tres maneras: a) ocupando al mismo tiempo cargos o relaciones de intercambio con miembros de la burocracia gubernamental o partidaria; b) teniéndolos como clientes; o c) requiriendo de esos contactos para gestionar sus obligaciones contractuales o legales con otros privados o con el gobierno. Algo semejante ocurre con los sectores populares (asalariados de menores ingresos, cuentapropistas, desocupados que requieren de planes sociales, administrados políticamente) que se integran en asociaciones mediante las cuales gestionan empleo, planes sociales o la satisfacción de necesidades barriales.

Legitimidad de origen y elecciones

Otra distinción respecto a las sociedades más diferenciadas refiere a los recursos de poder que se ponen en juego en las relaciones entre los ciudadanos de diferentes estratos y en el interior de éstos. En efecto, dado que el capital principal que se pone en juego, la vida socio-económica es proveniente de ingresos de origen nacional, sus gestores en los diversos estratos no son propietarios, sino poseedores.[12] Esto es, personas que poseen títulos legales y políticos para administrarlos con cierto grado de discrecionalidad, pero que no pueden hacerlo como si fuesen de su propiedad privada. Esto explica que la elite no puede reproducirse por herencia o tradición, razón por la que sus actividades políticas son decisivas en su reproducción, en tanto sus respectivas posiciones y situaciones deben asegurarlas gracias a ocupar cargos de relevancia en el gobierno mediante el cumplimiento de rituales electorales que les provean legitimidad de origen.

Esa es la principal razón por la que, incluso cuando sus fuerzas políticas provinciales manifiesten pertenencia a partidos de raigambre nacional, ellos actúan como verdaderos partidos provinciales. Tema que pretendo subrayar, pues es importante para comprender la actuación de los gobernadores durante los últimos tres años, cuando la pertenencia al movimiento peronista no aseguró nunca el voto solidario con los dirigentes nacionales.

Identidades

En ese contexto, las identidades provinciales no solamente poseen historias propias del proceso de conformación patria. A ellas se suman las peculiaridades de la lógica antes reseñada, que contribuyen a conformar la experiencia cotidiana, el núcleo de buen sentido del ser provinciano. Lo que ayuda la reproducción del tipo de Estado al que me refiero y que permite comprender la importancia de establecer amistades y de pulir el conocimiento de las historias familiares, riquezas que permiten que −de ser necesario− siempre tengan algún conocido que les facilite desde un trámite burocrático hasta la defensa de los propios ingresos. Son disposiciones y habilidades que son aprendidas desde los primeros contactos con la vida social.[13] Por ello es que –aun a sabiendas de que no es frecuente en los análisis sociopolíticos– la imagen reticular antes propuesta posee la virtud de evocar un sistema de relaciones en el cual, sin romper con las jerarquías económico-sociales, todos establecen dependencias mutuas. En estas acciones, en algún momento, todos entran en relación con miembros de las diversas ramas del gobierno o de la fuerza política gobernante.

En este contexto, el acto electoral no puede ser pensado con las categorías de la democracia liberal republicana, pues su lógica está absolutamente marcada por las redes a las que antes se hizo referencia. Pues dentro de esta formación estatal lo electoral deja de ser un mecanismo de “representación ciudadana” para convertirse en un mecanismo por medio del cual se dirimen las luchas por el control legítimo de los recursos gubernamentales.

Conclusión

Si este artículo tiene un mérito, espero que sea el de abrir una discusión sobre el modo en el que actuaremos en esas provincias en el proceso electoral. Las chances son halagüeñas. Aunque, incluso durante los 12 años que terminaron en el 2015, los intentos del gobierno nacional por crear y fortalecer una fuerza propia siempre terminaron fracasando, debido a la compleja bifurcación de problemas producidos, por una parte, por la dependencia del gobierno nacional del voto de los diputados y senadores en el Congreso Nacional y, por la otra, por las necesidades propias de las organizaciones kirchneristas de la provincia tendientes a su autonomización, que requerían apoyo directo de la Nación. Esa experiencia merece estudio en el proceso electoral próximo y en la futura acción de gobierno, pues el armado de nuestra fuerza no tiene la simpleza imaginada por los izquierdistas o progresistas testimoniales.

Bibliografía

Allub L (2008): Coparticipación en Santiago del Estero: Un análisis a nivel provincial y municipal. En http://ceise.org.

Cortez A (2015): “El concepto de accountability, una mirada desde la Ciencia Política”. Cuadernos de Ciencias Políticas, 6.

Dargoltz R (2003): “Las economías regionales argentinas y la globalización. El caso de Santiago del Estero y la explotación del quebracho colorado”. Trabajo y Sociedad, 5(6).

Díaz RA y FL Rojo (1985): Incidencia del sector público en la economía de la provincia de Santiago del Estero. Santiago del Estero, El Liberal.

Fair Rzezak H (2008): “El conflicto entre el gobierno y el campo en Argentina”. Iberoforum, III(6).

Gervasoni C (2009): “Fiscal Federalism as a Source of Rents: Subnational Rentier States and Democracy in Argentina”. Presentado en Annual Meeting of the American Political Science Association, Toronto, Canadá.

Gervasoni C (2010): “A Rentier Theory of Subnational Regimes”. World Politics, 62(2).

Gervasoni C (2011): A rentier theory of subnational democracy: The political regressive effects of fiscal federalisme in Argentina. University of Notre Dame, Indiana.

Gibson E (2006): “Autoritarismo subnacional: estrategias territoriales de control político en regímenes democráticos”. Desafíos, 14.

Levitsky S y LA Way (2004): “Elecciones sin democracia. El surgimiento del autoritarismo competitivo”. Estudios Políticos, 24.

López C (1998): “Análisis Comparado del desempeño económico de Santiago del Estero”. Presentado en Reunión Anual, 33, Mendoza.

Martínez AT (2008): “Estado, economía y política en Santiago del Estero 1943-1949. Exploración de algunas condiciones estructurales de la cultura política”. Andes, 19.

Ministerio Economía (2011): Complejos exportadores provinciales. Buenos Aires.

Morlino L (2005): Assessing the Quality of Democracy. JHU Press.

O’Donnell G (2001): “Accountability Horizontal: La institucionalización legal de la desconfianza política”. POST Data, 11-34.

Pyper R (1996): Aspects of accountability in the British system of government. Eastham, Tudor Business.

Saltalamacchia HR (2017). Conceptos usuales y luchas contrahegemónicas. 16.

Saltalamacchia HR (2005): “Estado/sociedad: una anacronía regresiva”. ESE, 1(1).

Saltalamacchia HR y MI Silveti (2009): “Movilización popular y régimen político en Santiago del Estero”. En El Protector Ilustre y su régimen: redes políticas y protesta en el ocaso del juarismo, volumen 8.

Saltalamacchia HR y MI Silveti (2012): “Régimen político y límite a la acción colectiva: el caso de Santiago del Estero, Argentina”. Polis, 8(1).

Whitehead L (2000): “Institutional Design and Accountability in Latin America”. En Combating Corruption in Latin America, Washington, Woodrow Wilson.

[1] Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Analytica.

[2] Sobre las fake news ver https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news.

[3] Sobre los errores que conlleva la distinción entre Estado y sociedad civil, y separar la comprensión del “régimen de gobierno” de las formas de ejercicio del poder en el ámbito estatal, entendido en sentido amplio, ver Saltalamacchia (2017 y 2005).

[4] “El 18 de febrero aparecen los cuerpos en un descampado ubicado en las afueras de La Banda (La Dársena). Leyla Bshier Nazar, de 22 años, tenía el cuerpo completamente destrozado, y apareció después de 22 días de búsqueda. Sus familiares la encontraron de casualidad, cuando la policía seguía las pistas de Patricia Villalba, la otra joven de 25 años que llevaba un día de desaparecida”, en Página/12, mayo de 2003. Popularmente se lo conoció como “El doble crimen de La Dársena”, debido al lugar en el que se encontraron los cadáveres.

[5] Sobre dicho movimiento se puede consultar, entre otros Saltalamacchia & Silveti (2009 y 2012).

[6] El hecho ocurrió en el momento en que tanto en la provincia Santiago del Estero como en toda la República Argentina se vivían momentos de transición, que fue parte de la estructura de oportunidades que dieron forma específica al despliegue de los hechos a los que estoy aludiendo.

[7] Entre las restantes actividades productivas se encuentran: algodón, maíz, cebolla, ganado y, actualmente, la soja.

[8] Las actuales producciones sojeras casi no vuelcan sus ganancias en la provincia.

[9] Aunque en la gráfica podemos ver que no es una situación totalmente peculiar de Santiago del Estero, lo que hace más interesante la reseña que estoy haciendo.

[10] Tipo de usufructo que constituye una forma de “posesión patrimonialista”. “Posesión” y no “propiedad”, debido a que los recursos que se manejan son formalmente públicos, salvo en la parte que se destina al peculio personal.

[11] Utilizo el concepto elite para aludir a un conjunto, en general reducido, de personas o familias que participan de una posición de privilegio, sea en las funciones de gobierno, las partidarias o las empresariales.

[12] Afirmación que en Santiago del Estero es negada solo por el crecimiento económico financiero del abogado Néstor Ick, quien supo aprovechar en su beneficio el lugar que ocupó en el gobierno del último Juárez, creando un verdadero emporio, aunque nunca se propuso cambiar las reglas del sistema que reseñé.

[13] Dicha conformación consuetudinaria y actitudinal muy arraigada es notable en varias de las entrevistas realizadas, pero, sobre todo, en la observación sobre prácticas cotidianas de todo tipo, cuyo comentario extendería este artículo en demasía.

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