¿Gobernar para o con el pueblo?

Homero R. Saltalamacchia

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Según la tradición liberal, el poder se concentra en el gobierno –al que denominan Estado– mientras que el resto de las instituciones se amontonan en la “sociedad civil”: conjunto de individuos y organizaciones privadas –cuya relación con el estado es de subordinación–; mientras que la “economía” es presentada como un lugar de leyes naturales en el que permanecen ocultas todas las relaciones de dominación; incluidas las decisiones sobre inversión o desinversión, que hacen a las posibilidades de desarrollo de los países.

Producida la naturalización de esas distinciones –de origen contractualista–, las “políticas públicas” se producen en el seno de burocracias muy poco transparentes; cuyo saber sobre la vida social está limitada por los intereses “fácticos” y por la distancia de sus saberes respecto a los temas sobre los que debe planificar. El interés de este artículo es recordar la trascendencia de incorporar a las instituciones intermedias en la articulación jurídico-política del gobierno. Ya que ello jerarquizará, según entiendo, la articulación emprendida durante la pandemia. Logrando una forma de asegurar el buen gobierno y la superación de las formalidades de una democracia que solo habilita elegir entre elites. Fortaleza de redes institucionales del estado nación que por incluir a la ciudadanía aportarán a un fortalecimiento indispensable; sobre todo en una época como la que se viene, donde nuestra soberanía será cuestionada por el inmenso poder de las trasnacionales.

 

Gobierno, administración e ineficiencias selectivas

A principios del siglo pasado, Weber vio el modo en que las burocracias ampliaban sus redes y se convertían en indispensables organizaciones gubernamentales. Eran instituciones que –despojadas de toda legitimidad democrática– basaban su dominio en la unidad de sus mandos y en la profesionalización de sus cuadros; y que –por basar su legitimidad en la arraigada tradición racionalista europea– se arrogan el monopolio de un saber desde el que planifican y administran, lejos de toda subordinación a los controles electorales. Rasgos que permitieron, al decir de Félix Montiel (1965, 1), la división fáctica de cada súbdito en dos personas: la del “administrado”. y la del actor-ciudadano. De tal modo que, lo que el primero debe soportar –durante sus vidas– es apenas influenciado por la “alternancia” electoral.

¿Pueden las burocracias?

Es cierto que esa forma de dominación está oculta tras los velos de las ideologías liberales. Pero sus limitaciones aparecen incluso en teorizaciones de quienes confían en sus potencialidades democráticas. Tal como Joselyne Bourgon, experta en esas cuestiones, a la que citaré extensamente con el objeto de que el lector vea las limitaciones desde dentro del espejo de una teoría que simpatiza con este tipo de ideas.

Ella dice que “Un creciente número de temas relacionados con las políticas públicas requiere de la activa contribución de muchos actores de distintos sectores del gobierno y externos a él, incluyendo el sector privado, la sociedad civil, ciudadanos individuales y comunidades”. Por lo que ella piensa-desea que “La complejidad creciente y la incertidumbre del contexto en el cual se realiza la política y la gobernanza están animando a los gobiernos a mejorar sus capacidades para anticipar, intervenir, innovar, aprender, agilizar y recuperarse de los shocks y de las crisis. Pues “Hay una creciente necesidad de flexibilidad, de compartir información y conocimientos, necesidades que difícilmente puede satisfacer el modelo tradicional de gobernanza y organización.” (Bourgon 2010:27). Razón por la cual propone reformas que requerirán de: “[…] una perspectiva expandida de los roles del gobierno y de los ciudadanos, que promueva el uso de la autoridad del gobierno para hacer posible el poder colectivo de los ciudadanos y de la sociedad, lo que permitiría obtener resultados con un mayor valor público; y […] una comprensión más dinámica de la gobernanza y de la administración pública que sirva de sustento a la construcción de las capacidades necesarias para perseguir intereses colectivos y bienes públicos en un contexto global crecientemente impredecible.» (Bourgon 2010:28). Teniendo en cuenta que: “[…] el gobierno logra resultados trabajando a partir de extensas redes de actores y organizaciones, incluyendo a los ciudadanos y a los grupos de la sociedad civil que participan en el logro de resultados de las políticas comunes [que] son resultados colectivos logrados por todos los agentes, tanto del ámbito público como del ámbito privado o de la sociedad civil […] ayudando a perfilar los intereses colectivos los que, a su vez y de la misma manera, informan sobre las acciones del gobierno y de los ciudadanos; [pues las personas]desean, crecientemente, tener algo que decir cuando se trata de perfilar y definir los intereses colectivos; ya no están satisfechos con el mero hecho de votar cada cuatro o cinco años” (Bourgon 2010:29-30) .

Por eso es que: «Es posible mejorar los resultados cívicos de la mayoría de los programas y actividades gubernamentales tomando medidas que permitan remover las barreras que dificultan una ciudadanía activa y que estimulen la capacidad de construir lo colectivo y lo comunitario.” De forma tal que sea posible: “[…] expandir el concepto de accountability desde aquel que implica rendir cuentas por los procesos relativos al ejercicio del poder por parte de los funcionarios públicos a un concepto de rendición pública de cuentas, que implique avanzar hacia un sistema integral de resultados societales. Ello puede asumir la forma de un sistema comprensivo de informes públicos, como, por ejemplo, un cuadro de mandos nacional o, más ambicioso aun, un sistema de rendición de cuentas compartido en el cual muchos actores están involucrados [… ] posibilitando el acceso ciudadano al gobierno –incluido el conocimiento manejado por éste– en sus propios términos y de acuerdo a sus propias necesidades (Bourgon 2010:31). Y agrega que, en lugar de: “[…] tener funcionarios públicos que ejercen discrecionalmente toda la autoridad que deriva de la flexibilidad que existe en la mayoría de los programas y actividades gubernamentales, habría que conducir a los ciudadanos y a la comunidad al ejercicio de la discrecionalidad en su propio beneficio, con el objeto de satisfacer sus propias necesidades dentro del marco de la ley y de una manera que implique respetar las responsabilidades profesionales y políticas”.

Propuestas que están lejos de ser inocentes, pues al afirmar lo anterior la autora sabe que: “La participación también puede transformarse en dogma, como por ejemplo, sostener que siempre una mayor participación es mejor y que ella es el único camino para hacer las cosas en el gobierno –sobre todo teniendo en cuenta que […] puede ocurrir que el proceso de consulta sea secuestrado por grupos de interés” (Bourgon 2010:32). Errores impuestos según mi experiencia por un tipo de institucionalización de las formas de participación –organizados y financiados por subsidios de organismos trasnacionales de crédito– que suponen que un proyecto de uno o dos años permite crear el famoso capital social (Saltalamacchia 2015) que habría de hacer realidad las mejoras que promueven. Expectativas que nunca se cumplen ni son usualmente incorporadas en evaluaciones ex post; pero que, según mi experiencia en la evaluación de tales planes, nunca logran afianzar esas organizaciones.

Razón por la cual la autora advierte con certeza que esa participación es digna de ser impulsada pues, por una parte, “[…] estimula una ciudadanía activa, empodera a las comunidades y desarrolla el espíritu cívico”; y al mismo tiempo […] provoca un mayor apoyo a las iniciativas del gobierno y permite obtener mejores resultados de las políticas públicas.» (Bourgon 2010, 33). Ya que, “[…] las opciones que las personas adoptan y las acciones que ellos realizan en su casa, en el trabajo, en sus familias o en sus comunidades son las principales contribuciones a la salud pública, a la seguridad colectiva o a la limpieza del medio ambiente». Sabiendo que “[…] En la medida que los gobiernos se muevan hacia la producción de resultados con los ciudadanos, fortalecerán un conjunto mucho más completo de relaciones con ellos» (Bourgon 2010:37) Ya que es: “[…] cada vez más claro que las definiciones y soluciones que más importan son aquellas cogeneradas por las partes relevantes que están afectadas por el problema. Aun si el conocimiento que manejan es imperfecto, el proceso de creación conjunta adquiere el mayor valor, porque abre la posibilidad de concertar una acción colectiva” (Bourgon 2010:45).

Como puede apreciarse, pese a la indispensable síntesis, el pensamiento de la experta es claro. Lo que es menos evidente es que puedan ser ejecutadas sin superar la distinción: “público/ privado”, y las consuetudinarias formas de organización burocrática organizadas según la idea de que existe una distribución de saberes que la habilitan a tratar con indulgencia, en el mejor de los casos, a ese público para –y no con– el que trabajan. (Ochoa H, Haydée C, y Estevez 2006). ¿Es cierto que ese saber es suficiente?

El saber: perspectivas y limitaciones burocráticas

Desde el renacimiento el conocimiento reconocido fue un exclusivo producto de la deducción o inducción, a cargo de expertos. Con el agregado de que las leyes de la razón parecían tan objetivas como los resultados de su ejercicio. Supuesto que los comerciantes podían suscribir sin peros, pues esas eran las mismas leyes que regulaban los mercados. Por eso fue que desde el renacimiento el poder de los escritorios, la burocracia, asimiló esos laureles, presentándose como la culminación de los procesos culturales de racionalización (Weber 2000).

Ya hacia finales del siglo XIX ese fue el ambiente en el que las teorías elitistas compitieron con las ideologías socialistas, en medio de revueltas que produjeron grandes temores en las burguesías europeas y norteamericanas (Ruxconi y Rossi 1981). Temores que no impidieron, sino coadyuvaron a que la gran industria se instalara exitosamente; y, con ella, la administración “científica” del trabajo y la producción en masa, asociadas a la concentración y centralización de las empresas (Coriat 1992).

Como contracara de esa incorporación del saber a las maquinarias y a sus inventores, las ideologías cientificistas ganaron prestigio y en epistemología ellas tuvieron su consumación en las producciones de los Círculos de Viena y de Berlín. Momentos que diesen cuerpo a lo que Marcuse (1993) denominase racionalidad tecnológica; cuyos fundamentos y el modo en que se manifestaron –el Nacismo, el Fascismo, el estalinismo y los keynesianismos de Inglaterra y los Estados Unidos–, no podría examinar aquí. Aunque si interesa remarcar que, pese a sus grandes diferencias, en todos esos sistemas se expresaba el ideal de una razón técnica o instrumental con capacidad para planificar la vida política, económica y social. Convicciones respecto a las que las teorías de las elites (Carreras 1991) produjeron teorizaciones de gran difusión en la época.

Recordando el aire

Por cierto, nadie nos debe explicar cómo respirar ni cómo movilizar nuestra sangre y linfa. Es un saber hacer con el que nacemos. No ocurre lo mismo con nuestras relaciones con el ambiente en el que vamos creciendo. Pero al hacerlo vamos aprendiendo a adaptarnos activamente y al hacerlo producimos saberes que florecen, incorporando saberes específicos y difícilmente transferibles. No porque estén ocultos ni formen parte de una esencia espiritual trascendente sino porque son saberes que nos permiten manejarnos en contextos específicos y, como veremos enseguida, cuando confiamos en esas habilidades, nos permiten ir rectificando nuestras conductas según el mayor o menor éxito logrado en cada intento. Habitus, nombraba Pierre Bourdieu a los peculiares saberes que producía el lugar en de la sociedad en que vivimos, según nuestras capacidades de consumo de salud, alimentación, techo, etcétera. Pero esas conceptualizaciones no llegan a profundizar en la importancia de esos saberes en las cuestiones relativas a la administración de nuestras vidas cotidianas. Para subrayar lo intransferible de esos saberes conviene recurrir a teóricos del saber práctico y mirar desde allí la arbitraria división entre administradores y administrados.

Peirce y Polanyi y los saberes del hacer

El predominio ideológico racionalista no fue ciertamente homogéneamente compartido. Los neokantianos alemanes opusieron sus reparos en la misma época en que la razón tecnológica se extendiera por los países capitalistas de occidente. Pero para los propósitos de este artículo me detendré solamente en dos teóricos que me permitirán producir los fundamentos de próximos apartados. El primero de ellos es Charles Peirce, uno de los padres del pragmatismo, que puso en cuestión, de manera definitiva, lo que había sido el elemento común de las ideologías racionalistas antes aludidas (Peirce 1931). Dados los límites y pretensiones de este artículo, del extenso trabajo de pragmático norteamericano vale recordar solamente dos aspectos: 1) la abducción y el experimento como formas de creación de conocimientos nuevos y 2) la importancia de los conocimientos preexistentes como base para la formulación de las hipótesis que habrán de guiar la exploración, la investigación y la innovación. Dados esos supuestos, la vanagloria de la verdad, de la objetividad y de las certezas científicas se consumieron en el fuego de una propuesta según la cual el hacer guiado por los saberes existentes produce triunfos cognitivos siempre hipotéticos y solamente válidos para su implementación y posterior evaluación de resultados, que impulsan nuevas investigaciones.

Si Charles Peirce rompió con el universo de certezas empiristas y racionalistas, dando respuestas hasta ahora irrefutables sobre la lógica que gobierna la creación de conocimientos, Michael Polanyi redescubrió esos saberes preexistentes, incorporados en nuestros haceres, al crear la noción de ‘saberes tácitos”. Lúcido en el examen de su propia práctica y de la de sus colegas, rechazó los dogmas positivistas a los que antes hiciera referencia.

Sin tener quizá noción de la existencia de líderes como Antonio Gramsci y habiendo apenas visitado la literatura sobre saberes inconscientes, aportó a ambas teorizaciones de modo fundamental.

Con relación a las propuestas de Gramsci –ampliadas por una importante literatura sobre sentido común, habitus o similares, a las que hice referencia en un artículo anterior– la mirada de Polanyi aporta nuevos instrumentos para pensar sobre un concepto importante, pero poco trabajado, que es el de “núcleo de buen sentido” que refiere al saber que produce la experiencia.

En cuanto a los roces con la literatura sobre inconsciente aporta una mirada que no se limita a pensar lo inconsciente como producto de represiones culturales sobre las pulsiones sino a un saber producido por la experiencia laboral de cualquier tipo, lo que encuentra en todo caso ecos importantes en lo que más tarde fue objeto de una parte de la literatura cognitiva.

Dicho lo cual, es evidente tanto la diversidad de frentes de investigación que se abren a partir de los trabajos de Polanyi como la imposibilidad para explorarlas en este aporte y, al mismo tiempo, permite percibir que, en un artículo de estas características, solamente cabe recordar uno de esos aspectos: el referido a los saberes de los distintos tipos de ciudadanos y sus específicas relaciones con los saberes de los integrantes de los órganos electivos y/o de las burocracias gubernamentales (Polanyi 1966; 2005). Estos componentes tácitos del saber explican el arte de entender el todo, combinando, intuitivamente, el saber incorporado de cada uno de los aspectos de la cuestión con un enfoque general, destinados a resolver problemas de sus vidas cotidianas.

Por eso es que, superando los supuestos liberales, debemos jerarquizar el rol de las instituciones intermedias, incorporándolas en el diagnóstico y la gestión de sus necesidades, junto a los miembros de las respectivas agencias burocráticas. Un ejemplo entre muchos de esas posibilidades la podemos encontrar en las propuestas referidas a la economía social (Gravois y Persico 2017; (Frente Patria Grande) 2019) o las propuestas del Frente Sindical para el Modelo Nacional, entre muchos otros. Escaso hubiese sido el éxito de la prevención y ayuda a los barrios populares sin la capacidad organizativa y el prestigio de los líderes de las respectivas organizaciones barriales; articulación que, durante la prueba inesperada de la pandemia, hicieron posible tanto la resistencia organizada frente a la pobreza y la enfermedad como la intervención de las entidades gubernamentales en territorios que les son desconocidos y en los que sus miembros son personajes extraños y, en principio, pasibles de merecer la prudente distancia propia efecto de tantas muy desafortunadas experiencias con miembros del gobierno.

El Estado-Nación como emergente de saberes

El hacer cotidiano produce conocimientos que son indispensables para llevar a buen puerto obras de impacto comunitario. Sin embargo, los miembros de esas instituciones apenas si llegan a esas oficinas gubernamentales. En muchas comunidades esto de ir a hacer trámites o reclamos requiere de personas muy bien dispuestas y con entereza para superar la indiferencia y las distancias afectivas con que frecuentemente son tratados. Lo que es también el efecto de una organización que hace un culto del secreto burocrático que da poder; aunque en otros casos la lejanía se debe a la necesidad de cuidarse frente a dos cuestiones cuyos efectos son convergentes: a) la angustia producida por el dolor y la urgencia de los problemas con que llegan los vecinos y la impotencia frente a una burocracia que ellos saben que no producirá soluciones; y b) la necesidad de proteger sus tranquilidades de empleados, evitando el control que los demandantes podrían ejercer sobre su trabajo. Se trata, en todos los casos, de algunos de esos problemas kafkianos producidos por la distancia existente entre las racionalidades burocráticas y las soluciones demandadas. En esos vericuetos, los propios empleados son digeridos por la maquinaria y sobreviven gracias a esas indiferencias cultivadas (García 2007). Cultura que se vería transformada desechando la arbitraria separación de estatuto que impone la distinción “estado/sociedad civil” pasando a comprender que todas las instituciones forman parte de la organización del estado-nación y que están interrelacionadas con las burocracias públicas y que deben intrincar esas relaciones. Cambio que facilitaría un modo colaborativo en el gobierno cotidiano de lo cotidiano. Con pactos y contratos sociales que podrían ser rehechos según las necesidades de las circunstancias y de los actores involucrados; produciendo unos campos institucionales en que los funcionarios electos puedan aportar su saber especializado; mientras que las partes interesadas aportarían el saber que produce su experiencia directa y las reflexiones maduradas en las reuniones que los interesados harán preparando el trabajo con los especialistas. Todo ello dentro de políticas generales discutidas por los representantes electos desde la perspectiva de los intereses generales que será producidos en esas mismas discusiones, enriquecidas por los proyectos elaborados en las instancias antes propuestas. La complejidad de ese equilibrio requiere equilibrar y modular las responsabilidades y posibilidades con los derechos y deberes de los ciudadanos y de sus representantes electos. Lo que, por otra parte, no implica la creación de nuevas instituciones, ya que muchas han nacido pese a las ficciones liberales (Helming y Göbel, 1998). De modo tal que la política, como forma de articulación y superación de conflictos, sea un aspecto siempre presente en el accionar de todas las instituciones.

Nuevo modo de reconocer y jerarquizar a las asociaciones particulares que pululan en la Argentina, gracias a su rica tradición organizativa y que –junto otras instituciones que pueden ser más nuevas– conforman el entramado que todos habitamos. Moradas de los cotidianos, instituidas por organizadores y dirigentes que, por sensibilidad, experiencia y estudio conocen las problemáticas que han dado origen a esas instituciones y que pueden colaborar con los funcionarios del ramo, en el día a día de los proyectos. Lo que se verá reforzado por los liderazgos que –desde sus posiciones y prestigios– auxiliarán en la proyección y articulación de iniciativas de los involucrados en cada política, en las negociaciones tendientes a unificar posiciones y en la resolución de los conflictos que pudiesen producirse en el proceso. Reorganización que puede cubrir situaciones tan diversas como las de los agricultores de una cierta región, los estudiantes universitarios de otra, los dueños de campos con problemas de inundaciones o sequías, los pobladores que protestan por las secuelas de las fumigaciones, los obreros o empleados que negocian paritarias, las PYMEs y sus angustias y un largo y conocido etcétera. Modo de resolver los problemas particulares y generales dando lugar a un Estado-nación soberano, capaz de enfrentar con fuerza propia las necesidades y urgencias producidas por la presión de las multinacionales o trasnacionales; que poseen una fuerza mayor que la mayor parte de nuestros estados.

Cuestiones de soberanía

Comentando formatos institucionales semejantes a los que acabo de referir, Fernández Riquelme (2009, 39) decía: “Esta técnica corporativa superaba o completaba el principio cuantitativo del Individuo (sufragio universal) como criterio de participación; era el reflejo del principio de estabilidad que conllevaban los grupos sociales de naturaleza específicamente profesional, o de más amplia vinculación orgánica (‘cuerpos intermedios y naturales’ entre ‘Estado e Individuo’)”. Mientras que, refiriéndose al mismo tema, J. Reis (1995, 52) agregaba: “Nesse contexto, instituições corporativas de intermediação de interesses podem vir a cumprir a dupla função de incorporar ao processo decisório setores sociais anteriormente excluídos, ao mesmo tempo que canalizam institucionalmente essa incorporação. Naturalmente, isto significará o estabelecimento de controles e limites à atuação das organizações, como ressalta Offe, mas na medida em que se trata de buscar precisamente a edificação de mecanismos de articulação de interesses entre o estado e a sociedade, é inevitável que essa articulação –ao envolver compromissos e concessões de parte a parte– produza, simultaneamente à maior sensibilidade do estado em face dos grupos de interesses, algum constrangimento à liberdade de ação destes últimos”.

Estoy convencido de que el Estado-Nación debe ser representado como un complejo campo de fuerzas que se despliega en todas sus instituciones; incluso en aquellas menos aparentemente políticas como los clubes de barrio, las organizaciones barriales o los hospitales –por citar solo algunas–. Instituciones que deben ser entendidas como parte de redes complejas de organización que trascienden la distinción público-privado. Ya que la agencia política cotidiana no puede adjudicarse –principal ni exclusivamente– a las organizaciones gubernamentales.

Propuesta que no implica suponer que todos sabemos hacer las mismas cosas. En cambio, en la línea de las políticas lideradas por Alberto Fernandez en la Argentina, debemos pensar que la articulación, la superación de conflictos y la acción coordinada son las formas privilegiadas de la política. Conceptualización de lo político que debe incluir, en cada esfera de lo social, tanto aquellas tareas ligadas a la conceptualización y reconceptualización de los objetivos como a aquellas otras destinadas a la administración de los procesos y resultados. Pues para lograrlos, debe participar la pluralidad de las instituciones interesadas e involucradas directa o indirectamente, pues de ese modo se construye inteligencia colectiva y cohesión política comunitaria.

Proceso posible si entendemos que la nación –aun en medio de la globalización capitalista trasnacional– debe ser entendida y actuada como un emergente de relaciones. Comprensión de la soberanía que es posible admitiendo la diversidad de sus orígenes; pero que en todos los casos es indispensable para la construcción dinámica de la casa común; cuya existencia nos permite ejes de identificación y pertenencia; que nos aleja de las angustias que llevan a las soluciones autoritarias, de los nacionalismos que se postulan como curadores a costa de la anulación de las distinciones y agencias individuales. Pues en el decir de Octavio Bueno Magano (1983: 56): “O pluralismo significa a livre atuação dos indivíduos e dos grupos componentes da sociedade civil, na persecução dos interesses que lhes são próprias. Numa síntese mais apertada, poderíamos dizer que o pluralismo corresponde à existência, no seio da sociedade civil, de centros autônomos de produção jurídica, entendendo-se que as normas deles oriundas possuem a mesma natureza das emanadas pelo Estado, com a diferença de que as do último são dotadas de mais intensa positividade. O aspecto de maior relevância do pluralismo é, pois, a negação da exclusividade normativa do Estado”.

A diferencia del autor citado, no creo que sea útil mantener la distinción sociedad civil/estado. Pero eso no evita entender la importancia de su propuesta. Pues la positividad jurídica de las instituciones y normas que regulan toda la vida social es producto de una numerosísima diversidad de luchas, negociaciones y pactos particulares que se van articulando, entre lo particular y lo general; negociaciones obligadas por la necesidad de que las partes deleguen algo de sus propias soberanías singulares en pro de una unificación nacional que nos permita subsistir, como ámbitos de organización de las identidades de sus miembros, al menos mientras no se construyan otras formas de civilización. Procesos que, insisto, tenderán hacia la conformación de redes de articulación y colaboración con las agencias burocráticas especializadas en aquellos aspectos en los que, las específicas misiones institucionales, les dan su razón de ser. Articulación, vale la pena decirlo, que hace posible el ideal de accountability (O’Donnell, 2001). Esa que muchos liberales progresistas buscaron mediante abstractas alusiones a una “cultura democrática”, cuyo ideal parecía radicar en el cuadrante noroeste de la geografía de nuestra ubicación en el mundo.

Por eso, a contramano de esas abstractas alusiones al ágora ciudadana y sus abstractos intelectuales, ningún ciudadano es capaz de conocer todas las cuestiones relativas a la existencia del Estado-nación y sus vinculaciones con el ambiente y las instituciones trasnacionales o internacionales. Pero si se quiere evitar la camisa de fuerza de cualquier autoritarismo, lo que debe construir la unidad es las redes de búsquedas y acuerdos facilitados por la institucionalización de la comunidad. Ya que, al menos en forma parcial, todos conocemos nuestras necesidades y su fundamentación, y como agentes de la solución podemos constituirnos en actores e investigadores de estas; así como incluirnos en las búsquedas y negociaciones con otras instituciones involucradas.

Redes que, al mismo tiempo, deben reconocer y compaginar sus actuaciones con aquellas que, emergentes de procesos electorales representan el interés general. Nueva instancia de articulación donde se discutirá y decidirá sobre las necesidades generales, evitando que triunfen intereses particularistas, sea el de ciertas regiones o sectores de la ciudadanía.

Forma de articulación de la comunidad organizada que es posible. Ya que, en otro nivel, la historia del movimiento peronista, tanto en sus momentos de gobierno como de oposición, muestra una fragua en la que la asociación entre ramas, unidades básicas y varios tipos de otras asociaciones –junto a los partidos políticos del movimiento–, muestran ensayos interesantes para continuar con dicha tradición de formas de articulación múltiples, muchas veces agonísticamente relacionadas, pero que usualmente son capaces de reconstituir la unidad en función del gobierno nacional y popular que los peronistas tenemos como objetivo fundante.

Por ejemplo, refiriéndose a la posible salida de ese tipo de puja en lo que hace particularmente a las reivindicaciones salariales, Reis (1995: 23) reivindica la actuación en y desde esas instituciones intermedias al decir: “a fragilidade político-institucional parece ser, praticamente, condição necessária à emergência de um processo inflacionário crônico e relativamente acelerado –digamos, uma inflação de taxas mensais persistentemente acima dos 10% ao mês. Nesses casos, a estabilização monetária torna-se uma tarefa particularmente difícil, pois trata-se de convencer os agentes a abrir mão de ganhos imediatos em favor de ganhos (talvez até maiores) no futuro –só que, por definição, se há instabilidade política ou fragilidade institucional não há horizonte seguro no médio e longo prazos, e todos os agentes optam por estratégias que privilegiem ao máximo os ganhos imediatos. Por isso é necessário tratar com extremo cuidado as expectativas dos agentes econômicos cruciais, que em contextos como esses se comportam de maneira excepcionalmente ‘nervosa’”.

Una adecuada red institucional permite tramitar los acuerdos necesarios para superar situaciones como esa, que demasiado bien conocemos en la Argentina.

No se trata solamente de un cierto tipo de reconocimiento. Para que el pacto sea posible debe haber un compromiso racional producido en un entorno en que cierta unidad de valores y de referencias simbólicas hagan posible un acuerdo en el que todos flexibilicen sus posiciones en vistas al logro de la estabilidad y el progreso nacional. Eso requiere sentirse partícipes de una aventura o epopeya común.

Cuando la cuestión en discusión refiere a las luchas por mejorar la posición relativa de los ingresos o condiciones de trabajo de cada sector, se trata de que las partes compartan valores y símbolos comunes, indispensables para la construcción de un tipo de institucionalidad y de acuerdos entre las partes que beneficien al colectivo en el concierto de las otras naciones con las que se debe enfrentar y negociar, o confluir y aliarse. Sin ese acuerdo de afectos, valores y símbolos –incluso cuando cada sector atribuya contenidos diferentes a cada símbolo– no hay pacto posible. Pero tampoco lo hay si no existe el ámbito institucional en que las partes sean reconocidas.

Del mismo modo, todas las otras posibilidades y necesidades de acuerdos entre partes deben reconocer la misma dinámica general. Ese podría ser, para citar solamente algunos de los tantos ejemplos, el campo de negociaciones que puede abrirse, en forma permanente, entre las instituciones que agrupan científicos y técnicos de una o de diversas esferas de conocimiento, y empresas o asociaciones empresariales que contribuyan a financiar investigaciones que contribuyan al progreso económico particular y nacional. O grupos de profesionales y trabajadores dedicados a la salud pública debatiendo –en ámbitos dedicados al tema–, conciliando visiones y concertando intereses mediante acuerdos sobre las formas en las que conducir la atención sanitaria en ciertas localidades y en la nación. O grupos en los que empresarios y ambientalistas discutan sobre formas de inversión que, sin destruir sus ganancias, sean menos dañinas para el medio ambiente. Ejemplos que pueden ser multiplicados en forma exponencial y que permitirían que los ciudadanos participen en forma permanente –desde sus respectivas posiciones, saberes y posibilidades– en y sobre aspectos que hacen al futuro de un Estado-nación, y unas relaciones inter y trasnacionales en las que todos nos sintamos comprometidos afectivamente.

Elites y corporativismo

En los albores racionalistas del capitalismo, y a contramano del contractualismo, para Wilhelm Friedrich Hegel la sociedad civil no era la precondición del estado sino un momento de la constitución de su racionalidad. Razón por la cual a las organizaciones intermedias, que ocupaban ese lugar de la sociedad civil, les asignaba el rol de momentos de una organización en la que se superaba la racionalidad del mercado –sociedad de las necesidades– y se perfilaba la racionalidad Estatal (G. W. F. Hegel, 1940; 1968). Esa estirpe conservadora no fue ajena a las expresiones organicistas que pensaban en un orden sin conflictos; unificado desde un vértice capaz de dirigir y controlar a todas las organizaciones intermedias e incluso las empresariales. Dado esos antecedentes, el concepto “corporativismo” cargó con rémoras de sospechas autoritarias.

Sin embargo, en oposición a esas rémoras, se puede sostener el argumento expuesto como otra forma de reconocer el rol de las organizaciones “intermedias” que amplíen la gestión democrática mediante una cotidiana tramitación de innumerables pactos entre especialistas e involucrados; con la virtud de una articulación donde lo público, lo común y lo particular superen el ocultamiento liberal de la dominación capitalista; haciendo posible una participación no solo desde el estatuto genérico del ciudadano sino, también, de los estatutos diferenciados que producen saberes dignos de aunarse en la constitución de políticas acordes con las respectivas posiciones y necesidades. Con lo que se podría gobernar con todos; y no con la resignación elitista del “para todos”.

En su último libro, Democracia, agencia y Estado, Guillermo O’Donnell (2010: 50) indica que, en la democratización, el factor determinante es el o la ciudadano o ciudadana: “dotado de razón práctica y discernimiento moral, que hace uso de su capacidad intelectual y motivacional para tomar decisiones que son en principio razonables en función de su situación y metas, de las cuales, salvo prueba concluyente en contrario, se considera que es el/la mejor juez/a”. Coincido sobre la importancia del ciudadano y su agencia e incluso en que dicho agente es el mejor juez respecto a las razones que lo conducen a pensar y actuar de cierto modo dentro de los límites de las leyes que regulan socialmente sus relaciones con los entornos institucionales en los que actúa. En cambio, no coincido con la perspectiva interaccionista en la que se apoya, ni con la implícita creencia en el predominio de elecciones racionales y de acuerdos fundados principalmente en argumentos; ni, incluso, con que el reconocimiento de la igualdad ante la ley baste para suponer una real semejanza de capacidades y posibilidades relativas de agencia en todos los ciudadanos por igual. De hecho, una parte importante de las estructuras de roles personales y sociales participan de la constitución del campo político y deberían ser contempladas en los procesos de organización social. Ya que, aunque las instituciones del régimen político no las contemplen, ellas se hacen presentes bajo la forma de grupos de presión fácticos. En contra de ellas, el rechazo del individualismo liberal es lo que me conduce a recordar modos de construcción social que el movimiento peronista contribuyó a posibilitar prácticamente y que el presidente Perón incorporó en la Comunidad Organizada; parte de cuyo escrito fue presentado en el Primer Congreso Nacional de Filosofía de 1949 (Perón, 2006).

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Homero R. Saltalamacchia es doctor en Ciencia Política, profesor e investigador (UNTREF).

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