Clase media y meritocracia en Argentina

Juan Carlos Herrera

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La reversión de los procesos populares en América Latina y el comportamiento electoral de las capas medias –o de aquellos que experimentaron los beneficios de la movilidad social ascendente como efecto de las políticas llamadas “populistas”– lleva a preguntarse por las razones del voto que favorecieron el triunfo de candidatos de ideología neoliberal que dictan políticas contrarias a los derechos y los intereses de esos mismos sectores.

Se ensayan diversas explicaciones del fenómeno: las referidas a las manipulaciones operadas por los medios de comunicación que trastocan la realidad de los hechos: “fake news”; la saturación de imágenes y consignas dirigidas a sustituir la racionalidad por la emocionalidad; y también ciertas limitaciones de los gobiernos populares para comprender la complejidad que configura a las preferencias electorales en la era digital y para vincular la gestión de las políticas públicas con la formación de la conciencia cívica en defensa del Estado Nacional y la promoción de nuevos modos de sociabilidad democrática. Todo ello, sin ignorar los prejuicios sociales arraigados en los sectores medios y altos ante la manifestación de demandas populares y la legitimidad de políticas redistributivas del Estado que exacerban los reflejos defensivos de estos sectores ante la emergencia de eventuales competidores: “nadie que nace pobre puede ir a la universidad”. O inclusive la conversión de los recién llegados al umbral de bienestar: el instinto de supervivencia les impulsa a patear la escalera del ascenso social para que nadie más pueda seguirlos.

En este contexto, advertimos el recurso permanente a la idea del Mérito, como reconocimiento al esfuerzo propio: “todo se lo debo a mi esfuerzo”, una construcción retórica que intenta reflejar cierta identidad de la Clase Media, desconociendo un contexto histórico que activó cambios económicos y políticos para hacer posible la expansión de la movilidad social en nuestro país gracias a la acción reguladora del Estado Nación. Es cierto que la idea del mérito –casi como una derivación del concepto de Virtud Ciudadana y opuesta al arbitrio de los privilegios– operó como un valor de integración en una sociedad fundada en la provisión del trabajo –cultura del trabajo y el esfuerzo. Pero esta idea ha sido resignificada por el paradigma neoliberal para transmutar el concepto del deber por la propensión al riesgo: la figura del emprendedor que intenta actualizar los valores del Pionero que desafiaba condiciones adversas para alcanzar el éxito. Así, la meritocracia se define como un sistema de selección de individuos en base a conocimientos y prácticas que se jerarquizan de acuerdo con principios de competencia y eficiencia para la toma de decisiones.

Como vemos, se trata de una idea-valor de-socializada que poco tiene que ver con el esfuerzo personal y compartido, sino más bien con capacidades individuales extraordinarias. No es lejana a la concepción de la vieja oligarquía argentina, para quien la meritocracia era el canal de selección de elites que profesaban los valores de un orden jerárquico y restrictivo, anclado en la naturalización de las desigualdades sociales y gerenciado por los detentadores de la renta agropecuaria con el control de la administración pública.

Aquella sociedad oligárquica experimentará cambios determinados por factores externos e internos a partir de la poscrisis de 1930 que instauran un orden autoritario con amplias funciones de regulación e intervención en la sociedad y que, paradojalmente, propiciará la emergencia de la Clase Media. Se trata de una clase formada por una pequeña burguesía comercial e industrial, profesiones liberales y funcionarios públicos, con una dinámica de intereses que la diferencian de la oligarquía rentística y de la clase baja, formada por un proletariado rural y urbano con alto grado de informalidad laboral que comienza a transitar hacia la modernidad capitalista. Esta clase intermedia, como la define José Pablo Feinmann, vivirá su identidad ambigua en el deseo por convertirse en clase alta y en el miedo a degradarse en clase baja. En esa ambivalencia se encuentra la potencialidad y las limitaciones de este diverso estrato social que oscila entre la reivindicación de una identidad propia y derivas imitativas del exclusivismo oligárquico.

La Clase Media es entonces hija del Estado y no del Mercado, como presumen sus epónimos con una vocería de sentido común: “a mí nadie me regaló nada”, invocación de un pretendido individualismo que realza la libre competencia con desiguales oportunidades. En nuestro país, la oligarquía representa la histórica apropiación del Estado por sus intereses facciosos, prácticas prebendarias y relaciones clientelares, con el recurso a la violencia discrecional para sostener su hegemonía, reparto de tierras, asignación graciosa de ámbitos de gestión burocrática y alineamiento a los poderes fácticos foráneos. Esta élite exclusiva y excluyente ha logrado configurar un Estado parcializado y parcelizado en su beneficio, donde la idea de mérito tiene que ver con el privilegio, el abuso y la injusticia: “te hicieron creer que tenías más derechos que deberes”.

La progresiva instauración –en la década de 1930– de mediaciones institucionales propias del Estado de Derecho resultó en limitaciones al poder discrecional de esa clase dominante por la imposición de organismos reguladores en materia financiera, impositiva y comercial: creación del Banco Central, Ley de Impuesto a los Réditos, Juntas Reguladoras del Comercio Exterior, entre otras. Esta situación empujó a la oligarquía a establecer alianzas defensivas con representaciones políticas de los sectores medios para garantizar la supremacía en última instancia de su poder rentista, agropecuario y financiero. En este marco, la oligarquía resignifica la idea del Mérito que la Clase Media reivindicaba como valorización del esfuerzo individual contra el privilegio, y la instrumenta para negar validez a las funciones reguladoras y protectoras del Estado y socavar el desarrollo de las políticas públicas. El paradigma oligárquico es la no-regulación, sustentada en el mito de la libre competencia, por lo que busca sus alianzas a partir de la coincidencia de intereses con los sectores medios en expansión, levantando la bandera de la Igualdad de Oportunidades como un sucedáneo retórico para ocultar la desigualdad y la disparidad de las condiciones sociales que inhiben la libre competencia.

La Clase Media olvida el contexto histórico que la hizo posible gracias a la acción reguladora y protectora del Estado para la expansión de sus derechos sociales. Acceso universal y gratuito a la educación, salud y otros servicios públicos, créditos subsidiados, protección del mercado interno, subsidio a las exportaciones, normas de promoción para igualar condiciones con la competencia externa, innovaciones subvencionadas en ciencia aplicada y tecnología, regulaciones laborales, etcétera. Sin el Grito de Alcorta que produjeron en 1912 los arrendatarios –con las movilizaciones que arrancaron decisiones reparadoras al Estado Nacional–, sus descendientes, devenidos en propietarios, no disfrutarían de la bonanza sojera. La Clase Media es hija del Estado y de su función de igualar las condiciones de los actores individuales para el acceso a bienes y recursos que permiten la competencia y el progreso.

El Peronismo, asimismo, expandió las funciones del Estado para integrar la Clase Trabajadora en una Democracia de Bienestar, donde la idea del mérito se asocia al esfuerzo personal en el marco de los intereses y los derechos colectivos: “nadie se realiza en una sociedad que no se realiza”. Este proceso de ampliación de derechos le configuró un desafío a la Clase Media instalada en la defensa egoísta de sus intereses, al extremo que –en ocasiones– el miedo a la disputa por la ampliación de los beneficios sociales la pudo haber empujado a confundir la defensa de privilegios ajenos con la de sus propios derechos. En este marco se incuban conductas reactivas ante la dinámica democratizadora. Reaparece entonces el ideario restrictivo de la oligarquía, sustentado en la consolidación de las desigualdades naturales, y emerge una sociedad fragmentada donde los impulsos integradores son desahuciados en una dinámica disgregadora que invoca el mito individualista, de la supervivencia del más apto. Así, la Sociedad Meritocrática se organiza en torno al éxito y desprecia los valores de lealtad y confianza. El proceso de selección de elites exige la exclusión de sectores sociales. La amoralidad del sistema selecciona a los ganadores y desprecia a los perdedores.

El escritor inglés Michael Young, en su libro publicado en 1958, El Ascenso de la Meritocracia: 1870-2033, plantea que la idea de la meritocracia no tiene que ver con el reconocimiento al esfuerzo individual, sino con la consolidación de un imaginario social impuesto por una casta dirigente que impone el orden del poder y el dinero y el derecho a determinar quién entra y quién queda fuera. El resultado es una creciente inequidad, donde quienes pierden deben resignarse a su fracaso personal. Como dice Richard Sennett, “la desigualdad es un hecho tan elemental de la experiencia humana que la gente trata constantemente de darle sentido”.

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