Acción colectiva y movimientos sociales. ¿Y la política dónde está?

María Virginia Quiroga

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La historia reciente de las democracias en América del Sur ha mostrado algunas persistencias y varios cambios que podrían analizarse desde la ventana de la acción colectiva. Mujeres que luchan por la igualdad de género, identidades sexuales diversas que reclaman reconocimiento, inmigrantes que reivindican sus derechos en el marco de fronteras no tan globales, ecologistas preocupados por modelos alternativos de desarrollo, campesinos que pujan por la redistribución de la tierra, indígenas que buscan autonomía y respeto, desocupados que se organizan por la supervivencia, trabajadores que pretenden mejorar sus condiciones laborales… Estos son sólo algunos de los rostros y las voces que asume la acción colectiva contemporánea como catalizadora de la dinámica orden-conflicto en la región. Unos y otros, unas y otras, irrumpen en el espacio público latinoamericano procurando generar cambios en la correlación de fuerzas.

Para ir aclarando el panorama conceptual, cuando nos referimos a la acción colectiva lo hacemos para agrupar una serie de problemas, temas y prácticas que remiten a la organización y la movilización de diversos sujetos sociales en el espacio público, con un sentido y una proyección determinada. De este modo, acción colectiva constituye la expresión más abarcadora, por sobre la de organizaciones, protestas y movimientos sociales, los cuales mostrarían características específicas de acuerdo con la perspectiva teórica que se adopte para su estudio.

Diversos abordajes sobre el tema han coincido en destacar que el avance del siglo XXI mostró un paulatino acercamiento entre actores colectivos y arena político-electoral, ya sea con la formulación o la consolidación de estrategias políticas propias, como a través del apoyo a los gobiernos del llamado “ciclo progresista”. Algunos autores sostuvieron que se trataba de la cooptación de organizaciones antes autónomas, mientras que otros analistas refirieron a su genuina inclusión en la dinámica de la participación estatal. No obstante, hubo consenso mayoritario en que el abanico de la acción colectiva se reconfiguró a partir de la lectura de los procesos políticos en curso.

En este escenario se consolidaron nuevos ejes de la acción colectiva, que no reemplazaban a los anteriores pero los resignificaban a la luz de nuevos contextos, a la vez que agregaban mayor complejidad y diversidad. Siguiendo la propuesta de Breno Bringel y Alfredo Falero (2016), antes que nombrar a una serie de colectivos movilizados como objetos delimitados de estudio, podríamos visualizar transversalmente las diversas luchas sociales que se fueron conformando en la región, las cuales ponen en juego una rica multiplicidad de clivajes, tradiciones y voces.

En primer término, la persistencia –especialmente recobrada en los últimos años– de las luchas vinculadas al trabajo. Conviven en este campo tanto las reivindicaciones por mejoras en las condiciones laborales –principalmente la puja salarial–, como la demanda por empleo en blanco, o simplemente por acceso al mercado de trabajo. Al mismo tiempo, esas luchas se expresan por vías plurales que articulan a las tradicionales organizaciones sindicales con nuevas formas vinculadas a empresas recuperadas, cooperativas y movimientos de desocupados.

En segundo lugar, la continuidad de luchas vinculadas a derechos sociales como educación, alimentación, salud o vivienda digna: son aquellas reivindicaciones fundamentales para la profundización del proceso de democratización política y social en la región, el cual se ha visto seriamente afectado por el ascenso de gobiernos de una “nueva derecha”, especialmente en la Argentina de Mauricio Macri (2015-2019) y el Brasil de Michel Temer (2016-2018) y Jair Bolsonaro (2019-2022). Actualmente, se desarrollan diversas movilizaciones e iniciativas que procuran resistir los procesos de achicamiento del Estado –vía reducción del gasto público, reformas del sistema laboral y previsional, entre otras.

Tercero, las luchas vinculadas a la memoria, la justicia y la identidad. Las mismas nuclean un amplio abanico de movimientos y de acciones desplegadas para la defensa y la recuperación de determinados derechos políticos, culturales o identitarios que resultaron vulnerados. En ese sentido, por un lado, destacarían los organismos de derechos humanos que encabezaron la lucha por verdad y justicia en relación a los delitos cometidos por las dictaduras cívico-militares, y que en la actualidad intentan mantener viva esa memoria, al tiempo que se involucran en las acciones para frenar el avance de la criminalización de la protesta social. Por otro lado, se erigen y consolidan aquellos colectivos que pujan por el reconocimiento de derechos para identidades sexuales y de género diversas, cobrando destacada notoriedad el movimiento feminista que en Argentina se agrupó en torno al “Ni una menos” y la lucha por la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

En cuarta instancia, cabe citar las acciones vinculadas a la defensa del territorio y los recursos naturales en tanto bienes comunes. Estos colectivos sociales se expandieron durante el “ciclo progresista”, resistiendo el avance de la megaminería a cielo abierto, los proyectos de grandes trazados urbanos, el agro-negocio, la producción de biocombustibles, entre otros procesos extractivos. Lejos de frenar con dichas prácticas, los gobiernos del “giro a la derecha” las profundizarían, de modo que estas luchas siguen teniendo notable centralidad.

Es importante advertir que esta sistematización constituye sólo uno de los tantos modos en que podría representarse el amplio arco de colectivos movilizados en la América del Sur contemporánea. Ninguno de estos ejes de la acción colectiva es absolutamente independiente, sino que están atravesados por una multiplicidad de clivajes. Los conflictos de clase se entrecruzan, por ejemplo, con los de raza y género. A veces los indígenas encabezan demandas sociales, pero en otros momentos pujan por modificar la forma Estado e, incluso, se expresan como trabajadores campesinos en lucha por la tierra. Las mujeres se movilizan por la memoria (por ejemplo, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina), pero también lo hacen por el territorio y en contra del avance extractivista (por ejemplo, las Madres de Barrio Ituzaingó en Córdoba-Argentina) y en ambos casos trasladan una situación personal-privada –ser madre– al ámbito de lo público con amplia vocación de transformación social.

La difícil coyuntura regional –en términos de indicadores macroeconómicos negativos y consecuencias sociales altamente perjudiciales para las mayorías populares– requiere de la agudización de estas luchas y su articulación política. Esto es, necesitan construir lazos de solidaridad y equivalencias hacia el interior, divisando objetivos y antagonistas comunes, e involucrándose en proyectos con capacidad de agregación y de disputa en torno a los roles de autoridad-poder (Laclau y Mouffe, 2004).

En suma, el calificativo social que acompaña a los diversos actores movilizados que venimos mencionando (movimientos sociales, protestas sociales, organizaciones sociales) no debería soslayar su carácter eminentemente político. Se trata de sujetos políticos porque problematizan el orden existente; porque, desde los márgenes del discurso hegemónico, logran irrumpir y dislocar –en proporciones diversas­­– al orden establecido, haciendo una demostración “política” en el sentido ranceriano del término.

Justamente la especificidad de la política reside en aquel desplazamiento de sujetos que reniegan de su lugar social legítimo. En palabras de Rancière, “la actividad política es la que desplaza a un cuerpo del lugar que le estaba asignado o cambia el destino de un lugar; hace ver lo que no tenía razón para ser visto, hace escuchar un discurso allí donde sólo el ruido tenía lugar” (Rancière, 1996: 45). Desde esa óptica, diversos sujetos colectivos se organizan para visibilizar su descontento con aquellos lugares y roles a los que “naturalmente” estarían destinados: “las mujeres para la vida privada en el hogar”, “los indígenas para las labores del campo”, “los pobres confinados en sus barrios”.

En definitiva, la política está allí donde se ponen en cuestión las bases del orden social, político, cultural o económico. La política está allí donde hay algo que aún nos incomoda, y solo actuando “políticamente” se habilitan las necesarias posibilidades del cambio.

 

Bibliografía

Bringel B y A Falero (2016): “Movimientos sociales, gobiernos progresistas y Estado en América Latina: transiciones, conflictos y mediaciones”. Cuaderno CRH, 29, Salvador.

Laclau E y C Mouffe (2004): Hegemonía y estrategia socialista. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica

Rancière J (1996): El desacuerdo. Política y Filosofía. Buenos Aires, Nueva Visión.

 

María Virginia Quiroga es doctora en Estudios Sociales de América Latina, licenciada en Ciencia Política, docente e investigadora en la UNRC y el CONICET.

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