Hay, actualmente, un profundo debate sobre la universidad en la Argentina. En realidad, es un debate que con más o menos énfasis se viene dando desde mitad de los 90, no casualmente cuando se consolidaron las reformas económicas que se instrumentaron desde el Plan de Convertibilidad, orientadas por los lineamientos del Consenso de Washington. Como tantas otras áreas estatales y políticas públicas, el estatuto de la educación universitaria empezó a ser cuestionado.
La historia de la Universidad Argentina observa un jalón histórico en la muy conocida Reforma Universitaria de 1918, un suceso inédito en la historia política latinoamericana de la época. Desde la Reforma, el desarrollo y las consiguientes aperturas del sistema universitario nacional tuvieron como piso innegociable sus postulados. Para decirlo contundentemente, la Reforma Universitaria gestó indisolublemente la condición democrática de la universidad argentina y la idea del derecho a la educación superior para cualquier ciudadano argentino: la universidad como un derecho y no como una dádiva estamental.
Pero mucho menos conocido es otro hecho histórico en la historia universitaria que proveyó las condiciones materiales definitivas para consolidar ese derecho a la educación superior: el Decreto 29.337 del 22 de noviembre de 1949 que consagra e instituye la gratuidad de la educación universitaria. De la misma manera, pero desde otra perspectiva, obliga al Estado a proveer y financiar la educación superior a todos los ciudadanos que deseen acceder a ella. Veamos el texto y su espíritu:
“Considerando: que el engrandecimiento y auténtico progreso de un Pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcanza cada uno de los miembros que lo componen; que por ello debe ser primordial preocupación del Estado disponer de todos los medios a su alcance para cimentar las bases del saber, fomentando las ciencias, las artes y la técnica en todas sus manifestaciones; que atendiendo al espíritu y a la letra de la nueva Constitución es función social del Estado amparar la enseñanza universitaria a fin de que los jóvenes capaces y meritorios encaucen sus actividades siguiendo los impulsos de sus naturales aptitudes, en su propio beneficio y en el de la Nación misma; que como medida de buen gobierno el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legitima vocación; que dentro de la Nación y de acuerdo con la misión específica que la ley les impone, son las universidades, especialmente, las encargadas de difundir la cultura y formar la juventud; que una forma racional de propender al alcance de los fines expresados es el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país.
Por ello y de acuerdo a lo aconsejado por el Sr. Ministro de Educación, el presidente de la Nación Argentina decreta:
Art. 1°: Suspéndese con anterioridad al 20 de junio de 1949 el cobro de los aranceles universitarios actualmente en vigor. El Ministerio de Educación propondrá a la consideración del Poder Ejecutivo, dentro de los 30 días de la fecha del presente decreto, con intervención del Ministerio de Hacienda, las normas a que se ajustará la aplicación del presente decreto.
Art. 2°: Por el Ministerio de Educación se procederá a determinar la incidencia que financieramente tenga en cada organismo universitario la medida a que se refiere el artículo anterior, debiendo –en el caso de que los menores ingresos por derechos arancelarios no puedan ser compensados con los recursos específicamente universitarios– proponer al Ministerio de Hacienda el arbitrio que estime corresponder.
Art. 3°: El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educación y de Hacienda de la Nación.
Art. 4°: Comuníquese. Juan Domingo Perón, Ramón A. Cereijo, Roberto A. Ares, Oscar Ivanissevich, Alfredo Gómez Morales, José C. Barro”.
Cabe destacar que en las propuestas reformistas de 1918, y dado su espíritu democratizante, se habían presentado algunas ideas acerca de cómo financiar la educación superior, y cómo mejorar la accesibilidad. Pero –y en esto incidió seguramente el carácter de la época y la conciencia del gran paso adelante que se había dado– el tema arancelario solo se saldó en este Decreto de 1949. Y un día la universidad argentina también fue gratuita para los habitantes del país.
Tras ese paso, la universidad atravesó varios hitos: la disputa entre laicas o libres, respecto a las universidades privadas; la intervención a las universidades en el onganiato; la disputa entre las cátedras marxistas y las nacional-populares durante el tercer gobierno de Perón; la intervención durante la última dictadura y el intento efímero de arancelar los estudios universitarios; la “primavera” democrática y la vuelta de profesores y científicos exiliados; el menemismo y la cultura de las privatizaciones. Pero sobrevivió la universidad argentina, pública, masiva y gratuita.
De igual manera que todo el sistema educativo, su condición pública y gratuita produjo que la universidad fuera vista y considerada una institución necesaria, por derecho, para acceder a las calificaciones profesionales necesarias para vincularse en buena forma al mercado de trabajo, a la vez que un reservorio de derechos y de justicia social. En las épocas económicamente críticas es cuando miles de personas, sobre todo jóvenes, más acceden a los estudios universitarios, buscando en ellos un reaseguro futuro para un presente inestable.
Ahora bien, en esas épocas críticas –y en ellas ubico también al presente– además asoman los embates sobre la universidad, que intentan rediscutir el sistema universitario a la luz de una economía en situación recesiva. En la actualidad surge una fuerte discusión sobre la naturaleza, la función, la necesidad y la efectividad del sistema universitario nacional. Cabe apuntar una disquisición conceptual respecto a este sistema de educación superior, no semántica sino política, que vincula a la universidad –sobre todo a los estudiantes– con la sociedad: la universidad argentina no es gratuita. Es no arancelada. Los estudiantes no pagan arancel por el derecho a estudiar, pero la universidad no es gratuita: es costosa, muy costosa, y la paga todo el pueblo argentino con sus impuestos. Incluso grandes sectores de la población que no tienen ninguna posibilidad ni oportunidad de transitar por ella. Esto obliga, a todos los que por derecho acceden a ella, a cuidarla, a ser efectivos en sus estudios y, de ser posible, en algún momento de sus desempeños profesionales posteriores, a devolverle algo a esa sociedad que les permitió estudiar.
Retomando: en estos momentos críticos y en este debate se posicionan básicamente tres grandes ideas-fuerza respecto a la universidad, su función social y su financiamiento. Dada la rigurosidad conceptual con que se están exponiendo estas ideas y sus fundamentos sólidos, no conviene desecharlas rápidamente, sino evaluarlas, analizarlas y tomar opciones con la misma rigurosidad y base analítica.
Un primer argumento –muy teñido de una concepción neoliberal de la economía y las instituciones, y como tal muy difundido y apoyado académica, política y mediáticamente– sostiene que el sistema universitario argentino, masivo y gratuito, se tornó costoso por ineficiente, y disfuncional por caída de expectativas. Su base analítica es absolutamente estadística, y muestra la enorme distancia entre los estudiantes que ingresan al sistema y los que efectivamente se gradúan. Enfatizan también la enorme diferencia en la cantidad de años con que los estudiantes tardan en graduarse en las universidades públicas y lo que tardan los de las universidades privadas, que son pagas y costosas. A esta ineficiencia económica y de recursos dilapidados –los asignados en la educación de quienes nunca se gradúan– se le debe sumar, según este argumento, la decepción y la crisis de expectativas de la enorme cantidad de estudiantes que abandonan, crisis que no se atribuye a las personas, sino a la labilidad y densidad institucional de las universidades públicas. La receta afín a este argumento consiste básicamente en la implementación de exámenes al finalizar los estudios secundarios o para el ingreso a la universidad.
Un segundo argumento admite problemas, algunos similares a los enunciados en el primer argumento –aunque expuestos de manera menos economicista y tecnocrática–, y al hacerlo propone alternativas necesarias a tomar en el corto plazo. Parte de la idea del derecho a la educación universitaria como un bien público inalienable, pero apela –en este contexto de crisis– a la necesidad de que el Estado regule y planifique más estratégicamente la matrícula universitaria en función del desarrollo tecnológico productivo global actual y de la inserción del país en ese contexto. La propuesta consiste en direccionar –sea por cupo o por sistemas de incentivos (becas)– la matrícula universitaria hacia carreras que se definan como prioritarias o estratégicas para el desarrollo futuro del país (ingenierías, biotecnologías, informática y sistemas, o ciencias exactas), o para comenzar a planificar y diseñar políticas para necesidades sociales que se avizoran como cercanas (demografía, salud, urbanismo, medio ambiente, alimentos). Sin modificar estructuralmente el sistema universitario, se trataría de sostenerlo dentro de una planificación estratégica y como parte de un sistema de políticas públicas que deben responder, por anticipación, a los cambios globales.
El tercer argumento –sin negar algunos de los problemas que vienen emergiendo en el sistema universitario en los últimos años, y que no obedecen solamente a cuestiones económicas y fiscales– entiende que la universidad argentina se constituyó como producto de luchas y debates históricos, en un entramado institucional también –o sea, aparte de la formación profesional– proveedor de derechos, generador de mejoras ostensibles en las condiciones sociales y políticas de vida de quienes transitan por ella, y constructora por excelencia de ciudadanía, definida ésta como tan lúcidamente lo hizo la filósofa Hannah Arendt: “El derecho a tener derechos”. Permítaseme interpretarla: la conciencia histórica de ser sujetos de derecho y, desde esa conciencia, una lucha indeclinable por hacerlos realidad. Este argumento dice que toda persona que ha atravesado, y atravesará, la universidad pública, aunque no termine sus estudios se convierte necesariamente en otra persona: en un sujeto que, a partir de valores y saberes, aunque parciales, adquiridos durante su transcurso en la universidad pública, incorpora concepciones, sentidos y miradas sobre la vida pública y social, pero también la cotidiana, que implica una mejora de sí mismo a la vez una mejora de su ambiente de referencia.
Estos debates, una vez posicionados, no deben ser ocultados ni abandonados. Los grandes debates implican una situación que emerge como crítica. De ellos generalmente se obtiene un producto por el que “ganan todos”: algo mejora, algo se resuelve y todos se llevan una porción de ese incremento de bienestar. Considero que en este debate no debe olvidarse sin embargo que la característica específica del sistema universitario argentino en el contexto regional ha sido el de mejorar la vida de las personas. Entendemos, desde ciertas concepciones de la política y lo político, que eso no es una dádiva, sino un derecho. Y como tal debe ser preservado, custodiado y, en caso de ser observado, solo debería serlo para incluir más derechos y para que más ciudadanos accedan a esos derechos, dado su carácter público.
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