La educación en la pospandemia: algunas reflexiones políticas

En términos de política, una primera definición: no podemos aparecer como el gobierno que no quiere abrir las escuelas. No es posible que la agenda educativa la marque la oposición. Aún en pandemia y con todos los recaudos sanitarios correspondientes, debemos tener una actitud política proactiva que nos permita tomar la iniciativa. Todos sabemos que mantener el cierre de escuelas aumenta las desigualdades educativas, generando mayores índices de abandono entre las y los alumnos de condiciones más vulnerables, que presentan serios problemas para la conectividad y la utilización adecuada de los dispositivos digitales. Asimismo, se deterioran los lazos sociales y se desordena el funcionamiento familiar.

En estas reflexiones nos gustaría partir de lo que tenemos, con el fin de arribar a algunas consideraciones para la discusión política sobre qué pretendemos de la escuela una vez superada la cuestión sanitaria y qué hay que hacer para lograrlo. Está claro que mientras dure la pandemia sólo se podrían realizar acciones de adecuación a una normalidad de transición. Creemos que para poder proponer algunas acciones a futuro es necesario conocer el estado de la cuestión actual, así como ciertos rasgos del pasado reciente.

 

Dónde estamos

Que la pandemia –y su consecuencia inmediata, las medidas de aislamiento– vino a trastocar la vida de nuestra sociedad en su conjunto no resulta ya ninguna novedad. Desde la actividad económica hasta las relaciones intrafamiliares, nada quedó sin ser afectado. Por supuesto, la escuela no estuvo al margen de la crisis que provocó este sacudón mundial, sino, por el contrario, la actividad educativa fue una de las más perturbadas en su devenir cotidiano. Ante esta situación, el sistema educativo, y especialmente las y los docentes, reaccionaron de una forma que se consideró la más adecuada para el momento: realizar una práctica pedagógica centrada en el uso de los dispositivos digitales. A lo largo de la “cuarentena”, implementada correctamente por el gobierno nacional, se escucharon diversas opiniones sobre el efecto que traería el cierre preventivo de las escuelas, desde quienes pensaban que había que volver rápidamente a las clases presenciales, hasta quienes consideraban que hasta que no se resolviera el problema sanitario las escuelas debían permanecer sin actividad. Simultáneamente, se escucharon voces referidas a que esta crisis constituía una gran oportunidad para replantear el funcionamiento de las escuelas, construyendo otra estructura institucional y pedagógica que recurriera a un sistema mixto de presencialidad y educación a distancia, aprovechando la experiencia acumulada en estos aciagos días.

 

Qué tenemos

Experiencia, gobierno y cuadros políticos. Solidaridad y compromiso docente. La crisis del 2001, aun siendo muy distinta a la actual, nos mostró un camino. Actuar sobre la urgencia, tratando de que el sistema educativo y sus beneficiarios directos –alumnos, alumnas, padres y madres– sufrieran las mínimas consecuencias, fue una tarea que insumió un gran esfuerzo colectivo realizado por conducciones con liderazgo y equipos políticos con gran compromiso militante que participaron de una mística común: trabajar desde la educación en beneficio de las y los más necesitados para el logro de la justicia social, consiguiendo pasar de una crisis profunda a una gobernabilidad que permitió la planificación y el incremento presupuestario de la educación para los años siguientes. Nunca se perdió de vista la necesidad de sostener la inclusión escolar de las y los alumnos con el abrazo del o de la docente, aprendiendo. Fue gracias al compromiso de las y los docentes, quienes consideraron que, aun en el peor de los momentos, educar a niñas, niños y jóvenes era el único camino que valía la pena transitar. Hubo una fuerte decisión política que no tuvo como objetivo único comentar y administrar la crisis.

En resumen: la experiencia nos muestra que el liderazgo, la organización y el compromiso militante de los equipos políticos y la responsabilidad social y laboral de las y los docentes constituyen una gran herramienta para superar las situaciones críticas presentadas en el sistema educativo.

 

Qué queremos

Algunas definiciones básicas:

  • La educación es un derecho social prioritario.
  • Defensa irrestricta de la educación pública.
  • Los cambios en educación necesitan fuertes decisiones políticas, mayor financiamiento, persistencia y tiempo, para construir un sistema integral que asegure la igualdad de oportunidades y la calidad educativa –la desigualdad educativa está directamente vinculada a la desigualdad económica y social– y que contemple las necesidades de la sociedad, respetando las demandas locales, regionales y nacionales.
  • Más escuela para los niveles obligatorios, no menos. Es decir, más presencialidad de nuestros niños, niñas y adolescentes en la escuela, no menor tiempo escolar y su reemplazo por la virtualidad digital –aunque sin negar su importancia en esta etapa de pandemia y su transición.
  • El centro del sistema educativo es la escuela. Hacen falta escuelas seguras. La escuela como lugar de uso habitual, universal y obligatorio es el espacio más apto para generar un proceso de aprendizaje y socialización. La escuela es el ámbito donde se aprende a convivir con las y los otros y con las circunstancias, en este caso la pandemia.
  • El centro de la escuela es el alumno. Todos los alumnos y las alumnas están en condiciones de aprender. Hay que garantizar las condiciones básicas de aprendizaje a través de políticas socioeducativas para las y los alumnos económicamente más desfavorecidos: becas o asignaciones específicas, alimentación, salud, material didáctico –entre los cuales hoy es imprescindible la conectividad y los dispositivos digitales.
  • Las docentes y los docentes son los únicos y verdaderos responsables de la educación escolar y sistemática de nuestros alumnos y alumnas. No los padres, ni las madres. La relación cara a cara de las y los docentes con las y los alumnos es única, imprescindible e insustituible.

 

Algunas propuestas

Política educativa:

  • Acuerdo por la educación: impulsar un Pacto Educativo con los partidos políticos, los gremios, los medios de comunicación, las iglesias, los empresarios, los padres y las madres, la comunidad científica, académica y cultural en general, que proponga metas de mejoramiento para los próximos diez años.
  • Creación de un organismo multisectorial de evaluación integral de la educación.
  • Revisar la Ley de Financiamiento Educativo en función de la inversión necesaria para el cumplimiento de las metas pedagógicas del próximo decenio.

La escuela:

  • El centro de la gestión escolar es lo pedagógico, no lo administrativo ni el mantenimiento.
  • Creación de Consejos de Escuela con participación organizada de la comunidad educativa, que garantice mayores niveles de democratización institucional.
  • Cada escuela se tiene que plantear metas de mejoramiento a tres años –ciclos de cada nivel– con evaluación y apoyo.
  • Profunda revisión curricular para unificar enfoques disciplinarios y didácticos por niveles y modalidades.

Las y los docentes:

  • Equiparación salarial de todos los y las docentes del sistema. Garantía de salario básico nacional acorde a la responsabilidad y la formación inicial y continua.
  • Nombramientos docentes por cargo en todos los niveles y modalidades.
  • Eliminar la figura del docente provisional: equiparación de derechos por igual tarea.
  • Carrera docente: implementar promoción según la Ley de Educación Nacional: a) desempeño en el aula –docente experto y docente novel–; b) función directiva, de secretaría o de supervisión (artículo 69).
  • Titularización por concurso, con reválida cada siete años, de cargos directivos –por equipos– de tiempo completo y de supervisión.
  • Formación de cuadros político-pedagógicos a través de carreras universitarias para acceder a concursos de cargos directivos y supervisivos.
  • Nacionalizar la Formación Docente Inicial.

Educación inicial:

  • Campaña para incorporar al sistema obligatorio a las niñas y los niños no escolarizados.
  • Extensión de la obligatoriedad a los tres años.
  • Maternal: extensión de la oferta.
  • Creación de un fondo de financiamiento específico para la construcción de edificios de jardines de infantes y maternales –modelo educación técnica.

Educación primaria:

  • Universalizar el acceso a la informática a todos los alumnos y alumnas de primaria de gestión estatal para achicar la brecha digital.
  • Centralizar la actividad pedagógica en la alfabetización inicial –lectura, escritura, operaciones básicas, ciencias, tecnología.
  • Extensión horaria: ofertas extracurriculares, Jornada Completa, Jornada Extendida.

Educación Secundaria:

  • Garantizar la oferta para cumplir con la obligatoriedad que marca la Ley.
  • Revisión curricular para disminuir las asignaturas obligatorias y establecer mayor oferta de optativas. Trabajar por proyectos interdisciplinarios.
  • Designar directores, directoras, secretarias y secretarios de tiempo completo: 40 horas semanales.
  • Concentración horaria de las y los docentes. Designación de docentes por cargo con horas para actividades institucionales –tutorías pedagógicas, talleres extracurriculares, coberturas de horas libres.
  • Tutorías: están planteadas en la Ley de Educación Nacional para la Escuela Secundaria (artículo 32).
  • Creación de espacios y talleres institucionales extracurriculares según orientaciones: formación laboral –con certificación–, artística, comunicación, etcétera.

Educación Técnico Profesional:

  • Oferta en función del modelo de desarrollo nacional, provincial y local.
  • Extensión de la formación y actualización laboral a amplios sectores sociales.
  • Crear Centros de Desarrollo Educativo y Productivo Locales y Regionales en articulación con universidades, INTA, INTI, empresas, etcétera –Producción Animal, Producción Vegetal, Pesca, Logística, Nanotecnología, Energías, etcétera.
  • Estimular microemprendimientos con pequeños créditos y apoyo técnico para graduados y graduadas.

Por supuesto que todas estas propuestas –que obviamente son incompletas y no abarcan la totalidad del sistema educativo– son realizadas para discutirlas políticamente y sólo responden a una inquietud personal.

 

Daniel Lauria es exvicepresidente primero del Consejo General de la DGCyE, Provincia de Buenos Aires.

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